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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04775-01

Fecha
5 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04775-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de Hugo Alejandro Vásquez Pérez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04775-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

5 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia Constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 25 de septiembre de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el amparo por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Hugo Alejandro Vásquez Pérez, por conducto de apoderada judicial, presentó
escrito de tutela1 en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva, los cuales consideró vulnerados por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
con ocasión a las sentencias proferidas el 25 de octubre de 2021 y del 6 de
diciembre de 2024, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado bajo radicado número 05001-33-33-006-
2020-00060-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

1 Índice 00002 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 4FB6F865E3FA2913
B129ECB181D22C2B 56C353F07843B801 4D6152B77A10823F.
2 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001333300620200006000050
0133

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

2.1. El 2 de mayo de 2016, el alcalde del Municipio de Bello, nombró al señor Hugo
Alejandro Vásquez Pérez en el cargo de Secretario de Despacho, posesión que se
materializó el 5 de mayo de la misma anualidad, según consta en el Acta núm. 110.

2.2. Indicó que, posteriormente, el 24 de octubre de 2016, fue designado como
Secretario de Despacho de la Secretaría de Transportes y Tránsito, cargo que
desempeñó hasta el 26 de diciembre de 2016. En esa fecha, el Secretario de
Gobierno encargado solicitó su renuncia, la cual fue presentada por el actor y
aceptada por la entidad, mediante el Decreto núm. 201604000826 del 16 de
diciembre de 2016.

2.3. El accionante señaló que el 27 de diciembre de 2016 efectuó la entrega del
cargo y que, el 11 de enero de 2017, radicó ante el despacho del Secretario de
Gobierno encargado la documentación requerida para formalizar su desvinculación
y, en consecuencia, tramitar el pago de la liquidación correspondiente.

2.4. El 15 de noviembre de 2017, el accionante solicitó al Municipio de Bello el
reconocimiento y pago de la liquidación correspondiente.

2.5. Expuso que mediante la Resolución número 20172060638 del 16 de noviembre
de 2017 el Director Administrativo de Talento Humano del municipio, dio respuesta
a su solicitud y le requirió aportar el acta de entrega y recepción del cargo y los
formatos de visado para desvinculación debidamente diligenciados. El actor dio
respuesta e indicó que tales documentos ya habían sido entregados con
anterioridad.

2.6. Añadió que, el 28 de octubre de 2019, elevó una segunda solicitud, la cual fue
respondida mediante oficio radicado núm. 20192058302, reiterándose que no
obraban en el expediente los documentos requeridos para la liquidación, conforme
a la Resolución Municipal núm. 430 de 2009.

2.7. Con fundamento en lo anterior, el señor Vásquez Pérez presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, la cual correspondió por reparto al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Medellín, bajo el radicado núm. 05001-33-33-
006-2020-00060-00/01.

2.8. El despacho judicial referido, mediante sentencia del 25 de octubre de 2021, se
declaró inhibido para pronunciarse sobre la legalidad del acto acusado, al considerar
que no se configuró el silencio administrativo negativo.

2.9. Inconforme con la decisión, el actor interpuso recurso de apelación. El Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2024,
confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que el demandante debió
controvertir las Resoluciones núm. 20172060638 de 2017 y núm. 20192058302 de

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

2019, que resolvieron sus solicitudes, razón por la cual no era posible pronunciarse
sobre las pretensiones relacionadas con el pago de la liquidación.

2.10. El 12 de diciembre de 2024, la parte demandante presentó solicitud de
aclaración y complementación del fallo, al considerar que debía revisarse la
sentencia en coherencia con las pretensiones formuladas, toda vez que no conoce
la fecha de la liquidación prestacional por los servicios personales prestados durante
su gestión en el Municipio de Bello, por cuanto nunca le fue notificada.

2.11. Mediante auto del 31 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
negó la solicitud de aclaración y adición, al advertir que lo pretendido por el
apoderado del accionante era modificar el contenido material de la decisión,
específicamente para que se ordenara el reconocimiento y pago de la liquidación
de las prestaciones sociales, y no porque la sentencia generara dudas, confusión o
hubiera dejado algún aspecto sin resolver.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, pidió ordenar al Tribunal
accionado dejar sin efectos las sentencias cuestionadas y, en su lugar, emitir una
nueva providencia ajustada a derecho, mediante la cual se proceda a la liquidación
del salario y las prestaciones sociales correspondientes en favor del señor Hugo
Alejandro Vásquez Pérez.

3.2. La parte actora considera que las autoridades accionadas a través de las
sentencias cuestionadas incurrieron en los siguientes defectos:

I) Defecto factico
Ii) Vía de hecho por consecuencia
Iii) Insuficiente sustentación o justificación del fallo
Iv) Defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente,
V) Violación directa de la constitución
Vi) Defecto procedimental

3.3. En cuanto al defecto fáctico, el actor sostuvo que el acervo probatorio aportado
en el proceso ordinario no fue valorado en su integridad, pues la autoridad judicial
realizó un examen parcial y superficial, omitiendo pruebas que consideraba
determinantes para la solución del problema jurídico. Afirmó que la sentencia fue
adoptada sin respaldo suficiente o dejando de apreciar elementos probatorios
relevantes.

3.4. Respecto de la vía de hecho por consecuencia, señaló que las autoridades
judiciales fueron inducidas en error por la entidad territorial, la cual —según afirma—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

presentó afirmaciones contrarias a la realidad de los hechos, especialmente al negar
la recepción de un paz y salvo aportado por el accionante.

3.5. Sobre la insuficiente sustentación del fallo, argumentó que las decisiones
adoptadas carecieron de una motivación sólida y adecuada, excluyendo el derecho
de acceso a la administración de justicia. Sostuvo que, de haberse contrastado la
información suministrada por la administración con los documentos allegados a lo
largo del proceso, la conclusión judicial habría sido distinta.

3.6. En relación con el defecto material o sustantivo, afirmó que las autoridades
aplicaron normas carentes de fuerza vinculante, excediendo la potestad
reglamentaria y desconociendo la reserva de ley aplicable a las prestaciones
sociales y al pago salarial. En su criterio, la sentencia se fundamentó en
disposiciones aparentes o sin validez jurídica suficiente, lo que la torna inaplicable
al caso concreto.

3.7. En cuanto al desconocimiento del precedente, expuso que el fallo inhibitorio
desconoció precedentes constitucionales y contenciosos administrativos que
orientan el alcance de los derechos fundamentales involucrados. Indicó que la
decisión no es congruente con la jurisprudencia aplicable y que la exclusión de
dichos precedentes impidió la adopción de un pronunciamiento de fondo.

3.8. Alegó además violación directa de la Constitución, al estimar que las
autoridades judiciales aplicaron normas “infralegales” sin observar la preeminencia
del orden constitucional, sin observar el deber de aplicar directamente la
Constitución en el análisis del caso. Sostuvo que el fallo inhibitorio vulneró el acceso
a la administración de justicia y, por tanto, debe ser dejado sin efectos.

3.9. Finalmente, indicó que incurrió en el presunto defecto procedimental, sin
embargo no fue desarrollado en el escrito de tutela.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 8 de agosto de
20253 admitió la solicitud de amparo formulada contra las autoridades accionadas
y, dispuso la vinculación como terceros con interés al Municipio de Bello y al
Ministerio Público.

Asimismo, requirió al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
para que remitiera el expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 05001-33-33 006-2020-00060-00/01, con el fin de incorporarlo al
trámite constitucional.

3 Índice 00009 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 0511C9CCB8F778E4
98EA977B65EA6EBA 100A0758D1EDD6DE 69EAAB5F8E6B248A.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

Una vez enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia4 sostuvo que la decisión adoptada
se ajusta a derecho y, en consecuencia, no se configuró vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados por la accionante. Asimismo, indicó que no se
acreditaron los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en particular los
relativos a la inmediatez y a la relevancia constitucional. Finalmente, remitió el
expediente digital requerido.

4.3. El Municipio de Bello5 solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela,
al considerar que el señor Hugo Alejandro Váquez Pérez sí contó con acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, como se evidencia en
los fallos dictados en su contra. Sostuvo que el actor no demostró la existencia de
los defectos alegados. Además, que la entidad ejerció adecuadamente su defensa
en el proceso ordinario, en el que resultó vencedora en ambas instancias, por lo
cual no existe obligación legal o judicial de realizar pagos o reconocimientos al
demandante.

Asimismo, afirmó que el actor no cumplió con la carga argumentativa exigida por la
Corte Constitucional para la procedencia de tutelas contra providencias judiciales y
que esta acción pretende convertirse en una instancia adicional al proceso ordinario,
pese a que no concurren los requisitos generales y especiales establecidos para
este mecanismo excepcional.

Finalmente, señaló el incumplimiento del requisito de inmediatez, pues la sentencia
de segunda instancia fue proferida el 6 de diciembre de 2024 y la tutela fue
presentada una vez superado el término de seis meses fijado por la jurisprudencia,
sin que el accionante acreditara causa justificativa alguna.

4.4. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín6 remitió el
expediente digital requerido; no obstante, no presentó pronunciamiento alguno
frente a los hechos y pretensiones planteados en la acción de tutela.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de
septiembre de 20257, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional. Indicó que la parte actora reiteró los mismos
argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la solicitud de aclaración y

4 Índice 00013 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 9561BF439DB4D0EA
1A76DC64285B5284 A1DC1787E9C1BC22 7CDF5174F5D3BFD2.
5 Índice 00014 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 32E88C08D4F45808

183F6B06D40B8129 9E6677DA39932484 42D2AF62CE83598D.
6 Índice 00015 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 3754F75A102EB9BC

8DF23EBD61E82E7E C6AA1B99AA682B89 3B09624DED95DEF0.
7 Índice 00018 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 72D01DE148CFD9D1

5AA9A153097BD8BB 2BB1FBCC8F2E6DAD 9397E295A9D21B72.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

adición, ahora formulados bajo la alegada existencia de defectos fácticos,
sustantivos, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Concluyó que la tutela pretende reabrir un debate ya resuelto por el juez natural, lo
cual impide superar el requisito de relevancia constitucional. Además, reiteró que
no existía acto administrativo ficto, pues el Municipio de Bello sí respondió las
peticiones presentadas por el actor, tal como lo señalaron el juzgado y el tribunal en
el proceso ordinario. En consecuencia, no se advierte afectación prima facie de
derechos fundamentales y se destaca que el Tribunal Administrativo de Antioquia
ya había atendido y resuelto los planteamientos del accionante dentro del medio de
control identificado bajo radicado núm.05001-33-33-006-2020-00060-00.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación8 en el que expuso las mismas
razones expuestas en el escrito de tutela.

La Magistrada ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de
auto del 17 de octubre de 20259 concedió la impugnación presentada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Hugo
Alejandro Vásquez Pérez, al ser el titular de los derechos que afirmó fueron
vulnerados dado que actuó como demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho identificado bajo el radicado núm. 05001-33-33-006-
2020-00060-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por cuanto fungieron como jueces dentro del proceso mencionado, y
fueron sus actuaciones a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus
garantías constitucionales.

8 Índice 00023 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 3A08531558A649CC
16739F4530B6F092 31086EF12CCC4EEE 7FE7AF93C69B94EB.
9 Índice 00026 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 3A2EA43D2347F8A3

5D56F1B0374794F3 7E9AC8C47742F34F F88C762C1851B66C.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general
que habilitan la interposición de la tutela11, y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte

14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmara la decisión de primera instancia al no encontrarse
configurado el requisito de relevancia constitucional, por las razones que se
exponen a continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se observa que la parte actora sostuvo que las
providencias judiciales proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 05001-33-33-006-2020-00060-00/01, vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva.

A juicio del accionante, dichas decisiones adolecen de varios defectos de
procedibilidad, entre ellos:

I) Defecto factico
Ii) Vía de hecho por consecuencia
Iii) Insuficiente sustentación o justificación del fallo
Iv) Defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente,
V) Violación directa de la constitución
Vi) Defecto procedimental

No obstante, si bien la parte accionante dirige su reproche contra las providencias
de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario, en el sub
lite se examinará únicamente la decisión de segunda instancia, por cuanto fue esta
la que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que puso fin a la
actuación ordinaria, así como de las pruebas aportadas al proceso, la Sala constató
que la autoridad judicial accionada dispuso lo siguiente:

“La jurisprudencia del Consejo de Estado ha declarado la ineptitud de la demanda
en aquellos procesos en los cuales se advierte la inexistencia del acto ficto
demandado, en razón de la no configuración del silencio administrativo negativo
como consecuencia de la existencia de un pronunciamiento expreso por parte de
la administración frente a las solicitudes presentadas por los particulares en
ejercicio del derecho de petición.

La razón de fondo de estas decisiones radica en que, para resolver las
pretensiones de la parte actora, es indispensable que se hubiere configurado el
acto cuya validez se cuestiona, pues resulta imposible analizar la legalidad de algo
que no existe.

En el caso sometido a consideración, se encuentra acreditado que, el demandante
prestó sus servicios al Municipio de Bello en los cargos de Secretario del
Despacho, adscrito a la Secretaría de Servicios Administrativos (…)

Así mismo, se encuentra acreditado que, mediante la Resolución N°
201604000826 del 16 de diciembre de 2016, la entidad municipal aceptó la
renuncia presentada por el señor Hugo Alejandro Vásquez Pérez al cargo de
Secretario del Despacho en la Secretaría de Tránsito y Transporte.

El 15 de noviembre de 2017, el accionante solicitó al Municipio de Bello que
informara si para la fecha, se había expedido resolución que reconociera y/o
liquidara los valores por concepto de las prestaciones sociales que se hubieran
causado durante el tiempo que prestó sus servicios al ente municipal, solicitud
que, fue contestada oportunamente el 16 de noviembre de 2017, (…) le indicó al
accionante que para dar trámite a la correspondiente liquidación, se debía aportar
el acta de entrega y recepción del cargo, y el listado de visados para
desvinculación con paz y salvo de las diferentes dependencias totalmente
diligenciados.

El accionante, mediante escrito dirigido al Director Administrativo de Talento
Humano, con fecha del 29 de noviembre de 2017, expuso su inconformidad con
la respuesta anteriormente citada, indicando que la documentación ya había sido
puesta a disposición de la entidad demandada y; en oficio del 12 de diciembre de
la misma anualidad, el funcionario manifestó que los documentos a los que hacía
referencia el demandante no habían sido aportados junto a la petición enviada al
Municipio de Bello.

El 28 de octubre de 2019, el demandante presentó una nueva solicitud en similar
sentido, la cual, nuevamente, fue contestada oportunamente por la administración
el 18 de noviembre de la misma anualidad, ocasión en la que se reiteró al
accionante que debía allegar los documentos requeridos para dar trámite al
proceso de liquidación.

De conformidad con las pruebas que se acaban de reseñar, contrario a lo señalado
por el recurrente, se advierte que la decisión del A quo respetó el debido proceso,
sin que le fuera posible entrar a realizar un control de legalidad de un acto que no
existió, en la medida que, al haberse dado respuesta oportuna, y que si bien no
corresponde a los intereses del demandante, resuelve las peticiones elevadas por

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

el accionante; no se configuró la existencia del acto ficto o presunto del cual se
pretende su nulidad.

Así mismo, no existe duda de que el demandante conocía de manera previa a la
presentación de la demanda los actos administrativos mediante los cuales el
Municipio de Bello contestó a las peticiones elevadas por el accionante el 07 de
noviembre de 2017 y, el 28 de octubre de 2019, comoquiera que fueron notificados
personalmente al mismo.

En ese orden de ideas, como lo consideró el juez de primera instancia, es forzoso
concluir que en el asunto objeto de debate ha debido pretenderse la nulidad de
las resoluciones N° 20172060638 del 16 de noviembre de 2017 y 20192058302
del 18 de noviembre de 2019, mediante las cuales el Municipio de Bello dio
respuesta a las solicitudes elevadas por el accionante, y como ello no se hizo, no
es posible entrar a resolver las súplicas relacionadas con el no pago de la
respectiva liquidación. (…)”

En esta misma providencia, el Tribunal señaló que el Consejo de Estado16, en
reiterada jurisprudencia, ha establecido que procede declarar la ineptitud de la
demanda cuando no se configura el acto administrativo ficto por inexistencia del
silencio administrativo negativo; ello ocurre cuando la administración emite un
pronunciamiento expreso frente a la solicitud presentada en ejercicio del derecho
de petición. En tales circunstancias no es posible presumir una decisión negativa
tácita y, por tanto, la inexistencia del presunto acto impide la continuación del
proceso al carecer la demanda de objeto jurídico. Este criterio ha sido sostenido de
manera constante por esta Corporación, al precisar que el acto ficto solo opera ante
la falta de respuesta dentro del término legal y que, cuando existe un
pronunciamiento expreso, incluso si es desfavorable, no se configura el silencio
administrativo.

De la posición adoptada por el Tribunal accionado se advierte que el Municipio de
Bello respondió oportunamente las peticiones formuladas por el accionante, razón
por la cual no se configuró acto ficto alguno cuya nulidad pudiera solicitarse.
Asimismo, no existe duda de que el demandante conocía, con anterioridad a la
presentación de la demanda, los actos administrativos mediante los cuales el
municipio dio respuesta a las solicitudes presentadas el 7 de noviembre de 2017 y
el 28 de octubre de 2019, los cuales le fueron notificados personalmente.

En conclusión, la autoridad accionada adujo que, como el Municipio de Bello dio
respuesta a las peticiones del accionante de manera expresa y debidamente
notificadas, no se configuró acto administrativo ficto alguno, razón por la cual la
demanda carecía de objeto jurídico y era indispensable dirigir las pretensiones
contra las resoluciones que resolvieron las solicitudes del accionante.

16 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P: José Roberto Sáchica

Méndez, 12 de septiembre de 2022, radicación: 20001233900220150037601 (59421); 2. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, 15 de
septiembre de 2011, radicación: 50001-23-31-000-2005-40528- 01(0097-10).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

5.3. En ese orden de ideas, los elementos señalados en precedencia le permiten a
la Sala inferir, con claridad, que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos
y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales
de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración17.

5.4. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con
el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin que haya demostrado la
violación de los derechos fundamentales para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera
argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso
ordinario, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos
fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se
sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente citado en la solicitud
de amparo presentada18, la Sala precisa que el precedente19 se constituye en un
pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la coherencia en la aplicación del
ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales que sean
razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta de
protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al momento de
resolver un caso sometido a su jurisdicción.

17 Sentencia SU215 de 2022.
18 Sentencias de 16 de marzo de 2006, Sección Segunda Subsección B, CP. Alejandro Ordoñez Maldonado,

radicado 2881-04, reiterado en sentencia del 25 de marzo de 2006, rad. 2922-04; así como de 1.º y 22 de marzo
de 2012, rads. 2008-00366-01 y 2259-10, expedidas por el Consejo de Estado.
19 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que
existen dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero,
comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para
la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”20.

Sumado a lo anterior, el extremo activo no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre el fallo, así como
la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los
casos analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En virtud de lo anterior, la Sala no
advirtió una carga argumentativa suficiente que sustentara el cargo formulado, lo
que imposibilita su análisis de fondo en la presente decisión.

5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario22.

5.7. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia
que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

20 Ibidem.
21 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
22 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04775-01
Accionante: Hugo Alejandro Vásquez Pérez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
de Hugo Alejandro Vásquez Pérez en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por
el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

ECG

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