Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04755-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04755-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04755-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
22 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04755-01
Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04755-01
Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos procedimental y
fáctico. Modificación del medio de control. Actos de registro.
Caducidad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la providencia del
2 de octubre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que resolvió:
«PRIMERO. NEGAR la acción de tutela interpuesta por Carlos Mario Pérez
Gutiérrez, por las razones expuestas anteriormente.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 31 de julio de 2025, Carlos Mario Pérez Gutiérrez, mediante apoderado, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Quindío, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«(…) se ordene al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO, SALA TERCERA DE DECISIÓN, en el proceso de medio de control de
Reparación Directa, con radicado Nro. 63-001-3333-004-2019-00318-01, se profiera una
nueva sentencia, considerando que el medio de control de Reparación Directa promovido
por el demandante es el idóneo, oportunamente interpuesto, y así, proceda el Tribunal a
estudiar nuevamente los recursos de apelación promovidos por las partes.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
De la situación fáctica y administrativa previa
El 11 de octubre de 2016, mediante la Escritura Pública 1023 de la Notaría Segunda
del Círculo de Calarcá (Quindío), el señor Carlos Mario Pérez Gutiérrez adquirió, a
título de compraventa, el bien inmueble denominado « La Esperanza», ubicado en la
vereda Río Lejos del municipio de Pijao (Quindío), identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 282-1239.
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Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
En 2017, el accionante inició trámites ante la Agencia Nacional de Restitución de
Tierras para una posible venta del predio. Durante la revisión jurídica de la
documentación del predio, dicha entidad advirtió un error en la anotación núm. 1 del
certificado de tradición y libertad, consistente en que la escritura pública de
compraventa aparecía registrada con el número 27994, cuando el número correcto
era el 994.
Con el fin de subsanar dicha inconsistencia, el 20 de junio de 2017, el señor Pérez
Gutiérrez radicó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de
Calarcá solicitud de corrección (Formulario C2017-168), cuyo objeto fue ajustar el
número de la escritura pública en la anotación núm. 1 del folio de matrícula
inmobiliaria. Dicha petición la realizó así: «CORREGIR NUMERO ESCRITURA 27994
POR CORRECTO 994.». Consta en los anexos que para tal fin, aportó la Escritura
Pública 994 del 27 de diciembre de 1945.
El 1 de febrero de 2018, al solicitar un nuevo certificado de tradición y libertad, el
accionante encontró que en la anotación núm., 1 se incluyó la especificación: «101
COMPRAVENTA BALDÍO DE LA NACIÓN».
Según el actor, la ORIP de Calarcá modificó unilateralmente la naturaleza jurídica del
inmueble, de dominio privado a baldío, sin que mediara un acto administrativo
notificado en debida forma ni un procedimiento previo que garantizara su derecho de
defensa.
Como consecuencia de esta modificación en el registro, el señor Pérez Gutiérrez no
pudo continuar con la negociación de venta del inmueble ante la Agencia Nacional de
Restitución de Tierras.
El 9 de abril de 2019, el accionante elevó petición ante la ORIP de Calarcá en el que
solicitó información sobre los trámites adelantados con ocasión de la solicitud de 20
de junio de 2017. Como resultado, la ORIP le entregó copia del formulario C2017-168,
en el cual aparecía una nota manuscrita posterior, ajena al solicitante, que indicaba:
«Junio 20/2017 NOTA: El solicitante No Es propietario ».
Del proceso ordinario de reparación directa
El 10 de septiembre de 2019, el señor Carlos Mario Pérez Gutiérrez interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), en la cual solicitó que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a raíz de
la «falla en el servicio registral ocasionada por la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALARCÁ con ocasión de la mutación a baldío del inmueble con folio de matrícula
inmobiliaria Nro.282-1239.». En consecuencia, pidió el reconocimiento de perjuicios en la
modalidad de lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales.
En el acápite de hechos, afirmó que, tras haber solicitado la corrección del número de
la escritura consignada en la primera anotación del folio, «de forma inesperada en el mes
de febrero de 2018», cuando pidió un nuevo certificado de tradición y libertad «se encontró
que en la anotación Nro. 1: ‘(… ) ESPECIFICACIÓN: 101 COMPRAVENTA BALDIO DE LA NACIÓN».
A partir de esa anotación, sostuvo que «de forma extraña la OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALARCÁ, mutó la naturaleza del inmueble» de su propiedad,
«volviéndolo registralmente un inmueble baldío», y alegó que esa modificación fue «unilateral y
arbitraria».
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Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
En esa misma línea, señaló el impacto inmediato de dicha calificación registral, al
indicar que «resultado de la modificación unilateral y arbitraria de la naturaleza del inmueble
(…) no pudo continuar con la negociación de venta del inmueble con la AGENCIA NACIONAL
DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS».
Asimismo, expuso que el perjuicio persistía al momento de demandar, pues seguía
figurando como propietario del predio, «pero dada la naturaleza de baldío, determinada
arbitrariamente» por la ORIP, «no puede realizar negociaciones con su inmueble».
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo de
Armenia, bajo el radicado 63-001-33-33-004-2019-00318-00.
La Superintendencia de Notariado y Registro (en adelante SNR) contestó la demanda
en el sentido de oponerse a las pretensiones y propuso, entre otras, las excepciones
de: (i) culpa exclusiva de la víctima ante la falta de diligencia del comprador en el
estudio de títulos; (ii) improcedencia del medio de control, porque al cuestionar un acto
administrativo (certificado de tradición) debió acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, (iii) caducidad de la acción, toda vez que el accionante
conoció la situación jurídica del inmueble desde febrero de 2018.
El 21 de septiembre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia dictó
sentencia en la cual declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la
Superintendencia de Notariado y Registro (Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Calarcá), por los perjuicios materiales causados al señor Carlos Mario
Pérez Gutiérrez.
Consideró acreditada la falla en el servicio registral por parte de la ORIP de Calarcá,
consistente en el incumplimiento de deber de hacer las inscripciones pertinentes, pues
no solo erró en el número de la escritura (27994 en lugar de 994), sino que omitió
consignar la verdadera naturaleza jurídica del bien descrita en la Escritura Pública
994 de 27 de diciembre de 1945, cuyo objeto era la transferencia de «el derecho de
dominio que tiene en unas mejoras agrícolas, plantadas en terrenos baldíos de la nación».
Afirmó que esa omisión generó que durante años se expidieran certificados con
información que no correspondía con la realidad jurídica del predio, lo que indujo a
error y confusión a terceros de buena fe.
Por lo anterior, encontró probada la lesión definitiva a un derecho jurídicamente
protegido del demandante quien, pese a figurar como propietario en el certificado, se
vio impedido para ejercer actos de disposición y comercio sobre el inmueble debido a
la modificación sobreviniente de la situación jurídica en el registro.
Sin embargo, determinó que existió una concurrencia de culpas, que dio lugar a la
reducción de la indemnización en el 50 %, pues el demandante faltó a su deber de
diligencia al no realizar un estudio de títulos adecuado al momento de adquirir el
predio, el cual no se limita a revisar la última anotación del certificado, sino que implica
examinar cada escritura pública.
Señaló que, de haber revisado la Escritura Pública 994 del 27 de diciembre de 1945
(y no solo la última anotación del certificado), se habría percatado de que el objeto de
venta era «mejoras agrícolas plantadas en terrenos baldíos de la Nación ».
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Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
Como consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad demandada a pagar la suma
de $ 210´301.623 por concepto de lucro cesante y negó las demás pretensiones.
Los extremos de la litis presentaron recursos de apelación, en los que cuestionaron la
decisión de primera instancia, así:
El señor Carlos Mario Pérez Gutiérrez centró su disenso en la declaratoria de
concurrencia de culpas y la consecuente reducción de la indemnización en el 50 %.
Sus argumentos principales fueron:
(i) Señaló que el ciudadano del común confía legítimamente en la información
contenida en el certificado de tradición y libertad, documento que goza de presunción
de legalidad y veracidad. De ahí que, exigirle a un comprador revisar las escrituras
de hace más de 70 años (como la de 1945), cuando el certificado expedido por el
Estado no muestra vicios ni anotaciones de «baldío», constituye una carga
desproporcionada que desvirtúa la función misma del registro público.
(ii) Afirmó que actuó con la diligencia y cuidado de un buen padre de familia, basando
su negocio jurídico en la información oficial suministrada por la ORIP. Por tanto, no
existe nexo causal entre su conducta y el daño, siendo este atribuible
exclusivamente a la falla del servicio de la administración.
(iii) En consecuencia, solicitó que se revocara la reducción del 50 % por concurrencia
de culpas y se condenara a la entidad al pago del 100 % de los perjuicios materiales
probados, así como al reconocimiento de los perjuicios morales y el daño emergente
negados en primera instancia.
Por su parte, la SNR solicitó la revocatoria del fallo y, en su lugar, que se negaran las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:
(i) Alegó que el juez de primera instancia falló sobre una causa petendi distinta a la
invocada en la demanda, toda vez que, mientras el demandante cuestionó un acto
positivo (la actuación administrativa de corrección y registro de 2017/2018 que mutó
la naturaleza del bien), el fallo de primera instancia condenó por una supuesta
omisión (no haber registrado la condición de baldío desde 1946). A su juicio, dicha
variación sorprendió a la defensa y modificó los extremos del litigio, lo que derivó en
un fallo incongruente.
(ii) Reiteró la excepción de ineptitud de la demanda, con base en que la fuente del daño
es un acto administrativo de registro (aquel que corrigió la anotación y calificó el bien
como baldío). Por ende, la legalidad de dicho acto debió cuestionarse mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no mediante reparación
directa.
(iii) Como consecuencia de lo anterior, sostuvo que, al tratarse de un cuestionamiento a
un acto administrativo, operó el fenómeno de la caducidad, porque el demandante
tuvo conocimiento de la anotación registral desde febrero de 2018 y la demanda se
presentó en septiembre de 2019, lo que superaba el término legal de 4 meses.
(iv) Finalmente, defendió la legalidad de la actuación registral. Al respecto, indicó que la
corrección efectuada en 2017 se limitó a ajustar la realidad registral a la realidad
jurídica del título originario (Escritura No. 994 de 1945), la cual versaba sobre
mejoras en terrenos baldíos. Sostuvo que la administración tiene el deber de corregir
sus propios errores para proteger el patrimonio público de la Nación.
El 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío expidió sentencia
de segunda instancia en la que decidió revocar la decisión de primera instancia y, en
su lugar, adecuó el trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que declaró probada la excepción de caducidad de la acción.
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En primer lugar, advirtió que el juez de primera instancia incurrió en violación del
principio de congruencia al modificar la causa petendi planteada en la demanda,
porque el señor Pérez Gutiérrez fundamentó su pretensión indemnizatoria en la
actuación desplegada por la ORIP de Calarcá en los años 2017 y 2018, mediante la
cual, al tramitar una corrección de un número, modificó la naturaleza jurídica del predio
de privado a «baldío de la Nación». Es decir, el reproche se dirigía contra la ilegalidad
de esa modificación registral específica.
Sin embargo, evidenció que el a quo condenó a la SNR bajo un cargo distinto y no
alegado, esto es, no haber registrado la condición de baldío desde la apertura del folio
en 1946. Concluyó que esa variación sorprendió a la entidad demandada, lo que le
impidió ejercer su derecho de defensa frente a esa supuesta omisión, pues la defensa
se había centrado en justificar la corrección. Por tanto, determinó que el fallo de
primera instancia era incongruente.
En ese contexto, el Tribunal explicó que, si bien la jurisprudencia permite demandar
errores registrales por la vía de la reparación directa (cuando se trata de simples
errores materiales u omisiones), la situación cambia cuando el daño proviene de un
acto que define una situación jurídica.
En el caso concreto, consideró que el daño reclamado por el actor (la pérdida del valor
comercial y la imposibilidad de venta) se ocasionó directamente del contenido de un
acto administrativo, que derivó en la anotación registral derivada de la corrección, la
cual goza de presunción de legalidad.
Advirtió que, para conceder la indemnización, era requisito sine qua non desvirtuar la
legalidad de dicha anotación que calificó el bien como baldío. Por consiguiente, el
medio de control procedente no era la reparación directa, sino la nulidad y
restablecimiento del derecho.
En virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial y la primacía de la
realidad sobre las formas, el Tribunal adecuó la demanda a este último medio de
control.
En segundo lugar, al encauzar el litigio por la vía de la nulidad y restablecimiento del
derecho, el Tribunal verificó el cumplimiento del requisito de caducidad y encontró que
el demandante tuvo conocimiento del acto administrativo (la anotación de baldío) el 1
de febrero de 2018, momento en el que se expidió el certificado de tradición y libertad
y notó el cambio, hecho confesado en los hechos de la demanda.
Por ello, afirmó que el término de caducidad inició el 1 de febrero de 2018 y venció en
el 2 de junio de 2018. Dado que la demanda fue presentada el 10 de septiembre de
2019, concluyó que el medio de control se ejerció más de un año después de vencido
el término legal para su interposición.
3. Argumentos de la acción de tutela
El accionante alegó que el tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia porque incurrió en los
defectos procedimental por exceso ritual manifiesto, sustantivo y fáctico.
En cuanto al defecto procedimental, señaló que el Tribunal privilegió las formas
sobre el derecho sustancial al determinar que la vía procedente era la nulidad y
restablecimiento del derecho y no la reparación directa, pues independientemente del
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nombre de la acción o medio de control, el juez tiene el deber de interpretar la
demanda para garantizar la efectividad de los derechos en aplicación del principio iura
novit curia. Además, expresó que dicha facultad no puede ejercerse para negar el
reconocimiento de un derecho.
De ahí que, el Tribunal no pueda desconocer la realidad del daño antijurídico probado,
consistente en la imposibilidad de la venta, amparado en una discusión técnica como
lo es la escogencia de la vía procesal, máxime cuando la demanda fue admitida,
tramitada y fallada en primera instancia como un medio de control de reparación
directa.
Afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado el medio de control
de reparación directa para indemnizar perjuicios derivados de errores registrales
cuando estos no provienen de un acto administrativo expreso, sino de operaciones
complejas o fallas en el servicio, como lo fue la corrección del folio de matrícula
inmobiliaria.
Respecto al defecto sustantivo, manifestó que el proceso se adelantó bajo la
convicción legítima, avalada por el juez de primera instancia, de que su acción era de
reparación directa, la cual cuenta con un término de caducidad de 2 años. De modo
que, modificar la naturaleza de la acción en segunda instancia y aplicar el término de
4 meses, el Tribunal sorprendió a la parte con una regla distinta al final del proceso,
lo que vulneró el principio de confianza legítima y seguridad jurídica.
Aunado a lo anterior, cuestionó que el Tribunal haya fijado como fecha de inicio del
cómputo de caducidad febrero de 2018 (fecha de expedición del certificado), pues el
daño es de tracto sucesivo o continuado, lo que afectó su patrimonio en el tiempo
mientras la anotación de «baldío» persista. Agregó que interpretar que la oportunidad
para demandar feneció 4 meses después de conocer el certificado, implica dejar al
ciudadano en indefensión permanente frente a un error del Estado que sigue
produciendo efectos.
Atinente al defecto fáctico, expresó que el Tribunal partió de una premisa errada,
esto es, la existencia de un acto administrativo susceptible de nulidad.
Sobre el particular, resaltó que lo que existe en el expediente es una nota manuscrita
informal en un formulario «Junio 20/2017 NOTA: El solicitante No Es propietario » y una
registral, sin que exista una resolución motivada, ni un acto administrativo expreso que
le haya sido notificado conforme con los artículos 66 y siguientes del CPACA.
Al no valorar que se trató de una actuación de hecho y no de un acto administrativo
formal, el Tribunal erró al exigir la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Según el actor, ante la ausencia de acto administrativo, la única vía posible para
reclamar los perjuicios era la reparación directa, tal como se planteó originalmente,
pues no se puede pedir la nulidad de una «nota a mano» o de una operación material
del sistema.
4. Trámite previo
El 1 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante y accionada.
Además, vinculó como terceros con interés a la Superintendencia de Notariado y
Registro y a la ORIP de Calarcá.
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5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Quindío no efectuó algún pronunciamiento.
6. Intervención de los terceros con interés
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) solicitó que se declare la
improcedencia del amparo invocado, porque no cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues el accionante pretende convertir la tutela en una tercera instancia
para revivir un debate ya clausurado.
Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la entidad no es
competente para pronunciarse sobre las providencias judiciales cuestionadas.
Invocó el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que el mecanismo
de amparo no puede operar como una tercera. Asimismo, indicó que el asunto carece
de relevancia constitucional, pues se trata de una discusión de carácter legal sobre la
vía procesal adecuada, la cual no vulnera derechos fundamentales.
Finalmente, frente a la supuesta imposibilidad de disponer del predio «La Esperanza»
alegada por el actor, aportó prueba de la enajenación del activo. Al respecto, precisó
que, según la anotación núm. 10 del folio de matrícula inmobiliaria núm. 282-1239 y
la Escritura Pública 1344 del 17 de julio de 2023, el accionante transfirió los derechos
sobre el inmueble a favor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Dicha operación no constituyó una venta de dominio pleno, sino una «compraventa de
mejoras en suelo ajeno con antecedente registral baldío de la Nación», mediante la cual el
actor transfirió la posesión y las mejoras por un valor de $ 426.392.726, con el fin de
beneficiar al Resguardo Indígena Tata Drua.
7. Sentencia de primera instancia
El 2 de octubre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, negó la solicitud de amparo, porque consideró que el Tribunal accionado no
incurrió en el defecto procedimental alegado al adecuar el medio de control de
reparación directa al de nulidad y restablecimiento del derecho.
Explicó que la autoridad judicial valoró razonablemente que el origen del daño
reclamado por el actor no era un simple hecho u omisión, sino un acto administrativo
de registro mediante el cual se mutó la naturaleza jurídica del inmueble a baldío. En
consecuencia, al tratarse de un cuestionamiento sobre la legalidad de un acto
administrativo, dijo que la vía procesal idónea era la nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138 del CPACA, lo que validaba la decisión del Tribunal
de declarar probada la excepción de caducidad tras realizar la adecuación procesal.
8. Impugnación
El accionante impugnó la sentencia de primera instancia con fundamento en que el a
quo no analizó las «reales circunstancias en las que se generó el daño irrogado », porque
el medio de control de reparación directa era el único procedente dada la naturaleza
del daño.
Sostuvo que la modificación de la naturaleza jurídica del inmueble, de propiedad
privada a baldío, no obedeció a un acto administrativo formal, sino a una « actuación
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unilateral y arbitraria » de la ORIP de Calarcá. Alegó que la entidad actuó con
«desconocimiento del más mínimo debido proceso administrativo », porque operó de forma
«clandestina sin atender a los principios de publicidad del acto administrativo registral », lo
cual, en su criterio, lo «expropió».
Frente a la tesis del Tribunal y del juez de primera instancia sobre la idoneidad del
medio de nulidad y restablecimiento del derecho, advirtió que «nunca hubo un acto
administrativo en el cual se tomará acorde a la ley la decisión de mutar la calidad del
inmueble». Explicó que la anotación registral cuestionada (Anotación núm. 1) carecía
de los atributos de un acto susceptible de control de legalidad, pues «no se cumplieron
los requisitos de existencia y validez de un acto administrativo a demandar ».
Aunado a lo anterior, aportó como prueba la respuesta emitida por la Superintendencia
de Notariado y Registro a una petición de consulta, del 26 de agosto de 2025, explicó
que, en respuesta a esa solicitud, la SNR señaló que «los errores que modifiquen la
situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos
entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa,
cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
Por lo anterior, concluyó que dicho concepto estableció que existe procedimiento
reglado, el cual no fue adelantado en el presente caso. Además, advirtió que la SNR
tomó la determinación «de forma ilegal sin que mediara un acto administrativo conforme se
tenía que establecer», lo que a su juicio confirmaba que se trató de una operación
administrativa irregular o vía de hecho y no de un acto administrativo formal, lo que
permitía la procedencia el medio de control de reparación directa.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto ».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
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Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
accionante, al revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, adecuar el
trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para declarar
probada la excepción de caducidad.
En síntesis, la parte accionante, en la impugnación, sostiene que la autoridad judicial
accionada incurrió en: (i) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al
privilegiar la forma sobre el derecho sustancial al exigir que se cuestione un acto
administrativo inexistente; y (ii) defecto fáctico, al asumir la existencia de dicho acto
administrativo y omitir las pruebas que demostraban que la modificación de la
naturaleza del inmueble fue una «actuación unilateral, arbitraria y clandestina».
La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la presunta configuración de defecto
sustantivo, porque dichos argumentos no fueron objeto de reparo en el escrito de
impugnación.
De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de ser así, si se configura alguno de los defectos específicos alegados
por el accionante.
Se anticipa que se negará el amparo solicitado, por encontrar demostrado que el
Tribunal Administrativo del Quindío no incurrió en los defectos alegados.
Por razones metodológicas, se estudiarán de forma conjunta los defectos
procedimental y fáctico dada su estrecha conexidad.
(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia
constitucional porque la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, se sustentan con
suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dicho
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04755-01
Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.
Sobre el particular, se advierte que el asunto rebasa la discusión meramente legal y
tiene connotación constitucional, por cuanto se cuestiona si la facultad del juez de
adecuar el medio de control puede ejercerse y conducir a la declaratoria de caducidad
del medio de control, lo que compromete directamente los derechos fundamentales al
debido proceso y, especialmente, el de acceso a la administración de justicia.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que la decisión de primera instancia del proceso ordinario accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en segunda instancia, el tribunal
accionado revocó la decisión inicial y en su lugar, adecuó el trámite procesal y declaró
probada la excepción de caducidad de la acción.
Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental
al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada habría
realizado una indebida adecuación del medio de control, al desconocer la naturaleza
fáctica del daño y la inexistencia de un acto administrativo susceptible de anulación.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia fue proferida el 30 de enero de 2025, notificada el 5 de febrero de ese mismo
año, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 31 de julio de 2025.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
De los defectos procedimental4 y fáctico5
4
El defecto procedimental ocurre cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido, al respecto,
en la sentencia T-310 de 2009 la Corte Constitucional señaló que se trata de un defecto de naturaleza cualificada, que implica
que el trámite judicial “(…) se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo
que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial” . Además, la
desviación del procedimiento debe ser de tal magnitud que afecte los derechos fundamentales de las partes, en especial el
derecho al debido proceso.
Así, se han reconocidos dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando el funcionario judicial
se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i)
sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite etapas sustanciales
del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Y un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a manera de un
impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto
bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
5
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre
cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora
u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
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Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
La parte accionante alegó que el Tribunal incurrió en defectos fáctico y procedimental,
porque el fallo cuestionado se fundamentó en una premisa errada, según la cual la
anotación registral mediante la cual se calificó el bien como baldío constituía un acto
administrativo susceptible de control de legalidad y, por tanto, el origen del daño.
Sobre el particular, explicó que dicha modificación registral fue producto de una
actuación unilateral, arbitraria y «clandestina». Además, sostuvo que la autoridad
judicial demandada concluyó erróneamente que el medio de control idóneo era el de
nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de que la causa del daño fue una
operación administrativa irregular, cuyos perjuicios debían ser solicitados mediante el
ejercicio de la demanda de reparación directa.
Para iniciar el análisis de fondo de estos defectos, se encuentra que el accionante
presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Superintendencia de
Notariado y Registro.
Como pretensiones solicitó las siguientes:
«1. Se declare a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, administrativamente
responsable de todos los perjuicios causados a CARLOS MARIO PÉREZ GUTIÉRREZ, como
consecuencia de la falla en el servicio registral ocasionada por la OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALARCÁ, con ocasión de la mutación a baldío del inmueble con
folio de matrícula inmobiliaria Nro.282-1239.»
Además, solicitó que se condenara a la SNR al pago de los siguientes conceptos: (i)
lucro cesante por $ 320.073.510, correspondientes al valor comercial del inmueble
(según avalúo) que el accionante dejó de percibir al verse imposibilitado para disponer
de la transferencia de dominio debido a la anotación de baldío; (ii) daño emergente
por $ 3.000.000, equivalentes a los honorarios de abogado sufragados para adelantar
los trámites ante la ORIP; y (iii) perjuicios morales equivalentes a 20 smlmv, como
compensación por la angustia generada por la falla del servicio registral.
Frente al daño antijurídico y el nexo causal, explicó lo siguiente:
«Resultado de la modificación unilateral y arbitraria de la naturaleza del inmueble
con matrícula inmobiliaria Nro. 282 1239, realizado por la OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALARCÁ, CARLOS MARIO
PÉREZ GUTIÉRREZ, no pudo continuar con la negociación de venta del inmueble
con la AGENCIA NACIONAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.»
Asimismo, señaló que la afectación al patrimonio persistía, toda vez que, «dada la
naturaleza de baldío, determinada arbitrariamente por la OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALARCÁ, no puede realizar negociaciones con su
inmueble.»
De igual forma, como fundamento de la demanda alegó que existió una falla en el
servicio sustentada en una actuación irregular materializada en una nota manuscrita
dentro del formulario de corrección, así:
«(...) resultado de esta solicitud la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALARCÁ entregó al petente copia del formulario C2017-168 de
solicitud de corrección en el cual se observa [...] otra anotación a mano que no es
de autoría de CARLOS MARIO PÉREZ GUTIÉRREZ que dice: "Junio 20/2017
NOTA: El solicitante No Es propietario" »
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Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
Finalmente, precisó que «conforme la posición de la jurisprudencia actual del Consejo de
Estado el título de imputación de la causa petendi es Falla en el Servicio », derivada de la
«mutación arbitraria de la naturaleza de su inmueble ».
Aunado a lo anterior, obran como pruebas documentales aportadas por la parte
demandante las siguientes:
• Certificados de Tradición y Libertad: Copias expedidas el 1 de septiembre de 2016 (sin
anotación de baldío) y el 20 de junio de 2019 (con la anotación No. 1 de "baldío"), con el
fin de demostrar la modificación sobreviniente de la naturaleza jurídica del bien.
• Copia de la petición radicada el 9 de abril de 2019 ante la ORIP de Calarcá y el Oficio
de respuesta No. OIRP/CQ-2822019EE00311 del 11 de abril de 2019.
• Avalúo comercial realizado por el perito Germán Jaramillo Velásquez sobre el inmueble,
para sustentar la cuantía del lucro cesante.
• Documento del predio "Lote 3 La Esperanza", donde figura como propietario el
accionante.
Por su parte, se encuentra que la decisión de segunda instancia dictada dentro del
proceso de reparación directa revocó la decisión inicial y, en su lugar, adecuó el medio
de control a nulidad y restablecimiento del derecho y declaró la caducidad. Lo anterior,
con fundamento en que el juez de primera instancia varió la causa del litigio, pues el
daño reclamado no se derivó de una omisión, sino de un acto registral positivo y
reciente que el propio demandante tachó de ilegal.
Al respecto, el Tribunal explicó que la causa del daño identificada en la demanda fue
la corrección realizada de oficio por la ORIP de Calarcá en 2017, así:
«(...) se encuentra que en la sentencia de primera instancia se indica que el daño es imputable a
una omisión que cometió la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá, Quindío
al no registrar desde un inicio en el certificado de tradición y libertad correspondiente al
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 282 - 1239, en la anotación No. 1, la
especificación que se trataba de un bien "baldío de la Nación", lo cual no hace parte de la causa
petendi de la demanda, pues, se reitera, la causa del daño que atribuye la parte demandante a la
entidad demandada es el acto de registro proferido por la Oficina de Registro e Instrumentos Público
de Calarcá en virtud de la solicitud de corrección efectuada por el señor Carlos Mario Pérez Gutiérrez
el día 20 de junio de 2017, indicando que a través de él se modificó la naturaleza jurídica del bien
inmueble pese a que la solicitud de corrección solo estaba dirigida a la identificación de la escritura
pública del negocio jurídico que aparecía registrado en la anotación No. 01».
Con base en esta delimitación de la fuente del daño, la autoridad judicial accionada
concluyó que la vía procesal idónea no podía ser la reparación directa, dado que el
perjuicio alegado tenía su génesis en un acto administrativo cuya legalidad estaba
siendo cuestionada por el actor:
«(...) cuando el daño tiene su génesis en un acto administrativo que se considera ilegal por haber
sido expedido con infracción en las normas en que debía fundarse, sin competencia, en forma
irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, falsa motivación o desviación
de las atribuciones propias de quien las profirió, el medio de control procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho tal como lo establece el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011».
Y precisó que, aunque existen excepciones jurisprudenciales para errores registrales,
estas no aplicaban al caso concreto porque el demandante atacaba la validez misma
de la actuación:
«(...) si bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha sostenido que existen eventos especiales
tales como las omisiones o errores derivados de la labor de registro, frente a los cuales la acción
procedente es la de reparación directa, lo cierto es que ello se da cuando en la demanda no se busca
cuestionar la legalidad de un acto administrativo de registro, lo cual no sucede en este caso, pues
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04755-01
Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
en la demanda se indica que el acto de registro proferido por la Oficina de Registro e Instrumentos
Público de Calarcá en virtud de la solicitud de corrección efectuada por el señor Carlos Mario Pérez
Gutiérrez el día 20 de junio de 2017, es arbitrario e ilegal».
Finalmente, tras adecuar el trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el Tribunal contabilizó el término de caducidad de 4 meses y tomó como
fecha de inicio el momento en que el accionante tuvo conocimiento del cambio en la
anotación (1 de febrero de 2017), así:
«Revisados los documentos que fueron incorporados al proceso, no se observa la notificación del
acto de inscripción o registro objeto de discusión (...) sin embargo, en la demanda en el hecho
número siete (7) se indica que el accionante en el mes de febrero de 2018 solicitó un certificado de
tradición del inmueble y en ese momento conoció la modificación de la naturaleza del bien a baldío
de la nación.
En ese sentido, entenderá la Sala que el demandante lo conoció el 01 de febrero de 2018, por lo
tanto, el término para presentar la demanda inició el 02 de febrero de 2018 y finalizó el 02 de junio
de 2018, no obstante, la demanda se presentó el 10 de septiembre de 2019 cuando ya había operado
el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.»
En este contexto, la Sala encuentra relevante precisar que la jurisprudencia
consolidada del Consejo de Estado ha señalado que «(…) la fuente del daño determina
la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a
su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la
demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional».6
En ese sentido, quien pretenda el resarcimiento de daños causados por la
administración, o el restablecimiento de derechos vulnerados por ésta, no puede
escoger a su libre arbitrio o discrecionalidad el medio de control que ha de ejercer,
porque son normas de orden público y de imperativo cumplimiento las que establecen
el criterio que rige el asunto.
Como regla general, se ha indicado que, si la causa del daño reside en la ilegalidad
de una decisión de la administración (un acto administrativo) que crea, modifica o
extingue una relación jurídica particular y concreta, el medio de control procedente es
el de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero, también que, si la fuente del
daño radica en un hecho, una omisión, una operación administrativa o en la ocupación
de un inmueble, entonces la vía judicial pertinente es el medio de control de
reparación directa7.
Asimismo, como lo explicó la autoridad judicial accionada en la sentencia, la Sección
Primera del Consejo de Estado8 ha señalado que el acto de inscripción es un acto
administrativo, pues es una declaración de voluntad de la autoridad registral, la cual
tiene la virtualidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y afectar a los
administrados, por lo que es cuestionable ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, así:
“[…]
Esta Corporación,9 en vigencia del Código Contencioso Administrativo y que resulta aplicable en el
régimen actual por la similitud de las normas analizadas, ha expresado frente a los actos de registro,
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 26758. Asimismo, ver, entre otras,
las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16474; del 19 de julio de 2007, exp. 30905; y del 31 de agosto de 2005, exp. 29511.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, fallo del 4 de junio de 2019, exp. 43758; y Subsección A, sentencia del 16
de julio de 2021, exp. 50146.
8
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, 30 de agosto de 2018, Radicación número:
08001-23-33-000-2017-00027-01, Actor: Fidelina Rocha Díaz, Demandado: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Soledad - Atlántico
9
Véase entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de octubre de
2003. C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, radicación: 73001-23-31-000-1997 -5610-01. Actor: Diego Arbeláez Jaramillo.
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que los mismos son objeto de control jurisdiccional; no así los que debaten respecto a los títulos y
escrituras públicas que les dan su origen.
En el mismo sentido, ha expresado la jurisprudencia de esta Sección que son demandables ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo el acto de registro, en los siguientes términos:
“… Pero la mayor decantación en el tema que se aborda la ha hecho la Sección Primera de esta
Corporación al indicar que el acto de registro tiene la entidad para crear, modificar o extinguir una
situación jurídica, no desde la óptica del instrumento o documento que registra, pues como ya se vio
la autoridad registral no puede invalidarlo ni cuestionarlo, así que el acto administrativo registral lo
constituye esa declaración que hace dentro de su espectro competencial de calificación y análisis
registral, que le permite anotar, desanotar, variar de ubicación o calificar el acto que registra.
Con gran claridad lo refiere la Sección Primera en sentencia de 3 de noviembre de 2011 consideró
cómo esa declaración de voluntad de la autoridad registral, es claro, logra afectar la situación
particular de algún administrado, he ahí el porqué del predicamento de que el acto registral es un
típico acto administrativo de aquellos que conoce sobre su legalidad la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
[…]
En efecto, en auto de 4 de agosto de 2016, se indicó: ¨Como se avizora, mientras que la escritura
pública no es susceptible de control judicial por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo debido a que no se trata de un acto administrativo, el acto de registro si lo es,
dado que este puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica, acto jurídico respecto
del cual se deben agotar los recursos administrativos y es susceptible de ser controlado a través del
medio de control de nulidad simple . Como se advierte, a las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos no les corresponde examinar la validez de los contratos o negocios jurídicos celebrados
entre particulares, dado que dicho asunto es competencia de la Jurisdicción Ordinaria Civil, que se
encarga de resolver las controversias que se susciten entre particulares. Por ejemplo, la falta de
capacidad de una de las partes en la celebración de un negocio jurídico es un asunto que le
corresponde resolver a los jueces civiles según las normas del derecho común y no al juez de lo
contencioso administrativo¨
De lo anterior, advierte la Sala que las anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria, realizados
por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, son actos de registro susceptibles de ser
enjuiciados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en tanto que son expedidos por una
autoridad en ejercicio de función administrativa que crean, modifican o extinguen una situación
jurídica a partir de su espectro competencial de registro, para lo cual despliegan e implementa
análisis de valoración jurídica que viabiliza o no la anotación y, que por ende, crean, modifican o
extinguen situaciones particulares, por cuanto valga recordar que en un sinnúmero de materias, el
título (entiéndase en sentido amplio) requiere ir aparejado al modo, para reputarse perfecto y con
efectos generales respecto de todos los administrados” 10.
En esa misma decisión, la Sección Primera del Consejo de Estado abordó la
oportunidad para demandar y estableció que, al tratarse de un acto particular, el
término es de 4 meses contados a partir de la anotación, que según el artículo 70 del
CPCA corresponde a la notificación. No obstante, se precisó que en caso de que no
se haya surtido el procedimiento del artículo 70, debe contabilizarse desde que el
interesado tuvo conocimiento real y efectivo del registro. Se cita lo pertinente:
«4.2.1. Jurisprudencia respecto al término de caducidad para actos de registro, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
De conformidad con lo señalado en el recurso y la decisión recurrida, pasa la Sala Unitaria a estudiar,
en primer término, la caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
conforme se contempla en el artículo 164 del CPACA y la jurisprudencia:
“[…] Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Descongestión, sentencia de 01 de marzo de 2018
C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación: 73001-23-31-000-2010-00550-01; en el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de diciembre de 2008. C.P. Rafael E. Ostau
De Lafont Pianeta, radicación: 13001-23-31-000-2000 -99073-01. Actor: Grupo Hotelero Mar y Sol S.A.
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notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
establecidas en otras disposiciones legales. […]”.
Tal y como lo contempló el legislador, quien pretenda someter a control judicial un acto administrativo
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo debe realizar dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a su notificación, comunicación o ejecución.
El artículo 70 del CPACA establece, en relación con los actos de inscripción y registro, que éstos se
entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación, pero si hubiere sido
solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, debe ser
comunicado.
“Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos de inscripción
realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el
día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado
por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripción deberá
comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
correspondiente anotación”.
A su vez, el artículo 24 de la Ley 1579 de 2012, “Por el cual se expide el estatuto de registro de
instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones” 11, establece que “…Los actos de inscripción
o registro se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto
de inscripción hubiere sido solicitado por Entidad o persona distinta de quien aparezca como titular
del derecho, la inscripción deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la correspondiente anotación…” (subraya fuera del original).
Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación ha establecido, de vieja data, que el conteo del
término de caducidad relativo al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
referido a los actos de registro, iniciará a partir de la fecha probada en que se tuvo
conocimiento por parte del actor de dicho registro, en particular cuando no aparece acreditada
la comunicación a que se hace referencia en los artículos referidos. Criterio que mantiene su vigencia
en los términos sostenidos por esta Sección:
“[…] Que si bien es cierto que el acto demandado no ameritaba de parte de la Administración
notificación al demandante y que el artículo 44 del C.C.A. consagra, en relación con los actos de
inscripción y registro, que éstos se entenderán notificados el día en que se efectúe la
correspondiente anotación, no lo es menos que, para efectos de contabilizar el término de caducidad
para demandar actos de registro, debe tenerse como punto de partida de dicho cómputo el momento
en que el interesado conoció de dicho acto; lo contrario sería exigir a cada interesado una visita
diaria a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para verificar si, en relación con los
inmuebles de su propiedad, se han efectuado anotaciones que atenten contra sus derechos. Por lo
anterior, no resulta acertado que el cómputo para el ejercicio de la acción contra el acto demandado
se haya verificado teniendo en cuenta solamente la fecha de anotación sin importar el día en que se
tuvo conocimiento de la misma, circunstancia que se puede comprobar, por ejemplo, con la prueba
de reclamación ante la Administración en relación con la inscripción; con la constancia de que con
anterioridad se solicitó copia del certificado de libertad y tradición del inmueble; en fin, mediante
cualquier medio del que se infiera que el interesado conocía del acto de registro […]” 12.
En síntesis, la Sala Unitaria se permite establecer, a partir del criterio jurisprudencial mencionado, el
cual mantiene su vigencia en el régimen de la Ley 1437 de 2011 por tratarse de normas semejantes
a las consideradas bajo el régimen anterior, que en tratándose de demandas contra actos de registro
de instrumentos públicos, el inicio del término de caducidad para incoar el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho deberá hacerse, en principio, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a partir de notificación o comunicación. Pero si se trata de un acto de inscripción que
hubiere sido solicitado por Entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, a
partir de la comunicación respectiva al titular, si éste es el demandante, o en su defecto, a partir de
la fecha probada en que el interesado conoció de dicho acto sea o no titular del derecho, si no le fue
notificado o comunicado.”.»
En el presente asunto, el análisis del expediente permite establecer que, si bien la
demanda se formuló bajo el medio de control de reparación directa, la pretensión
central y los supuestos fácticos del accionante se dirigieron a cuestionar los efectos
jurídicos de la corrección registral derivada de la solicitud de 2017.
11
Esta ley derogó el Decreto-Ley 1250 de 1970, Decreto número 1975 de 1970, Decreto número 2156 de 1970, Decreto número
2157 de 1970, y las demás disposiciones que le son contrarias.
12
Auto calendado el 16 de noviembre de 2000, Expediente núm. 6515, Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
En el mismo sentido, véanse los proveídos del 6 de junio de 2013. Exp.: 2011 00168. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla
Moreno. Actora: Zoraida Avendaño de De la Presa y Sentencia del 11 de julio de 2013. Exp.: 2007 00116. Consejero Marco
Antonio Velilla Moreno. Actor: Silvio Apolinar Perafán Mellizo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04755-01
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En efecto, aunque alegó una supuesta « falla del servicio» por una operación
administrativa, el fundamento de la reclamación era la inconformidad frente a la
corrección registral derivada de la solicitud de 2017, la cual modificó la Anotación núm.
1 del folio de matrícula inmobiliaria y mutó la naturaleza jurídica del predio de privado
a baldío.
De ahí que, la decisión del Tribunal accionado de adecuar el trámite procesal no
obedeció a un exceso ritual, sino al análisis de la demanda y a la aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre las formas.
Lo anterior cobra más relevancia si se tiene en cuenta los certificados de tradición y
libertad aportados al expediente ordinario, los cuales acreditan los perjuicios
patrimoniales frente a los cuales se solicitó la reparación (consistentes en la
imposibilidad de enajenar el bien ante la Agencia Nacional de Tierras). De modo que
el daño no provino de un hecho, una omisión o una operación administrativa, sino de
un acto de inscripción formal.
En otras palabras, fue la anotación núm. 1, con la especificación expresa de
«COMPRAVENTA BALDÍO DE LA NACIÓN», la que definió, creó y modificó la situación
jurídica del inmueble frente a terceros, decisión que goza de presunción de legalidad
y fuerza ejecutoria.
Frente al reproche sobre la ausencia de notificación personal, la Sala acoge el criterio
jurisprudencial de la Sección Primera de esta Corporación, según el cual, en los
eventos donde no se surta la comunicación al titular del derecho real afectado por un
acto de registro, el término de caducidad no inicia con la anotación, sino «a partir de
la fecha probada en que el interesado conoció de dicho acto».
De ahí que, no es de recibo el argumento de inexistencia del acto administrativo por
falta de publicidad, toda vez que dicha irregularidad se suple con el conocimiento
efectivo de la decisión; circunstancia que se verificó con la confesión del demandante
de haber conocido la anotación de baldío en febrero de 2018.
Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que el argumento del accionante respecto a la
alegada falta de congruencia en la que habría incurrido el Tribunal demandado no
tiene vocación de prosperidad, porque como lo advirtió la autoridad judicial
demandada, mientras la pretensión de reparación directa se edificó sobre el reproche
a una actuación positiva (la corrección registral de 2017/2018), el a quo condenó por
una omisión de no registrar la condición de baldío en 1945. En consecuencia, la
decisión del Tribunal de revocar el fallo y adecuar el trámite no constituyó una violación
de los derechos fundamentales invocados, sino una medida correctiva necesaria para
sanear un vicio de incongruencia fáctica que afectaba la sentencia de primer grado, lo
cual garantizó que el litigio se resolviera sobre los hechos debatidos y probados.
Luego, no es procedente emplear ese argumento para invocar la falta de congruencia
aducida.
Así las cosas, se encuentra que la autoridad judicial accionada realizó una
interpretación razonable de los supuestos fácticos y jurídicos del caso al concluir que
la fuente del daño fue un acto administrativo susceptible de control judicial, máxime si
se tiene en cuenta que dicha conclusión se fundamentó en la jurisprudencia de la
Sección Primera de esta Corporación (que ha catalogado los actos de registro como
verdaderos actos administrativos).
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04755-01
Demandante: Carlos Mario Pérez Gutiérrez
En gracia de discusión, la Sala advierte que la actuación de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Calarcá, en cumplimiento del principio de legalidad y de la
función registral, procedió a corregir el registro conforme con la realidad material y
jurídica de los títulos que componían la tradición del inmueble, de manera que la
modificación en la anotación, calificada por el actor como «arbitraria», tuvo como
fundamento la Escritura Pública núm. 994 del 27 de diciembre de 1945, documento
que el mismo accionante aportó al elevar la solicitud de corrección el 20 de junio de
2017.
En suma, en el presente caso no se demostró la configuración de los defectos
alegados, por lo que, la Sala confirmará la sentencia de 2 de octubre de 2025,
proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, objeto de
impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 2 de octubre de 2025, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación, objeto de impugnación.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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