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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04751-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04751-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en tanto declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Jorge del Cristo Tirado Hernández, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04751-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04751-01
Demandante: JORGE DEL CRISTO TIRADO HERNÁNDEZ,
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia por no
Tema:
superar el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 16 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Jorge del Cristo Tirado Hernández, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
la que solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
«confianza legítima», de acceso a la administración de justicia, «seguridad social
pensional» e igualdad.

Para el accionante, la trasgresión de tales garantías constitucionales encontró
sustento en la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 25 de enero
de 2024, la cual, a su turno, revocó el fallo de primera instancia que dictó el Tribunal
Administrativo de Bolívar el 26 de febrero de 2021, al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-000-2012-00235-
00/01, adelantado contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP).

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1 La cual fue radicada el 30 de julio de 2025 con secuencia: 7570 – índice 01 del aplicativo Samai.

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Demandante: Jorge del Cristo Tirado Hernández
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04751-01

[…] se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia de fecha 25 de enero de
2024 dictada por la accionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
propuesto por mi contra la UGPP (antes Cajanal), radicación 13001-23-33-000-2012-
00235-00 (segunda instancia Consejo de Estado 2012-00235-01) para que según lo
señale la Corporación se vuelva a dictar el fallo respetando la cosa juzgada existente
respecto de la sentencia ejecutoriada de la Juez Novena Administrativa de Cartagena
-fechada 18 de febrero de 2009-, dejándose explícito que esa res judicata se extiende
en sus efectos hasta el 1 de julio de 2013, con la reliquidación de mi pensión desde
el 1 de febrero de 2008 (en que me retiré de la Magistratura) hasta ese 1 de julio de
2013, según lo ordenado imperativamente por la H. Corte Constitucional en la
sentencia C-258 de 2013, y se dé por terminado el asunto con fundamento en el
artículo 278 del C.G. del Proceso […]2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Mediante Resolución No. 36208 del 2 de noviembre de 2005, la Caja Nacional de
Previsión Social (en adelante, Cajanal), reconoció al señor Jorge del Cristo Tirado
Hernández, una pensión de jubilación, a partir del 1º de julio de 2005 condicionada
a demostrar el retiro definitivo del servicio.

El 23 de junio de 2006, el Tribunal Superior de Bogotá, expidió sentencia en el marco
de una acción de tutela promovida por el actor, en la que se ordenó a la extinta
Cajanal reconocer y pagar a su favor una pensión de jubilación en el equivalente al
75 % de la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicio.

La referida entidad dio cumplimiento a lo ordenado en la providencia anterior, y
mediante los actos administrativos No. 36208 del 2 de noviembre de 2005, 0876 del
31 de enero de 2006 y 35532 del 25 de julio de la misma anualidad, se pretendió
compartir con la Universidad de Cartagena3 la pensión previamente reconocida.
Sobre este punto, el señor Jorge del Cristo interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se ordenara excluir a la referida
institución educativa de la obligación de asumir el pago de la prestación.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena4 que, mediante sentencia del 18 de febrero de 2009, declaró
la nulidad parcial de los actos administrativos aludidos, de manera que excluyó al
plantel educativo del pago de la pensión de jubilación del actor dejándola,
únicamente, a cargo de Cajanal.

Así mismo, ordenó la reliquidación de la prestación aludida, teniendo en cuenta para
el efecto la asignación mensual más elevada percibida por el actor en el último año
de servicio en la Rama Judicial, con la inclusión de todos los factores salariales

2 Transcripción del texto original con posibles errores.
3 Lugar donde el actor ejercía como docente.
4 Radicado 002-2006-00760-00

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Demandante: Jorge del Cristo Tirado Hernández
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devengados en forma proporcional, de conformidad con lo previsto en
el artículo 6º del Decreto 546 de 19715.

Mediante Resolución No. PAP 053039 del 17 de mayo de 2011 Cajanal dio
cumplimiento a la sentencia descrita, limitando el reconocimiento de la prestación
que le fue reconocida al tutelante al tope de 25 S.M.L.M.V., conforme a lo
preceptuado en el artículo 3º del Decreto 510 de 20036.

El 19 de diciembre de 2012, el señor Jorge Tirado instauró una nueva demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, a efectos de que se
declarara la nulidad del acto administrativo anterior, y como consecuencia de ello,
se ordenara a la entidad demandada que reliquidara la pensión de vejez que le fue
reconocida sin limitación máxima alguna, de acuerdo con el régimen especial
contemplado en el Decreto 546 de 1971 y tomando como base lo ordenado por el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena mediante fallo
del 18 de febrero de 2009.

La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión No. 77 que, mediante sentencia del 26 de febrero de 2021, accedió a las
súplicas de la demanda y a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP
reliquidar la pensión de jubilación del actor, teniendo en cuenta lo dispuesto en la
sentencia dictada el 18 de febrero de 2009 por el Juzgado Noveno Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cartagena.

Ello, al concluir que, mediante el Decreto 510 de 2003 el legislador estableció un
límite máximo en la base de cotización del Sistema General de pensiones de 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero únicamente para las
prestaciones que se causaran a partir del 31 de julio de 2010, disposición que fue
reiterada en el Acto Legislativo 01 de 2005.

En este orden concluyó que, como quiera que el actor adquirió su status pensional
el 14 de marzo de 2004, es decir, con anterioridad al 31 de julio de 2010, en su caso
particular no es procedente aplicar el límite establecido en las normas aludidas.

La sentencia fue recurrida por la parte demandada y revocada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A8 mediante fallo del 25 de enero de 2024
al considerar que, conforme a los documentos aportados al plenario, se logró

5 ARTÍCULO 6. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55

años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio
en las actividades citadas.
6 Artículo 3°. La base de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo en todos los casos

de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
límite este que le es aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud. Este límite se aplicará a las cotizaciones
cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo.
7 Radicado 13001-23-33-000-2012-00235-00
8 Radicado 13001-23-33-000-2012-00235-01 (4413-2022)

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comprobar que la UGPP no desconoció el ordenamiento superior al
determinar en el acto administrativo acusado que la mesada pensional del actor
estaba sujeta al tope máximo de los 25 S.M.L.M.V., ya que el régimen especial no
reguló lo concerniente a la aplicación de los montos pensionales.

Frente al particular, precisó que en las sentencias C-089 y C-155 de 1997 de la
Corte Constitucional, se determinó que cuando la normativa especial no establece
el límite máximo de las mesadas pensionales, es posible aplicar las reglas generales
previstas para tales efectos, pues de lo contrario se permitiría que algunos
pensionados gozaran de privilegios injustificados.

Por lo anterior concluyó que, aunque el señor Tirado Hernández consolidó su
estatus pensional en el año 2004, esto es, antes del 31 de julio de 2010, fecha a la
que aludió el Acto Legislativo 01 de 2005 para evitar que se causaran pensiones
por encima de los 25 S.M.L.M.V., tal situación no es razón suficiente para afirmar
que la cuantía de su prestación estaba exenta de límites máximos, toda vez que,
para ese momento también existían topes pensionales, los cuales fueron previstos
en el ordenamiento jurídico desde la Ley 4ª de 1976 y reiterados en las Leyes 71 de
1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.

En línea con lo expuesto precisó que, si bien el Decreto 546 de 1971 que le era
aplicable, no estableció un tope pensional para sus beneficiarios, ello no impide
acudir a la normativa general, ya que con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993
se extendió la sujeción de mesadas pensionales incluso de regímenes especiales,
a los topes fijados por el régimen general, que para el caso en concreto,
correspondió al contenido en el Decreto 510 de 2003, norma vigente al momento de
adquisición del estatus jurídico pensional del actor.

En ese orden, sostuvo que, una vez verificadas las operaciones de liquidación
pensional ordenadas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena, se evidenció que única y exclusivamente se modificó el tope de la
pensión, situación que se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de
sostenibilidad financiera, solidaridad, igualdad y universalidad que deben regir el
sistema de seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto
Legislativo 01 de 2005. Por tanto, era procedente que la UGPP luego de dar
cumplimiento a la sentencia proferida por el referido Despacho, aplicara las pautas
contenidas en los artículos 5º de la Ley 797 de 2003, el cual modificó los artículos
18 de la Ley 100 de 1993 y 3º del Decreto 510 de 2003, que corresponde a 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes; por lo que decidió negar las
pretensiones de la demanda.

La anterior decisión fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 22
de febrero de 20249.

9 Índice 39 del expediente ordinario.

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Contra el fallo aludido, la parte actora presentó solicitud de aclaración, la cual fue
rechazada por la autoridad judicial accionada mediante providencia del 19 de
septiembre de 2024, al estimar que la misma fue formulada de manera
extemporánea10.

Con posterioridad, y con fundamento en la causal 8ª del artículo 250 del CPACA, el
señor Jorge del Cristo presentó recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia acusada, el cual fue tramitado por la Sala Especial de Decisión No. 6 de
esta Corporación11 con el radicado 11001-03-15-000-2025-00432-00 autoridad que,
mediante fallo del 19 de mayo de 2025 declaró infundado dicho recurso, al
considerar que la causal invocada no tenía vocación de prosperidad.

Dicho proveído fue notificado de manera personal a las partes, mediante correo
electrónico del 11 de junio de 202512.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El accionante manifestó que, al no haberse acatado la orden contenida en la
sentencia del 18 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Cartagena, la cual hace tránsito a cosa juzgada
determinante, le están siendo vulnerados sus derechos fundamentales, toda vez
que, la pensión de vejez que le fue reconocida debe reliquidarse en su monto o
cuantía de acuerdo con los parámetros del régimen especial contenido en el Decreto
546 de 1971, con las exigencias determinadas en la parte resolutiva de la
providencia aludida, y que fueron desconocidas por Cajanal al momento de proferir
la Resolución PAP 053039, ya que dicho acto se fundamentó en una normativa
diferente, limitando el monto o cuantía de su pensión al tope máximo de 25 salarios
mínimos legales, conforme lo prevé el Decreto 510 de 2003, reglamentario de la Ley
100 de 1993.

Estimó que, al haberse revocado por parte del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Bolívar mediante sentencia del 26 de febrero de 2021, y a través de la cual se había
accedido de manera inicial a las súplicas de la demanda en el sentido de ordenar a
la UGPP que reliquidara la pensión de jubilación que le fue reconocida, teniendo en
cuenta lo dispuesto en la sentencia dictada el 18 de febrero de 2009 por el Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena, se desconoció la
figura de la cosa juzgada, lo cual va en contravía de lo previsto en el principio de la
seguridad jurídica y del carácter inmutable de las providencias.

10 Siendo notificada a las partes el 4 de octubre de la misma anualidad Índice 53 del expediente ordinario.
11 Integrada por los magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Juan

Camilo Morales Trujillo, Nubia Margoth Peña Garzón y Adriana Polidura Castillo.
12 Índice 35 del expediente ordinario.

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Refirió que, en la sentencia proferida por el juzgado mencionado, se dejó
plenamente establecido que la limitación de las pensiones al máximo de 25 salarios
mínimos solo operaría a partir del 01 de julio de 2013, por lo que resulta evidente
que la limitación impuesta por la UGPP no se encuentra ajustada a derecho; máxime
si se tiene en cuenta que su retiro del servicio activo se dio desde el 1º de febrero
del año 2008.

Señaló que, en el presente asunto no se dio aplicación a lo preceptuado en el punto
(iv) del numeral 3º de la sentencia C-258 de 2013 dictada por la Corte Constitucional
en el que se estableció que, la limitación de los regímenes especiales al monto de
25 salarios mínimos legales mensuales, únicamente opera a partir del 1 de julio de
2013, siendo esta la sentencia unificadora de dicho aspecto y por ende, la matriz
correctora de la cuantificación de las pensiones.

Por último, manifestó que, conforme a lo precedentemente expuesto es posible
determinar que con la decision acusada se incurrió en los defectos sustantivo o
material, procesal, y fáctico e incluso en una violación directa de la Constitución,
teniendo en cuenta que, se desconoció la cosa juzgada aducida, se aplicaron
normas atentatorias, y se inaplicó el Acto Legislativo 01 de 2005, al igual que la
jurisprudencia sentada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de
Estado y que le resultaba favorable, así como la sentencia C-258 de 2013 que hace
parte del bloque de constitucionalidad, además de ser matriz o rectora de que la
limitante a las pensiones en el sentido de que las mismas no pueden superar los 25
salarios mínimos mensuales, solo rige a partir del 1º de julio del año 2013.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 1º de agosto de 2025, el magistrado ponente de primera
instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a los
magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado13, como autoridad judicial accionada, y vinculó como terceros interesados
en el resultado del proceso, al Tribunal Administrativo de Bolívar14, «a quo dentro del
proceso ordinario», y a la UGPP15 «quien obró como demandada en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el cual se profirió la providencia cuestionada».

Así mismo, en el referido proveído, se negó la medida cautelar solicitada por el actor,
y por medio de auto del 21 de agosto de 2025, se dispuso vincular a la Sala Especial
de Decisión nro. 6 del Consejo de Estado16.

13 Notificación enviada a: notifjduque@consejodeestado.gov.co, dperezc@consejodeestado.gov.co,
notifjmoralest@consejodeestado.gov.co, dgavirias@consejodeestado.gov.co,
notiflmesa@consejodeestado.gov.co, ces2secr@consejodeestado.gov.co
14 Notificación enviada a: stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co
15 Notificación enviada a: notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co defensajudicial@ugpp.gov.co
16 Notificación enviada a: notifobarreto@consejodeestado.gov.co, notifmgutierrez@consejodeestado.gov.co

mherrerat@consejodeestado.gov.co vbalcarcelg@consejodeestado.gov.co nosorior@consejodeestado.gov.co
notifapolidura@consejodeestado.gov.co mcorredors@consejodeestado.gov.co
malvarezr@consejodeestado.gov.co ecarvajalg@consejodeestado.gov.co sbedoya@consejodeestado.gov.co
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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

El titular del Despacho ponente de la decisión que se cuestiona allegó escrito en el
que manifestó que, la solicitud de amparo no cumplió con el presupuesto de
inmediatez, ya que no existió un plazo razonable entre la notificación de la
providencia enjuiciada y la presentación de la acción de tutela, toda vez que
trascurrieron más de 6 meses entre una y otra, y no se dieron razones que
justificaran la razón de la inactividad de la parte actora, por lo que solicitó que, se
declare su improcedencia.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Bolívar

El magistrado ponente de la providencia dictada en primera instancia dentro del
proceso ordinario que ocupa la Sala, allegó escrito en el que solicitó su
desvinculación del presente trámite, al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no ha realizado ninguna conducta que afecte los derechos
fundamentales reclamados por el accionante, toda vez que, el llamado a solventar
las pretensiones de la demanda es el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en razón a que a juicio del tutelante, la sentencia proferida por dicho
cuerpo colegiado el 25 de enero de 2024, es totalmente contraria al fallo dictado por
el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena el 18 de febrero
de 2009, y quedó ejecutoriado el 17 de marzo del mismo año, con afectación
ostensible de la cosa juzgada configurada, lo cual se encuentra fuera de su orbita
de competencia.

1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Allegó escrito en el que manifestó que, conforme a lo señalado en el escrito de
amparo, se evidencia que lo pretendido por la parte accionante es sustituir una
decisión judicial proferida por los jueces naturales de la causa, por encontrarse
inconforme con los fallos proferidos, lo que permite evidenciar la improcedencia del
mecanismo instaurado, máxime cuando no se invocan alguna de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Refirió que, al existir un pronunciamiento realizado por el juez natural sobre el litigio,
la acción de tutela formulada se torna improcedente, ya que la misma no puede ser
utilizada como una tercera instancia, más aún, cuando los operadores judiciales
gozan de independencia y autonomía judicial.

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1.6.4. Sala Especial de Decisión No. 6 de la Sala Plena del Consejo de Estado

El Magistrado ponente de la decisión a través de la cual se declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia acusada rindió
informe en el que manifestó que, luego de revisar las actuaciones surtidas al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-
000-2012-00235-01, se logró determinar que los requisitos de la cosa juzgada
alegada por el actor no se encontraban reunidos para la procedencia de la causal
invocada en el recurso extraordinario de revisión formulado, ya que si bien, en los
procesos 2012-00235-01 y 002-2006-00760-00 existía identidad de partes también
lo es que, no se presenta identidad de objeto ni de causa puesto que las pretensiones
y hechos que originaron los 2 medios de control fueron disímiles.

Señaló que, revisado el escrito de amparo, se observa que los defectos alegados por
el actor se predican de la decisión del 25 de enero de 2025 y no del fallo del 19 de
mayo de 2025 proferido por la Sala Especial, respecto del cual se evidencia, no
cumple con el requisito de procedibilidad ateniente a la inmediatez, ya que desde la
fecha de su ejecutoria, han transcurrido más de 6 meses, toda vez que la providencia
fue notificada el 22 de febrero de 2024 y quedó ejecutoriada el 29 de febrero de 2024.

Por lo anterior solicitó, se declare la improcedencia de la acción de tutela o en su
lugar, se denieguen sus pretensiones.

1.7 Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 16 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, declaró improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por considerar que no cumplió con el requisito de relevancia constitucional
en la medida en que la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se
advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte de la autoridad judicial
accionada.

Refirió que, si bien el accionante es insistente en señalar que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció la existencia de la sentencia
del 18 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena, en la cual se definió su derecho pensional con aplicación del
régimen especial de los empleados de la Rama Judicial, el cual no contempla un
límite en la mesada pensional, lo cierto es que dicha discusión fue puesta de presente
al interior del proceso ordinario al momento de interponer el recurso de apelación, y
frente a lo cual, la autoridad respectiva se pronunció de manera expresa indicando
las razones por las cuales consideraba que tales normas no le eran aplicables.

Así mismo, manifestó que tales argumentos fueron presentados por el tutelante en
el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia dictada el 25 de
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enero de 2024 por la autoridad judicial accionada, y que fueron
resueltos por la Sala Especial de Decisión No. 6 del Consejo de Estado mediante
proveído del 19 de mayo de 2025.

1.8. Impugnación

La parte actora allegó escrito de impugnación en el que indicó que, pese a que el a
quo manifestó que el asunto debatido carecía de relevancia constitucional, el
mecanismo constitucional instaurado se apoya indudablemente en el bloque de
constitucionalidad, del cual hace parte el Acto Legislativo 01 de 2005, y que no fue
tenido en cuenta por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al
momento de proferir la decisión que se cuestiona, como tampoco lo dispuesto por la
Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, según la cual su concepto, es
un precedente rector y determinante para la resolución de su caso particular, ya que
en ella se establece que la limitación máxima del monto de las pensiones especiales
solo se aplicaría a partir del 1º de julio de 2013.

Insistió en que como bien lo dejó señalado el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena, en la sentencia proferida el 18 de febrero de 2009, la
pensión que le fue reconocida en los términos allí indicados, no atenta contra los
principios y la filosofía que condujeron a la limitación de las mesadas pensionales a
un máximo de 25 salarios, ya que el tiempo durante el cual laboró al servicio de la
Rama Judicial y durante el cual efectuó las respectivas cotizaciones al sistema dan
lugar a que el monto de la prestación que le fue reconocida se efectúe con
fundamento en las disposiciones previstas en el Decreto 546 de 1971.

Refirió que la autoridad judicial accionada trasgredió sus derechos fundamentales,
no solo porque no aplicó las mencionadas normas del bloque de constitucionalidad,
sino también porque habiendo reconocido en la sentencia acusada que el fallo
dictado por el juzgado aludido hacía tránsito a cosa juzgada, desconoció que el
Decreto 546 establece un derecho adquirido respecto de las pensiones reconocidas
bajo dicho régimen.

Por lo expuesto solicitó que, se revoque la sentencia recurrida para en su lugar,
conceder el amparo de sus derechos fundamentales y como consecuencia, se deje
sin efectos el acto administrativo expedido por la UGPP fechado el 17 de mayo de
2011 y las sentencias del Consejo de Estado calendadas el 25 de enero de 2024 y
19 de mayo de 2025, con el debido acatamiento del bloque de constitucionalidad.

1.9. Trámite del proceso en segunda instancia

1.9.1. Manifestación de impedimento

En escrito del 7 de noviembre de 2025, la magistrada Gloria María Gómez Montoya
manifestó su impedimento para conocer de la impugnación presentada por el señor
Jorge del Cristo Tirado Hernández. Esto, en atención a que se encuentra incursa en
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la causal de impedimento establecida en el numeral 5º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal17, aplicable por disposición del artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991.

Mediante auto del 11 de diciembre de 2025 con ponencia del magistrado Pedro Pablo
Vanegas Gil, la Sala declaró infundado el impedimento presentado, por no encontrar
acreditados los elementos para la configuración de la causal de impedimento
invocada.

A su turno, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 28 de
enero de 2026, manifestó estar impedido para conocer de la acción constitucional
del asunto al considerar que estaba inmerso en las causales previstas en los
numerales 4º y 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, comoquiera
que, hizo parte de la Sala Especial de Decisión No. 6 que profirió la sentencia del
19 de mayo de 2025 que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
instaurando contra el fallo de segunda instancia del 25 de enero de 2024 dictado
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A18, y que es objeto de
reproche mediante el presente mecanismo.

Al respecto, los demás magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante auto de la fecha declararon fundada la manifestación, al encontrar
acreditados los supuestos de hecho establecidos en la norma para su configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5. º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B el 16 de
septiembre de 2025. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:

 ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

17 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima

o perjudicado y el funcionario judicial.
18 Radicado 11001-03-15-000-2025-00432-00.

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En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

 ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró los
derechos fundamentales del actor, con ocasión de la sentencia proferida el
25 de enero de 2024, la cual, a su turno, revocó el fallo de primera instancia
que dictó el Tribunal Administrativo de Bolívar el 26 de febrero de 2021, al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 13001-23-33-000-2012-00235-00/01, adelantado por el señor Jorge
del Cristo Tirado Hernández, contra la UGPP)?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y; (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 19
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 20 y declaró su
procedencia.21

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
21 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias
del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202222.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal23 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
23 Sentencia SU-573 de 2019.

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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico24; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional25.
[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales27”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal29. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

Como se señaló, la parte actora cuestiona la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, al interior del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-000-2012-00235-00/01,
adelantado contra la UGPP.

Lo anterior, al considerar que a través de la misma se incurrió en los defectos
sustantivo o material, procesal, fáctico y violación directa de la Constitución, pues
en su sentir, al momento de adoptarse decisión enjuiciada, la autoridad judicial
accionada desconoció el fenómeno de la cosa juzgada, aplicó normas atentatorias,
e inaplicó las disposiciones previstas en el parágrafo 1º del artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 200530.

24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-128 de 2021.
28 Sentencia SU-573 de 2019.
29 Ib.
30 «Parágrafo 1. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25)

salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública».
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No obstante, la Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia por
cuanto la acción de tutela promovida por el señor Tirado Hernández, no satisface el
presupuesto antes estudiado, ya que, no se avizora un argumento sólido que
demuestre la transgresión de sus garantías constitucionales que permitan superar
el referido requisito tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente
legal; y (ii) no se observan afectaciones a derechos fundamentales como el debido
proceso, pues no se alegó algún reproche frente a su ejercicio de defensa y
contradicción dentro del trámite adelantado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En este orden, y pese a que la parte actora es insistente en señalar que la pensión
de vejez que le fue reconocida debe reliquidarse en su monto o cuantía con base
en los parámetros del régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971, con
las exigencias determinadas en la parte resolutiva de la sentencia del 18 de febrero
de 2009 dictada por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena, la cual hace tránsito a cosa juzgada; se evidencia que lo argumentado
por el tutelante es una simple inconformidad con la decisión adoptada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y que resultó desfavorable a sus
intereses, pretendiendo reabrir mediante el presente asunto el debate zanjado de
manera previa por el juez natural de la causa.

Así las cosas, y revisadas las consideraciones realizadas en la sentencia acusada,
se advierte que, con relación a los reparos expuestos por el actor, la autoridad
judicial accionada precisó:

[…] en consonancia con los documentos aportados al plenario, la Sala concluye que
la UGPP no desconoció el ordenamiento superior al determinar en el acto acusado
referido que la mesada pensional del actor estaba sujeta al monto de 25 SMLMV.
Esta tesis se funda en los siguientes razonamientos.

i) CAJANAL le reconoció al demandante la pensión de jubilación al amparo del
régimen especial previsto por el Decreto 546 de 1971 y la reliquidó conforme a lo
ordenado en la sentencia producto de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesta por aquel.

ii) CAJANAL estaba facultada para acudir al régimen general en cuanto a la aplicación
de topes pensionales, toda vez que el régimen especial no reguló dicho aspecto. En
tal sentido, las Sentencias C-089 y C-155 de 1997 precisaron que cuando la normativa
especial no establece el límite máximo de las mesadas pensionales, es posible aplicar
las reglas generales previstas para esos efectos, pues de lo contrario se permitiría
que algunos pensionados gozaran de privilegios injustificados.

iii) Los límites pensionales se han previsto en el ordenamiento en aras de materializar
los principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad, eficiencia,
universalidad y progresividad que orientan el sistema de seguridad social integral.

Acorde con lo expuesto, resulta evidente que lo pretendido por el actor, es imponer
su criterio, el cual estima más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual revela

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un desconcierto respecto al sentido de la decisión. En este orden de
ideas, se advierte que la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia
por la que, en principio, no es procedente cuestionarlas vía acción de tutela.

En este orden, se hace menester advertir que el juez natural de la causa se enfrenta
a múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación
de normas a un caso en específico31, y no le corresponde al juez constitucional
señalar cuál de tales posibilidades es la «correcta», puesto que como se indicó, ello
vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que
conoce el trámite ordinario.

Situación que, de igual forma ocurre con relación a la inconformidad planteada por
el actor, en el sentido de señalar que en la sentencia proferida por el juzgado
mencionado, se dejó plenamente establecido que la limitación de las pensiones al
máximo de 25 salarios mínimos solo operaría a partir del 01 de julio de 2013,
resultando evidente que la limitación impuesta por la UGPP no se encuentra
ajustada a derecho, toda vez que su retiro del servicio activo se dio desde el 1º de
febrero del año 2008; pues revisado el contenido de la sentencia enjuiciada, se
evidencia que el ad quem advirtió que:

iv) Aunque el señor Tirado Hernández consolidó el estatus pensional en 2004,24 esto
es, antes del 31 de julio de 2010, fecha a la que aludió el Acto Legislativo 1 de 2005
para evitar que se causaran pensiones por encima de 25 SMLMV, tal situación no es
razón suficiente para afirmar que la cuantía de su prestación estaba exenta de límites
máximos, toda vez que para ese momento también existían topes pensionales, toda
vez que para ese momento también existían topes pensionales, pues estos fueron
previstos en el ordenamiento desde la Ley 4 de 1976 y se siguieron reiterando en las
Leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.
[…]

vi) El legislador fijó límites máximos pensionales con el propósito de reducir los
subsidios del Estado a las pensiones más altas, garantizar que los pensionados de
menores ingresos también tuvieran acceso al pago oportuno de sus prestaciones y el
derecho a la igualdad. Estas razones son las que impiden concebir un régimen
pensional sin topes en las mesadas y las que han inspirado al legislador para
establecerlos desde la Ley 4 de 1976.

Así las cosas, se concluye que si bien el Decreto 546 de 1971 no estableció un tope
pensional para sus beneficiarios, ello no impide acudir a la normativa general, porque
se tiene que con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 se extendió la sujeción de
mesadas pensionales, incluso de regímenes especiales, a los topes fijados por el
régimen general, que para el caso en concreto, correspondió al contenido en el
Decreto 510 de 2003, norma vigente al momento de adquisición del estatus jurídico
pensional del actor.

En ese orden, una vez realizadas las operaciones de liquidación pensional ordenadas
por el Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena, única y exclusivamente se
modificó el tope de la pensión, situación que se ajusta al ordenamiento jurídico y a
los principios de sostenibilidad financiera, solidaridad, igualdad y universalidad que
deben regir el sistema de seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en

31 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.

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el Acto Legislativo 01 de 2005. Por tanto, era procedente que la UGPP luego
de dar cumplimiento a la sentencia proferida por esta jurisdicción, aplicara en el caso
las pautas contenidas en los artículos 5 de la Ley 797 del 2003, el cual modificó el
artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y 3 del Decreto 510 de 2003, que corresponde a 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En línea con lo analizado, se advierte que en el presente asunto, al tratarse de una
tutela contra providencia judicial, se exige con mayor énfasis que los reparos
planteados ejecuten una exposición que sin lugar a duda demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial. Sin embargo, el
tutelante se limitó a cuestionar la interpretación que la Corporación accionada le dio
a las normas que regulan la materia, sin que la controversia planteada gire en torno
al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental.

Corolario con lo expuesto, la Sala concluye que la discusión planteada en el
presente mecanismo con relación a los defectos sustantivo o material, procesal,
fáctico y violación directa de la Constitución, no superó el presupuesto de
relevancia constitucional, pues como se indicó, el señor Jorge del Cristo Tirado
pretende que el juez de tutela realice un nuevo estudio de los planteamientos ya
examinados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado en segunda instancia ante la autoridad judicial accionada, pretendiendo
que se adopte una decisión diferente a la ya analizada por el juez natural.

Ahora bien, respecto al presunto desconocimiento del precedente judicial, se
observa que, pese a que la parte actora fue enfática en señalar que en el presente
asunto no se dio aplicación a lo preceptuado en el punto (iv) del numeral 3º de la
sentencia C-258 de 2013 dictada por la Corte Constitucional, así como a la
jurisprudencia sentada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de
Estado, en las que de manera clara se dejó establecido que, la limitación de los
regímenes especiales al monto de 25 salarios mínimos legales mensuales,
únicamente opera a partir del 1º de julio de 2013, siendo la providencia aludida la
unificadora de lo que es objeto de materia y por ende, la matriz correctora de la
cuantificación de las pensiones; advierte la Sala que dicho cargo tampoco supera el
requisito general de la relevancia constitucional.

Lo anterior, por cuanto si bien el tutelante hizo referencia al fallo mencionado, no
cumplió con el deber de identificar la ratio de esta que resulta aplicable a la solución
del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior
y la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia,
además de no haber señalado con precisión la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado que se aduce desconocida.

Es necesario tener presente que esta Sección en reiterados pronunciamientos32 ha
explicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho

32 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, sin
que en el sub examine se evidencie el cumplimiento de dicha regla por parte del
actor.

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela
no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal.

En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela impugnado, en tanto declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2025, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en tanto declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Jorge del Cristo
Tirado Hernández, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

17
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