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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04795-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04795-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto y el Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04795-00 Demandante: Luis Ángel Vargas Salamanca Segundo.- Amparar el derecho fundamental de petición del señor Luis Ángel Vargas Salamanca. En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto que, por intermedio de la dependencia encargada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, se pronuncie sobre la solicitud remitida por el actor al correo electrónico cobcoapas@cendoj.ramajudicial.gov.co el 14 de mayo de 2025. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04795-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04795-00
Accionante: LUIS ÁNGEL VARGAS SALAMANCA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIVISIÓN DE
COBRO COACTIVO

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición. Solicitud de levantamiento de medida cautelar de embargo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Luis Ángel Vargas Salamanca, quien actúa en nombre
propio contra el Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro Coactivo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1 de agosto de 20251, la parte accionante instauró acción de tutela por considerar
vulnerado su derecho fundamental de petición.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“En virtud de las razones de hecho y de derecho plasmadas en la presente acción,
me permito respetuosamente solicitar a su honorable despacho, las siguientes
pretensiones:

En calidad de adjudicatario dentro proceso ejecutivo No
11001400301220090004000, en el cual se remató el vehículo de placas BZM322 y
con el fin de realizar la legalización del bien mueble ya identificado me permito
solicitar se oficie al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección de cobro coactivo,
para que dé respuesta a la solicitud radicada vía correo electrónico el día 14 de mayo
de 2025 , en el cual se solicitó levantar la medida de embargo ordenada por el C.S.J
del vehículo de placas BZN322, dentro del proceso cobro coactivo Radicado en SDM
el 13/11/2013 Nro. de expediente 2013-0904, contra Luis Guillermo Flores Zambrano
C.C. 79.838.110, teniendo en cuenta que ya se expidió por esta entidad la resolución
de prescripción del cobro coactivo, y oficiar a la Secretaria de Movilidad de Bogotá
para que proceda a la DESANOTACION DEL EMBARGO, del sistema de
información de dicha, con el fin de realizar el traspaso del vehículo ya identificado a
favor del adjudicatario”.

2. Hechos

El accionante indicó que el Banco Pichincha S.A. inició un proceso ejecutivo contra
el señor Luis Guillermo Flórez Zambrano por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de un crédito, el cual tenía como garantía prendaria el vehículo de placas
BZM322. Agregó que dicho proceso fue adelantado por el Juzgado Doce Civil
Municipal de Bogotá bajo el radicado n.º 11001-40-03-012-2009-00040-00 y que
culminó en un juzgado de ejecución de sentencias.

1
Acta de reparto.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04795-00
Demandante: Luis Ángel Vargas Salamanca

Mencionó que el Banco Pichincha S.A. pidió la cesión de los derechos litigiosos, la
cual fue aprobada mediante auto de 26 de agosto de 2022 y corregida por auto de
8 de febrero de 2023, en el que fue reconocido como cesionario.

Sostuvo que el 4 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la diligencia de remate del
vehículo BZM322, la cual fue aprobada el 22 de enero de 2025, ordenando el
levantamiento de las medidas cautelares.

Señaló que al verificar el certificado de tradición del vehículo BZM322 se
encontraron inscritas dos medidas cautelares vigentes, así: (i) embargo radicado en
la Secretaría de Movilidad el 20 de marzo de 2009, correspondiente al expediente
11001-40-03-012-2009-00040-00, dentro del proceso ejecutivo promovido por el
Banco Pichincha S.A.; y (ii) embargo radicado mediante oficio DESAJ13-JR-5824
del 13 de noviembre de 2013 ante la Secretaría de Movilidad, correspondiente al
proceso de cobro coactivo iniciado por el Consejo Superior de la Judicatura contra
el señor Luis Guillermo Flórez Zambrano.

Manifestó que con fundamento en lo anterior, el 14 de mayo de 2025 elevó una
solicitud al Consejo Superior de la Judicatura, enviada al correo electrónico
cobcoapas@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que pidió el levantamiento de las
medidas cautelares de embargo del vehículo BZM322, sin que a la fecha de
presentación de la acción de tutela exista respuesta a lo solicitado.

Finalmente, relató que no ha sido posible legalizar el vehículo debido a las medidas
cautelares de embargo que aún se encuentran registradas.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante mencionó el artículo 23 de la Constitución Política, así como los
artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, y expuso que la acción de tutela se
promueve con el fin de obtener una respuesta a la solicitud presentada, en la que
se pidió el levantamiento de la medida cautelar de embargo que recae sobre el
vehículo BZM322, derivada del proceso de cobro coactivo promovido por el Consejo
Superior de la Judicatura contra el señor Luis Guillermo Flórez Zambrano. Esto,
debido a que las medidas cautelares de embargo siguen registradas en el sistema
de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, lo que ha imposibilitado la legalización del
vehículo.

4. Trámite procesal

Por auto de 8 de agosto de 2025, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad administrativa accionada -Consejo Superior de la Judicatura –
División de Cobro Coactivo-, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
113677 a 113679 de 12 de agosto de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión2.

Por auto de 9 de septiembre de 2025, encontrándose el expediente para proferir
fallo de primera instancia se ordenó vincular al trámite de tutela, en calidad de
terceros con interés, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Pasto y al Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

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Índice 7 de Samai.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04795-00
Demandante: Luis Ángel Vargas Salamanca

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
130983 a 130985, 131057 y 131058 de 11 de septiembre de 2025, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión3.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura

La magistrada auxiliar de la oficina del despacho de la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura rindió informe en el que solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, luego de exponer que la solicitud objeto de
amparo no fue remitida al correo electrónico de su representada.

Indicó que la encargada de la División de Cobro Coactivo está adscrita a la Unidad
de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o a la
Dirección Seccional de Administración Judicial. Asimismo, señaló que de
conformidad con las pruebas aportadas, la solicitud fue radicada el 14 de mayo del
presente año al correo electrónico cobcoapas@cendoj.ramajudicial.gov.co,
correspondiente al dominio de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Pasto.

5.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Pasto

La apoderada judicial sostuvo que revisada la base de datos contenida en el sistema
de gestión para cobro coactivo no se evidenciaron procesos activos ni terminados
en contra del accionante; sin embargo, se encontraron cinco procesos de cobro
coactivo que han cursado en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(DEAJ) y en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Señaló que no tiene injerencia alguna en el decreto de la medida cautelar que recae
sobre el vehículo automotor y, en consecuencia, solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela y se proceda con su desvinculación del trámite.

5.3. Respuesta del Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias
de Bogotá

El titular del despacho judicial se pronunció sobre el asunto y expuso que conoció
del proceso ejecutivo mixto con radicado n.° 11001-40-03-012-2009-00040-00,
promovido por Inversora Pichincha contra el señor Luis Guillermo Flórez Zambrano,
en el cual figura como cesionario el accionante.

Indicó que el proceso no tiene actuaciones pendientes por resolver y que, en lo
relacionado con la solicitud presentada en ejercicio del derecho fundamental de
petición, no se tiene información al respecto, por lo que se abstiene de emitir algún
pronunciamiento. En consecuencia, solicitó que se niegue el amparo solicitado y se
proceda con su desvinculación del trámite.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la

3
Índices 14 y 15 de Samai.
3

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04795-00
Demandante: Luis Ángel Vargas Salamanca

Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

En el escrito de contestación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto y el Juzgado Doce Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá afirmaron que carecían de
legitimación en la causa por pasiva y solicitaron la desvinculación del trámite
constitucional.

Al respecto, la Sala advierte que negará las solicitudes presentadas, debido a que
se constató que la solicitud sobre el levantamiento de la medida cautelar de
embargo obedece al proceso de cobro coactivo iniciado por el Consejo Superior de
la Judicatura contra el señor Luis Guillermo Flórez Zambrano. Asimismo, se advierte
que el correo electrónico al cual se envió la solicitud corresponde a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, mientras que el Juzgado
Doce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá fue la autoridad judicial
que culminó el proceso ejecutivo en el que intervino el accionante en calidad de
cesionario.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura vulneró
el derecho fundamental de petición del accionante con la falta de respuesta a la
solicitud de 14 de mayo de 2025 en la que pidió el levantamiento de las medidas
cautelares de embargo del vehículo de placas BZM322.

4. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional ha
precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y
efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) la respuesta debe ser pronta y oportuna, es decir, la respuesta debe
producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible, así
como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad
competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera
completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de
los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la
satisfacción de este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta
clara, precisa y de fondo o material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor
que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite
de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que,
4

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Demandante: Luis Ángel Vargas Salamanca

en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la
respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para
llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato
explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia
de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte,
el derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de
fondo a lo solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al
particular sobre la respuesta adoptada por la entidad”4. (destacado fuera de
texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del mismo,
en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes del
vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora así
como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de
los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva, en
caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley
1437 de 20115.

4
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
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Demandante: Luis Ángel Vargas Salamanca

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Luis Ángel Vargas Salamanca, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro
Coactivo, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, en razón a
la falta de respuesta de la solicitud presentada el 14 de mayo de 2025, en la que
pidió el levantamiento de la medida cautelar de embargo del vehículo de placas
BZM322.

De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente de tutela, la Sala
evidencia lo siguiente:

El Banco Pichincha S.A. inició un proceso ejecutivo contra el señor Luis Guillermo
Flórez Zambrano por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un crédito,
el cual tenía como garantía prendaria el vehículo de placas BZM322.

El anterior proceso se identificó con el radicado n.º 11001-40-03-012-2009-00040-
00 y fue asignado al Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias
Bogotá. En el curso del trámite judicial se reconoció al accionante como cesionario
del Banco Pichincha.

Según el certificado de libertad y tradición n.º CT152740 de 25 de noviembre de
2024, el vehículo de placas BZM322 tiene inscritas dos medidas cautelares
vigentes, así: (i) embargo radicado en la Secretaría de Movilidad el 20 de marzo de
2009, correspondiente al expediente 11001-40-03-012-2009-00040-00, dentro del
proceso ejecutivo promovido por el Banco Pichincha S.A.; y (ii) embargo radicado
mediante oficio DESAJ13-JR-5824 del 13 de noviembre de 2013 ante la Secretaría
de Movilidad, correspondiente al proceso de cobro coactivo iniciado por el Consejo
Superior de la Judicatura contra el señor Luis Guillermo Flórez Zambrano.

El 4 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la diligencia de remate del vehículo
BZM322, en la que se adjudicó el bien mueble al actor, por auto de 22 de enero de
2025 se aprobó el remate y se ordenó levantar la medida de embargo y secuestro
que afecta el vehículo. En consecuencia, se dispuso lo siguiente:

“SEGUNDO: Cancelar la medida de embargo y secuestro que afecta el vehículo
y demás gravámenes que recaigan sobre aquel. Comuníquese a quien
corresponda. Ofíciese.

TERCERO: Levantar la inscripción de la prenda y/o de la garantía mobiliaria, que
recae sobre el vehículo de placas BZM 322. Ofíciese a Confecámaras, al Runt,
Circulemos Digital Concesionario de la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá y al Banco Pichincha para que procedan de conformidad según
corresponda.

CUARTO: Expedir a costa del rematante, copia auténtica del acta de remate y
de este auto, las cuales deberán ser inscritas en la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá y/o Circulemos Digital Concesionario de la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá.

QUINTO: Por la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de
Ejecución de Sentencias de Bogotá líbrese oficio con destino al secuestre para
que haga entrega del bien adjudicado al demandante cesionario Luis Ángel
Vargas Salamanca en el término de tres (3) días siguientes al recibo de la
comunicación respectiva. Igualmente, para que en el término de diez (10) días

competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a
la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04795-00
Demandante: Luis Ángel Vargas Salamanca

contados desde la misma fecha rinda cuentas comprobadas de su
administración”.

El accionante manifestó que, con fundamento en lo anterior, el 14 de mayo de 2025
elevó una solicitud en ejercicio del derecho fundamental de petición dirigida al
Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro Coactivo, enviada al correo
electrónico cobcoapas@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que pidió lo siguiente:

“1. Levantar la medida de embargo ordenada por el C.S.J del vehículo de placas
BZN322, dentro del proceso cobro coactivo Radicado en SDM el 13/11/2013 Nro.
de expediente 2013-0904, contra Luis Guillermo Flores Zambrano C.C.
79.838.110.

2. Oficiar a la Secretaria de Movilidad de Bogotá, sobre el levantamiento del
embargo, ya referenciado, de forma que se pueda legalizar el vehículo BZN322
al suscrito en calidad de adjudicatario dentro del remate efectuado por el juzgado
12 Civil Municipal de Ejecución de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo No
11001400301220090004000”.

Con el informe rendido en este trámite constitucional, el Consejo Superior de la
Judicatura indicó que la dirección electrónica a la cual se remitió la solicitud
presentada en ejercicio del derecho fundamental de petición corresponde a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, por lo que
desconoce los términos en que fue presentada.

Verificado el directorio institucional de la Rama Judicial, la Sala observa que la
afirmación sostenida por el Consejo Superior de la Judicatura sobre el dominio de
la dirección electrónica es acertada, en la medida en que dicha cuenta pertenece a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, quien en el
informe rendido a este trámite constitucional no hizo mención del trámite dado a la
solicitud presentada por el actor el 14 de mayo de 2025.

Así las cosas, al estar probado que la solicitud de 14 de mayo de 2025 fue recibida
en el buzón electrónico cobcoapas@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin que se haya
demostrado por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Pasto que se otorgó respuesta o se tramitó dicha solicitud, se encuentra que se
vulneró el derecho fundamental de petición del accionante.

En esa medida, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del señor Luis
Ángel Vargas Salamanca y, en consecuencia, ordenará a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto que, por intermedio de la
dependencia encargada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, se pronuncie sobre la solicitud remitida por el actor
al correo electrónico cobcoapas@cendoj.ramajudicial.gov.co el 14 de mayo de
2025.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto y el Juzgado Doce
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04795-00
Demandante: Luis Ángel Vargas Salamanca

Segundo.- Amparar el derecho fundamental de petición del señor Luis Ángel
Vargas Salamanca. En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pasto que, por intermedio de la dependencia encargada,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, se pronuncie sobre la solicitud remitida por el actor al correo electrónico
cobcoapas@cendoj.ramajudicial.gov.co el 14 de mayo de 2025.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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