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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04795-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04795-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04795-01 PRIMERO: MODIFICAR el fallo de 16 de octubre de 2025 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el cual quedará así: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor, el cual fue vulnerado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá dar respuesta a la petición del actor, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04795-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Luis Ángel Vargas Salamanca.
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro
Coactivo.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04795-01.
Asunto: Acción de tutela contra autoridad. Se modifica el fallo impugnado.
Se ampara el derecho de petición frente a la entidad vinculada

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Pasto contra el fallo de 16 de octubre de 2025
proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El 14 de mayo de 2025, la parte accionante presentó petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura solicitando el “[…] LEVANTAMIENTO
DE MEDIDAS CAUTELARES EMBARGO VEHICULO BZM322
PROCESO COBRO COACTIVO CONTRA LUIS GUILLERMO FLORES
ZAMBARNO C.C. 79.838.110.; teniendo en cuenta que si bien el CSJ
expidió la resolución de prescripción del cobro coactivo inscrito con
Radicado en SDM el 13/11/2013 Nro. de expediente 2013-0904 (según
la consulta efectuada, en el sistema de la Rama judicial); la medida
cautelar de cobro coactivo ordenada por el CSJ continúa inscrita […]”.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04795-01

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró su derecho
fundamental de petición “[…] al no dar respuesta a la solicitud realizada frente
al levamiento del embargo, y DESANOTACIÓN DEL EMBARGO, del sistema
de información de la Secretaria de Movilidad y oficiar a la Secretaria de
Movilidad de Bogotá, sobre el levantamiento, con el fin de realizar el traspaso
del vehículo ya identificado a favor del adjudicatario […]”. [Negrillas originales
del texto]

3. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

“[…] En calidad de adjudicatario dentro proceso ejecutivo No
11001400301220090004000, en el cual se remató el vehículo de placas
BZM322 y con el fin de realizar la legalización del bien mueble ya
identificado me permito solicitar se oficie al Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección de cobro coactivo, para que dé respuesta a la
solicitud radicada vía correo electrónico el día 14 de mayo de 2025 , en
el cual se solicitó levantar la medida de embargo ordenada por el
C.S.J del vehículo de placas BZN322, dentro del proceso cobro
coactivo Radicado en SDM el 13/11/2013 Nro. de expediente 2013-
0904, contra Luis Guillermo Flores Zambrano C.C. 79.838.110,
teniendo en cuenta que ya se expidió por esta entidad la resolución
de prescripción del cobro coactivo, y oficiar a la Secretaria de
Movilidad de Bogotá para que proceda a la DESANOTACION DEL
EMBARGO, del sistema de información de dicha, con el fin de
realizar el traspaso del vehículo ya identificado a favor del
adjudicatario […]”. [Negrillas del texto original]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 8 de agosto de 2025, se admitió la presente acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro
Coactivo.

2. Por auto de 9 de septiembre de 2025, se vinculó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto y al Juzgado Doce Civil

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Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, en calidad de terceros con
interés en el resultado del proceso.

3. El 16 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia amparando el derecho fundamental de petición
del actor.

4. Por auto de 2 de diciembre de 2025, se concedió la impugnación presentada
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto contra
el fallo de primera instancia.

5. Mediante auto de 19 de enero de 2026, el despacho sustanciador de esta
Sección requirió al Consejo Superior de la Judicatura - División de Cobro
Coactivo para que informara el trámite impartido a la petición que le fue
remitida por competencia por la entidad impugnante el 14 de mayo de 2025.

6. A través de auto de 3 de febrero de 2026, se vinculó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y se requirió para que
informara el trámite impartido a la petición que le fue remitida por competencia
por la División de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura el 15
de mayo de 2025.

III. INTERVENCIONES

1. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva.

Asimismo, afirmó que la División de Cobro Coactivo está adscrita a la Unidad
de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o a la
Dirección Seccional de Administración Judicial. Igualmente, señaló que la
solicitud del actor fue radicada el 14 de mayo de 2025 al correo electrónico
correspondiente al dominio de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pasto.

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2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto afirmó
que revisada la base de datos contenida en el sistema de gestión para cobro
coactivo de esa seccional no se evidenciaron procesos activos ni terminados
en contra del señor Luis Guillermo Flores Zambrano; sin embargo, se
encontraron cinco procesos de cobro coactivo que han cursado en la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y en la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Por lo anterior, señaló que no tiene injerencia alguna en el decreto de la
medida cautelar que recae sobre el vehículo automotor objeto de la presente
acción de tutela. Finalmente, solicitó negar el amparo deprecado por el actor
toda vez que no hay prueba de la vulneración o afectación al derecho
fundamental de petición y pidió su desvinculación.

3. El Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá
aseguró que no tiene actuaciones pendientes por resolver y que respecto del
derecho de petición presentado por el accionante no tiene información alguna,
razón por la cual solicitó se niegue el amparo invocado y se desvincule.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 16 de
octubre de 2025, amparó el derecho fundamental de petición del señor Luis
Ángel Vargas Salamanca. Igualmente, negó la desvinculación solicitada por el
Consejo Superior de la Judicatura, por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pasto y por el Juzgado Doce Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Bogotá.

El a quo señaló que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Pasto pese a que recibió la solicitud de 14 de mayo de 2025 elevada por el
actor no demostró que haya dado respuesta o impartido trámite a la misma,
razón por la cual encontró vulnerado el derecho fundamental de petición.

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V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto impugnó
el fallo de primera instancia manifestando que el 14 de mayo de 2025 remitió
por competencia la petición del actor al Consejo Superior de la Judicatura -
División de Cobro Coactivo, por lo que no es la responsable de atenderla de
fondo y, debido a ello, carece de legitimación en la causa por pasiva para
atender la pretensión de amparo deprecada en el presente asunto.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si las autoridades accionadas o vinculadas vulneraron el derecho
fundamental de petición, con ocasión de la presunta falta de
respuesta a la solicitud que radicó la parte actora el 14 de mayo de
2025.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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3. Caso concreto

El artículo 23 de la Constitución Política establece que todas las personas
tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener de ellas pronta resolución.
Se trata de un derecho fundamental de toda persona cuya garantía se
considera satisfecha cuando el peticionario obtiene una contestación que
cumple con las características de ser oportuna, clara, congruente, efectiva,
eficazmente notificada3.

En el presente caso, se tiene que la parte impugnante manifiesta que la
solicitud que elevó el actor el 14 de mayo de 2025 fue remitida por competencia
al Consejo Superior de la Judicatura - División de Cobro Coactivo, motivo por
el cual no se le puede atribuir la vulneración del derecho fundamental de
petición.

En efecto, de los documentos allegados con el escrito de impugnación la Sala
advierte que la petición del 14 de mayo de 2025 elevada por el aquí accionante
ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto fue
remitida ese mismo día al Consejo Superior de la Judicatura - División de Cobro
Coactivo:

3
Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 20000 que fijan el alcance del derecho de petición y las
condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras subreglas se
advierten en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572 de 1994, T-113 de 1995, T-275 de
1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-1889 de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de
2002, T-1100 de 2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de 2006, T-431 de 2007, entre otras.

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En consideración a lo anterior, para esta Sala resulta acertado concluir que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto no es la
entidad responsable de la falta de respuesta a la solicitud que elevó el actor el
14 de mayo de 2025 dado que, si bien no emitió una respuesta de fondo, lo
cierto es que le impartió el trámite previsto en el artículo 21 del CPACA,
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 20154. Por tanto, la Sala
considera que dicha autoridad no vulneró el derecho fundamental de petición.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala relevará a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto de pronunciarse “[…] sobre la
solicitud remitida por el actor al correo electrónico
cobcoapas@cendoj.ramajudicial.gov.co el 14 de mayo de 2025 […]”.

Ahora bien, como el presente asunto versa sobre la presunta falta de respuesta
a la petición que elevó el actor el 14 de mayo de 2025 y la entidad que recibió
por competencia la solicitud objeto de este análisis hace parte del
contradictorio, la Sala continuará con el análisis a fin de velar por la protección
del derecho fundamental de petición.

En ese orden de ideas, se tiene que en este expediente obra informe de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura rendido el 22 de enero de 2026 en el que señala que la solicitud del
actor fue remitida a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá el 15 de mayo de 2025 a las 4:02 pm, tal como lo evidencia la
siguiente imagen:

4
“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará
de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
[…]”.

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En razón a lo anterior, mediante auto de 3 de febrero de 2026 se vinculó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá al presente
trámite y se le requirió para que informara el trámite impartido a la petición que
le fue remitida por competencia por la División de Cobro Coactivo del Consejo
Superior de la Judicatura el 15 de mayo de 2025. Sin embargo, dicha Seccional
guardó silencio.

En este contexto, y comoquiera que no hay constancia de que la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá respondió la solicitud del actor,
la cual le fue remitida el 15 de mayo de 2025, de acuerdo con los documentos
que reposan en este expediente, la Sala mantendrá el amparo del derecho
fundamental de petición del accionante, en consecuencia, se ordenará a dicha
entidad responderla.

Sobre el particular, la Sala precisa que, con el presente amparo, no se está
ordenando que se acceda o se niegue lo pedido, puesto que es un asunto que
le compete definir a la administración dentro del marco de sus funciones al
momento de emitir la correspondiente respuesta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: MODIFICAR el fallo de 16 de octubre de 2025 proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, el cual quedará así:

AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor, el cual fue
vulnerado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá.

ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá dar respuesta a la petición del actor, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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