Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04773-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04773-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04773-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
19 de agosto de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04773-00
Demandante: JOHN MAURICIO ACUÑA ALDANA
Demandados: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – CUANDO SE PRETENDE USAR ESTE
MECANISMO COMO UNA TERCERA INSTANCIA EL
ASUNTO CARECE DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el demandante cuestionó las providencias que lo condenaron en la acción
de repetición interpuesta por el Ministerio de Defensa en su contra. La Sala declarará
improcedente la acción de tutela porque no superó el requisito de relevancia constitucional,
pues se pretendió emplear el mecanismo constitucional como una instancia adicional para
reiterar argumentos ya resueltos por el juez natural.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor John Mauricio Acuña
Aldana contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, defensa, presunción de inocencia, acceso a la administración de justicia y
trabajo, consagrados en los artículos 29, 48 y 229 de la Constitución Política,
respectivamente, supuestamente vulnerados con ocasión de las sentencias del 19 de
marzo de 2024 y 31 de enero de 2025, proferidas por las autoridades judiciales
mencionadas, respectivamente, en el proceso de repetición con radicación 11001-33-
036-2015-00649-02.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1
Mediante escrito del 31 de julio de 2025 (índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04773-00
Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
1) Es oficial activo del Ejército Nacional, con 28 años de servicio. Actualmente ostenta
el grado de Coronel y, para el 2 de septiembre de 2004 –fecha de los hechos que
dieron lugar a la acción de repetición– tenía el grado de teniente e instruía las
asignaturas académicas de cartografía y conocimiento del enemigo en la Escuela
Militar de Cadetes “General José María Córdova”. Para entonces, contaba con varias
condecoraciones y calificaciones de “sobresaliente”, indicativas -según afirma- de
buena fe y disciplina.
2) Ese mismo día, en el marco de sus funciones, se encontraba calificando exámenes
académicos en su oficina, cuando los alumnos Jonathan Miguel Hernández Arias,
Ramiro Hernández Tarache y Javier Orlando Guzmán, ingresaron al lugar y le
solicitaron guardar una caja sin informarle su contenido. Al verificarla, encontró un
arma que ya había sido manipulada previamente por los cadetes y estaba cargada
con un proveedor -hecho que, según el actor, fue certificado por el perito balístico
BOG-2004-026920 en el proceso penal-; sin tener conocimientos sobre el manejo del
arma, se produjo un disparo accidental que impactó en el rostro del cadete Jonathan
Miguel Hernández Arias.
3) Por estos hechos se inició un proceso penal que concluyó con sentencia
condenatoria por lesiones personales culposas con detención domiciliaria; sin
embargo, en dicho proceso penal -según el demandante- se acreditó la ausencia de
intencionalidad o conducta imprudente manifiesta de su parte.
4) El cadete afectado promovió una acción de reparación directa que concluyó con
sentencia condenatoria el 24 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y ejecutoriada el 9 de diciembre del mismo año. En
ese proceso el Ministerio de Defensa no llamó en garantía al teniente Acuña, pese a
la posibilidad expresa prevista en los artículos 217 del CCA, 57 del CPC y 19 de la
Ley 678 de 2001, omisión que vulneró su derecho de defensa y quebrantó la
exigencia de compatibilidad subjetiva requerida para la procedencia de la acción de
repetición.
5) Con ocasión de dicha condena, el Ministerio de Defensa expidió la Resolución no.
2842 del 14 de mayo de 2012, ordenando el pago de $210.392.125,59, suma que fue
cancelada el 29 de mayo de 2012 según constancia de la Tesorería Principal.
6) El 24 de abril de 2014, el Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa autorizó
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Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
el inicio de la acción de repetición contra el oficial Acuña Aldana, decisión que –según
el actor–se adoptó sin la existencia de prueba sumaria de la culpa grave. La demanda
fue radicada bajo el número 11001-33-36-036-2015-00649-02 y tramitada ante el
Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual profirió sentencia
condenatoria “sin valorar adecuadamente el acervo probatorio ni los precedentes
jurisprudenciales aplicables”.
6) En primera instancia, el juzgado declaró patrimonialmente responsable al señor
Acuña Aldana y le ordenó reintegrar la suma de $252.344.567,32. Según el actor,
esta decisión se fundó en una errónea valoración de pruebas inexistentes -como un
supuesto manual de armas que nunca fue aportado-, así como en la indebida
traslación automática de una sentencia penal de carácter culposo como fundamento
para declarar una responsabilidad que exige acreditar dolo o culpa grave de manera
clara y directa.
7) El actor apeló dicha decisión, reiterando que la sentencia penal condenatoria por
culpa no podía ser considerada prueba automática de responsabilidad en sede
administrativa, especialmente cuando el Consejo de Estado ha sostenido que en la
acción de repetición debe acreditarse con carga argumentativa y probatoria el
elemento subjetivo de la conducta (CE, Sección Tercera, Sent. 2 de marzo de 2022,
Rad. 59959). Afirmó además que el tribunal no realizó un estudio integral y crítico de
los testimonios y documentos aportados obrantes en el expediente, y que declaró la
existencia de culpa grave sin un análisis acucioso de su conducta.
8) En sentencia del 31 de enero de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó parcialmente la condena,
reduciéndola a $146.524.876, pero ratificó la declaratoria de responsabilidad. Según
el actor, dicha providencia omitió atender sus argumentos jurídicos y fácticos, no
valoró la inexistencia de culpa grave, el contenido del fallo penal que calificó la
conducta como culposa, la ausencia de manual técnico aplicable y la actuación
institucional negligente en la entrega y manejo del arma.
2. Los fundamentos de la vulneración
El actor afirmó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en la violación
de su derecho fundamental del debido proceso por cuanto las sentencias
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04773-00
Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
cuestionadas adolecen de los defectos por desconocimiento del precedente judicial,
sustantivo, fáctico y por violación directa de la Constitución.
Respecto del desconocimiento del precedente judicial alegó que las autoridades
omitieron la jurisprudencia vinculante del Consejo de Estado en los radicados
05001233300020140203201 y 54001-23-31-000-2003-00797-01, en los cuales se
estableció que, en el marco de una acción de repetición, es imperativo valorar de
manera probatoria y detallada la existencia de dolo o culpa grave, sin que resulte
suficiente la existencia de una condena penal previa.
En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que se aplicó erróneamente el artículo 90 de
la Constitución y la Ley 678 de 2001, por asumir un régimen de responsabilidad de
carácter objetivo, sin demostrar la infracción directa de una norma, ni la omisión o
extralimitación funcional específica, lo cual vulneró el artículo 29 de la Constitución
Política y el principio de legalidad sancionatoria.
En lo relacionado con el defecto fáctico, cuestionó que las autoridades judiciales
hayan valorado pruebas inexistentes, omitido otras de carácter determinante —como
el manual técnico del arma involucrada, el manual de funciones del oficial, y la
evidencia sobre la cadena de custodia del arma— y fundamentado la decisión en
inferencias carentes de sustento probatorio directo, lo cual contravino el estándar
exigido por la Corte Constitucional en las sentencias SU-354 de 2020 y la T-524 de
2024.
Finalmente, alegó que las providencias cuestionadas adolecen de un defecto por
violación directa de la Constitución en tanto desconocieron los artículos 2, 4, 29, 90 y
230 de la Constitución Política, al presumir una responsabilidad funcional derivada
únicamente de la condición de servidor público, sin acreditar de forma individualizada
el elemento subjetivo de culpa grave exigido tanto por la Carta Política como por la
Ley 678 de 2001.
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
presunción de inocencia y a la seguridad jurídica de mi representado, y en
consecuencia:
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Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
a) Dejar sin efectos jurídicos las sentencias proferidas el 19 de marzo de
2024 por el Juzgado 36 Administrativo Oral de Bogotá y la de segunda
instancia del 31 de enero de 2025 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
b). Ordenar a la autoridad judicial accionada la emisión de una nueva
sentencia, observando estrictamente el principio de debido proceso, la
presunción de inocencia y la valoración integral de las pruebas, con
fundamento en los criterios establecidos por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.
c). Suspender provisionalmente la ejecución de la condena impuesta
contra del señor John Mauricio Acuña Aldana, hasta tanto se resuelva de
fondo esta acción de tutela.”. (negrillas del original – índice 2 archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)
4. Actuación procesal.
Mediante auto del 4 de agosto de 20252 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al titular del Juzgado Treinta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y se vinculó al ministro de Defensa
Nacional, como tercero con interés, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
Adicionalmente, se negó la medida provisional solicitada porque no se daban los
presupuestos para su decreto.
5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas
La secretaria del Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Bogotá 3 envió el
enlace del proceso de repetición en el cual se emitieron las providencias objeto de
acción de tutela y aportó copia digital del expediente.
El magistrado de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca 4 afirmó que la acción es improcedente por falta de relevancia
constitucional y, en caso de que el juez considere realizar el estudio de fondo del
caso, se niegue el amparo porque en la decisión judicial no se incurrió en una
irregularidad procesal, ni se configura alguno de los defectos establecidos vía
jurisprudencial para la prosperidad de las súplicas, en síntesis, no se incurrió en
violación de los derechos fundamentales de la parte accionante, en la medida que
2
Índice 4 del expediente digital en el aplicativo Samai.
3
Índice 11 del expediente digital en el aplicativo Samai.
4
Índice 8 del expediente digital el aplicativo en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04773-00
Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
dentro del proceso fueron analizados los pormenores del caso y valoradas las
pruebas aportadas por cada uno de los extremos, así como aplicada la
reglamentación pertinente en la materia, igualmente quedaron expuestos los
fundamentos fácticos y jurídicos que dieron origen al litigio.
La apoderada del Ministerio de Defensa5 pidió que se declare la improcedencia de la
acción por falta de relevancia constitucional porque en el escrito de tutela únicamente
se observan argumentos que ya fueron objeto de estudio por parte del Juzgado
Treinta y Seis Administrativo Oral de Bogotá en primera instancia y en especial por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en segunda instancia y sus argumentos son
suficientes -de acuerdo al material probatorio que obra en el proceso- para acceder a
las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del
asunto y 3) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
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Índice 9 del expediente digital el aplicativo en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04773-00
Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. Delimitación del asunto
La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las providencias
proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los argumentos
de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la sentencia
de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la
presente providencia.
Lo anterior, aunado a que esa providencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una providencia de reemplazo sería la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.
3. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, defensa, presunción de inocencia, acceso a la administración de justicia y
trabajo del demandante, supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia del
31 de enero de 2025 emitida por esa autoridad judicial en el proceso de repetición
con radicación 11001-33-036-2015-00649-02.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala declarará
improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que pasarán a exponerse:
1) En el presente caso, el demandante alegó que la providencia cuestionada incurrió
en varios defectos: desconocimiento del precedente, defecto sustantivo, defecto
fáctico y violación directa de la constitución. Sin embargo, la Sala considera que la
acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, pues, es claro el
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Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
interés de la parte demandante de revivir una discusión que ya fue analizada y
resuelta en la providencia cuestionada bajo el matiz de unos defectos.
2) Los aspectos que fundamentaron la acción de tutela fueron previamente expuestos
en el recurso de apelación que presentó el demandante en contra de la sentencia del
19 de marzo de 2024 del Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá, por lo cual la Sala advierte que es claro que los fundamentos
empleados se dirigieron de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el proceso ordinario.
3) En efecto, en el escrito de apelación, el actor indicó, en los mismos términos que
ahora plantea, que se desconoció su derecho fundamental del debido proceso porque
la autoridad judicial demandada: i) tuvo en cuenta la sentencia penal condenatoria
como prueba automática de responsabilidad en sede administrativa, desconociendo
que el Consejo de Estado ha sostenido que, en la acción de repetición, se requiere
una carga argumentativa y probatoria específica para acreditar el elemento subjetivo
de la conducta, y ii) no realizó un estudio íntegro y crítico de las pruebas, concluyendo
que el actor incurrió en culpa grave sin efectuar un análisis riguroso de los hechos y
de su conducta.
4) Para la Sala resulta evidente que la sentencia del 31 de enero de 2025 abordó
expresamente los argumentos planteados por el actor y concluyó que debía
confirmarse la decisión que declaró la responsabilidad, pero modificó el monto de la
condena, en razón de que encontró que la entidad demandante había incurrido en
omisiones relacionadas con el control y uso de las armas que ingresaron a la
institución.
5) En relación con la aplicación de la sentencia penal como elemento para determinar
la conducta del actor, la autoridad judicial analizó su alcance, descartó la operancia
de la presunción legal de dolo prevista en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001 y
concluyó que la responsabilidad del agente debía evaluarse a partir del análisis del
deber objetivo de cuidado exigible a su condición de oficial instructor, en los
siguientes términos:
“80. Sea lo primero indicar que de conformidad con el numeral 2 del artículo 5
de la Ley 678 de 2001, se presume que existe dolo del agente cuando ha sido
declarado penalmente responsable bajo esa conducta, “por los mismos daños
que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04773-00
Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
81. En el presente caso, aunque consta que el demandado fue declarado
responsable por el delito de lesiones personales culposas, es decir, sin la
intención de causar un daño, es importante destacar lo que el Juzgado
Segundo Penal Militar División, señaló frente a la conducta dolosa (expediente
digital, índice 00041, archivo 3, f. 35):
Es ostensiblemente claro, como lo expresaron las partes, con excepción
de la Defensa, que no existe en la conducta del entonces Teniente Acuña
el más mínimo asomo de intención, de consciencia y voluntad para
producir el resultado lesivo. Sin duda el comportamiento es totalmente
ajeno al ámbito doloso.
82. Por lo tanto, en el asunto sub examine no opera la presunción legal de que
John Mauricio Acuña Aldana actuó de forma dolosa. 83. Pues bien, la Sala
advierte que el recurrente a fin de desvirtuar los argumentos del a quo
transcribió, confrontó y trajo a colación apartes de las declaraciones tanto del
demandado, como de los cadetes que presenciaron el hecho, con la finalidad
de que en esta instancia se hiciera una valoración probatoria que conduzca a
un resultado diferente al que ya adoptó el juez natural sobre la ocurrencia de
los hechos, por lo cual no es de competencia de esta jurisdicción realizar un
juicio de valor de la argumentación jurídica del Juzgado Segundo Penal Militar
Revisión y del Tribunal Superior Militar, sobre la interpretación normativa y
fáctica que conllevó a determinar la responsabilidad de John Mauricio Acuña
Aldana y condenarlo por el delito de lesiones personales culposas. 84. Dicho
de otra manera, si bien es cierto en virtud del principio de autonomía judicial
resulta válido y procedente la valoración de la prueba del expediente penal No.
11001333103331036-2006-00006, no significa que el juez administrativo so
pretexto del análisis de la conducta para fines de la repetición, cuestione el
análisis del Juzgado Segundo Penal Militar Revisión y del Tribunal Superior
Militar, para determinar si el suceso ocurrió o no como se dijo en las
declaraciones respecto de quienes presenciaron el hecho, la acción ejecutada
por el demandado frente al arma y el resultado dañoso, cuando además las
pruebas fueron decretadas y practicadas dentro del procedimiento penal militar,
en el que las partes tuvieron la oportunidad legal para ejercer el derecho de
contradicción y defensa, así como el juez de conocimiento desde el punto de
vista de la teoría del delito, realizó el análisis normativo y fáctico para adoptar la
decisión condenatoria contra el aquí demandado.
85. Tan es así, que por ejemplo el 8 de junio de 2006, el Juzgado 77 de
Instrucción Penal Militar negó la objeción que formuló el apoderado de John
Mauricio Acuña Aldana contra el dictamen de balística, el cual incluso fue
referido en el recurso de apelación para justificar que no manipuló
indebidamente el arma (expediente digital, índice 00042, archivo 29, c. 4, fs.
149 a 150).
86. Situación distinta es que la Sala a partir de la valoración íntegra del acervo
probatorio, como lo solicitó el apelante, aunque ACUÑA ALDANA fue
condenado penalmente en el marco de un procedimiento distinto al de la
responsabilidad del agente, a partir del análisis documental del proceso penal
No. 11001333103331036-2006-00006, verifique la existencia o no de la
conducta en la producción del daño que conllevó a la reparación estatal, pero
en todo caso, sin apartarse de las pruebas válidamente aportadas y
controvertidas tanto en este proceso, como en el de la Jurisdicción Penal
Militar.
87. Entonces, la Sala encuentra que la declaración rendida por el demandado y
los Cadetes en el procedimiento penal militar, no conduce a una decisión
diferente frente a la responsabilidad del agente, como pasa a explicarse (…)”
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Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
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6) De lo expuesto, resulta claro que el tribunal explicó las razones por las cuales no
procedía aplicar de manera automática la sentencia penal para determinar el
elemento subjetivo de la conducta. Por el contrario, hizo énfasis en que dicha
valoración debía realizarse en conjunto con las demás pruebas recaudadas en el
proceso. En ese sentido, no solo resolvió de manera expresa el reproche planteado
por el actor, sino que también aplicó el contenido y alcance de la jurisprudencia que
este alegó como desconocida.
7) En cuanto a la supuesta omisión de un estudio íntegro y crítico de las pruebas para
determinar la existencia de culpa grave, el tribunal señaló lo siguiente:
91. Según las afirmaciones de los cadetes en sus declaraciones, el arma
fue manipulada y cargada previamente a la entrega a ACUÑA ALDANA. Sin
embargo, ello resulta irrelevante y no lo exime de responsabilidad, pues el
contacto con tal elemento implica la observancia estricta del deber objetivo
de cuidado, y aún más en la actividad militar, donde por el ejercicio mismo
exige prevenir y evitar cualquier acción u omisión que coloque en riesgo la
vida e integridad personal, con mayor razón si se trata de una institución de
formación en la cual los alumnos no tienen la experticia de los superiores
que los instruyen y de quienes se espera una conducta prudente, cuidadosa
y diligente, la cual no cambia según la unidad a la cual el uniformado se
encuentre adscrito, menos en este caso donde no se demostró, y por el
contrario, la hoja de vida del demandado acreditó un proceso educativo, de
experiencia y reconocimiento amplio en la institución. 92. Además, el propio
investigado en la declaración sostuvo que empuñó el arma al proceder con
su revisión, lo cual coincide con lo dicho por el Técnico en Balística Forense
en la adición y complementación del dictamen, que al responder una de las
preguntas que formuló la defensa, sostuvo que esta se accionaba al ser
empuñada y no con un simple roce en el cuerpo. Expresamente sostuvo
(expediente digital, índice 00042, archivo 29, c. 5, fs. 168 a 172):
(…)
93. Además, ocupa la atención de la Sala que en el recurso de alzada se
afirmó que John Mauricio Acuña Aldana desconocía el contenido de la caja
que recibió de parte del cadete, pero consta en el acta de la audiencia del
29 de marzo de 2007, que él cuando explicó cómo manipuló el arma, dijo
que el Cadete HERNÁNDEZ TARACHE expresamente le pidió “necesito
que me haga un favor y me guarde esta pistola” (expediente digital, índice
00042, archivo 29, c. 5-1, f. 79 a 89). 94. Así, con independencia de si el
arma se disparó de forma accidental al ser empuñada y si el demandado
tenía conocimiento o no sobre el contenido de la caja que recibió, lo cierto
es que faltó al deber de cuidado, colocando en riesgo su vida y la de los
cadetes que se encontraban con él.
(…)
97. De otro lado, si el apelante para la época no tenía ninguna función
relacionada con el manejo de las armas, sino la de docente en la escuela
militar, con mayor razón no debió proceder como lo hizo, menos si tenía una
incapacidad médica y que no demostró en el proceso penal militar, sino que
le correspondió direccionar el caso a la autoridad castrense competente
para que adoptara las decisiones a las que hubiese lugar, no sólo respecto
de la revisión del elemento, sino también sobre el ingreso irregular a la
escuela.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04773-00
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Acción de tutela
(…)
104. De todas formas, la Sala de ninguna manera ha considerado que el
demandado actuó de mala fe, pues se reitera que incluso el Juzgado
Segundo Penal Militar División, sostuvo que su proceder no fue con la
intención de causar un daño, sino que falló al deber objetivo de cuidado que
le resultaba exigible como miembro de una institución militar y con
formación especializada para pertenecer a la misma. Sobre esto último, se
destaca lo que ese despacho señaló (…)”
8) Asimismo, explicó que existían elementos de prueba que permitían reducir la
condena, así:
“108. Así, la valoración probatoria realizada en esta providencia, demostró
que: - Hubo falta de control y seguridad por parte de la guarda de la Escuela
Militar de Cadetes General José María Córdova. - Se permitió, bien sea por
acción u omisión, el ingreso irregular a la escuela de un arma de uso no
oficial. - La escuela no advirtió oportunamente la custodia y guarda de un
arma dentro de las instalaciones de la escuela por parte de cadetes en
formación.
109. Esas situaciones primigenias no pueden pasar desapercibidas, ya que
a John Mauricio Acuña Aldana no le corresponde asumir tales fallas
institucionales por la falta de control y vigilancia, pero que causalmente
contribuyeron al daño antijurídico y son relevantes en la tasación de la
condena que él debe asumir.
110. De hecho, consta que por el ingreso del arma a la escuela se inició una
investigación penal contra el Cadete Ramiro Hernández Tarache por el
delito de porte ilegal de armas, pues él manifestó que era de su propiedad y
la había recibido de un alférez como parte de pago de una deuda, pero se
desconoce el resultado (expediente digital, índice 00042, archivo 3, f. 45).
111. Además, el Ministerio de Defensa Nacional no llamó en garantía con
fines de repetición al demandado como lo prevé el artículo 2 de la Ley 678
de 2001, ni la defensa técnica en el proceso de reparación directa
contribuyó a dilucidar lo ocurrido, sino que en el escrito de contestación de
la demanda manifestó estarse a lo probado en el proceso, al punto que la
Jueza Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, en la sentencia del 8 de
septiembre de 2009 respecto de los alegatos de conclusión señaló que “la
entidad no hace manifestaciones sustanciales frente al caso en concreto”
(expediente digital, índice 00042, archivo 3, f. 81).
112. A lo demás se agrega que la Escuela Militar de Cadetes General José
María Córdova no contestó la demanda de reparación directa. 113. De
acuerdo con lo anterior, la sala considera que John Mauricio Acuña Aldana
no está obligado a asumir la totalidad del valor que pretende el demandante,
sino el 50%, monto que pasará a determinarse, ya que también fue
sustentado en el recurso de apelación.”.
9) Como se desprende de lo expuesto, la providencia cuestionada examinó de forma
expresa cada uno de los cargos propuestos por el actor, y en un claro ejercicio de la
autonomía judicial, concluyó que se encontraba acreditada su responsabilidad
patrimonial, disponiendo además la reducción del monto de la condena. Todo ello se
fundamentó en un análisis razonable de los elementos fácticos del caso concreto. Si
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04773-00
Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
bien el actor afirmó que no fueron allegadas al proceso pruebas importantes —como
el manual técnico del arma involucrada, el manual de funciones del oficial, y evidencia
sobre la cadena de custodia del arma—, lo cierto es que debió solicitar su decreto en
la oportunidad procesal pertinente y no se advierte que así lo hubiera hecho.
10) Así pues, si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a los
argumentos que plantea, es evidente que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela son una reproducción de aquellos que planteó en
el proceso ordinario, los cuales fueron resueltos en la sentencia del 31 de enero de
2025.
11) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir una controversia jurídica ya resuelta por el juez natural de la causa en el
proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias
que desbordan su competencia.
12) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Declárase la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04773-00
Demandante: John Mauricio Acuña Aldana
Acción de tutela
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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