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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04777-00

Fecha
31 de octubre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04777-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Wadith Antonio Baiz Villalba, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04777-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

31 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04777-00
Demandante WADITH ANTONIO BAIZ VILLALBA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA DE
DECISIÓN Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente judicial. Defecto sustantivo. Defecto fáctico. Caducidad
para casos de graves violaciones a los derechos humanos y al
derecho internacional humanitario. Medio de control de reparación
directa.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por Wadith Antonio Baiz Villalba, de conformidad con
lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 31 de julio de 20251, el señor Wadith Antonio Baiz Villalba, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión y el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la verdad, justicia y reparación integral, con ocasión de
las sentencias del 13 de junio de 2024 y del 29 de agosto de 2024 proferidas en el
medio de control de reparación directa 70001-33-33-005-2018-00438-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic a toda la cita) «a. Tutelar nuestros derechos fundamentales Constitucionales al debido proceso,
Acceso a la Administración de Justicia, a la Derechos a la Verdad, Justicia, y Reparación Integral., los
cuales han sido vulnerados por las entidades accionadas, al desconocer el precedente jurisprudencial
fijado por la Corte Constitucional, el Honorables Consejo de Estado, La Corte Interamericana en materia
de graves violaciones a los derechos humanos, incumplir con los tratados Internacionales, en el Medio
de Control Reparación Directa radicado Bajo el Numero 70001333300520180043800, HOY
REASIGNADO AL JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO,
decretando por parte del juez decimo administrativa del circuito de Sincelejo, y el instituto de la caducidad
de la acción formulada, y por el desplazamiento colectivo- éxodo masivo del que fuimos víctimas y
confirmada . por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SUCRE 3 sala Tercera de
decisión;
b. Dejar sin efecto las sentencias de fecha del 13 de junio de 2024 expedida por el JUZGADO DECIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO ORAL DE SINCELEJO, y de fecha 29 de agosto de 2024 por el
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SUCRE 3 sala Tercera de decisión; que decretaron
la aplicación del instituto de la Caducidad del Medio de Control Reparación directa por los hechos de la
masacre del desplazamiento forzado- éxodo masivo, radicado bajo el número,
70001333300520180043801, cuya demanda inicial fue presentada el dia 18 de diciembre del año 2018.
c. Como consecuencia de la anterior declaración, Ordenar, a la entidad demandada, Juzgado decimo
Oral Administrativo del circuito de Sincelejo y Tribunal Administrativo de sucre, sala tercera de decisión,
QUE SE abra el debate probatorio y se continue con el tramite del proceso, y se dicte UNA NUEVA
SENTENCIA Y QUE REMPLACE A LAS ANTERIORES, INDICANDO Y DICTAR LOS PARAMETROS

1
Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04777-00
Demandante: Wadith Antonio Baiz Villalba

DE LA SENTENCIA DE REEMPLAZO, EN RAZON DE QUE EN ESTE ASUNTO SE HABIAN
CONFIGURADO LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD
ESTATAL, todo con fundamento en las sentencias SU-060 de 2021 de la sala plena de la corte
constitucional, sentencia SU- 201 de 2021 de la sala plena de la corte constitucional y sentencia T- 104
de 2025, y sentencia T-104 de 2025 de la sala quinta de revisión de la corte constitucional; con los
siguientes parámetros;
1.- Dado que ya en primera instancia en su análisis se entendió como probado el daño antijurídico que
sufrieron, y se probó la calidad de desplazados en la masacre que tienen los demandantes según las
certificaciones expedidas por la unidad de atención y reparación integral a victimas anexadas ahora, sin
el registro de haber cesado el estado de vulnerabilidad y de desplazados que tienen los demandantes,
y no haber sido objetado por las entidades demandadas;
2.- Esta demostrado que el daño antijurídico advertido es atribuible a las autoridades públicas
demandadas en este proceso contencioso administrativo, en razón de la responsabilidad administrativa
estatal según se demuestra con la expedición de nuestra jurisprudencia local (honorable consejo de
estado, Corte constitucional, Bloque de Constitucionalidad) y la jurisprudencia internacional (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), aportadas en este proceso y acción de tutela.
3.- Reiteramos, que en este asunto en donde se comprometen graves violaciones a los derechos
humanos, debe flexibilizarse la prueba aportada y aplicar la prueba indiciaria, deber que no se cumplió
por los operadores.
Como consecuencia de la anterior declaración, Ordenar, a la entidad demandada, Juzgado Decimo Oral
Administrativo del circuito de Sincelejo y Tribunal Administrativo de sucre, sala tercera de decisión, que
continúe con el trámite, incluido el debate probatorio y estudio de la demanda por los hechos de los
desplazamiento forzado colectivo- éxodo masivo, e incluir sus respectivas indemnizaciones solicitadas.»

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Wadith Antonio Baiz Villalba y otros (más de 160 grupos de familias)
promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional y Armada Nacional
pretendiendo que se declarara su responsabilidad administrativa por los
perjuicios de orden material e inmaterial causados con ocasión de su
desplazamiento forzado masivo de en la zona de los Montes de María del
departamento de Sucre; hechos ocurridos entre los años 1985 y 2007.

En la demanda de reparación directa se narró que a raíz de la presencia y
actuar de las Autodefensas Unidas de Colombia y guerrilla de todas las
ideologías, la situación de seguridad y tranquilidad para las familias de los
Montes de María se volvió invivible, pues estos grupos armados cometieron
homicidios y continuas masacres. Lo descrito conllevó a que los accionantes
tuvieran que desplazarse de sus lugares de origen debido a la falta de
condiciones de seguridad para permanecer en el territorio, dejando sus bienes,
enseres y proyectos de vida.

Los demandantes manifestaron que fueron amenazados y presionados por los
grupos al margen de la ley. Por este motivo, los líderes de las comunidades
hacían las denuncias ante las autoridades administrativas y militares que
operaban en la región, sin que nunca se obtuviera una respuesta eficaz. En su
criterio, tal circunstancia denota la omisión y negligencia de las autoridades de
cuidar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

2.2. El proceso fue identificado con la radicación 70001-33-33-005-2018-00438-00/01
y su conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Décimo
Administrativo de Sincelejo. Esta autoridad judicial profirió sentencia el 13 de
junio de 2024 en la que declaró que había acaecido el fenómeno de la
caducidad y negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de esta determinación, el juez indicó que el marco temporal
del desplazamiento se prevé desde el año 1985 hasta el año 2007. A su vez,
sostuvo que la parte actora acudió a elementos temporales derivados del
fenómeno generalizado del conflicto armado y adujo aspectos de notoriedad

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Demandante: Wadith Antonio Baiz Villalba

pública. Sin embargo, afirmó que del plenario no se evidencian circunstancias
que impidieran a los accionantes concurrir a los medios de control de la
jurisdicción contencioso administrativa para hacer valer sus derechos como
víctimas. De hecho, mencionó que en el expediente se encuentran pruebas
que acreditan que los actores iniciaron trámites administrativos que dieron
lugar a su inclusión en el Registro Único de Víctimas y que presentaron los
recursos de ley contra actos administrativos.

En ese orden, el juez estimó que la fecha en que se elevó la solicitud de
conciliación extrajudicial, esto es el día 5 de octubre de 2018, se encontraba
más que fenecido el término de dos (2) años para acudir en ejercicio oportuno
al medio de control de reparación directa. Lo anterior, teniendo en cuenta tanto
las diversas fechas de desplazamiento narradas, como los parámetros de la
jurisprudencia constitucional contenidos en la sentencia SU-254 de 2013, cuya
ejecutoria es el día 23 de mayo de 2013.

2.3. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia.

2.4. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre mediante
sentencia del 29 de agosto de 2024 confirmó la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda. La providencia se notificó a las
partes a través de correo electrónico remitido el 18 de octubre de 20242.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, verdad, justicia y reparación integral por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera y el Juzgado Décimo Administrativo
de Sincelejo.

Argumentó que las autoridades judiciales incurrieron en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y fáctico, en las sentencias de primera y
segunda instancia por dos razones. La primera es que no se atendió a la
jurisprudencia constitucional y convencional relacionada con la garantía de acceso
a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos como es el
desplazamiento forzado. La segunda es que no se realizó un adecuado análisis
probatorio.
3.1. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente. Aseguró que los
hechos corresponden a graves violaciones a los derechos humanos y que ni
el Tribunal ni el Juzgado aplicaron los principios internacionales que protegen
a víctimas del desplazamiento forzado, pues no se basaron en la
jurisprudencia más favorable para estas.
Estimó que las accionadas desconocieron una línea jurisprudencial del
Consejo de Estado que garantiza la flexibilidad en la apreciación y valoración
de los medios probatorios frente a graves violaciones a derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario, cuando se reclama la
responsabilidad del Estado. Mencionó que tal postura se construyó, entre
otras, en las siguientes decisiones judiciales:

• Sección Tercera. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Sentencia de 19 de septiembre
de 1980.
• Sección Tercera. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Sentencia de 6 de diciembre de
1988.
• Sección Tercera. Sentencia de 29 de abril de 1994.

2
Samai para tribunales administrativos, radicado 70001-33-33-005-2018-00438-01, índice 10.

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Demandante: Wadith Antonio Baiz Villalba

• Sección Tercera. Sentencia del 19 de agosto de 1994.
• Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 6 de octubre de
2005. Radicación número: 41001- 23-31-000-2001-00948-01.
• Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa. Sentencia de 28 de junio de 2006.
Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00196-01 (16630).
• Sección Tercera. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia de 9 de abril de 2008.
Radicación número: 18.769 (12.561, 12.581, 12.582 acumulados).
• Sección Tercera. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Sentencia de 11 de febrero
de 2009. Radicación número: 54001-23-31-000-1995-08777-01 (16337).
• Sección Tercera, Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Sentencia de 25 de mayo de 2011. Radicación número: 52001-23-31-000-1997-
08789-01 (15838, 18075, 25212 acumulados).
• Sección Tercera, Subsección A. C.P. Hernán Andrade Rincón. Sentencia de 12
de junio de 2013. Radicación número: 18001-23-31-000-2006-00246-01 (36415).
• Sección Tercera, Subsección B. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Sentencia
de 31 de mayo de 2013. Radicación número: 18001-23-31-000-1999-00146-01
(25624).
• Sección Tercera, Subsección A. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia de 13
de febrero de 2013. Radicación número: 50001-23-31-000-1999-00165-01
(25310).
• Sección Tercera, Subsección C. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. Sentencia de
27 de febrero de 2013. Radicación número: 68001-23-15-000- 1996-01698-01
(21541).
• Sección Tercera, Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Sentencia de 20 de marzo de 2013. Radicación número: 68001-23-15-000-1994-
09780-01 (22491).
• Sección Tercera, Subsección C. C.P. Enrique Gil Botero. Sentencia de 13 de
junio de 2013. Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00998-01(25180).
• Sección Tercera, Subsección B. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Sentencia de 27
de septiembre de 2013. Radicación número: 15001- 23-31-000-1995-05276-01
(19886).
• Sección Tercera, Subsección A. C.P. Hernán Andrade Rincón. Sentencia de 28
de abril de 2014. Radicación número: 73001-23-31-000-2000-01099-02 (24401).
• Sección Tercera, Subsección A. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia de 30
de abril de 2014. Radicación número: 50001-23-31-000-1999-10250-01 (29145).
• Sección Tercera, Subsección B. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sentencia de 28
de mayo de 2012. Radicación número: 50001-23-31-000-1998-00220-01
(23503).
• Sección Tercera. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia de 8 de
abril de 2014. Radicación número: 73-00- 123-31-000-2000-02837-01 (28318).
• Sección Tercera. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia de 20 de
octubre de 2014. Radicación: 52001-23-31-000-1998-00352-01 (31250).

Por otro lado, aseguró que las accionadas desconocieron la sentencia T-374
de 2023 de la Corte Constitucional, al afirmar que no se aportó prueba de la
imposibilidad material para acudir a la administración de justicia en otros
tiempos. A su juicio, de tal sentencia se desprende que «el solo desplazamiento
forzado, como impedimento material, y todas sus consecuencias físicas, mentales, y de salud,
por fuera de su lugar de origen y expulsado de manera inhumana son causas materiales para
no estar pensando en iniciar demandas contra quien coadyuvo (sic) en el delito cometido por
las autodefensas, para obtener justicia (…)».

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Mencionó las sentencias SU-337 de 2017, T-074 de 2018, T-442 de 1994, T-
442 de 1994, SU-129 de 2021 y T-014 de 2025 de la Corte Constitucional para
argumentar que la autoridad judicial no cumplió con su obligación legal y
constitucional de flexibilizar el debate probatorio. Consideró que al decretar el
fenómeno de la caducidad de la acción las autoridades judiciales no
cumplieron con la obligación de profundizar sobre la situación jurídica descrita
en la demanda.

Por otro lado, indicó que las accionadas no tuvieron en cuenta la situación de
debilidad manifiesta de los demandantes, que al ser víctimas de
desplazamiento forzado en una zona altamente afectada por el conflicto
armado eran sujetos de especial protección constitucional. Para ello hizo
referencia a la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y tres
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El caso de la
“Masacre de Mapiripán” contra Colombia; el caso de la “Masacre de Ituango”
contra Colombia; y el caso de las comunidades afrodescendientes de la
cuenca del río Cacarica (operación Génesis) contra Colombia.

Por lo anterior señaló que los jueces debieron aplicar los criterios de las
sentencias que les resultaba más favorable al momento de ejercer el medio de
control de reparación.

También afirmó que se desconoció el artículo 167 del Código General del
Proceso que establece que los hechos notorios y las afirmaciones o
negaciones indefinidas no requieren prueba. Agregó que se aplicó de forma
inflexible el artículo 164 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), que contempla el término
de la caducidad.

3.2. Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio. Estimó la
parte actora que la situación de conflicto armado en los 15 municipios de los
Montes de María era un hecho notorio y visible y que no fue valorado por los
jueces en las providencias que decretaron la caducidad. Indicó que
documentos, como el Informe “Una Nación Desplazada: Informe Nacional del
Desplazamiento Forzado en Colombia”, publicado por el Centro Nacional de
Memoria Histórica, demostraban que la Fuerza Pública conocía de la guerra y
la violencia de la que era víctima la población de Los Montes de María.

Manifestó que se configuró un defecto fáctico pues las autoridades judiciales
no estudiaron las pruebas documentales aportadas para demostrar que los
demandantes eran víctimas de delitos de lesa humanidad.

También, porque no cumplieron con el deber de ordenar, decretar y practicar
pruebas de oficio para aclarar los vacíos que identificaron de los hechos de la
demanda de reparación directa o para puntualizar los vacíos o desatinos que
encontraron con relación a las pruebas existentes.

Señaló que en la demanda se solicitó oficiar a la Unidad de Atención y
Reparación Integral a Víctimas, con el objeto de que se enviaran las
certificaciones de los demandantes en donde tienen la condición y situación
de ser desplazados de manera forzada. Afirmó que conforme a lo señalado
por la Corte Constitucional en la sentencia T-014 de 2025 las autoridades
administrativas debían trasladar las denuncias y solicitudes de la comunidad
afectada a las autoridades judiciales competentes. Si no lo hicieron, esa
omisión no podría tomarse como un factor en contra de los demandantes.

A su vez, sostuvo que en el expediente no obra prueba de que los accionantes
del medio de control efectivamente hayan logrado retornar a las tierras de las

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cuales tuvieron que huir, así como tampoco se logró acreditar la cesación del
daño, ocurrido por el desplazamiento forzado.
4. Trámite impartido
4.1. Mediante auto del 11 de agosto de 2025, el despacho ponente requirió al actor
para que acreditara la voluntad de participar en la acción de las personas que
se relacionaron como accionantes en el escrito y la legitimación en la causa
que les asistía para controvertir las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas dentro del medio de control de reparación directa 70001-33-33-005-
2018-00438-00.

Lo anterior en consideración a que en la demanda de tutela se mencionó a un
amplio número de personas en un acápite titulado «RELACIÓN E
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DEMÁS TUTELANTES». Sin embargo, se encontró que
la única persona que firmó el escrito de tutela es el señor Wadith Antonio Baiz
Villalba.

4.2. El señor Wadith Antonio Baiz Villalba radicó memorial manifestando que
actuaba en nombre propio y como agente oficioso de las demás personas
individualizadas en la acción de tutela que también tienen la condición de
víctimas de desplazamiento forzado y cuyas pretensiones en el medio de
reparación directa tampoco prosperaron.

4.3. En auto de 27 de agosto de 2025, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por Wadith Antonio Baiz Villalba contra el Tribunal
Administrativo de Sucre y el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo; y
negó la agencia oficiosa solicitada. Además, vinculó en calidad de terceros con
interés a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al Ejército
Nacional, a la Armada Nacional (autoridades que actuaron como demandadas en el
medio de control de reparación directa 70001-33-33-005-2018-00438-00/01) y a la
totalidad de los demandantes y terceros del medio de control de reparación
directa 70001-33-33-005-2018-00438-00/01.

4.4. El 2 de septiembre de 2025, la Secretaría General del Consejo de Estado
publicó aviso en el que informó a los sujetos procesales del medio de control
de reparación directa 70001-33-33-005-2018-00438-00/01 de la existencia de
esta acción constitucional y del contenido del auto admisorio del 27 de agosto
del 2025.

5. Intervenciones

5.1. El Ministerio de Defensa, Armada Nacional y Ejército Nacional se opusieron a
las pretensiones formuladas en contra de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre. Afirmaron que en el caso
trascurrieron más de dos años desde la ocurrencia de los hechos generadores
del daño, su conocimiento y la interposición del medio de control de reparación
directa. Indicaron que en el expediente no obra prueba de que el
desplazamiento forzado sea imputable a las fuerzas militares.

Advirtió que el Tribunal falló conforme a derecho, pues acató lo dispuesto en
la sentencia del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, Sección Tercera
que constituye precedente de unificación vinculante para juzgados y tribunales
administrativos. Por tanto, los pronunciamientos previos a esta sentencia, en
materia de caducidad en casos de lesa humanidad no constituían precedente
judicial, puesto que no existía una línea argumentativa única por parte de las
subsecciones del Consejo de Estado, por el contrario, había varios criterios y
lineamientos en el tema.

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Demandante: Wadith Antonio Baiz Villalba

Consideró que no hubo irregularidades procesales ni sustanciales en las
sentencias atacadas que ameriten la intervención del juez de tutela. Asimismo,
manifestó que la parte actora tenía su lugar de residencia y desarrollaba
actividades económicas sin que se hubiese demostrado impedimento alguno
para demandar en término oportuno establecido por el legislador. Por lo que
aseguró que la acción de tutela se está utilizando para reabrir un debate
judicial que se encuentra definido y superado con resultado adverso a las
pretensiones del actor.

De otro lado, argumentó que en el caso no se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre mediante la cual declaró la caducidad del
medio de control, fue notificada por correo electrónico a las partes el día 18 de
octubre de 2024. Por lo que los seis (6) meses considerados como razonables
por la jurisprudencia constitucional fenecieron el 24 de abril de 2025. Entonces,
como la acción de tutela se presentó el 31 de julio de 2025, se ejerció por fuera
del término prudencial.

Adicionalmente, aseveró que el sustento de la acción de tutela va en contra de
la sentencia de unificación del Consejo de Estado que trató el fenómeno
jurídico de la caducidad en delitos de lesa humanidad. En consecuencia,
aunque considera que la acción de tutela es improcedente, señaló la ausencia
de defectos en la sentencia censurada.

Manifestó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 garantiza
el Estado social y democrático de derecho pues hizo un estudio profundo sobre
la inaplicabilidad de la imprescriptibilidad aludida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso de Órdenes Guerra contra Chile, afirmando
que no resulta vinculante al Estado Colombiano.

Señaló que la sentencia de unificación no cambió la regla de caducidad del
medio de control de reparación directa establecida en el artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(en adelante CPACA). Indicó que la Corte Constitucional avaló el precedente
fijado por el Consejo de Estado en la sentencia SU-312 del 12 de agosto de
2020. Afirmó que en diversos fallos de tutela el Consejo de Estado ha seguido
avalando el término de caducidad establecido en el artículo 164 del CPACA.

Indicó que el hecho de que la sentencia de unificación no favorezca a los
intereses de los demandantes no implica la vulneración a su derecho a la
igualdad. Por todo lo expuesto solicitó negar el amparo de los derechos
invocados, en primer lugar, por ser improcedente la tutela interpuesta y, en
segundo lugar, por cuanto los accionados no han vulnerado derecho
fundamental alguno; por el contrario, todas las decisiones atacadas fueron
proferidas de conformidad con la Constitución, ley y jurisprudencia.

5.2. La Policía Nacional afirmó que, conforme al artículo 164 del CPACA y a la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, la caducidad del medio de control operó el 4 de agosto del
2000 y solo se presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 5 de octubre
de 2018 y el 18 de diciembre de 2018 se presentó la demanda de reparación
directa.

Argumentó que la acción de tutela era improcedente pues no se había
acreditado la existencia de un perjuicio irremediable o de una amenaza
inminente e injustificada que amerite la procedencia de la tutela como
mecanismo excepcional para acceder al reconocimiento de las pretensiones.
Indicó que lo solicitado se debatió a través de otras vías de protección judicial

7
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que eran idóneas para resolver la litis, y que esto genera su improcedencia
porque es un mecanismo de protección subsidiario.

Finalmente, solicitó no conceder las pretensiones de la parte actora ante la
improcedencia de la tutela y la inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales.

5.3. El Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo, por medio del titular del
despacho, rindió informe sobre las principales actuaciones del medio de
control de reparación directa analizado.

Precisó que la decisión adoptada en primera instancia, de negar las
pretensiones por haber acaecido el fenómeno de la caducidad, respondió a la
valoración de posiciones jurisprudenciales de unificación y supuestos jurídicos
normativos idóneos con la situación de hecho prevista en la demanda. Señaló
que en la sentencia SU-254 de 2013 la Corte Constitucional puntualizó que la
fecha de su ejecutoria sería el 23 de mayo de 2013. Por lo que al advertir que
la solicitud de conciliación extrajudicial se elevó el 5 de octubre de 2018, ya se
encontraba vencido el término para el ejercicio oportuno de la acción.

Manifestó que la acción de tutela interpuesta no cumple con el requisito de
inmediatez, puesto que se interpuso transcurridos más de 6 meses después
de la ejecutoria del auto de obedézcase y cúmplase. Afirmó que mediante la
acción de tutela se pretende reabrir un debate que fue zanjado en sede
contenciosa administrativa, sin que existan elementos que permitan inferir que
la decisión adoptada esté en contravía de los criterios normativos y
jurisprudenciales vigentes.

Conforme a lo expuesto, indicó que el Juzgado no ha incurrido en violación de
los derechos fundamentales y solicitó negar el amparo invocado o declarar la
improcedencia de la acción.

5.4. El Tribunal Administrativo de Sincelejo no rindió informe frente a esta acción
de tutela, aunque fue notificado sobre su existencia3.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

3
El Tribunal fue notificado en los buzones electrónicos: sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co. Estos coinciden con el dispuesto como canal de notificaciones judiciales en la
página web de esa autoridad. Cfr. https://tas.gov.co/directorio/.
4
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

La Sala en primera medida debe analizar si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad para cuestionar providencias judiciales, en
especial los de inmediatez y de relevancia constitucional, ya que fueron discutidos
en los informes de respuesta de esta tutela.

En caso de que la acción de amparo supere el examen general de procedibilidad,
la Sala deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión, autoridad de segunda instancia, incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, en defecto sustantivo y en defecto fáctico al proferir la sentencia
del 29 de agosto de 2024 dentro del medio de control de reparación directa 70001-
33-33-005-2018-00438-00/01.

4. Sobre la acreditación de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

4.1. La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos generales de
procedibilidad dado que: (i) versa sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales de personas que tienen la calidad de desplazados por el
conflicto armado al debido proceso, a la dignidad, a la reparación integral y de
acceso a la administración de justicia con ocasión a la sentencia que en la
segunda instancia del proceso declaró la caducidad de la acción; (ii) la parte
actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y en relación con
los cargos presentados por el accionante no proceden los recursos
extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia; (iii) se
identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados; y (iv) no se trata de una tutela contra sentencia de tutela.

4.2. Relativo al (v) requisito de la inmediatez esta Sala observa que la sentencia
controvertida se notificó a través de mensaje de datos que fue remitido a los
sujetos procesales el 18 de octubre de 2024, por lo que quedó notificada el 23

5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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de octubre del año pasado8. De otra parte, la acción de tutela se radicó el 31
de julio de 2025, lo que quiere decir que entre la notificación de la providencia
impugnada y la interposición de la acción de tutela pasó un poco más de 9
meses.

Este lapso supera el plazo razonable de 6 meses establecido por la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado9 para cuestionar
sentencias vía tutela. Este término se estableció considerando «la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»10.

Sin embargo, las anteriores reglas de decisión deben analizarse en armonía
con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-391 de 2016
donde aseguró que «[n]o existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de
la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a
la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término
razonable». Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte
Constitucional brindó cinco criterios a considerar: (i) la situación personal del
peticionario; (ii) si la vulneración de derechos fundamentales se extiende en el
tiempo; (iii) la naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se
dirige la tutela; y (v) los efectos de la tutela.

Adicional a lo anterior, en la sentencia T-619 de 2019 la Corte Constitucional
estimó que «el juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar
en riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses),
lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a
criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez
tener en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto» (Negrillas propias).

Aunado a ello, el máximo tribunal constitucional ha sostenido que es posible
flexibilizar el requisito referido cuando el solicitante del amparo sea un sujeto
de especial protección constitucional11, en atención al artículo 13 de la
Constitución Política, como lo son, entre otros: los adultos mayores, las
víctimas del conflicto armado, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y
padres cabeza de familia y las personas en condición de discapacidad.

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde verificar, además
del transcurso del tiempo, si existe alguna de las circunstancias definidas
jurisprudencialmente que permita determinar que la acción de tutela fue
presentada en un término razonable o si existe alguna situación que permita
la flexibilización del estudio de la inmediatez, a pesar de que la solicitud no
haya sido presentada dentro del término de los seis meses.

De acuerdo con lo expuesto, para esta Sala es posible flexibilizar el requisito
de inmediatez al considerar las particularidades de este caso a la luz de los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la jurisprudencia
constitucional citada.

Son varios los factores a considerar en este caso y que justifican que no se
aplique con rigurosidad el presupuesto de la inmediatez. En primera medida,
la acción de tutela fue promovida en nombre propio, es decir que el accionante

8
En auto de unificación del 29 de noviembre de 2022, la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, con ponencia de
la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, adoptó la siguiente regla de unificación en relación con la notificación
electrónica de las sentencias: «La notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo
203 del CPACA se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 205 del CPACA».
9
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Ibidem.
11
Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias T-678 de 2016, T-518 de 2017 y T-375 de 2018.

10
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no contó con el apoyo jurídico de un experto para incoar este mecanismo
constitucional. Además, el accionante fue reconocido como víctima del
conflicto armado, en tanto padeció el hecho victimizante de desplazamiento
forzado12.

A lo anterior debe sumarse la complejidad del proceso que involucra la
situación de desarraigo de más de 160 familias que procuran la reparación del
Estado por los hechos que describieron en el escrito de tutela.

Así las cosas, considerando la calidad de víctima del conflicto armado del
accionante, el hecho de que la tutela se interpuso de manera directa y la
complejidad misma del asunto que se expone, esta Sala estima que es posible
flexibilizar en el caso particular el presupuesto de inmediatez. Más aún cuando
se trata de un asunto en el que no transcurrió un periodo irrazonable desde
que se concretó la vulneración ius fundamental alegada, pues no se evidencia
desproporción en el tiempo que permita concluir negligencia, desinterés o
desidia, sino que la demora puede explicarse en la misma situación de
desarraigo a la que comúnmente se ven sometidas las víctimas de este flagelo.

En la sentencia SU-254 de 2013, la Corte Constitucional advirtió la vulneración
múltiple de derechos que implica el fenómeno de desplazamiento forzado y el
estado de vulnerabilidad en el que quedan sus víctimas. Recordemos:
«(…) la jurisprudencia constitucional ha reconocido el drama humanitario que causa el
desplazamiento forzado como un hecho notorio, así como la dimensión desproporcionada del
daño antijurídico que causa este grave delito, el cual ha calificado como (i) una vulneración
múltiple, masiva, sistemática y continua de los derechos fundamentales de las víctimas de
desplazamiento; (iii) una pérdida o afectación grave de todos los derechos fundamentales y
de los bienes jurídicos y materiales de esta población, que produce desarraigo, pérdida de la
pertenencia, de la autonomía personal, y por tanto dependencia, marginalidad, exclusión
social y discriminación de esta población; y (iv) por consiguiente como una situación de
extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de inusual y gravísima desprotección e
indefensión de las víctimas de este delito.»

Teniendo en cuenta lo expuesto, en varias providencias de esa alta
Corporación se ha flexibilizado el requisito de inmediatez considerando la
calidad de sujetos de especial protección constitucional de los accionantes
dada su situación de desplazamiento forzado. Así, por ejemplo, en la sentencia
T-107 de 2019, el tribunal constitucional hizo el siguiente análisis sobre el plazo
razonable de interposición de la tutela:
«La Sala de lo Contencioso Administrativo (Subsección B) de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que analizó en segunda instancia la acción de tutela objeto de revisión concluyó
que el citado período era excesivo, razón por la cual resolvió que el amparo era improcedente.
Sin embargo, la Sala encuentra que esta solución no es de recibo por dos razones de
trascendencia, a saber:
i) Los accionantes son sujetos de especial protección, por referir que son víctimas del
conflicto armado interno en Colombia al alegar que han sido forzados a desplazarse. Esta
particularidad si bien, no implica que la acción de tutela necesariamente deba ser
considerada automáticamente procedente, más aun teniendo en cuenta que en el asunto
actuaban mediante apoderado, sí obliga al juez constitucional a efectuar un análisis en el
asunto más detallado o a flexibilizar estos requisitos, teniendo en cuenta que condiciones
como las referidas ponen a estos individuos en una situación de vulnerabilidad e incluso
indefensión, razón por la cual no puede exigírseles una carga de diligencia idéntica a la
que se esperaría de una persona que no tenga estas connotaciones.
ii) El amparo objeto de revisión, además de ser un tema complejo por involucrar
pretensiones de múltiples accionantes que integran dos núcleos familiares, no fue
interpuesto en un tiempo desproporcionado, puesto que, si bien la jurisprudencia de esta
corporación ha señalado que un término de seis (6) meses es suficiente para interponer

12
Junto al escrito de tutela se aportó el Certificado de la UARIV 202213012746341 fechado el 25 de mayo de 2022 que
acredita que el señor Wadith Antonio Baiz Villalba se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho
victimizante desplazamiento forzado, ocurrido el 30 de marzo del 2000.

11
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las acciones de tutela contra providencias judiciales, este no constituye un plazo unívoco
ni completamente estricto, sino que deberá analizarse caso por caso, atendiendo las
condiciones más particulares si se presentó en un término prudente o no. En este orden
de ideas, considerando la condición de sujetos de especial protección de los accionantes,
la cantidad de pretensiones que convergen en el amparo constitucional que se revisa, y
la mayor dificultad argumentativa que implica la interposición de una acción de tutela
contra providencia judicial (que en esta oportunidad se solventó acudiendo a una
apoderada única), la Sala concluye que el término de casi ocho (8) meses que trascurrió
entre la notificación del fallo accionado y la interposición del amparo, no fue
desproporcionada.
Así, el requisito de inmediatez se encuentra suficientemente acreditado».

Así las cosas, una vez analizadas las particularidades del caso, la Sala tendrá
como superado el requisito de inmediatez, ya que el accionante goza de una
especial protección debido a su condición de víctima del conflicto armado,
además porque se trata de una acción judicial que presenta una especial
complejidad y que fue promovida de manera directa.

De acuerdo con lo anterior, los 3 meses por los que se superó el periodo de 6
meses, establecido en la jurisprudencia de esta Corporación, no se traducen
en un lapso desproporcionado ni irrazonable, considerando que no se trata de
una tardanza excesiva y que la tutela fue incoada por un sujeto de especial
protección constitucional que acudió de manera directa al servicio de justicia a
pretender la protección de sus derechos fundamentales.

4.3. De otro lado, la Sala también tiene por acreditado el requisito de relevancia
constitucional en consideración a que los hechos y pretensiones de la acción
de tutela exigen estudiar el alcance de los derechos al debido proceso y de
derecho al acceso a la justicia de víctimas del conflicto armado que pretenden
la indemnización del daño derivado del desplazamiento forzado masivo13
ocurrido en los municipios de la subregión de los Montes de María desde el
año 1985.

En esa medida es importante identificar si en el caso se concretó un escenario
de vulneración ius fundamental por la configuración de los defectos alegados
por la parte actora.

5. Alcance de los defectos por desconocimiento del precedente, sustantivo
y fáctico

5.1. El precedente judicial hace referencia a la resolución previa de un caso similar
que sirve como referente para decidir otros semejantes. La Corte
Constitucional ha señalado que su aplicación exige que: (i) los hechos
relevantes del caso que se analiza sean semejantes a los del caso resuelto;
(ii) la consecuencia jurídica del asunto pasado coincida con la pretensión
actual; y (iii) la regla de decisión no haya cambiado ni evolucionado de manera
que modifique sus supuestos de hecho.

Así entonces, se configura la trasgresión del precedente si se demuestra: (i) la
existencia de decisiones con identidad fáctica y jurídica entre el caso analizado
y el citado como precedente; (ii) la vinculatoriedad de esas decisiones para el
juez accionado; (iii) que la sentencia cuestionada sea contraria al precedente

13
La Corte Constitucional ya ha indicado que los casos en los que se discute la vulneración de derechos fundamentales de
víctimas del conflicto armado con ocasión a la declaratoria de caducidad de la acción en el marco de proceso de
reparación directa tienen relevancia constitucional, debido al contenido mismo de la discusión y la calidad de los
accionantes. En la sentencia SU-312 de 2020, el Tribunal Constitucional, al respecto dijo: «El asunto es de relevancia
constitucional, comoquiera que se debate sobre la posible vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de una víctima de la violencia en un proceso contencioso administrativo, con ocasión de la
existencia de diferentes interpretaciones en torno al término de caducidad del medio de control de reparación directa
cuando el hecho dañoso constituye un delito de lesa humanidad».

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vinculante y vigente; y (iv) que no exista justificación razonable para el
apartamiento.

De acuerdo con lo anterior, como regla general, los jueces de lo contencioso
administrativo deben resolver sus casos siguiendo el precedente vertical
proveniente de instancias superiores o de órganos de cierre.

5.2. De otra parte, el defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la
interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede
predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto
material o sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con
fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso,
lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.

Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente.

En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad.

Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio relacionado con
la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico. Algunos de los eventos en los que se presenta es cuando la autoridad
judicial funda su decisión en una norma que no tiene relación con el asunto de
debate, cuando omite aplicar la disposición que regula el tema sobre
controversia o cuando realiza una interpretación irrazonable de la norma.

También se ha reiterado que las reglas de interpretación fijadas en sentencias
de constitucionalidad y unificación proferidas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado vienen a ser parte de la propia ley. Esa categoría de fuente
formal del derecho supera lo que se ha entendido tradicionalmente como
precedente, no solo porque el monopolio de la creación de normas generales
no se centra en el legislativo o el ejecutivo, sino también por la fuerza
vinculante de esas categorías de sentencias, que bien pueden equipararse a
la ley. Por consiguiente, su desconocimiento se relaciona con el defecto
sustantivo.

5.3. Finalmente, como ya se ha expuesto, la Corte Constitucional ha establecido
que la procedencia de la tutela contra providencias judiciales es «estrictamente
excepcional»14, en defensa de la autonomía e independencia judicial y de los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. Por ello, el análisis del defecto
fáctico exige un escrutinio riguroso, dado que el juez natural goza de un amplio
margen de discrecionalidad15 en la valoración de la prueba, conforme al
sistema de libre valoración del Código General del Proceso. Sin embargo, esa
discrecionalidad no es ilimitada ni arbitraria.

En suma, la intervención del juez de tutela en el juicio de valoración probatoria
del fallador solo procede cuando la irregularidad es ostensible y manifiesta16,
pues este mecanismo no puede convertirse en una instancia revisora de la

14
Sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU129 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez (párr. 56); sentencia SU132 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia T-117 de 2013 M.P. (acápite 3.4).
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-337 de 2017 M.P. Antonio José Lizarazo, reiterada en la sentencia T-018 de 2023,
con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

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actividad judicial o en una herramienta para imponer una valoración distinta de
la prueba. En contraste, si la decisión judicial se apoya en una valoración
razonable y racional de la prueba, dentro del margen legítimo que otorga el
sistema de libre apreciación, el juez constitucional no estará facultado para
revocar la providencia, aunque considere que pudo valorarse de manera
diferente.

Según la Corte Constitucional, este defecto comprende dos dimensiones: una
negativa, que se configura por omisiones del juez como ignorar o no valorar
injustificadamente una prueba determinante17, decidir sin soporte probatorio
suficiente18 o abstenerse de decretar pruebas de oficio cuando está obligado
a hacerlo19; y una positiva, que ocurre cuando el juez valora y decide con base
en pruebas ilícitas20 o utiliza medios de prueba que por disposición legal no
pueden acreditar el hecho en cuestión21.

6. Contextualización de los fundamentos jurídicos de la sentencia de
segunda instancia acusada

La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre mediante
sentencia del 29 de agosto de 2024 confirmó la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda. El problema jurídico que se resolvió en la
sentencia se centró en determinar si se configuró el fenómeno de la caducidad del
medio de control de reparación directa o si, por el contrario, la demanda fue
interpuesta en el término establecido para su ejercicio válido.

En el fallo se tuvo como precedente la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, por medio de la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su
postura para contabilizar el término de la caducidad en casos de delitos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y otros. Señaló que para empezar el conteo del
término de caducidad «no basta con el solo acontecer de la acción u omisión causante del
daño, pues, se debe determinar en qué momento el interesado advirtió o pudo inferir que el
Estado participó en tales hechos y que le era imputable el daño ocasionado». También tuvo
en cuenta que a efectos del análisis de caducidad se debe analizar si los afectados
tenían o no la posibilidad material de ejercer la acción, para lo cual debe
considerarse la existencia de circunstancias que impidan agotar las actuaciones
necesarias para la presentación de la demanda.

Con base en las anteriores reglas jurisprudenciales, el Tribunal accionado afirmó
que en el caso el término para el ejercicio válido de la acción corrió entre los años
1998 y 2000. Esto obedece a que en el texto de la demanda de reparación directa
se indicó que «la imputación que se le hace al Estado es sobre todo, el daño especial, ya que, fue
el caso que nos ocupa en principio una acción u ocupación guerrillera ocurrida el día 3 de agosto de
1998». Por lo anterior, el Tribunal consideró que el desplazamiento forzado al que se
vieron sometidos los accionantes se presentó a partir de 1998.

Aseguró que para la fecha en que fue elevada la solicitud de conciliación
extrajudicial, 5 de octubre de 2018, ya había transcurrido en exceso el término de
dos (2) años para el ejercicio válido del mecanismo de defensa judicial, más aún,
para el día de presentación de la demanda, esto es, para el 18 de diciembre de
2018. Indicó que tampoco se allegó alguna prueba que acreditara la imposibilidad
material de los demandantes para interponer el medio de control con antelación. Es
decir, no se evidenció ninguna circunstancia que hubiera impedido el ejercicio
oportuno de la acción contenciosa.

17
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
18
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
20
Ibidem.
21
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.

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Asimismo, la autoridad judicial se refirió a la sentencia SU-254 de 2013 en la que la
Corte Constitucional fijó la siguiente subregla para el término de caducidad «los
términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos
judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta
transcursos de tiempo anteriores».

Aseguró que la fecha de ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013 fue el 22 de
mayo de 2013, por lo que los actores tenían plazo para demandar hasta el 23 de
mayo de 2015. No obstante, la solicitud de conciliación prejudicial solo se presentó
el día 5 de octubre de 2018 y la demanda se radicó el día 18 de diciembre de 2018.
Por lo que aun teniendo en cuenta la sentencia SU-254 de 2013 la demanda se
interpuso por fuera del término oportuno.

7. Análisis de los defectos alegados en el caso

7.1. En este caso, es necesario analizar de manera conjunta los defectos
enunciados, ya que los errores fácticos atribuidos a la sentencia acusada están
estrechamente ligados a la aplicación de las reglas de decisión desarrolladas
en el precedente constitucional y contencioso sobre la caducidad en casos de
graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

En efecto, la parte actora argumentó que el tribunal desconoció la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, que en su sentir,
señala que no se pueden aplicar límites temporales a las víctimas de
desplazamiento forzado para interponer acciones judiciales mediante las
cuales busquen la reparación, porque los hechos comportan graves
violaciones a los derechos humanos.

Así las cosas, como las reglas de valoración probatoria que se alegan
ignoradas provienen de la jurisprudencia de las altas cortes, corresponde al
juez de tutela definirlas y analizar el juicio probatorio expuesto en la sentencia
del 29 de agosto de 2024 para determinar si el Tribunal Administrativo de
Sucre incurrió en los defectos alegados.
De entrada, se anticipa que para esta Sala el Tribunal accionado no incurrió
en los defectos alegados, puesto que tuvo en cuenta la jurisprudencia vigente
al momento de proferir la sentencia, a la luz de los medios de prueba
allegados.
7.2. Con relación al fenómeno de la caducidad, tratándose de asuntos relativos a
graves violaciones de derechos humanos, es imperativo remontarse a la
sentencia SU-254 de 2013. Allí la Corte Constitucional analizó varias acciones
promovidas por víctimas de desplazamiento forzado en las que se pretendía
la reparación integral de los perjuicios derivados de ese hecho victimizante. El
problema jurídico entonces se centró en determinar si las autoridades
accionadas vulneraron el derecho a la reparación integral de las víctimas
accionantes. Es decir que, en la providencia no solo se analizó la
indemnización administrativa para las víctimas de desplazamiento, sino que el
estudio también comprendió algunos aspectos de la reparación de sus
perjuicios por vía judicial.
Así pues, la Sala Plena de la Corte precisó en esa oportunidad que «los términos
de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales
ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria
del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse,
como antes se explicó, de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus
circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta» (Negrillas propias).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04777-00
Demandante: Wadith Antonio Baiz Villalba

El alto Tribunal otorgó a este fallo efectos inter comunis por lo que aplica a los
casos que se encuentren en similares circunstancias fácticas y jurídicas.
Posteriormente, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
29 de enero de 202022 unificó su posición en torno a la aplicación y alcance de
la figura de la caducidad de la acción en casos que involucran graves
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

La Sección Tercera estableció que para los eventos mencionados era
aplicable la regulación establecida en el artículo 136.8 del Decreto 01 de 1984
o el artículo 164.2.i inciso primero de la Ley 1437 de 2011, según el caso. Y
precisó que, en los eventos de daños derivados de delitos de lesa humanidad
o de violaciones al derecho internacional humanitario el cómputo de la
caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en que
el afectado conoció o debió conocer la participación de agentes del Estado en
el hecho dañoso y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad al
Estado por su comisión, salvo para los casos de desaparición forzada, ya que
estos tienen una regulación específica.

La Sección Tercera explicó que en algunos casos para que inicie el cómputo
de la caducidad no basta con la ocurrencia del hecho dañoso, sino que también
debe determinarse si el interesado «advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado
participó en tales hechos y que le era imputable el daño». Precisó:

«(…) si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros, pero no cuenta con
elementos para inferir que el Estado estuvo involucrado y era el llamado a responder
patrimonialmente, la caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión dañosa,
sino desde que tuvo la posibilidad de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba
procedente para los fines previstos en el artículo 90 de la Constitución Política.
(…) a modo de conclusión, la Sección Tercera aclara que, mientras no se cuente con
elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante
del daño y que le era imputable el daño, el plazo de caducidad de la reparación directa no
resulta exigible, pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello
no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe declarar que el
derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda, al
resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia, según el caso».

Concluyó que la imposibilidad de conocer la relación de los agentes del Estado
con el daño no da lugar a la inaplicación de la figura de caducidad en el caso
particular, sino a que su cómputo inicie desde cuando surgió el interés para
reclamar al Estado la indemnización de los perjuicios.

En la sentencia también se explicó que la anterior subregla no debe
interpretarse en el sentido de requerir la individualización penal del agente
para iniciar la acción contenciosa, sino el conocimiento de la intervención u
omisión de agentes del Estado en el hecho dañoso, pues el primer evento
equivaldría a exigir un requisito de procedibilidad que la ley no contempla.

De otra parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado aceptó, por vía de
excepción, la inaplicación del término de caducidad de la acción en los eventos
en que se advierta que los afectados no estaban en la posibilidad material de
ejercer la acción contenciosa, como se extracta de la sentencia de unificación:
«el término de caducidad de la pretensión de reparación directa no resulta exigible en los
eventos en los que se afectan de manera ostensible los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, por la configuración de circunstancias que obstaculizan
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, por ende, impiden agotar las actuaciones
necesarias para la presentación de la demanda, dentro de las cuales se encuentra la
constitución de apoderado».

22
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 29 de enero de 2020. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado:
85001-33-33-002-2014-00144-01(61033) A.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04777-00
Demandante: Wadith Antonio Baiz Villalba

Así, declaró que el término no puede iniciar mientras subsistan las
circunstancias especiales que materialmente impiden a cada sujeto acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para propender la satisfacción de
sus derechos.

En ese sentido, la sentencia de 29 de enero de 2020 unificó lo relacionado con
la figura de la caducidad en casos de delitos de lesa humanidad, crímenes de
guerra y cuando se persiga la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado, en los siguientes términos:
«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas:
i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii)
este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley».
Con base en lo anterior, las reglas de decisión que se crearon en esta
sentencia de unificación se pueden entender así:

(i) La figura de la caducidad de la acción sí aplica para los casos que involucran
posibles vulneraciones al derecho internacional de los derechos humanos y al
derecho internacional humanitario;
(ii) Estos casos están comprendidos bajo la tesis del conocimiento del hecho
dañoso como parámetro de inicio del cómputo; pero el plazo solo será exigible
desde el momento en que el afectado estaba en condiciones de inferir que el
Estado estuvo implicado en la materialización del hecho dañoso y era el llamado
a responder patrimonialmente. Si el interesado estaba en condiciones de inferir
tal situación, pero no radicó la demanda oportunamente, el juez debe declarar
la caducidad;
(iii) La caducidad no es aplicable mientras perduren situaciones que obstaculicen
materialmente el ejercicio de la acción.

Estas reglas fueron acogidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
312 de 2020, quien consideró que la tesis se armonizaba con los postulados
constitucionales y convencionales relativos al acceso a la administración de
justicia y al derecho a la reparación.

Posteriormente, en sentencia de unificación SU-167 de 2023 la Corte
Constitucional reiteró las reglas establecidas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020.
Oportunidad en la cual enfatizó sobre el deber del juez de analizar la existencia
o no de barreras que hayan imposibilitado a la parte actora a acudir a la
administración de justicia. Así lo expresó la Corte:
«En suma, a partir del anterior recuento jurisprudencial se advierte que específicamente, en
relación con la reparación de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa
humanidad, (i) el plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el perjuicio, sino
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la
caducidad de la demanda de reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la
justicia debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a
las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) la aplicación del fallo de unificación de
la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad
de readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas
y posibilidades procesales que este contiene».

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Asimismo, en sentencia de unificación SU-429 de 2024 la Corte Constitucional
reiteró las tres reglas derivadas de la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera.

Conviene recordar que en la sentencia SU-168 de 2023, la Corte
Constitucional indicó que las reglas de caducidad de la acción en eventos de
graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario deben interpretarse al amparo del principio pro damnato o pro
victamae, es decir que no deben interpretarse de manera rígida e inflexible.
Acepta que en determinadas circunstancias es dable flexibilizar tales criterios
para garantizar el acceso a la administración de justicia y la reparación integral
a las víctimas. Y advirtió que si hay duda sobre cuándo debe computarse la
caducidad, el juez tendrá que optar por la interpretación más favorable a los
demandantes.

7.3. Expuesto lo anterior, se advierte que la sentencia del Tribunal Administrativo
de Sucre atendió a las reglas vigentes para la aplicación de la figura de la
caducidad establecida en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, reiteradas por la Corte
Constitucional en las sentencias de unificación mencionadas.

Conforme a tal precedente, en primer lugar, el Tribunal accionado tomó como
punto de partida para el análisis de caducidad el momento en el cual la parte
actora tuvo conocimiento del posible responsable de los hechos ocurridos. A
juicio del fallador, esto ocurrió «desde el mismo momento en que se vio obligada a
desplazarse de sus terruños».

Para sustentar esa interpretación el Tribunal sostuvo que de la demanda de
reparación directa se desprendía que el accionante conocía de las omisiones
de las entidades estatales en garantizar la seguridad y la protección de los
derechos humanos en la región de los Montes de María, dada la situación
generalizada de conflicto armado en la zona. Por lo tanto, desde la ocurrencia
del desplazamiento la parte actora estaba en condiciones de inferir que el
Estado, por su omisión, estuvo implicado en la materialización del hecho
dañoso y era el llamado a responder patrimonialmente.

Entonces, la autoridad judicial tuvo en consideración la regla sobre el
conocimiento del hecho dañoso como parámetro de inicio del cómputo de
caducidad.

En segundo lugar, el accionado analizó la posibilidad real de los demandantes
de acudir a la jurisdicción y la existencia de obstáculos que impidieran tal
acceso. Así lo expresó, el Tribunal:
«la jurisprudencia de unificación citada en precedencia establece como punto de partida para
contabilizar el término para el ejercicio válido del medio de control en asuntos de Lesa
Humanidad, aquel en el cual las víctimas tuvieron serias posibilidades materiales de ejercer el
derecho de acción, supuesto que no comporta conocer a ciencia cierta los autores del hecho
generador del daño para poder acceder a la justicia. (...)
Así, no era requisito para ello, esperar sentencia judicial alguna o la condena a personas
determinadas para ello, sino comprender que existe un posible responsable a quien puede
reclamarse cualquier tipo de interés que se tenga y tal conocimiento, lo tenía la accionante
desde el mismo momento en que se vio obligada a desplazarse de sus terruños. (...)
Ello como quiera que al plenario no se allegó prueba alguna que acreditara la indudable
imposibilidad material de los demandantes de interponer el medio de control, esto es, no se
evidencia una circunstancia especial que hubiera impedido el ejercicio oportuno de la presente
acción y que conllevara a variar los límites temporales del estudio de la caducidad frente al
caso bajo análisis».

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No se desconoce la situación de conflicto armado ocurrida en el territorio de
los Montes de María y de violencia generalizada que aquejó tal zona,
incluyendo como fenómeno masivo el desplazamiento forzado de sus
habitantes. En sentencia T-014 de 2025 la Corte Constitucional se pronunció
sobre los hechos ocurridos en tal territorio, especialmente entre los años
noventa al 2003. Veamos:
«177. Si bien desde antes de los años ochenta del siglo pasado ya existían conflictos por la
distribución de la tierra y el establecimiento de un modelo de economía productiva en la zona
de los Montes de María, esos conflictos se agravaron a comienzos de los años noventa del
Siglo XX con la llegada de grupos guerrilleros, quienes, según informes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, realizaron acciones violentas en contra de la población
civil tales como el hurto de ganado y el secuestro de ganaderos, una de sus principales fuentes
de ingreso. El conflicto armado se asentó en ese territorio y ocasionó que la región fuera
protagonista de masacres, desplazamiento forzado, narcotráfico, y, más tarde, también de
incursiones de grupos paramilitares.[148] Durante dicha época, el fenómeno del paramilitarismo
inició su incursión en la región. Así lo destaca un informe del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (…)
178. Así, los mecanismos utilizados por los grupos paramilitares para obtener control sobre el
territorio de los Montes de María fueron, principalmente, el desplazamiento forzado, el control
sobre la población, amenazas y masacres. Entre 1997 y 2007, fueron desplazadas
forzosamente del Departamento de Sucre 197.459 personas, convirtiéndolo en el segundo
departamento con mayor número de desplazados después de Antioquia, con 311.214
personas en el mismo término. A su turno, el informe final de la Comisión de la Verdad señaló
que, entre 1996 y 2003, se produjeron 42 masacres en la región de Montes de María. Según
ese informe, las masacres más conocidas fueron la del Salado en el año 2000 y la de Chengue
en 2001. Las mencionadas masacres causaron, en conjunto, un desplazamiento masivo entre
1995 y el 2000 de 30.677 personas.
179. Asimismo, en la región de Montes de María ocurrieron múltiples ataques y expresiones
de violencia contra la población civil. La Comisión de la Verdad relató cómo a determinadas
poblaciones se les tildó de colaboradores de la guerrilla para luego ser asesinados por parte
de grupos paramilitares tras la estigmatización a la que fueron expuestos».

Es de público conocimiento que, efectivamente, el conflicto armado y el
consecuente desplazamiento forzado aquejó el territorio de los Montes de
María. De ahí que es razonable inferir que durante cierto periodo de tiempo,
que pudo extenderse durante años, quienes habitaban esa zona y fueron
desplazados de esta no contaban con las condiciones para acudir a la
administración de justicia, por encontrarse en circunstancias de mera
sobrevivencia.

Aunque no se niega tal fenómeno, tampoco se pasa por alto que en el caso
específico la parte actora no justificó que esas circunstancias adversas
realmente se hayan extendido hasta el año 2018. En otras palabras, no se
indicó siquiera de forma somera que los obstáculos para acudir ante la justicia
a través del medio de reparación directa hayan perdurado todos esos años
desde 1998 (año que el Tribunal tomó como punto de partida para el análisis de
caducidad dado los hechos narrados en la demanda) hasta el 2018.

Ahora bien, es cierto que en la sentencia T-374 de 2023, invocada por el actor
en el escrito de tutela, la Corte Constitucional dispuso que «no es válido que las
autoridades judiciales le exijan cargas adicionales que no contempla la regla jurisprudencial
antes citada. Como por ejemplo, exigirle a la parte actora que acredite las razones por las
cuales no acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa luego de su retorno a sus lugares
de origen». Aun así, no puede desconocerse que a partir de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, Sección Tercera y
las sentencias de unificación SU-312 de 2020 y SU-167 de 2023 de la Corte
Constitucional se dispuso que para determinar la caducidad ocasión de los
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra deben analizarse las barreras
que afrontaron las víctimas para acceder a la administración de justicia tras la
ocurrencia de los hechos y establecer si tales obstáculos materialmente
perduraron para el ejercicio de la acción.

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Por ende, aunque en la sentencia T-374 de 2023 se indicó que no había lugar
a la imposición de cargas probatorias a las víctimas respecto de las razones
que impidieron acudir al juez, por lo menos tendría que existir una explicación
sobre la materia en cabeza de la parte actora.

En el caso, sin embargo, el apoderado de la parte actora tanto en la demanda
de reparación directa como en la apelación de la sentencia circunscribió sus
argumentos a describir la situación general de conflicto armado ocurrido en los
Montes de María a partir de 1985 y a indicar las omisiones en que incurrió en
Estado en dicho contexto. Sin embargo, no se especificó aspecto alguno frente
a las más de 160 familias que conformaron la parte actora, ni se mencionó
cuáles fueron las circunstancias que durante más de dos décadas de
sucedidos los hechos continuaron impidiendo el acceso material de los
accionantes a la justicia.

La parte actora, entonces, circunscribió sus cargos a hacer una descripción
genérica de la situación de conflicto armado ocurrida en la zona sin adentrarse
a explicar las circunstancias personales de las familias demandantes del
medio de control.

Por consiguiente, aunque en el escrito de tutela se mencionó que durante el
tiempo que antecedió a la fecha de presentación de la demanda de reparación
directa los demandantes se abstuvieron de ejercer cualquier acción judicial por
temor, lo cierto es que en el medio de control se guardó silencio sobre las
razones de imposibilidad material para acceder oportunamente a la
administración de justicia. Con todo, más allá de la innegable situación de
violencia generalizada en los Montes de María, en el caso no se advierte
prueba que corroborara la imposibilidad material de acudir a la administración
de justicia de parte del tutelante ni de las más de 160 familias que conformaron
la parte actora pasadas casi dos décadas de los hechos narrados.

Por consiguiente, no se considera que la conclusión del Tribunal accionado
esté en contravía del precedente sobre caducidad tratándose de asuntos
relativos a graves violaciones de derecho humanos, incluyendo el
desplazamiento forzado, en tanto que dicha autoridad tuvo en consideración
las reglas establecidas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, aceptadas y
reiteradas por la Corte Constitucional.

Por una parte, se tomó como punto de partida para el análisis de la caducidad
el momento en que se consideró que la parte actora tuvo conocimiento del
posible responsable de los hechos ocurridos; y por la otra, observó la
posibilidad real de los demandantes de acudir a la jurisdicción.

De ahí que fue en atención a las circunstancias específicas del caso objeto de
estudio que la autoridad judicial demandada concluyó que la parte actora debió
ejercer la demanda de reparación directa con antelación al no haberse o
siquiera justificado los motivos sobre la imposibilidad material de acudir a la
jurisdicción transcurridos más de veinte años tras 1998.

Asimismo, se advierte que el Tribunal accionado tuvo en cuenta la regla
establecida en la sentencia SU-254 de 2013, según la cual los términos de
caducidad para población desplazada se computarían a partir de la ejecutoria
de ese fallo. Como se explicó previamente, allí se fijó un criterio especial
referente a la caducidad para la población desplazada que adelantara
procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sobre este punto, la
autoridad judicial accionada sostuvo que la solicitud de conciliación prejudicial
se presentó hasta el día 5 de octubre de 2018 y la demanda se radicó el 18 de

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diciembre de 2018. Por lo que, incluso aplicando la pauta dispuesta en esa
providencia, ya se había superado el término de 2 años para que operara la
caducidad de la acción.

Veamos lo explicado por el Tribunal:
«si se tuviera en cuenta la fecha de ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013, -22 de
mayo de 2013-, es claro que los actores tenían plazo para demandar hasta el 23 de mayo
de 2015; empero, la solicitud de conciliación prejudicial sólo se presentó el día 5 de
octubre de 2018 y la demanda se radicó día 18 de diciembre de 2018 como atrás se
indicó».

De ahí que tampoco se advierte un apartamiento de la regla fijada en la
sentencia SU-254 de 2013, la cual ha sido consistentemente aplicada por esta
Sección en casos relacionados con la figura de la caducidad en asuntos de
desplazamiento forzado, por su carácter especial y prevalente.

En relación con el presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial
invocado, la Sala anota que no se configura puesto que la línea jurisprudencial
reseñada por el actor corresponde a decisiones previas a la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

De ahí que las providencias invocadas tan solo aluden a una de las diversas
tesis que se construyeron en el pasado en relación con la figura de la
caducidad para casos de graves violaciones a derechos humanos, previas a
la unificación mencionada. No obstante, la discusión sobre la aplicación de
dicha figura fue zanjada mediante la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020, cuya lectura se realiza en conjunto con la sentencia SU-254 de 2013
de la Corte Constitucional.

Tampoco se desconocieron los principios pro damnato y pro victimae,
establecidos en las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos citadas por la parte actora. En virtud de
estos, «el término de caducidad del medio de control de reparación directa no puede
aplicarse de manera rígida, pues en ocasiones, dadas las circunstancias particulares del caso,
pueden admitirse flexibilizaciones, necesarias para garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia y la reparación integral de las víctimas»23.

La interpretación del Tribunal accionado no estuvo en contravía de dichos
principios, en tanto que el análisis de caducidad tuvo en consideración el
momento en el que, en criterio de la autoridad judicial, la parte actora tuvo
conocimiento de un posible responsable respecto de los hechos sufridos.
Asimismo, se tuvo en cuenta el factor sobre las barreras de acceso a la justicia
y se incluyó en el estudio la regla sobre el cómputo de caducidad establecida
en la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional. De ahí que el
análisis consideró varios elementos para arribar a la conclusión a la que llegó.

Finalmente, debe precisarse que, aunque la parte actora señaló que era otro
el precedente judicial vigente en el momento en que radicó la demanda de
reparación directa, tal argumento no está llamado a prosperar. Tal como lo ha
señalado esta Sección, las sentencias de unificación del Consejo de Estado
resultan obligatorias para los jueces y tribunales de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo una vez son proferidas; y de conformidad con el
numeral 1 del artículo 237 de la Constitución Política, el Consejo de Estado es
el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

23
Corte Constitucional. Sentencia SU-439 de 2024.

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Incluso, debe destacarse que, pese a que la sentencia de unificación fue
cuestionada mediante el ejercicio de la acción de tutela en el proceso con
radicado 11001-03-15-000-2020-03381-00/01, en el trámite de la primera y
segunda instancia se negaron las pretensiones de la demanda. La aplicación
de la referida sentencia de unificación, desde que fue proferida, es un asunto
que incluso ha sido avalado por la Corte Constitucional.

7.4. Por otro lado, con relación al defecto sustantivo alegado por falta de aplicación
del artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual «Los hechos
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba». La Sala
reconoce que la situación de conflicto armado ocurrida en los Montes de María
podría catalogarse como un hecho notorio y, consecuentemente, no se
requeriría prueba para acreditar la situación de violencia generalizada
acaecida en esa región.

Sin embargo, tal circunstancia no significa que la parte actora esté relevada
siquiera de brindar una explicación sobre las razones específicas por las
cuales los actores no pudieron acudir a la administración de justicia, más aún
en consideración que para el momento en que acudieron a la jurisdicción ya
habían trascurrido aproximadamente 20 años tras la ocurrencia del
desplazamiento, según las fechas mencionadas en la demanda de reparación
directa.

En otras palabras, aunque el conflicto armado que aquejó dicha región podría
enmarcarse en la figura de hecho notorio y en ese sentido tal circunstancia de
violencia no requeriría prueba, lo cierto es que para el análisis de caducidad
es necesario que, como mínimo, se hubiera explicado de qué forma las
barreras que impedían acudir a la justicia perduraron desde finales de los años
90 hasta el 2018 en todas las familias que conformaron la parte actora, que
superaron las 160.

Aunque seguramente tales obstáculos existieron tras la ocurrencia del
desplazamiento, y durante los años subsiguientes, nada dijo la parte actora
frente a las razones por las cuales dichos obstáculos se mantuvieron durante
casi dos décadas (1998-2018). Por consiguiente, no se considera que el
Tribunal accionado haya incurrido en el defecto sustantivo alegado.

En consecuencia, no se configura el defecto por desconocimiento del
precedente judicial ni el defecto sustantivo invocado por la parte actora, pues
se aplicó correctamente la figura de la caducidad en la sentencia del 29 de
agosto de 2024 que confirmó la sentencia del 13 de junio de 2024, atendiendo
a la interpretación jurisprudencial vigente de la norma aplicable.

7.5. Por último, frente al defecto fáctico alegado la Sala advierte que las
autoridades judiciales no desconocieron la calidad de víctima de
desplazamiento forzado del accionante, ni de los demás demandantes.
Tampoco se negó que la situación de violencia y violación a los derechos
humanos haya ocurrido en los municipios y veredas de los Montes de María.
Por lo que no está llamado a prosperar el cargo relacionado con la indebida
valoración de las pruebas aportadas, tendientes a demostrar dichos hechos.

La negación de las pretensiones no se basó en el desconocimiento de las
pruebas aportadas al proceso, sino en que la demanda fue presentada por
fuera del término oportuno sin que siquiera se haya mencionado la situación
puntual de los accionantes para acceder a la administración de justicia. Por lo
que no se advierte que se haya configurado defecto fáctico en la sentencia
cuestionada.

22
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04777-00
Demandante: Wadith Antonio Baiz Villalba

Por lo tanto, corresponde negar las pretensiones de la acción de tutela
promovida por el señor Wadith Antonio Baiz Villalba, en contra del Tribunal
Administrativo de Sucre y el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo.

8. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso examinado no se
incurrió en los defectos alegados y, por tanto, no procede el amparo de derechos
fundamentales del accionante.

En consecuencia, esta Sección negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por Wadith Antonio Baiz Villalba, comoquiera que la sentencia del 29 de
agosto de 2024 estuvo fundamentada en el marco jurisprudencial pertinente, sin
que se evidencie vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados en
la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Wadith
Antonio Baiz Villalba, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Con salvamento de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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