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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04758-00

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04758-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el TRIBUNAL por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04758-00 Actores: JULIO ANTONIO PARODY HERNÁNDEZ Y OTRO SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por carecer de los requisitos subsidiariedad y relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04758-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04758-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: JULIO ANTONIO PARODY HERNÁNDEZ Y OTRO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. DE
UNA PARTE, CARECE DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD, PUES LA
PARTE ACTORA TENÍA A SU DISPOSICIÓN LA SOLICITUD DE ADICIÓN. DE
OTRA PARTE, NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE DEMANDANTE
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA
ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
DEFENSA Y TRATO DIGNO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCION “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO1.

1
En adelante Sección Segunda

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04758-00
Actores: JULIO ANTONIO PARODY HERNÁNDEZ Y OTRO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Los señores JULIO ANTONIO PARODY HERNÁNDEZ actuando a

través de apoderado judicial y el abogado JAVIER OCHOA

BARRIOS, en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad, al trato digno y a la defensa, los cuales estiman vulnerados

por la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la providencia de 26

de junio de 2025 dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2017-02987-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que el señor PARODY HERNÁNDEZ laboró al servicio del

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)2,

bajo diferentes contratos de prestación de servicios desde el 10 de

2
En adelante el IDRD.

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Actores: JULIO ANTONIO PARODY HERNÁNDEZ Y OTRO

abril de 2015 hasta el 13 de marzo de 2016, en el cual cumplió

funciones similares a las de un profesional universitario código 219,

grado 02.

Adujeron que aquel cumplía con un horario especifico y existía

subordinación, pues tenía en cuenta instrucciones específicas dadas

por sus superiores y una supervisión constante, sumado a ello,

asistía a capaciones dirigidas por el IDRD.

Manifestaron que el señor PARODY HERNÁNDEZ solicitó al IDRD

que se reconociera la relación laboral, no obstante, mediante Oficio

núm. 20171100000551 de 5 de enero de 2017, se le negó tal

reclamación, por lo que presentó demanda en ejercicio del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicho acto

administrativo.

Señalaron que el mencionado proceso fue identificado con el número

único de radicación 2017-02987-00 y le correspondió en primera

instancia a la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 que,

3
En adelante el Tribunal

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mediante providencia de 31 de enero de 2019, accedió parcialmente

a las pretensiones de la demanda.

Refirieron que la parte allí demandada interpuso recurso de

apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que,

mediante sentencia de 26 de junio de 2025, revocó la sentencia

recurrida y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda,

bajo el argumento que no se logró acreditar el elemento de

subordinación o dependencia como requisito esencial de la relación

laboral subyacente a los contratos de prestación de servicios.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

fáctico, puesto que omitió valorar y/o analizar las pruebas

documentales aportadas en el proceso, entre estas: “[…] Copia del

certificado de asistencia y aprobación del curso de “Normatividad

vigente en materia de atención a peticiones, quejas y reclamos.

Grupo 2”, al que asistió el señor Julio Antonio Parody Hernández

enviado por parte del IDRD para que lo aplicara en su calidad de

ADMINISTRADOR del Parque Zonal La Estancia. Foto a color del señor

Julio Antonio Parody Hernández utilizando la dotación entregada por

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el IDRD. Foto a banco y negro del señor Julio Antonio Parody

Hernández en la entrada a la oficina de la Administración del parque

Zonal La Estancia […]”, las cuales daban cuenta de la relación laboral

encubierta.

Adujeron que la decisión judicial cuestionada incurrió en violación

directa de la Constitución, puesto que no tuvo en cuenta el escrito

contentivo de los alegatos de conclusión allegados en término.

Finalmente, el señor JAVIER OCHOA BARRIOS mencionó que en el

presente asunto actúa en nombre propio y en representación del

señor PARODY HERNÁNDEZ, comoquiera que también es su

apoderado judicial dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho cuestionado y se le está vulnerado su

derecho al trabajo con la decisión cuestionada.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicito que:

“[…] Primero. Que se revoque el fallo de segunda instancia de
fecha 26 de junio de 2025 emitido por la accionada, y en su lugar
se emita fallo en el que se analicen y emita un pronunciamiento
de fondo que tenga en cuenta los alegatos de conclusión
oportunamente allegados por el suscrito abogado y las pruebas
aportadas y obrantes en el proceso y que la sentencia omite, e

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indica que nunca se presentaron o no existen -respectivamente-.

Segundo. Las demás órdenes y condenas de origen constitucional
que el honorable Juez Constitucional a su saber y entender emita
para salvaguardar los derechos fundamentales violados y subsane
los defectos y vicios en que incurrió la sentencia de fecha 26 de
junio de 2025. […]” (Destacado pertenece al texto).

I.5.- Defensa

I.5.1. La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificada en debida forma

del presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6. Intervinientes

I.6.1. El TRIBUNAL aseguró que la parte actora no presentó

ninguna prueba que demuestre la vulneración de los derechos

deprecados como vulnerados, razón por la que solicitó la

desvinculación de la presente acción de tutela.

I.6.2.- El IDRD resaltó que la acción constitucional de la referencia

debe declararse improcedente, toda vez que no se acreditó que

exista vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados

por la parte actora, además, tampoco se demostró la ocurrencia del

defecto factico y la violación de la Constitución Política alegados.

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Indicó que la parte demandante tiene a su alcance otro medio de

protección judicial, esto es, el recurso extraordinario de revisión.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar si le asiste legitimación en la causa por activa al señor

JAVIER OCHOA BARRIOS para promover la acción de tutela de la

referencia en nombre propio.

La Sala destaca que, en principio, quien vería afectado su derecho al

debido proceso con ocasión de la decisión proferida dentro del

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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2017-02987-01, sería el allí

demandante, esto es, el señor JULIO ANTONIO PARODY

HERNÁNDEZ.

En efecto, el hecho de que el señor OCHOA BARRIOS sea el

apoderado judicial del mencionado ciudadano, no lo habilita para que

la titularidad de los derechos en cabeza de este le sean transferidos

y pueda presentar una acción de tutela buscando el amparo frente a

su representado4. Adicionalmente, no consta en el expediente prueba

alguna que haya obrado como agente oficioso de aquel5.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero
de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2015-01209-01, M.P. María
Elizabeth García González, sostuvo: “[…] En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con
el requisito exigido en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, pues no está demostrada la
facultad de la actora para actuar en representación del señor Elkin Yohany Rincón Muñeton,
por cuanto no manifestó ni probó la calidad de agente oficioso y tampoco allegó el poder que
la facultara para promover la presente acción de tutela, en defensa de los derechos
fundamentales de aquél. Se resalta que tampoco es admisible que la acción hubiese podido
ser instaurada por la actora a nombre propio, debido a que no es la titular de los derechos
cuya protección reclama, lo que significa, en términos del artículo 86 superior, que no es la
persona afectada en sus derechos y por ende, no es la llamada a reclamar por sí misma o por
quien actúe en su nombre -con la debida acreditación -la protección del mismo […]”.
(Resaltado fuera de texto).

5
La Corte Constitucional en sentencia T-406 de 27 de junio de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo, indicó que en el caso de que se pretenda actuar bajo la figura de agente oficioso, la persona
debía cumplir unos requisitos, los cuales se echan de menos en la presente solicitud de amparo, en
efecto: “[…] de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha reseñado, la
señora Amparito Rodríguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que
cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que
de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para
interponer la acción de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del
proceso.

En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de
tutela no se indicó que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compañero permanente.

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Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por la Corte

Constitucional en sentencia T-697 de 22 de agosto de 20066 , en la

que indicó sobre la imposibilidad que tiene el apoderado judicial para

alegar en vía de tutela como propios los derechos de su

representado. En dicha oportunidad señaló:

“[…] En lo concerniente al tema de la legitimidad por activa
de los apoderados judiciales, esta Corporación ha
considerado que el abogado que representa judicialmente a
otro, carece en principio de legitimación por activa, cuando
en nombre propio pretende defender mediante tutela los
derechos fundamentales de su poderdante, o cuando acude al
proceso de tutela sin poder especial para ejercer dicha acción. En
la primera circunstancia, se considera que quien representa
judicialmente a alguien, lo hace a título profesional, lo que
implica que el interés que defiende es el de su cliente y no
el suyo propio, bajo las reglas del ejercicio de la profesión
de abogado y atendiendo los supuestos de ley. (Sentencia
T314 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el segundo caso,
no es suficiente que el apoderado alegue la defensa de la persona
en un proceso diferente, o que afirme comparecer a la tutela como
representante, o que cuente con poder general en otros asuntos;
sólo el poder especial correspondiente, lo habilita para interponer
tutela a favor de su representado y afirmar válidamente tal
identidad.
Con respecto a la imposibilidad del apoderado de alegar por

[…] Lo anterior da cuenta que el señor Torres, a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto
obstaculizado el ejercicio autónomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y
solicitudes puestos a su alcance. Además, no se aportó medio de convicción alguno que permitiera
establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez
constitucional, como tampoco existe ratificación de su parte respecto de la demanda de tutela
interpuesta por su compañera permanente.

En síntesis, considera la Sala que los requisitos para la configuración de la agencia oficiosa
no convergen en el asunto y, en esas circunstancias, la Corte no puede conocer el fondo de
la acción de tutela por ausencia de una de las exigencias legales establecidas para ello, como
es la legitimación por activa […]”. (Resaltado fuera de texto).

6
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, tal pronunciamiento corresponde a una posición reiterada de la
Corte Constitucional, que se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, en sentencias T-314 de 1995.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-821 de 21 de octubre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-658 de
15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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vía de tutela como propios los derechos del representado, la
sentencia T-658 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) precisó
lo siguiente:

“(…) 4.1.1. Siguiendo lo expuesto, podemos responder al
primer interrogante, es decir: ¿Si el apoderado judicial de una
causa ordinaria puede alegar un interés directo para incoar en
su propio nombre la acción de tutela, cuando los derechos
fundamentales supuestamente vulnerados corresponden al
titular de la causa ordinaria que representa judicialmente?

Para dar respuesta a este cuestionamiento, es preciso tener
en cuenta que la Corte en Sentencia T-674 de 1997,
expresamente determinó que: “...no puede alegarse
vulneración de los propios derechos con base en los de
otro...”, y en Sentencia T-575 de 1997, igualmente, sostuvo
que: “...la calidad de apoderado no genera ipso facto la
suplantación del titular del derecho...”.

A juicio de la Corporación, esto ocurre básicamente por dos
razones: (i) El interés en la defensa de los derechos
fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no en
terceros y, por otra parte, (ii) la relación de vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales debe ser directa y no
transitiva ni por consecuencia. Así lo manifestó la Corte en la
citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), al sostener que “...no es válido alegar, como motivo de la
solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el
encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de
aceptarse ello, se desquiciaría la acción de tutela y desbordaría sus
linderos normativos. [Por lo tanto...] La violación de los derechos
[fundamentales] de otro no vale como motivo para solicitar la propia
tutela... […]”. (Resaltado fuera de texto).

Ahora, comoquiera que a juicio del señor JAVIER OCHOA BARRIOS

la decisión proferida por la autoridad judicial accionada le ha

vulnerado su derecho al trabajo, toda vez que ha desconocido su

ejercicio profesional en calidad de apoderado del allí demandante, la

Sala encuentra que sí le asiste legitimación en la causa por activa.

De otra parte, la Sala advierte que el TRIBUNAL solicitó su

desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,

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bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el TRIBUNAL conoció en primera

instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho cuestionado, le asiste interés directo en las resultas del

proceso constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala

denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en

la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]

desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de

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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 26 de junio de 2025,

proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2017-02987-01.

A la citada providencia la parte demandante le atribuye la vulneración

de los derechos fundamentales al debido proceso, al trato digno, a la

igualdad y a la defensa, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad

judicial accionada incurrió en un defecto factico puesto que omitió

valorar las pruebas aportadas al proceso ordinario que daban cuenta

de la relación laboral con el IDRD.

Así también, señaló que la decisión judicial cuestionada incurrió en

violación directa de la Constitución, puesto que no tuvo en cuenta el

escrito contentivo de los alegatos de conclusión allegados en término.

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Aclarado lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción

de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en

defecto factico y violación directa de la constitución alegados,

al haber proferido la providencia de 26 de junio de 2025 dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2017-02987-01.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, los requisitos de subsidiariedad y relevancia

constitucional.

Del requisito de subsidiariedad

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela

consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como

causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios

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de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el

solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

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fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En el caso concreto, la sala observa que frente al reparo de la parte

demandante en el que asegura que no se tuvo en cuenta y/o no

realizó pronunciamiento alguno del escrito contentivo de los alegatos

de conclusión, este contaba dentro del proceso ordinario cuestionado

con la solicitud de la adición de la sentencia prevista en el artículo

287 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a esta

Jurisdicción por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de

18 de enero de 20118, que prevé lo siguiente :

“[…] Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver
sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier
otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud
de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del
inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado;

7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO.
8
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.

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pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia
complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término […]”.
(Resaltado fuera del texto original).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que dicho requisito no se

encuentra satisfecho, en la medida en que la inconformidad antes

mencionada, debió ser puesta en conocimiento a través de la

solicitud de adición dentro del término que la parte actora tenía a su

alcance contra la providencia de 26 de junio de 2025, proferida por

la SECCIÓN SEGUNDA, de la cual no hizo uso.

Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela

es improcedente ante la existencia de otro medio de defensa

judicial, esto es, la solicitud de adición, el cual la parte demandante

tuvo a su alcance y no presentó, por lo que no es válido acudir al

presente mecanismo constitucional directamente para ventilar dicha

inconformidad, razón por la que la Sala declarará la improcedencia

frente a tal reparo.

Del requisito de la relevancia constitucional

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».10

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación11, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

9
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga

[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [15].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser

[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [18]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,

[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente

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económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

controversia que propone la parte actora implica la reapertura de un

asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende

constituir una instancia adicional.

En efecto, la divergencia planteada por la parte actora subyace

principalmente en el hecho de que, en su sentir, no se realizó una

adecuada valoración de las pruebas allegadas al expediente ordinario

que daban cuenta de la configuración del elemento de la

subordinación o dependencia, por lo que era dable declarar la

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existencia de la relación laboral con la entidad allí demandada.

Una vez revisada la providencia cuestionada, se advierte que la

inconformidad que ahora trae la parte actora a esta sede

constitucional, ya fue resuelta de forma admisible por la SECCIÓN

SEGUNDA, así:

“[…]La Sala deberá verificar si entre las partes existió un
vínculo laboral derivado de la prestación de servicios y, si
como consecuencia de ello, el actor tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de
percibir con ocasión a esta.

Luego, se analizará lo correspondiente a la condena en
costas de segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un
análisis de las figuras del contrato de prestación de servicios
y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra
consagrado en la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está
definido como aquel que celebran las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y solo podrán
celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y
se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes
elementos: la actividad humana que debe ser realizada
personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra
natural o jurídica y, el elemento de la remuneración.

Es la subordinación o dependencia el elemento que
diferencia ambos contratos, por esto, desvirtuar un contrato

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de prestación de servicios, demostrando la subordinación
dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de
prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía
de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a
las relaciones laborales que se encubren mediante contratos
de prestación de servicios, de las cuales se destacan las
siguientes:
-El término para exigir el reconocimiento de una relación
laboral con el Estado es de tres años contados a partir de la
terminación del vínculo contractual, y que pasado dicho
tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que
se deriven de aquella.

-En los casos donde existe interrupción entre los contratos
de prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse
la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus
fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada
por un término de treinta días hábiles entre la finalización de
un contrato y la ejecución del siguiente, el cual puede
flexibilizarse según las circunstancias especiales de cada
caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con
destino al Sistema General de Seguridad Social no están
sujetas a la caducidad ni al requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de
los dineros que haya pagado el contratista por este concepto
o por el de salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez
debe pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, así no lo haya solicitado la
parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece
expresamente en los estudios previos y el objeto del
contrato, el cual es esencialmente temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar,
que en la ejecución del contrato se configuraron los
elementos propios de una relación laboral.

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Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación
en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,
cuando se reconoce la existencia de una relación laboral, al
accionante le asiste el derecho al pago de prestaciones
sociales a cargo de la administración, pero no es posible que
por ello se le dé la categoría de empleado público al
contratista sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política. (…)

(…) Dentro de las obligaciones generales y las condiciones
específicas de los contratos se destaca la prestación de
servicios profesionales para ejercer la coordinación,
seguimiento, verificación y control de actividades de
operación administración y sostenibilidad de los parques
administrados por el IDRD en apoyo al proyecto parques
inclusivos.

De la prueba documental se extrae que el demandante
prestó sus servicios en funciones de administración del
parque La Estancia, mediante la supervisión de las
actividades realizadas por el personal que laboraba en el
parque, de las actividades que se llevaban a cabo allí y el
trámite a las solicitudes presentadas para la utilización de
este.

Sin embargo, esos elementos no son suficientes para concluir
la existencia de una relación laboral, pues de la simple
lectura de los acuerdos y las obligaciones contractuales no
logra desprenderse por sí misma la subordinación y
dependencia continuada.

Contrario a esto, a partir de la generalidad de las cláusulas
contractuales, se advierte que las actividades encomendadas
se relacionaron con la finalidad del servicio contratado. En
ninguno de los contratos se delimita por parte de la entidad
el modo, tiempo y plazo para cumplir con las funciones, para
que pudiera concluirse el direccionamiento y control, que
aduce la primera instancia se acreditó en el presente caso,
pues a consideración de esta Sala, no obra documentación
alguna diferente a los contratos celebrados que permitan
inferir que la prestación del servicio se dio bajo los
presupuestos de la subordinación.

En lo que respecta a la prueba testimonial, se cuenta con las
declaraciones de los señores Anayirbet Castiblanco Herrera,
María Fernanda Mora Quiroga y Luis Armando Cuervo Muñoz.

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La señora Castiblanco, indicó que el demandante fue su jefe
cuando estuvo en el IDRD como orientadora de parques
desde el 8 de septiembre de 2015, fecha en la cual se vinculó
a la entidad.

Que el demandante era su jefe porque era este quien le
firmaba las bitácoras y le decía qué tenía y no tenía que hacer
en el parque. Que este era el administrador y el que resolvía
las solicitudes de préstamos de escenarios y entendía las
dudas de las personas que llegaban al parque. Que entraba
y salía a ciertas horas y creía que el jefe del demandante era
el señor Germán quien a su vez establecía el horario y quien
además era quien lo supervisaba. Que ella trabajaba de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. y era quien le decía al demandante qué
días iba y cuáles descansaba.

La señora María Fernanda Mora Quiroga, señaló que el
demandante trabajó del 2015 al 2016 en el parque como
administrador; que esto lo sabe porque ella trabajó allí como
vigilante en esa época. Que el actor tenía a cargo el préstamo
de los escenarios, la vigilancia de los empleados y la atención
al público; que llegaba a las 7:00 o 7:30 a.m. y salía tarde,
que estaba todo el día en el parque. Que el señor Germán
era quien le supervisaba el contrato al demandante y le
imponía horario y que se imaginaba que en caso de que no
lo hiciera, le llamaba la atención. Que en repetidas
oportunidades el señor Germán pasaba a revisar si estaba o
no.

Que no había ninguna minuta para el ingreso del actor y
sabía que él se ausentaba del parque para ir a reuniones o
capacitaciones. Que sabe esto porque al personal de
vigilancia le informaban que debían asistir a ellas y les debía
decir a los administradores.

El señor Luis Armando Cuervo Muñoz – abogado de la
entidad, se refirió al funcionamiento de la etapa
precontractual en la misma.

Por su parte, el demandante, señaló que fue designado a ese
parque y que suscribió dos contratos de prestación de
servicios profesionales, desde el 2015 hasta el 2016 como
administrador del parque zonal La Estancia.

Que llevaba a cabalidad todas las peticiones que le hacía la
comunidad en cuanto a los escenarios deportivos que
conforman el parque, tales como el coliseo y las canchas.

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Que debía pasar un informe mensual de las actividades como
administrador a su jefe inmediato que era el señor José
Germán Suárez.

Que este era quien lo supervisaba y le controlaba el horario
de trabajo, que entraba a las 7:30 a.m. y salía a las 6:30 o
7:00 p.m., que lo llamaba y le hacía suscribir el horario de
entrada y el de salida, lo cual demostraba con las decisiones
que emitía respecto de las solicitudes que realizaban los
solicitantes en el parque.

Que tenía a cargo la supervisión y emisión de las actividades
de las personas que laboraban en el parque, incluyendo a los
de aseo y a los vigilantes, consignando en la bitácora las
actividades que hizo cada uno para que le pagaran, que eran
alrededor de cinco personas.

Que asistía a reuniones en la junta de acción comunal, las
cuales también se hacían en su oficina.

También asistía a capacitaciones a las que lo citaban a través
del correo institucional del IDRD por parte de su jefe
inmediato José Germán Suárez, recuerda haber asistido a
dos reuniones.

Sobre el cumplimiento de manuales o reglamentos
adicionales al contrato para el desempeño de sus funciones,
indicó que tenía que cumplir con unos reglamentos internos
del IDRD, por ejemplo, a los solicitantes de los escenarios
deportivos se les ponía en conocimiento las obligaciones a
cumplir para el préstamo de esos escenarios.

Contrario a lo manifestado por la primera instancia, la Sala
considera que las declaraciones no ofrecen elementos para
concluir la subordinación o dependencia, pues aunque los
testigos se refirieron de manera genérica a la forma de
contratación desarrollada por la entidad, específicamente a
la del demandante y a la presunta recepción de órdenes
relativas al área de prestación del servicio, esto por sí solo
no ofrece claridad sobre la inserción en el círculo rector,
organizativo y disciplinario de la entidad o la imposición de
condicionamientos para la ejecución de la labor contratada.

Las declaraciones son generales y se refieren a situaciones
comunes de los contratistas y no a las específicas del
demandante que permitan inferir que a los testigos les

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constaba que aquél recibió directrices puntuales y estuvo
sometido al direccionamiento de la entidad. Los testigos
enfatizaron en el cumplimiento de un horario, lo cual por sí
solo no es un indicativo de la existencia de una relación
subordinada, menos aun cuando no se cuenta con elementos
de prueba adicionales para definir si la entidad imponía una
forma, si esta era concertada con el personal contratado o si
se requería para el desarrollo del objeto contractual.

Ahora, el posible establecimiento de un horario o la
permanencia del actor en las instalaciones de la entidad en
las jornadas de los trabajadores de planta si bien podría
considerarse como un indicio de subordinación por parte de
la entidad, no son conclusivos pues estos supuestos resultan
acordes con la coordinación inherente que debe existir en el
desarrollo de un contrato de prestación de servicios.

Aunque algunas de las obligaciones podrían tener implícito
cierto grado de subordinación, por la naturaleza misma de la
tarea, no hay ninguna prueba que confirme que en la
ejecución contractual se le impartió directriz o
direccionamiento y en qué sentido.

Así, para la Sala no hay pruebas sobre el desbordamiento de
las condiciones pactadas en los contratos de prestación de
servicios, pues, se echa de menos elementos de convicción
tendientes a acreditar la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, bien sea a través de la exigencia del
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o
del ius variandi. […]”

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se advierte

que la SECCIÓN SEGUNDA realizó un análisis exhaustivo de las

pruebas obrantes en el expediente, entre estos, documentos,

informes y testimonios practicados, frente a las cuales concluyó que

en el período comprendido en el que el señor PARODY HERNÁNDEZ

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laboró en el IDRD, no se logró demostrar ni acreditar la existencia

del elemento de la subordinación o dependencia y, que, por el

contrario, se echaban de menos elementos de convicción que

acreditaran la dirección y control efectivo de las actividades que este

desarrollaba.

En ese sentido, la Sala advierte que el hecho de que la parte

demandante se encuentre en desacuerdo con la valoración

probatoria efectuada por las autoridades judiciales accionadas, dicha

circunstancia no implica por sí sola que se desconozca el derecho

fundamental alegado, pues en el plenario no se encontró demostrada

la existencia de una relación laboral.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del accionante,

sino una divergencia que obedece a la interpretación que la parte

actora espera se le dé a su caso y la aplicación de la ley que el juez

natural ha dado a este, por lo que el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

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Conforme a lo anterior, resulta oportuno advertir que el desacuerdo

con la interpretación y consideraciones que efectúe la autoridad que

conoce un asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no

puede desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del

ámbito de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran

derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró

probado.

Por lo precedente, la Sala declarará improcedente la acción de tutela

de la referencia por falta de los requisitos generales de subsidiariedad

y relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el TRIBUNAL por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por

carecer de los requisitos subsidiariedad y relevancia constitucional,

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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