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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04796-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04796-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04796-00 TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04796-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04796-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional. Tercera instancia.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La sociedad AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA, en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales, presentó demanda
contra el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE-, con
el fin de que se declarara la nulidad del acta de liquidación de 27 de
diciembre de 2013 del contrato de interventoría núm.2110798 y, en
consecuencia, se ordenara el pago de la suma de $349.008.839, de
forma indexada y con intereses moratorios.

1.2. El conocimiento de la demanda le correspondió por reparto a la Sala
Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que, en sentencia de 31 de julio de 2020, negó las pretensiones
de la demanda.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04796-00

1.3. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante decisión de 26 de marzo de 2025, confirmó la sentencia de
primera instancia.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y en violación
directa de la Constitución.

Aseveró que el defecto fáctico se configuró por cuanto se omitió la valoración
de pruebas documentales que acreditaban con claridad que esa sociedad
contratista en su condición de interventor, cumplió completamente sus
funciones y advirtió a FONADE sobre los incumplimientos que se estaban
presentando sin que la entidad hubiese adoptado medida alguna.

Adujo que las pruebas documentales no solo acreditaban el cumplimiento
contractual, sino que también la causa del perjuicio alegado, esto es, “[…] la
negativa de pago del 41% del contrato [ya que] fue la actitud omisiva de
FONADE, que permitió el incumplimiento del contratista de consultoría y
trasladó sus efectos a un tercero (la interventoría), contraviniendo el principio
de responsabilidad patrimonial del Estado (art. 90 C.P.) […]”.

Afirmó que la autoridad accionada no valoró bajo las reglas de la sana crítica
las pruebas allegadas al proceso.

Manifestó que se incurrió en un defecto sustantivo porque la sentencia de 26
de marzo de 2025 es irrazonable y desproporcionada frente a los artículos
1602 y 1603 del Código Civil y a todos los documentos precontractuales y
contractuales que rigen la relación jurídica entre esa sociedad contratista y
FONADE.

Aseguró que la autoridad accionada desconoció el precedente, al contradecir

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abiertamente el criterio uniforme y reiterado de la misma jurisdicción
contencioso-administrativa “[…] respecto a la autonomía e independencia del
contrato de interventoría, cuando este se celebra como resultado de un
proceso de selección diferente al del contrato de consultoría u obra principal
[…]”, adoptando una postura rígida y restrictiva.

Por último, señaló que la autoridad judicial incurrió en una violación directa a
la Constitución por escoger una interpretación fundamentalmente restrictiva y
regresiva para definir el problema jurídico.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al orden justo, la igualdad, el
debido proceso, los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y
buena fe, de la sociedad AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicito dejar sin efectos la sentencia
del 26 de marzo de 2025 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de controversias contractuales con
radicado No. 76001233300020160105601, que negó en segunda
instancia las súplicas de la demanda.

3. Disponer y ordenar a la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que, en el término que estime conveniente, dicte una nueva
providencia que se ajuste a los parámetros constitucionales, en particular
al respeto al orden justo, debido proceso, los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, y buena fe, de la sociedad AR
GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA.

4. Disponer y ordenar a la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que, una vez dé cumplimiento a la orden contenida en el
numeral anterior, proceda dentro de la misma oportunidad y expediente,
a unificar criterios sobre el contenido y alcance del contrato de
interventoría, dada la falta de homogeneidad de criterios jurídicos al
respecto por parte de las subsecciones que la componen […]”.

II. INTERVENCIONES

1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que la
sociedad actora pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia

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para cuestionar la providencia judicial que resultó desfavorable a sus
intereses, la cual fue sustentada en derecho y con base en los medios de
pruebas valorados de manera conjunta y racional.

2. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE señaló que la
presente acción constitucional deviene improcedente por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, habida cuenta que lo pretendido por la
parte actora es reabrir un debate de carácter meramente legal y económico
que ya fue resuelto por el juez natural de la causa.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, con ocasión de
haber incurrido presuntamente en defecto fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente y en violación directa de la
Constitución.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, que se configure alguno de los
requisitos especiales.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en
segunda instancia en el marco del proceso de controversias contractuales.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y

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mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la sociedad actora está
orientada a que, en esta instancia, se analice el acervo probatorio allegado al
proceso contencioso y se aplique lo dispuesto en los artículos 1602 y 1603 del
Código Civil con el alcance jurídico planteado en el escrito de tutela,
circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural de la causa judicial.

De ahí que se considere que, el anterior argumento más que develar la
existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la
parte actora, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04796-00

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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