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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04772-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04772-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04772-01 Actora: HAIDEÉ GÁMEZ RUIZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04772-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04772-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: HAIDEÉ GÁMEZ RUIZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LA
SOLICITUD DE AMPARO. LAS AUTORIDADES JUDICIALES ACCIONADAS
CONTESTARON LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA PARTE ACTORA,
INCLUSO, ANTES DE INSTAURARSE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA
REFERENCIA.

DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 4 de septiembre de 2025, mediante la cual la

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó la

solicitud de amparo.

1
En adelante Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04772-01
Actora: HAIDEÉ GÁMEZ RUIZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora HAIDEÉ GÁMEZ RUIZ, actuando en nombre propio y

como titular del JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL

DE RESTREPO (META), en ejercicio de la acción de tutela prevista

en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

su derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA2 y la UNIDAD DE

ANÁLISIS Y DESARROLLO ESTADÍSTICO3 al no haberle dado

respuesta de fondo, clara y concreta a la petición que presentó, vía

electrónica, el 23 de mayo de 2025.

I.2.- Hechos

Señaló que como titular del JUZGADO PRIMERO PROMISCUO

MUNICIPAL DE RESTREPO (META), el pasado 23 de mayo de

2025, remitió al correo electrónico

presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, una petición en la

2
En adelante el Consejo.
3
En adelante la UDAE.

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3

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que solicitó la inspección ocular al juzgado que preside con el fin de

que se verificaran las condiciones de los expedientes a su cargo y el

retraso de las actuaciones por falta de personal, además de la

inclusión del despacho en las medidas de descongestión y la

provisión de un empleado de planta.

I.3. Fundamentos de derecho

Aseguró que hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela

de la referencia no ha recibido respuesta clara y de fondo por parte

de las autoridades accionadas.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Por lo anteriormente expuesto considero que se ha
vulnerado el derecho fundamental de Petición, previsto en la
constitución nacional, en el artículo 23, por lo que le solicito Sr.
Juez de Tutela, amparar mi derecho fundamental de petición y
que, en el término, de 48 horas se conmine al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a dar contestación a los
numerales 1,2 y 3 de la petición […]”.

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I.5. Defensa

I.5.1.- La UDAE señaló que las pretensiones de la acción

constitucional deben despacharse de manera desfavorable, en la

medida que mediante oficio núm. UDAEO25-2599 de 10 de julio de

2025, impartió trámite a la solicitud presentada por la actora.

Manifestó que el requerimiento fue atendido de forma clara, preciso

y congruente, incluso antes de la presentación de la acción de

tutela, por lo que no hay lugar a considerar la vulneración del

derecho de petición alegado.

I.5.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO señaló que en

atención al traslado de la petición, el pasado 15 de julio de 2025

delegó a un funcionario para que se desplazara a las instalaciones

del despacho judicial con el objetivo de realizar una visita técnica,

en la que se indagó acerca del inventario de los expedientes físicos

y digitales y la verificación de los usuarios asignados a los

servidores del despacho.

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Indicó que no vulneró el derecho fundamental invocado por la

actora, por lo tanto solicitó la desvinculación del trámite

constitucional.

I.5.3.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL

META, solicitó la desvinculación de la acción constitucional, en la

medida que la petición elevada por la actora no fue radicada ante

ella.

Resaltó que en el caso particular, esa seccional recibió una copia de

la respuesta emitida por la UDAE a través del Oficio núm.

UDAEO25-2599 de 10 de julio de 2025.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA mediante sentencia de 4 de septiembre de

2025, denegó la solicitud de desvinculación del trámite

constitucional alegada por el CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DEL META.

De otra parte, denegó la solicitud de amparo al considerar que la

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UDAE a través del Oficio núm. UDAEO25-2599 de 10 de julio de

2025, resolvió los puntos 2 y 3 de la solicitud elevada por la actora,

relacionados con la creación de los cargos solicitados y las variables

que tiene en cuenta el Consejo Superior de la Judicatura para

ampliar la planta de personal permanente de un despacho judicial.

Frente al punto 1 de la petición, resaltó que la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

VILLAVICENCIO el 15 de julio de 2025, realizó la inspección

ocular al juzgado en la que se dejó consignada en acta la visita y el

estado de los expedientes, por lo tanto encontró satisfecho lo

pretendido en ese punto.

Arguyó que “[…] como lo solicitado por la tutelante fue atendido por

la autoridad accionada y se puso en conocimiento de la actora con

anterioridad a la radicación de la presente acción, se negará el

amparo porque no existió la vulneración al derecho de petición

alegado por la accionante […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

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QUINTA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la

decisión, pues, a su juicio, las respuestas brindadas por las

entidades no guardan concordancia con la petición ya que no se ha

realizado la inspección ocular que permita verificar no solo los

procesos físicos, sino que también aquellos digitales que no se han

podido tramitar por falta de personal, esto en virtud de la

congestión que atraviesa el despacho judicial a su cargo y el

crecimiento poblacional del Municipio de Restrepo- Meta.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO formuló petición

de desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que tal entidad fue vinculada al presente

trámite constitucional por cuanto atendió uno de los requerimientos

formulados por la actora en el derecho de petición, en esa medida

le asiste interés en las resultas de la acción constitucional de la

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referencia, razón por la que la Sala denegará la solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción

se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo

procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras

a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin

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de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el

cual estima vulnerado por el CONSEJO y la UDAE, al no haberle

dado respuesta de fondo, clara y concreta a la petición que

presentó, vía electrónica, el 23 de mayo de 2025, en la que solicitó

una inspección ocular al juzgado con el fin de que se verificaran las

condiciones de los expedientes a su cargo y el retraso de las

actuaciones por falta de personal, además de la inclusión del

despacho en las medidas de descongestión y la provisión de un

empleado de planta.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 4 de septiembre de

2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que la UDAE a

través del Oficio núm. UDAEO25-2599 de 10 de julio de 2025,

resolvió los puntos 2 y 3 de la petición elevada por la actora

relacionados con la creación de los cargos solicitados y las variables

que tiene en cuenta el Consejo Superior de la Judicatura para

ampliar la planta de personal permanente de un despacho judicial

y, frente al punto 1, resaltó que la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO

realizó la inspección ocular al juzgado en la que se dejó consignada

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en acta la visita y el estado de los expedientes.

Inconforme con lo anterior, La actora impugnó la sentencia

proferida por la SECCIÓN QUINTA, manifestando su desacuerdo

con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, las respuestas

brindadas por las entidades no guardan concordancia con la

petición ya que no se ha realizado la inspección ocular que permita

verificar no solo los procesos físicos, sino que también aquellos

digitales que no se han podido tramitar por falta de personal, esto

en virtud de la congestión que atraviesa el despacho judicial a su

cargo y el crecimiento poblacional del municipio de Restrepo

(Meta).

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si

la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental

deprecado.

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Así las cosas, la Sala hará mención del marco legal del derecho

fundamental de petición, para luego abordar el estudio del fondo

del asunto.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de

la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20114, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:

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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado
puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado, no
demostró haber dado respuesta a la petición del actor
formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia
impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591
de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una
solicitud por parte del accionante. En este sentido, la
vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la
negativa de un agente de recibir la respectiva petición o
frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que
habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido
respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida
debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-
855 de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007,
T-243 de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han
señalado que el derecho de petición en su
contenido comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a
recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) una respuesta que
debe ser pronta y oportuna, es decir otorgada dentro de los
términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como
clara, precisa y de fondo o material, que supone que la
autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de
la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin
evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos
planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independientemente de que la respuesta sea
favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo

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pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia

participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros

derechos constitucionales, como el de información, participación

política y libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría

la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se

reserva para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se

incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental

de petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20155 se

5
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo (CPACA).

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones,
se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos
e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede
realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en
relación con las entidades dedicadas a su protección o
formación […]”.

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su

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recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos y

de información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa

circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término

señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo razonable

en que se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del

inicialmente previsto.

Caso concreto

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y

jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a

realizar el análisis de los reparos formulados por la actora, de la

siguiente manera:

De las pruebas obrantes en el expediente se observa que la actora,

presentó, vía electrónica, la petición objeto de la solicitud de

amparo de la referencia el 23 de mayo de 2025, a través de la

cual solicitó lo siguiente:

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“[…] DERECHO DE PETICION. ARTICULO 23 DE LA
CONSTITUCION NACIONAL.

Desde Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Meta - Restrepo
<j01prmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Vie 23/05/2025 11:13 AM
Para Presidencia Consejo Superior
<presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co>

MAGISTRADO
JORGE ENRIQUE VALLEJO JARAMILLO
PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
BOGOTA.D.C.

Asunto. DERECHO DE PETICION. Artículo 23 de la C.N.

Comedidamente, me permito poner en conocimiento la delicada
situación por la que atraviesa desde el año 2021, el juzgado
promiscuo municipal de Restrepo-Meta por la cantidad de
procesos que tiene activos, sin poder resolver a tiempo las
peticiones ya que la planta de personal no está completa, pues se
carece del cargo de oficial mayor, para que asuma la
sustanciación de procesos civiles, penales y de familia, tutelas,
peticiones , teniendo la suscrita que delegar estas funciones a los
demás empleados del despacho, creando con ello que se atrasen
en las funciones propias de sus cargos.

Esta situación ya está al borde del colapso, tenemos
aproximadamente 800 peticiones sin resolver, y 230 procesos que
han ingresado a abril del 2025., más los que se viene tramitando
de años anteriores. De esta situación por la que viene
atravesando el despacho ya tiene conocimiento la sala
administrativa del consejo seccional de la Judicatura, desde el año
2021, por medio de varios oficios que adjuntare, sin respuestas,
tan solo en diciembre del 2023, el doctor Romelio daza, en su
calidad de presidente , mediante oficio CSJME023-1206, nos
contestó:” Les informamos que su petición será valorada e
incluida en la propuesta de reordenamiento del año 2024,
remitida al consejo superior de la judicatura.”., sin respuesta
alguna a la fecha.

El año pasado, incluyeron en el acuerdo No.2194 de Julio 04 del
2024, Del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, al juzgado
promiscuo municipal de restrepo meta, por el termino de 5

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meses, de un oficial mayor, pero este año en el acuerdo del mes
de enero del 2025, de descongestión para el circuito de
Villavicencio, al cual pertenece este despacho, no lo incluyeron.

Señores magistrados, el asunto a la fecha es muy grave, el
juzgado está al borde del colapso, teniendo en cuenta que el
índice poblacional de Restrepo- Meta, se ha venido incrementando
desproporcionada mente desde el año 2020 a la fecha, teniendo a
la fecha un número aproximado de 9.298 unidades habitacionales
urbanas y 4901 en las veredas, para un numero de 17.520
personas sisbenizadas en el municipio; lo cual ha incrementado el
número de procesos en este estrado judicial. Como podrán
ustedes verificar del oficio que adjunto, remitido por planeación
municipal de Restrepo -Meta.

Señores magistrados, este Juzgado data hace más de 60 años de
creado, donde la planta de personal ha sido la misma a la fecha,
cuenta con 3 empleados, secretario, escribiente , citador y un
juez; pero la población en RESTREPO-meta ha crecido sin
proyección, esto es de conocimiento público; este municipio es el
más cercano a la cabecera del circuito de Villavicencio, a tan solo
15 minutos; por lo que debido a ello, la cantidad de demandas, y
peticiones que llegan a diario son muchas, sin contar con las
tutelas, los procesos penales y comisiones de otros despachos;
que se incrementó con la llegada de las plataformas virtuales ;
por lo que las peticiones que no se han podido resolver en el
término.

No se ha podido cumplir con los fines de la administración de
justicia, cual es la prontitud en resolver los conflictos y la
eficiencia en el servicio. Todo ello por La falta de apoyo en la
solución de este problema que aqueja desde hace varios años a
este despacho y que año tras año ha sido puesto en conocimiento
de la sala administrativa DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DEL META, guardando silencio, sin prestar el apoyo
requerido a este juzgado.

Por lo anterior es que les solicito:

1. Se realice una inspección ocular a las INSTALACIONES DEL
JUZGADO, con el objeto de que se verifique los procesos físicos
que se llevan, ya que el juzgado no está sistematizado, tan solo
desde el 2024 se están llevando los procesos digitalizados. Lo
anterior con el objeto de que se verifique en el correo del juzgado
cuantas peticiones llegan diariamente, número de demandas
enviadas al correo electrónico que no se han podido evacuar, por

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falta de personal. Lo anterior para verificar la delicada situación
por la que atraviesa el juzgado.

1.1. Se verifique el número de demandas y peticiones que llegan
diariamente al correo del juzgado, sin tramite.

2. Se incluya al JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO
META, en los próximos acuerdos de descongestión por parte del
consejo superior de Judicatura, y se provea de dos (2) cargos de
oficial mayor.

3. Se realicen los estudios pertinentes para que se provea del
nombramiento de planta de un oficial mayor para este juzgado
[…]”.

Así mismo, se evidencia que las entidades accionadas al contestar

la demanda, informaron que la solicitud presentada por la actora

fue atendida de la siguiente manera:

• La UDAE señaló que a través del Oficio núm. UDAEO25-2599

de 10 de julio de 2025, notificado debidamente al correo

electrónico de la actora, impartió trámite a solicitud en la que

resolvió los puntos relacionados con la creación de nuevos

cargos de planta para el despacho judicial que preside y,

además, haciendo algunas precisiones frente a la petición

relacionada con la inspección ocular, el diligenciamiento de la

estadística y las medidas de descongestión, así:

“[…]UDAEO25-2599
Bogotá, D. C., 10 de julio de 2025
Doctora

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HAIDEÉ GÁMEZ RUIZ
Juez
Juzgado 01 Promiscuo Municipal Restrepo
Correo electrónico:
j01prmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.co
Restrepo - Meta
Asunto: “Su derecho de petición”
Respetada doctora Haideé:

En relación con su comunicado, recibido en el correo
institucional del viernes 23 de mayo de 2025, en el que solicita
entre otros aspectos, la creación de dos (2) cargos de oficial
mayor y se realicen los estudios pertinentes para que se
provea el nombramiento de planta de un oficial mayor para el
Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo, de manera atenta
me permito informar que el Consejo Superior de la Judicatura,
para la creación de cargos con carácter permanente en
tribunales y juzgados a nivel nacional, se fundamenta en:

i. la dinámica de cada subregión por circunstancias
extraordinarias;
ii. municipios con desequilibrio entre la oferta judicial y el
crecimiento y desarrollo;
iii. comportamiento de la oferta y demanda de justicia, frente a
las medidas de descongestión adoptadas por la Corporación en
periodos anteriores;
iv. despachos judiciales con ingresos crecientes y constantes;
v. despachos con inventarios superiores a la media nacional
por especialidad;
vi. cumplimiento de la garantía de oferta judicial y regiones
estratégicas en temas de justicia, determinadas por la
experiencia de la Corporación. Lo anterior, en aras garantizar
el acceso y la prestación del servicio de justicia en la Rama
Judicial.

De igual forma, para disponer la creación de cargos transitorios
tiene en cuenta como prioridad aquellos despachos judiciales
que presentan alto nivel de inventarios y mayor egreso
efectivo, para adoptar decisiones en los casos identificados
como más urgentes, sin que los recursos sean suficientes para
atender, incluso, a todos aquellos despachos que se
encuentran en esas condiciones.

Con fundamento en lo anterior, al revisar el reporte realizado
en el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial
SIERJU para el periodo enero marzo de 2025, con corte a abril

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20, se observa que el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de
Restrepo Meta, reporta un promedio mensual de egresos
inferior al promedio nacional en un 36%.

Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra
analizando alternativas para mejorar la prestación del servicio,
y su requerimiento será tenido en cuenta junto con las
diferentes necesidades que se presenten en todas las
jurisdicciones y especialidades de la Rama Judicial, a la luz de
la disponibilidad presupuestal y con base en las directrices que
fije la Corporación.

Frente a la solicitud que “…Se realice una inspección ocular a
las INSTALACIONES DEL JUZGADO, con el objeto de que se
verifique los procesos físicos que se llevan, ya que el juzgado
no está sistematizado, tan solo desde el 2024 se están llevando
los procesos digitalizados. Lo anterior con el objeto de que se
verifique en el correo del juzgado cuantas peticiones llegan
diariamente, número de demandas enviadas al correo
electrónico que no se han podido evacuar, por falta de
personal. Lo anterior para verificar la delicada situación por la
que atraviesa el juzgado, y que se verifique el número de
demandas y peticiones que llegan diariamente al correo del
juzgado, sin tramite”; (…).,” de manera me permito informarle
que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PSAA16-
10476 de 2016, el Sistema de Información Estadística de la
Rama Judicial es la herramienta dispuesta por la Corporación
para el reporte de la gestión estadística de los despachos
judiciales a nivel nacional.

En este sentido, es deber del funcionario, diligenciar
oportunamente la información de la gestión estadística y
verificar la consistencia de la información dentro del año
calendario con el objetivo de que esta Unidad pueda analizar
cada reporte y establecer las necesidades de la Rama Judicial
para elaborar las propuestas de implementación de medidas de
descongestión de conformidad con lo señalado en el Artículo 63
de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Justicia, modificada por la
Ley 2430 de 2024.

No obstante, copia de esta respuesta será remitida al Consejo
Seccional de la Judicatura el Meta, para en virtud de las
funciones establecidas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996
Estatutaria de Justicia, modificada por la Ley 2430 de 2024, en
particular las establecidas en el numeral 3 realice la visita
solicitada por ese juzgado:

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“3. Practicar visita general a todos los juzgados de su territorio
por lo menos una vez al año, con el fin de establecer el estado
en que se encuentra el despacho de los asuntos a su cargo y
procurar las soluciones a los casos de congestión que se
presenten.”

De otra parte, la Corporación la invita a tramitar las peticiones
relacionadas con medidas de descongestión, dando estricto
cumplimiento a lo señalado en el numeral 3 del artículo 1 del
Acuerdo PSAA11-8729 de 2011, esto es, radicando las mismas
directamente ante el Consejo Seccional de la Judicatura del
Meta para que esa dependencia presente la propuesta ante el
Consejo Superior de la Judicatura con el respectivo concepto
[…]”

Este oficio fue notificado vía correo electrónico a la actora, tal y

como se observa en la constancia de trazabilidad:

• La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO mediante

Oficio núm. DESAVJVIO25-831 de 9 de julio de 2025, atendió

el requerimiento de la directora de la Unidad de

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Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva

de Administración Judicial, en atención a la petición

presentada por la actora, informando lo siguiente:

En este punto, vale resaltar que la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO

el 15 de julio de 2025, efectuó una inspección ocular a las

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instalaciones del JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL

DE RESTREPO (META), con el propósito identificar el inventario de

los procesos físicos y digitalizados, tal y como consta en la siguiente

acta de visita:

Por lo precedente, la Sala encuentra que a la actora se le dio

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respuesta a la petición presentada, pues, la UDAE y la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL VILLAVICENCIO dieron respuesta de fondo, clara,

precisa y congruente, por cuanto resolvieron los puntos

relacionados con los requisitos para la creación de nuevos cargos de

planta para un despacho judicial y el diligenciamiento oportuno de

la estadística, a partir de la cual se analizan las condiciones de este

a fin de implementar medidas de descongestión, siempre que se

cuente con la disponibilidad presupuestal.

Igualmente, la Sala observa que contrario a lo manifestado por la

actora, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO sí desarrolló la

inspección ocular que solicitó en el punto núm. 1 de la petición de

23 de mayo de 2025, en la que se indagó y se dejó constancia del

estado de los expedientes físicos y digitales que actualmente tiene

a su cargo el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE

RESTREPO (META).

En ese sentido, la Sala advierte que las inconformidades de la

actora radican en la presunta falta de respuesta a la solicitud de 23

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de mayo de 2025, por parte de las entidades accionadas, razón por

la cual es importante precisar que el hecho de que la respuesta no

haya sido favorable a sus pretensiones, esto es, la designación o

creación de nuevos cargos en la planta de personal del despacho

judicial a su cargo, no significa una vulneración al derecho de

petición deprecado, pues le explicaron las razones por las cuales no

se podía acceder a su requerimiento, lo que de forma alguna

incumple con los requisitos del núcleo esencial del derecho, pues su

solicitud se resolvió de fondo, clara, precisa, de manera congruente

y fue comunicada en debida forma.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la

referencia fue radicada el 21 de julio de 2025, vía electrónica, y

la solicitud de la actora fue atendida y notificada debidamente por

la UDAE y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO, los días 9, 10 y

15 de julio de este año, como bien lo consideró el a quo, la Sala

confirmará la denegación del amparo solicitado, pues las peticiones

presentadas ante dichas entidades ya fueron atendidas de forma

clara, completa y de fondo.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

VILLAVICENCIO, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre

de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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