Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04777-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04777-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04777-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
6 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., seis (06) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04777-01
Accionante: Wadith Antonio Baiz Villalba1
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – inmediatez. Decisión: Se modifica el fallo de primera instancia.
La sala decide la impugnación 2 presentada, en calidad de convocante, por Wadith
Antonio Baiz Villalba en contra del fallo de tutela proferido el 31 de octubre de 20253 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El 31 de julio de 20254 el accionante radicó tutela5 en procura de la protección de sus
derechos al debido proceso; de acceso a la administración de justicia; y a la verdad,
justicia y reparación integral, los que considera vulnerados con las providencias
proferidas el 13 de junio de 2024 y el 29 de agosto de 2024, respectivamente, por el
Juzgado 10º Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del
medio de control de reparación directa 70001333300520180043800/01.
1 Aunque Wadith Antonio Baiz Villalba indicó que existían más accionantes, lo cierto es que él fue el único que suscribió
la tutela y no allegó poderes que le permitan representar a los demás mencionados en su escrito, así como tampoco
acreditó la calidad de agente oficioso; por ende, se lo tendrá como único actor. En efecto, el a quo constitucional
también advirtió esta situación en el auto del 27 de agosto de 2025 dictado dentro de esta tutela, en la cual se reconoció
como accionante exclusivo a Baiz Villalba.
2 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 35, con certificado 6D76FF9840F4061C
7C17F7E56E415C8F 1416C94A3388DE41 46802CBF0EF26919.
3 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 28, con certificado 58A3F2FBA32B563F
3C9D8A020B3C747D 707D6F5EB64FE011 23E351FFDD8DC373.
4 Obra correo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado A4C43993B5ED5352
D91D3807237B8694 F42D34A71623D242 F9585E7AEF01128C.
5 Obra escrito de tutela a folios 1-132 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
F2F9ACA6AD68E5A4 EA2617DB7095EC4B 90C434D15CD7F570 5B8DCFB991CAF8DD.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04777-01
Accionante: Wadith Antonio Baiz Villalba
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
1.2.- Hechos
1.2.1.- El accionante alegó que, como consecuencia de la omisión de las autoridades
nacionales y territoriales frente a la política criminal de grupos armados, se configuró un
patrón de criminalidad que derivó en la vulneración de derechos humanos e infracciones
al Derecho Internacional Humanitario contra sujetos de especial protección. Señaló que
la presencia de estos grupos alteró críticamente la seguridad en la región de los Montes
de María mediante la comisión de delitos como homicidios en persona protegida,
desapariciones, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y violencia sexual.
Tales circunstancias lo obligaron a él y a un grupo considerable de habitantes de los
municipios de San Onofre, Tolú, Colosó, Toluviejo, Ovejas, Chalán, Sucre y San Benito
Abad, a trasladarse a la ciudad de Sincelejo y abandonar sus bienes y proyectos de vida6.
1.2.2.- Asimismo, el actor explicó que las personas afectadas fueron objeto de amenazas
y presiones por parte de los grupos aludidos, situación que motivó la interposición de
denuncias por parte de líderes comunitarios ante las autoridades administrativas y
militares de la región sin obtener una respuesta idónea para prevenir los
desplazamientos7.
1.2.3.- Con base en los hechos descritos, Baiz Villalba y otros, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, radicaron demanda en contra del Ejército Nacional, la
Armada Nacional y la Policía Nacional con el fin de que se les indemnizara por el
desplazamiento del que alegaron ser víctimas. El proceso le correspondió al Juzgado 10º
Administrativo de Sincelejo bajo el radicado No. 70001333300520180043800.
1.2.4.- El a quo ordinario, por sentencia del 13 de junio de 20248, negó las súplicas de la
demanda, por cuanto el marco temporal de los hechos se sustentó en el fenómeno
generalizado del conflicto armado y en aspectos de notoriedad pública. No obstante, al
realizar un juicio de razonabilidad determinó que los demandantes contaron con la
posibilidad efectiva de acudir a la jurisdicción contenciosa para hacer valer sus derechos,
sin que se evidenciaran circunstancias que impidieran el ejercicio oportuno de la acción,
6 A folios 2-3 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 7, con certificado BF6371B2FAD35323
14678D3A7CD92E93 7C2B6A1B7EB7BC6D CFAE380E80F33491 del expediente 70001333300520180043801.
7 Ibidem.
8 Ibidem, a folios 7-8.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04777-01
Accionante: Wadith Antonio Baiz Villalba
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
conforme se infiere de las resoluciones de inclusión en el RUV y demás trámites
administrativos aportados. En consecuencia, al aplicar los parámetros de la SU-254 de
2013 y contrastar la fecha de ejecutoria de dicha providencia con la presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial el 5 de octubre de 2018, concluyó que el término de
2 años para accionar se encontraba superado, por lo que declaró probada la excepción
de caducidad.
1.2.5.- Inconformes, los demandantes interpusieron recurso de apelación en contra de la
decisión referida. Por providencia del 29 de agosto de 20249 el Tribunal Administrativo de
Sucre confirmó la sentencia. Para ello, señaló que el término de caducidad de 2 años
para la reparación directa debe computarse desde que los demandantes tuvieron o
debieron tener conocimiento del daño, siempre que no se pruebe la imposibilidad material
de conocerlo. En el caso concreto, advirtió que el desplazamiento ocurrió a partir del 3
de agosto de 1998, fecha que la propia parte actora aceptó en su demanda, por lo que el
término para accionar feneció en el año 2000.
1.2.5.1.- El ad quem precisó que el punto de partida para contabilizar la caducidad en
asuntos de lesa humanidad es aquel en el que las víctimas tuvieron posibilidades
materiales de ejercer el derecho de acción, sin que sea necesario esperar a una sentencia
judicial o condena penal contra autores determinados. Al respecto, determinó que los
demandantes conocían a los responsables desde el momento del desplazamiento y que
en el plenario no se acreditó circunstancia especial que impidiera el ejercicio oportuno del
medio de control.
1.2.5.2.- Finalmente, el tribunal analizó el caso a la luz del precedente fijado en la SU-
254 de 2013 de la Corte Constitucional y concluyó que, aun si se tomara como punto de
partida la fecha de ejecutoria de dicha providencia, ocurrida el 22 de mayo de 2013, los
actores contaban con plazo para demandar hasta el 23 de mayo de 2015; sin embargo,
la solicitud de conciliación prejudicial solo fue radicada el 5 de octubre de 2018, lo que
ratifica la configuración de la caducidad.
9 Obraprovidencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 7, con certificado BF6371B2FAD35323
14678D3A7CD92E93 7C2B6A1B7EB7BC6D CFAE380E80F33491 del expediente 70001333300520180043801.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04777-01
Accionante: Wadith Antonio Baiz Villalba
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
El tutelante considera que las autoridades convocadas vulneraron sus derechos
fundamentales, por cuanto las sentencias atacadas incurrieron en los defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial. En cuanto al primero, sostiene que
se omitió aplicar la normativa constitucional y convencional que garantiza el acceso a la
justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente
en casos de desplazamiento forzado. Argumenta que el juicio de caducidad se efectuó
bajo una interpretación estricta del artículo 164 del CPACA, en detrimento de la línea
jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que ordena flexibilizar la
valoración probatoria cuando se debate la responsabilidad estatal por infracciones al
Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, aduce que se desatendió la subregla
fijada por la Corte Constitucional en la sentencia T-374 de 2023, según la cual el
desplazamiento forzado constituye, per se, un impedimento material que imposibilita a
las víctimas gestionar acciones judiciales de forma inmediata debido a las secuelas
físicas y mentales del desarraigo.
A su vez, el actor afirma que se desconocieron los criterios de favorabilidad y protección
a sujetos de especial protección constitucional desarrollados en las providencias SU-337
de 2017, SU-129 de 2021 y T-014 de 2025, así como la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en casos como Mapiripán, Ituango y la Operación
Génesis. Respecto al defecto fáctico, cuestiona que los jueces no otorgaron el carácter
de hecho notorio a la situación de conflicto armado en los Montes de María, a pesar de
estar documentada en informes oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica que
confirman el conocimiento de la Fuerza Pública sobre la violencia en la zona. Denuncia
además que las autoridades no ejercieron su facultad oficiosa para sanear vacíos
probatorios ni valoraron adecuadamente las certificaciones de la Unidad para las
Víctimas, pues trasladaron injustificadamente a los afectados la carga de demostrar la
imposibilidad material de actuar. Finalmente, destaca que en el proceso no se acreditó el
retorno de los demandantes a sus tierras ni la cesación del daño, por lo que la aplicación
de la caducidad desconoció que el desplazamiento es una conducta cuya afectación
persiste en el tiempo.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04777-01
Accionante: Wadith Antonio Baiz Villalba
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1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos las sentencias proferidas el 13 de junio y el 29
de agosto de 2024; y (iii) ordenar a las autoridades accionadas que continúen con el
proceso, abran el debate probatorio y dicten una sentencia de reemplazo que reconozca
la configuración de la responsabilidad estatal, la vigencia del daño por la falta de cesación
del estado de vulnerabilidad y la flexibilización del régimen probatorio aplicable a graves
violaciones de derechos humanos.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 27 de agosto de 2025 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela; negó la agencia oficiosa alegada por Wadith Antonio Baiz
Villalba para representar a los demás intervinientes del proceso de reparación directa; y
vinculó al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Armada
Nacional y a los demandantes del proceso No. 70001333300520180043800/01.
2.2.- El Ministerio de Defensa, la Armada y el Ejército Nacional precisaron que la
reparación directa fue promovida después de superado con exceso el término de 2 años
desde la ocurrencia del daño. Sostuvieron que el Tribunal Administrativo de Sucre actuó
conforme a derecho al aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del
Consejo de Estado, la cual constituye el precedente vinculante y desplazó cualquier
criterio previo que careciera de unidad argumentativa. Argumentaron que no se demostró
impedimento material para demandar oportunamente, dado que la parte actora mantenía
su residencia y actividades económicas, y advirtieron que la tutela pretende reabrir un
debate judicial concluido. Adicionalmente, alegaron que no se cumple el requisito de
inmediatez, pues la acción se interpuso el 31 de julio de 2025, después de pasados 6
meses contados desde la notificación de la sentencia de segunda instancia ocurrida en
octubre de 2024. Finalmente, defendieron la validez del precedente de unificación frente
a estándares internacionales y señalaron que la Corte Constitucional ha avalado dicho
criterio.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04777-01
Accionante: Wadith Antonio Baiz Villalba
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
2.3.- La Policía Nacional fundamentó la improcedencia del amparo en la configuración de
la caducidad desde el año 2000, conforme al artículo 164 del CPACA y a la jurisprudencia
de unificación, y resaltó la tardanza en la presentación de la conciliación y la demanda
en el año 2018. Afirmó que no se acreditó un perjuicio irremediable ni la amenaza
inminente necesaria para superar el carácter subsidiario de la tutela, toda vez que el
asunto fue resuelto a través de las vías judiciales idóneas.
2.4.- El Juzgado 10º Administrativo de Sincelejo informó que su decisión se basó en una
valoración normativa y jurisprudencial acertada, y destacó que incluso bajo los
parámetros de la SU-254 de 2013, el término para accionar ya se encontraba fenecido al
momento de elevarse la solicitud de conciliación en 2018. Indicó la falta de inmediatez de
esta petición y rechazó la existencia de cualquier defecto específico.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 31 de octubre de 2025,
negó el amparo. Para ello, señaló que la tutela cumple con los requisitos generales, toda
vez que el asunto involucra la presunta vulneración de derechos fundamentales de
sujetos de especial protección y se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial.
Respecto al requisito de inmediatez, observó que, aunque transcurrieron 9 meses desde
la notificación de la providencia cuestionada, es imperativo flexibilizar dicho análisis en
atención a la calidad de víctima de desplazamiento forzado del accionante, la complejidad
del proceso que agrupa a más de 160 familias y el hecho de que la tutela fue promovida
de forma directa sin asistencia técnica.
En el estudio de fondo, la colegiatura descartó la configuración de los defectos sustantivo,
fáctico y de desconocimiento del precedente, al constatar que el Tribunal Administrativo
de Sucre aplicó correctamente las reglas de unificación vigentes del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional. Enfatizó que, si bien el conflicto armado en los Montes de
María constituye un hecho notorio que genera barreras de acceso a la justicia, la parte
actora omitió explicar o justificar cómo dichos obstáculos materiales persistieron durante
casi dos décadas, desde el desplazamiento en 1998 hasta la interposición de la demanda
en 2018. Precisó que, aun bajo la óptica del principio pro victimae y la subregla de la SU-
254 de 2013, el término de caducidad se encontraba fenecido, pues la solicitud de
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conciliación se elevó 5 años después de la ejecutoria de dicho fallo constitucional.
Finalmente, concluyó que no se incurrió en los defectos fáctico o sustantivo, pues las
decisiones judiciales no negaron la condición de víctimas de los demandantes ni la
realidad de la violencia en la zona, sino que se fundamentaron en la presentación tardía
de la demanda sin una justificación mínima sobre la imposibilidad de accionar
previamente.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida el accionante presentó impugnación. Sostuvo que el
fallo incurrió en una interpretación inadecuada y parcial de la jurisprudencia aplicable a
víctimas de desplazamiento forzado. Argumentó que, si bien reconoció el contexto de
violencia y conflicto armado en los Montes de María como un hecho notorio, omitió aplicar
de forma efectiva los principios de flexibilidad probatoria y pro damnato en el análisis de
la caducidad. Específicamente, cuestionó que se les exija a las víctimas la carga de
probar barreras de acceso a la justicia que no estaban previstas de forma uniforme
cuando se radicó la demanda en diciembre de 2018, en detrimento de la sentencia T-044
de 2022 sobre la incidencia del momento de presentación del libelo en la exigibilidad de
nuevas cargas argumentativas.
Asimismo, Baiz Villalba reiteró la configuración de un defecto fáctico derivado de la falta
de decreto y práctica de pruebas de oficio para esclarecer los obstáculos materiales que
impidieron accionar previamente. El impugnante enfatiza que su condición de desplazado
no ha cesado, pues no se ha logrado retornar a su lugar de origen con garantías legales,
administrativas y de seguridad bajo los parámetros de la SU-254 de 2013 y de la Ley 387
de 1997; por tanto, al no existir un registro oficial de consolidación socioeconómica, el
término de caducidad no debería contabilizarse de forma rígida. Finalmente, señaló que
existen decisiones recientes del Consejo de Estado que han revocado fallos similares del
Tribunal Administrativo de Sucre.
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II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 31 de octubre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad10 y de procedencia11 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.
4.- El cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto
4.1.- La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto
de 2014 12 , especificó que la inmediatez es una condición que permite concretar la
urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si se interpuso en un periodo
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto
fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
12 Expediente 2012-02201.
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razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso”13.
Sin embargo, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido entre
la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta la solicitud de
amparo, cuando este sea mayor al de 6 meses, la jurisprudencia constitucional ha
insistido en que en cada caso concreto se evalúe este presupuesto, a fin de que no se
desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.
4.2.- Entonces, la Sala procederá a revisar si logra superarse el presupuesto general
analizado. Para ello tomará, como punto de partida, la fecha de ejecutoria de la
providencia proferida por el tribunal convocado, al ser la que puso fin a la discusión
suscitada dentro del trámite ordinario.
4.3.- Como hitos relevantes se advierte que la sentencia del 29 de agosto de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre fue notificada a las partes el 18 de
octubre siguiente mediante correo electrónico 14 , por lo que quedó en firme el 24 de
octubre de ese año.
4.4.- Bajo ese hilo argumental, como la presente tutela se formuló el 31 de julio del 2025,
es claro que en este caso no se encuentra satisfecho el requisito estudiado, ya que, según
se expuso, cuando se interpuso el depreco iusfundamental ya estaba ampliamente
superado el plazo de 6 meses que la jurisprudencia constitucional ha considerado
oportuno.
4.5.- Al respecto, se observa que el a quo constitucional flexibilizó el requisito de
inmediatez tras valorar la condición de víctima del accionante, la multiplicidad de
personas involucradas y la promoción directa del amparo. No obstante, esta Sala se
aparta de dicho criterio y coincide con los fundamentos del salvamento de voto del
consejero Wilson Ramos Girón, al considerar que tales razones resultan insuficientes. La
postura de la primera instancia pretende instaurar una subregla que suprime el deber de
observar el plazo razonable basándose exclusivamente en una calidad subjetiva, lo cual
13 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201.
14 Obrancorreos en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 10, con certificado E28FDE58117AD550
22B605287950EB77 B3C610C942F8C654 62BF8185046FA4BB del expediente 70001333300520180043801.
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desconoce la necesidad de acreditar una imposibilidad material que impida el ejercicio
de la tutela; máxime cuando las barreras de acceso a esta acción son significativamente
menores que las de la jurisdicción contenciosa, a la cual ya acudió.
En el caso concreto, el actor no justificó la inactividad comprendida entre la notificación
de la providencia en octubre de 2024 y la interposición del amparo a finales de julio de
2025. Adicionalmente, se advierte que Baiz Villalba tampoco demostró que hubiese
enfrentado y superado cargas logísticas complejas para accionar, pues no recaudó
poderes de los demás interesados ni se evidencia que hubiese coordinado o socializado
con ellos la interposición de este proceso, al punto que, aunque alegó actuar como agente
oficioso, esto fue rechazado desde el auto admisorio por ausencia de presupuestos
legales, sumado a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional le permite a un
demandante actuar a nombre propio y es deber del juez constitucional vincular a los
demás integrantes del extremo activo, como ocurrió.
Finalmente, se debe destacar que tampoco se evidencia una situación extraordinaria o
excepcional que amerite la intervención del fallador de tutela, en tanto, al revisar los
argumentos de las sentencias atacadas, se advierte que estas se basaron en la
jurisprudencia vigente y aplicable al caso y, prima facie, no es clara una vulneración a los
derechos fundamentales del convocante, como lo reconoció la misma Sección Cuarta de
esta corporación al negar el amparo.
5.- En consecuencia, se observa que la solicitud de amparo no satisface el requisito
general de inmediatez, por lo cual el depreco resulta improcedente. En ese orden, se
procederá a modificar la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Wadith Antonio Baiz Villalba
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III.- RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 31 de octubre de 2025 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedentes los cargos elevados
por la parte actora de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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