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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04782-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04782-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Distrito de Santa Marta, atendiendo a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Eduardo Octavio Cotes Lozano, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04782-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 04782 00
Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionados: Tribunal Administrativo del Magdalena y Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Santa Marta
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Eduardo Octavio Cotes Lozano,
en contra de las providencias el 7 de noviembre de 2023 y el 16 de octubre de 2024 por
el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo
del Magdalena, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 47001 33 33 008 2020 00043 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Eduardo Octavio Cotes Lozano, actuando por conducto de su apoderado,
interpuso acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para ello, formuló
las siguientes pretensiones1:

1. TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, acceso
a la administración de justicia y trato digno de Eduardo Octavio Cotes Lozano.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 07 de noviembre de 2023 por
el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta y la sentencia del
16 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicación No.
47-001 3333-008-2020-00043-01.

3. ORDENAR al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta que
profiera una nueva sentencia en la que se valore adecuadamente la interrupción
de la prescripción por los actos de reconocimiento de la deuda por parte del Distrito
de Santa Marta, y se resuelva de fondo sobre las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho del accionante, teniendo en cuenta su situación de
especial protección constitucional.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04782 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 04782 00
Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

4. ADOPTAR todas las medidas necesarias que garanticen el acceso efectivo a
la justicia y la protección de los derechos fundamentales para personas en
condición de vulnerabilidad como el señor Eduardo Octavio Cotes Lozano. […]
(Negrilla y mayúscula del texto original de tutela.)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que laboró como vigilante, vinculado al Distrito de Santa Marta,
desde el 6 de junio de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2013.

Manifestó que, durante dicho período, trabajó en condiciones que excedían la jornada
laboral ordinaria, incluyendo horas extras en días festivos y dominicales, sin recibir el
pago correspondiente por ello.

Relató que, en varias ocasiones, solicitó formalmente a la Secretaría de Educación
Distrital de Santa Marta el reconocimiento y pago de los valores que consideraban se le
adeudaban, sin obtener una respuesta de fondo por parte de la entidad territorial.

Indicó que, en el año 2020 presentó una nueva petición solicitando el pago de las sumas
adeudadas desde el año 2007 y que, “en respuesta, mediante comunicación del 28 de
febrero de 2020, la Secretaría de Educación Distrital reconoció que existía una obligación
pendiente por parte del ente territorial, pero alegó limitaciones presupuestales para
efectuar el pago inmediato”2.

Expuso que3:

[…] la entidad elaboró un proyecto de resolución para realizar el pago de las
sumas reconocidas, incluyendo la liquidación de $5.952.866 por horas extras
adeudadas a Eduardo Cotes, la cual fue remitida el 22 de noviembre de 2011 a la
Secretaría de Hacienda Distrital solicitando su inclusión en el pasivo de Ley 550.
Adicionalmente, el 25 de abril de 2017, el Líder de Talento Humano del Distrito
remitió un proyecto de resolución específico para el pago de horas extras a favor
de mi poderdante y otros funcionarios. A pesar de estas actuaciones de
reconocimiento y las insistentes solicitudes del accionante, dicho proyecto nunca
se materializó en el pago […]

Señaló que, el 9 de agosto de 2017, la entidad territorial negó el pago de los emolumentos
adeudados alegando que había operado la prescripción lo que, bajo su consideración
“[desconoce] los actos previos de la propia administración que reactivaban o interrumpían
el término prescriptivo”4.

Anotó que, en virtud de la persistente falta de pago y el desconocimiento de sus derechos,
en el año 2022 solicitó audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General
de la Nación la cual fue declarada fallida por la falta de voluntad del ente territorial para
conciliar.

Por lo anterior, continuó relatando que lo que presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Distrito de Santa Marta, con el fin que se

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04782 00.
3 Ibidem.
4 Ibidem.

2

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Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio del 9 de agosto de 2017,
por el cual se le negó el reconocimiento y pago de horas extras laboradas y no
canceladas.

La demanda le correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa
Marta que, mediante sentencia del 7 de noviembre de 2023 declaró probada la excepción
de caducidad de la acción del medio de control.

Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Magdalena en sentencia del 16 de octubre de 2024 la confirmó.

Expuso que5:

[…] dicha decisión judicial desconoció de manera grave y arbitraria múltiples actos
de interrupción de la prescripción válidos, como la respuesta escrita de la entidad
reconociendo la deuda, el proyecto de resolución que indicaba el reconocimiento
de la obligación, y la audiencia de conciliación prejudicial. En consecuencia, se
vulneraron de forma directa los derechos fundamentales de mi poderdante, al
haber sido privado de su acceso a la administración de justicia y al haberse
quebrantado los principios de buena fe y confianza legítima que deben regir las
actuaciones estatales.

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostuvo que
su solicitud de amparo cumple con los requisitos generales. Sobre la relevancia
constitucional indicó que6:

La presente acción reviste indudable relevancia constitucional, pues se invoca la
protección de derechos fundamentales como el mínimo vital, el debido proceso y
el acceso efectivo a la justicia de un sujeto de especial protección constitucional:
una persona adulta mayor, en situación de discapacidad física y de
desplazamiento forzado. La decisión judicial censurada niega el pago de
acreencias laborales reconocidas por la propia administración, lo cual afecta
directamente la subsistencia digna del accionante.

En cuanto al requisito de inmediatez manifestó que la acción de tutela se presenta en un
término razonable y oportuno tras conocerse la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, con fecha 16 de octubre de 2024.

Advirtió que las sentencias cuestionadas incurren en el defecto sustantivo “al no valorar
el efecto interruptivo [sic] de los actos administrativos de reconocimiento de la deuda por
parte del Distrito de Santa Marta”.

Anotó que7:

El envío de la liquidación de la deuda a la Secretaría de Hacienda en 2011 y el
proyecto de resolución de 2017 para el pago de las horas extras constituyen actos
expresos y unívocos de reconocimiento de la obligación por parte del Distrito de
Santa Marta. Estos actos tienen la virtualidad de interrumpir el término de
prescripción de conformidad con el artículo 151 del C.P.T.S.S. y la jurisprudencia
de las altas cortes. Al negar este efecto interruptivo [sic], la sentencia accionada
desconoció de manera flagrante normas sustantivas aplicables al caso y se apartó

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.

3

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Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

del precedente judicial establecido por el Consejo de Estado y la Corte Suprema
de Justicia. Esta omisión no es una simple diferencia de interpretación, sino una
aplicación errónea y caprichosa de la ley que conduce a la vulneración de
derechos fundamentales.

Añadió que8:

[…] la decisión omite considerar la condición de especial vulnerabilidad del
accionante, quien es una persona en situación de desplazamiento forzado, con
discapacidad física y de la tercera edad. La jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que, en casos que involucran a sujetos de especial protección,
los jueces deben realizar un análisis flexible y material de los requisitos de
procedibilidad y de las instituciones procesales como la caducidad y la
prescripción, a fin de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y
la protección de los derechos fundamentales. Negarle el derecho a una justa
reparación, fundada en una interpretación rígida y formalista de la prescripción, a
pesar de existir pruebas claras del reconocimiento de la deuda por parte del
empleador, vulnera gravemente sus derechos fundamentales al mínimo vital y a
la dignidad humana […].

Concluyó que9:

La declaratoria de caducidad, en este caso, se convierte en una barrera
insuperable para el acceso a la justicia de una persona vulnerable, ignorando que
la administración, con sus propios actos, generó confianza legítima en el
accionante respecto al reconocimiento y futuro pago de sus acreencias laborales.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 31 de julio de 202510 a través del aplicativo de recepción de
tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a esta
Sección.

3.2. Por auto del 8 de agosto de 202511, el despacho de conocimiento requirió al
profesional del derecho Edgardo de la Cruz Almanza para que, en un término de 3 días,
allegara el poder conferido por el señor Eduardo Octavio Cotes Lozano. El precitado auto
fue notificado el 19 de agosto de 202512.

3.3. Por auto del 5 de septiembre de 202513, al considerar que la parte actora no subsanó
lo solicitado frente a la presentación del poder otorgado al abogado Edgardo de la Cruz
Almanza para adelantar la acción de tutela, el despacho de conocimiento la rechazó.

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
11 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
12 Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
13 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
4

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 04782 00
Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

3.4. Mediante escrito radicado el 10 de septiembre de 202514, el profesional del derecho
Edgardo de la Cruz Almanza impugnó el auto del 5 de septiembre de 2025 al considerar
que “se presentó un error en la revisión del expediente por parte del Despacho, lo que
llevó a la errada conclusión de que no se subsanó la falta de poder”.

Lo anterior, al asegurar lo siguiente:

[…] 2. Para subsanar el requerimiento judicial, el poder de representación y el
memorial justificando su envío por medios electrónicos, fueron remitidos por
correo electrónico el jueves 21 de agosto de 2025, a las 3:05 p.m., con el asunto
"RADICACION DE PODER DEL SEÑOR EDUARDO COTES".

3. El envío se realizó a la dirección de correo electrónico del sistema de
notificaciones de la Rama Judicial (samai@notificacionesrj.gov.co), pero fue
rechazado por el sistema. Posteriormente, el mismo correo fue reenviado a la
dirección jcadenac@consejodeestado.gov.co el mismo día, a las 4:41 p.m., como
consta en el pantallazo de envío que se adjunta. con la cual se garantiza la debida
radicación y el conocimiento del Despacho sobre el memorial y sus anexos […].

3.5. Por auto del 24 de septiembre de 202515, el despacho de conocimiento concedió la
impugnación.

3.6. Por auto del 19 de noviembre de 202516, el despacho ponente de la Subsección A,
Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió revocar el auto del 5 de septiembre de
2025 que rechazó la presente acción de tutela y, en su lugar, dispuso que se devolviera
el expediente a este despacho “a fin de que tramite la solicitud de amparo presentada por
el abogado Edgardo de la Cruz Almanza”.

3.7. El 1 de diciembre de 2025, el proceso ingresó nuevamente al despacho para
pronunciarse sobre la admisión de la acción de tutela.

3.8. De conformidad con lo dispuesto en el auto del 19 de noviembre de 2025 proferido
por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto del 2 de diciembre
de 2025 esta Sección admitió17 la tutela, dispuso notificar18 al Tribunal Administrativo del
Magdalena y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta como
autoridades accionadas, y así como vincular19 al Distrito de Santa Marta en calidad de
tercero con interés directo en el resultado del proceso constitucional.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Santa Marta para que allegara copia digital del expediente
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
radicado nro. 47001 33 33 008 2020 00043 00/01, el cual fue remitido20.

14 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
15 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
16 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 01.
17 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
18 Esta orden se cumplió el 5 de diciembre de 2025. Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04782 00.
19 Ibidem.
20 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
5

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 04782 00
Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

3.9. La Alcaldía de Santa Marta, a través de su apoderado judicial, allegó escrito21 donde
indicó que no le constan los hechos narrados por la parte actora, y la competencia para
dar respuesta a la presunta vulneración de los derechos fundamentales es el Tribunal
Administrativo del Magdalena y al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Santa Marta.

Resaltó que22:

De lo anterior, se indica que en el sub-lite nos encontramos de frente al fenómeno
jurídico de Falta de Legitimación Material en la Causa por Pasiva respecto del
Alcalde del D.T.C.H. de Santa Marta, toda vez que resulta imposible que, por
medio del recurso de amparo Constitucional, se ordene a mi prohijada, la
realización de una actuación orientada a atender ciertas circunstancias que no son
del resorte funcional de la entidad territorial.

Concluyó su intervención solicitando que sea declarada improcedente la acción de
amparo por falta de legitimación por pasiva del Distrito de Santa Marta, y adicionalmente,
se debe desvincular de la acción de amparo.

3.10. La magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena rindió informe23 en la
acción de amparo, donde señaló que la demanda presentada por el actor se presentó el
fenómeno de la caducidad y la prescripción de las prestaciones pretendidas, por ello,
indicó que no se han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora.

Apuntó que24:

[…] por lo cual se estima que la presente solicitud de amparo obedece más bien
a la inconformidad de la parte actora con las decisiones proferidas por los jueces
naturales del proceso, sin que sea posible convertir al trámite tutelar en una tercera
instancia. […]

Finalizó su informe señalando que no se ha vulnerado las garantías fundamentales del
actor y por ello, se debe denegar la solicitud de la acción de tutela.

3.11. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, allegó escrito 25,
donde indicó que emitió sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nro. 47001 33 33 008 2020 00043 00/01, y
que, mediante auto del 10 de diciembre de 2025, se ordenó cumplir y obedecer lo
señalado por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

21 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
22 Ibidem.
23 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
24 Ibidem.
25 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
6

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 04782 00
Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 26 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,27 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202128, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201929, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente30:

4.2.1. El señor Eduardo Octavio Cotes Lozano, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito de Santa
Marta, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo, de fecha 9 de agosto
de 2017, expedido por el Secretario de Educación Distrital de Santa Marta, por medio del
cual negó el reconocimiento de los emolumentos solicitados.

A título de reconocimiento del derecho solicitó que31:

[…]Condenar a la Alcaldía Mayor del Distrito de Santa Marta, a título de
restablecimiento del derecho a pagar a mi mandante la suma de CINCO
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS ($5.952.866), por concepto de horas extras laboradas
y no canceladas, horas extras festivos y dominicales, compensatorios y liquidación
de las mismas más intereses por mora las cuales fueron laboradas desde el 6 de
junio de 2002 hasta el 20 de noviembre de 2003.

Condenar a la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, al pago de la sanción moratoria
que contempla el artículo 2 de la ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de los
emolumentos relacionados en el punto anterior.

Ordenar la indexación de la sentencia que ordene el pago de los valores
adeudados por los conceptos contenidos en el numeral primero de conformidad
con las pautas fijadas por la Honorable Corte Constitucional, según criterios
expuestos en la sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996, modificada
favorablemente para los trabajadores según criterios expuestos en la sentencia
C-188 de 1999 y en armonía con el Art. 111 de la ley 510 de 1999.[…]

26 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
27 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
28 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
29 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
30 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado nro. 47001 33 33 008 2020 00043 00/01. Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04782 00 y Visto en el índice 7 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001 33 33 008 2020 00043 00.
31 Ibidem.

7

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Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

4.2.2. Mediante auto del 27 de octubre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Santa Marta admitió la demanda y, posteriormente, el 7 de noviembre de
2023, profirió sentencia mediante la cual resolvió32:

[…] Primero. – Declarar probada la excepción de caducidad de la acción
contencioso administrativa para el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme las consideraciones expuestas.

Segundo. - Sin condena en costas. […] (Negrilla del texto original de la
providencia.)

4.2.3. En desacuerdo con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 16
de octubre de 2024, comunicada a las partes el 15 de enero de 2025 33 y notificada por
correo electrónico el 17 de enero de 2025, conforme al artículo 205 del CPACA, en la que
decidió34:

[…]PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 07 de noviembre de 2023, mediante
el cual el juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta declaró
probada la excepción de caducidad de la acción contencioso administrativa para
el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por las
razones expuesta [sic] en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin costas en la segunda instancia.

TERCERO: En firme esta decisión, envíese juzgado de origen […] (Negrilla y
mayúscula del texto original de la providencia.)

4.3. CUESTIÓN PREVIA

Frente a la solicitud de desvinculación del Distrito de Santa Marta, la Sala advierte que
la misma no está llamada a prosperar, por cuanto dicha entidad fue vinculada al trámite
de tutela al ostentar interés en el resultado del proceso, toda vez que la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de debate en esta acción, fue promovida
en su contra.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:

32 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

33 33 008 2020 00043 00.
33 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

33 33 008 2020 00043 00.
34 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

33 33 008 2020 00043 01.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 04782 00
Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.

En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela radica en que dicho requisito35:

[…] (i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales
presuntamente amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada
a atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv)
desestima las solicitudes negligentes […].

La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos36:

[…] (i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir
a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros […].

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición37.

De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó, haciendo referencia al presupuesto de la inmediatez que38:

[…] que la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia39 y, en cuanto al requisito de inmediatez,

35 Corte Constitucional. Sentencia SU- 354, del 25 de mayo de 2017. M.P.: Iván Humberto Escrucería

Mayolo.
36 Sentencia T-584 del 27 de julio de 2011 M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
37 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
38 Sentencia SU- 069 del 21 de julio de 2018 M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
9

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 04782 00
Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la
providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad,
plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en consideración las
circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.

En el presente asunto se controvierten las sentencias del 7 de noviembre de 2023 y
sentencia del 16 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado nro. 47001
33 33 008 2020 00043 00/01.

Dicha providencia confirmó la decisión del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Santa Marta que declaró la caducidad del medio de control, por haber sido presentada la
demanda de manera extemporánea, superando los límites señalados por el canon 138
del CPACA. En ese marco, el objeto del debate se centra en establecer si la jurisdicción
contencioso-administrativa valoró adecuadamente los supuestos fácticos y normativos
relativos a los emolumentos adeudados por parte del Distrito de Santa Marta a favor del
accionante.

En el caso sub examine, la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena fue comunicada por correo electrónico el 15 de enero de
202540 y efectuada la notificación el 17 de enero de 2025, conforme al canon 205 del
CPACA. La acción de tutela fue radicada el 31 de julio de 202541; por tanto, no se
satisface el requisito de inmediatez, al haber transcurrido más de 6 meses desde la
notificación de la decisión cuestionada.

La carga de interponer el amparo en un término razonable —especialmente tratándose
de un mecanismo subsidiario y excepcional como es la acción de tutela contra
providencia judicial— no se flexibiliza por razones de conveniencia subjetiva del
interesado. Por lo tanto, al presentarse la demanda constitucional fuera de un lapso
razonable y sin justificación objetiva que explique la inactividad, la solicitud de amparo
deviene improcedente por falta de inmediatez.

En ese orden, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente, principalmente,
por el incumplimiento del requisito de inmediatez, en tanto fue promovida transcurrido un
lapso superior a 6 meses desde la notificación de la providencia cuestionada.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
inmediatez.

40 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

33 33 008 2020 00043 00.
41 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04782 00.
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Accionante: Eduardo Octavio Cotes Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Distrito de Santa
Marta, atendiendo a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Eduardo Octavio Cotes Lozano, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 29 de
enero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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