RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04798-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04798-00

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04798-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Albeiro Tuberquia Manco, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente decisión, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04798-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante ALBEIRO TUBERQUIA MANCO
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo.
Desconocimiento del precedente. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subsidio familiar consagrado en el
Decreto 1794 de 2000.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el señor Albeiro Tuberquia Manco, de conformidad con lo dispuesto
por el Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1 de agosto de 20251, el señor Albeiro Tuberquia Manco instauró acción de tutela,
mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como los
principios de favorabilidad, eficacia, economía y celeridad, con ocasión de la
sentencia de 13 de mayo de 2025, proferida en la segunda instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-029-2018-00253-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Respetuosamente solicito a su Despacho tutele los Derechos Fundamentales a la
igualdad, a la administración de justicia, así como a los principios constitucionales de
favorabilidad, eficacia, economía y celeridad, a los pronunciamientos del Consejo de
Estado, y demás derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, por el fallo
proferido el día 13 de mayo de 2025 emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Séptima de decisión, con ponencia del Magistrado Dr. GONZALO ZAMBRANO
VELANDIA, al resolver la apelación en contra de la providencia dictada por el Juzgado
Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en Sentencia de Primera
Instancia del día 30 de noviembre de 2021 (…) al negarle al Accionante la reliquidación
de su asignación salarial mensual, reconociendo que el subsidio familiar devengado
conforme al artículo 11 de Decreto 1794 del 2000, se debe devengar desde el momento en
que mi mandante contrajo matrimonio y hasta el momento en que se retire de la institución,
y no solo hasta el 01 de julio de 2014, interpretando erróneamente la norma y con ello,
desconoce el precedente jurisprudencial que regula específicamente esta materia.
2. Ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Séptima de decisión, acoja los
diferentes pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, y especialmente
acate la Sentencia de esta corporación de fecha ocho (08) de junio de dos mil diecisiete
(2017), radicado No. 11001-03-25-000-2010-00065-00, Magistrado Ponente Dr. CÉSAR
PALOMINO CORTÉS mediante la cual Declaró con efectos EX TUNC la NULIDAD
TOTAL del Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, donde además de declarar la
nulidad total del decreto, también manifestó que el efecto de esa declaratoria es que el
acto derogatorio pierde validez y, por ende, las normas que fueron derogadas recuperen

1 Samai, índice 2.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

sus efectos jurídicos, y que por consiguiente, la declaratoria de nulidad del acto
administrativo que derogado expresa o tácitamente otras disposiciones, “revive” los
preceptos derogados, es decir, produce el efecto de reincorporar tales normas al
ordenamiento jurídico, dejando sin efectos su derogatoria, en ese sentido, la declaratoria
de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones
normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus
efectos.
3. En consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada el día 13 de
mayo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Séptima de decisión, con ponencia del Magistrado Dr. GONZALO ZAMBRANO
VELANDIA, que resolvió MODIFICAR la decisión proferida el 30 de Noviembre de 2021
por el Juzgado veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en Sentencia
de Primera Instancia, ordenando que la liquidación del subsidio familiar de mi mandante,
lo debe devengar conforme los términos del Decreto 1794 de 2000, equivalente al 4% del
salario básico más la prima de antigüedad, sumas de dinero que se deberán cancelar
desde la fecha en que contrajeron matrimonio los señores Tuberquia Manco y Orfindey
Urrego David, es decir, el 01 de marzo de 2012 y hasta el 01 de julio de 2014 – fecha de
la entrada en vigencia del decreto 1161 de 2014. Desconociendo el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado, y se ordene que el subsidio familiar devengado
por mi mandante conforme los términos del Decreto 1794 de 2000, debe ser reconocido
desde el momento en que contrajo matrimonio el día 01 de marzo de 2012 y hasta que
permanezca en servicio activo en el Ejército Nacional. Lo anterior dentro del proceso de
Nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 05001-33-33-029-2018-00253-01
incoado por el señor ALBEIRO TUBERQUIA MANCO contra la Nación - Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional» (Negrillas propias).

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Albeiro Tuberquia Manco presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de obtener la declaratoria
de nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó el pago del subsidio
familiar consagrado en el Decreto 1794 de 2000.

2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Veintinueve Administrativo
de Medellín (radicado 05001-33-33-029-2018-00253-00) que, mediante sentencia
de 30 de noviembre de 2021 accedió a las pretensiones de la parte actora.

La autoridad judicial explicó que el Decreto 3770 de 2009 derogó el Decreto
1794 de 2000 que consagraba el subsidio familiar en favor de los soldados
profesionales. Posteriormente, el Decreto 1161 de 2014 creó nuevamente el
subsidio familiar para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales, a partir del 1º de julio de 2014.

Seguido, el Juzgado se refirió a la sentencia de 8 de junio de 2017 de radicado
11001-03-25-000-2010-00065-00(0686-10), en la que la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770
de 2009, por considerar que tal norma trasgredía los principios de
progresividad, prohibición de regresividad y discriminación.

Con base en lo anterior, sostuvo que el reconocimiento del subsidio familiar
dependerá de la fecha en la que se cause el derecho, así como el
cumplimiento de los requisitos establecidos en una u otra norma. En esa
medida tienen derecho al reconocimiento del subsidio familiar:
(i) Aquellos que adquirieron válidamente el derecho antes del 1 de julio de 2014, a
quienes se reconoce el subsidio del 4% en los términos del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, siempre que cumplan los requisitos trazados por la norma, esto es
estar casado o con unión marital de hecho vigente y reportar el cambio del estado
civil al Comando de las Fuerzas Militares.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

(ii) Los que causen el derecho a partir del Decreto 1161 de 2014, en los montos
previstos en la norma, a quienes se exige elevar al Comando de las Fuerzas
Armadas la respectiva solicitud de reconocimiento del subsidio. Los requisitos para
su reconocimiento y pago son que la unión marital de hecho o matrimonio esté
vigente, que no se incurra en la prohibición de pago doble en el caso de que el
cónyuge o compañero permanente también labore en las fuerzas militares y que
no devengue el subsidio familiar contemplado en el Decreto 1794 de 2000.

Explicado lo anterior, el Juzgado indicó que de las pruebas obrantes en el
expediente se acreditó (i) que el señor Albeiro Tuberquia Manco era soldado
profesional de las Fuerzas Militares, vinculado desde el 1 de noviembre de
2003 hasta el 1 de abril de 2018, momento en el cual cumplió los requisitos
para el reconocimiento de la asignación de retiro; (ii) que el actor contrajo
matrimonio antes del 1 de julio de 2014, momento a partir del cual se empezó
a reconocer el subsidio familiar contemplado en el Decreto 1161 de 2014 que
creó nuevamente dicho subsidio tras la derogatoria del 2009; y (iii) que dentro
de los conceptos prestacionales que devengaba al momento de su retiro se
encontraba el subsidio familiar reconocido mediante Orden Administrativa de
Personal 2374 del 30 de noviembre de 2014.

Por consiguiente, la autoridad judicial indicó que el accionante se vinculó a las
Fuerzas Militares bajo la vigencia del Decreto 1794 de 2000 y que causó el
derecho al subsidio durante la vigencia de dicho Decreto, pues contrajo
matrimonio antes del 1 de julio de 2014, es decir antes de la vigencia del
Decreto 1161 de 2014.

Precisó que, aunque el actor informó a las Fuerzas Militares del cambio de su
estado civil con la solicitud del 3 de septiembre de 2014, tal circunstancia no
era suficiente para negar la prestación aludida, puesto que el derecho se
causa a partir de que se contrae matrimonio o se declara la unión marital de
hecho. Por lo tanto, no es requisito haber realizado la solicitud de
reconocimiento con anterioridad al 24 de junio de 2014 (fecha en la que se
profirió el Decreto 1161), dado que la sentencia del Consejo de Estado a través
de la cual se anuló el Decreto 3770 de 2009 solo fue proferida hasta el 8 de
junio de 2017.

Por lo expuesto, el Juzgado declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, mediante el cual la entidad negó el pago del subsidio familiar al
demandante consagrado en el Decreto 1794 de 2000. En consecuencia,
ordenó a título de restablecimiento del derecho, «la reliquidación del salario del
señor ALBEIRO TUBERQUIA MANCO con la inclusión del subsidio de familia contemplado
en el Decreto 1794 de 2000, en esto es, en cuantía equivalente al cuatro por ciento (4%) del
salario básico mensual más la prima de antigüedad, desde el momento que contrajo
matrimonio, esto es el 01 de marzo de 2012 y hasta la fecha de retiro del servicio activo»
(Negrillas propias).

2.3. La anterior providencia fue apelada por la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional.

2.4. Mediante sentencia de 13 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión confirmó la sentencia de primera
instancia, pero modificó el numeral tercero de dicha providencia relativo al
restablecimiento del derecho.

El cambio consistió en que el pago del subsidio familiar establecido en el
Decreto 1794 de 2000 correspondería únicamente al 4% del salario básico
más la prima de antigüedad percibidas desde el 1° de marzo de 2012, fecha
en que el soldado contrajo matrimonio, hasta el 1° de julio de 2014,
momento en que entró en vigencia el Decreto 1161 de 2014:

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

«PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia del 30 de noviembre de 2021,
proferida por el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en los
términos expuestos en la parte motiva, el cual quedará así:
“ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a título de
restablecimiento del derecho, liquidar y pagar a favor del demandante el subsidio familiar a
que tiene derecho en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, es decir, el 4%
del salario básico más la prima de antigüedad, sumas de dinero que se deberán cancelar
desde la fecha en que contrajeron matrimonio los señores Tuberquia Manco y Orfindey Urrego
David, es decir, el 01 de marzo de 2012 y hasta el 01 de julio de 2014 -fecha de la entrada en
vigencia del Decreto 1161 de 2014- en los términos indicados por el Consejo de Estado en
sentencia en que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.”
SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia en todo lo demás».

3. Fundamentos de la acción

Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora manifestó su inconformidad
frente a que en segunda instancia el reconocimiento del subsidio familiar se haya
limitado únicamente hasta la fecha en la que entró en vigencia el Decreto 1161 de
2014 (que creó de nuevo subsidio familiar luego de la derogatoria ocurrida en el año 2009).
A su juicio, tal reconocimiento debió efectuarse «desde el momento en que contrajo
matrimonio el día 01 de marzo de 2012 y hasta que permanezca en servicio activo en el Ejército
Nacional» (Negrillas propias).

En su criterio, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
incurrió en defecto sustantivo, puesto que «existe contradicción entre los fundamentos y
la decisión, y (...) no existe en la decisión, una motivación real que respalde el fallo proferido en el
que pueda reposar la legitimidad de su decisión».

En sus palabras, dicho defecto se configura porque «se le reconoce su derecho
inicialmente, y después se le niega al aplicarle una norma diferente, a sabiendas que como tiene
derecho al subsidio familiar de conformidad con el Decreto 1794 del 2000, posteriormente no se le
puede perjudicar al aplicarle una nueva norma más desfavorable al soldado (...) no siendo
procedente que se este entendido es como decirle al soldado, usted tiene derecho a recibir su
subsidio familiar en virtud del artículo 11 del decreto 1794 del 2000 a partir del día 01 de marzo de
2012, pero una vez entre al ordenamiento jurídico una nueva norma que es menos ventajosa o más
perjudicial para el soldado, entonces se le debe aplicar, lo que en mi sentir va en contravía de la
seguridad jurídica de nuestro ordenamiento judicial».

A su vez, indicó que la decisión del tribunal accionado influye de manera negativa
en sus ingresos mensuales, porque el subsidio familiar reconocido en el Decreto
1794 de 2000 es más favorable en términos económicos que el subsidio consagrado
en el Decreto 1161 de 2014.

Adicionalmente, consideró que se interpretó indebidamente la sentencia de 8 de
junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
mediante la cual se declaró la nulidad total con efectos ex tunc del Decreto 3770 de
2009. Aseguró que en esa decisión se dispuso que la declaratoria de nulidad de
dicho decreto implica la reincorporación al ordenamiento jurídico del Decreto 1794
de 2000, restituyendo plenamente sus efectos.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 11 de agosto de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Albeiro Tuberquia Manco contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión; se ordenó notificar en
calidad de terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio
Público y al Juzgado 29 Administrativo de Medellín; se reconoció a la abogada
de la parte demandante como su apoderada judicial; y se dispuso efectuar las
notificaciones correspondientes.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
aseveró que en la providencia de segunda instancia se realizó un análisis
completo y de fondo sobre la normatividad aplicable en materia de subsidio
familiar y las pruebas obrantes en el expediente. También se expusieron las
razones por las cuales se modificó la providencia de primera instancia, en el
sentido de aplicar el Decreto 1794 de 2000, pero únicamente hasta la entrada
en vigencia del Decreto 1161 de 2014. Por lo tanto, consideró que la decisión
se encuentra plenamente argumentada y fundamentada en derecho.

En su criterio, los planteamientos de la parte accionante tan solo reflejan su
inconformidad con el fallo proferido, en tanto que este se limitó a reiterar los
argumentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En
consecuencia, solicitó negar el amparo formulado por la parte actora.

4.3. El Ministerio de Defensa sostuvo que la tutela interpuesta no cumple con las
exigencias para habilitar el estudio de la acción, porque el actor no concretó
los requisitos específicos de procedencia ni tampoco acreditó la presunta
vulneración del derecho fundamental. Precisó que, aunque el actor mencionó
una vulneración a derechos fundamentales, no argumentó ni justificó tal
aseveración.

De otra parte, manifestó que las providencias con efectos ex tunc o retroactivos
tienen efecto inmediato sobre las situaciones no consolidadas, es decir, sobre
aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles
de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta jurisdicción. En
cambio, aseguró que «se excluyen, las situaciones consolidadas, atendiendo los principios
de seguridad jurídica y de la cosa juzgada».

Con base en lo anterior, sostuvo que la situación del demandante se
encontraba consolidada, debido a que no solicitó a la entidad oportunamente
el reconocimiento del subsidio familiar; y a que esta última le reconoció el
subsidio familiar establecido en el Decreto 1161 de 2014. Por ende, no era
procedente el reconocimiento del subsidio familiar reclamado establecido en el
Decreto 1794 de 2000. Por lo tanto, sostuvo que el acto administrativo que se
demandó «goza de total legalidad y validez, toda vez que fue expedido con fundamento en
normas legales y, en ningún momento, fue proferido de manera arbitraria (...) al contrario, se
trata de actos administrativos definitivos y que actualmente se encuentran ejecutoriados y en
firme».

Por las razones expuestas, solicitó negar las pretensiones formuladas, por
considerar que la acción es improcedente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Con fundamento en lo expuesto, y por tratarse de una tutela contra providencia
judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción interpuesta por la parte actora
cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad.

Solo en caso de superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la sentencia
de 13 de mayo de 2025, en el marco del medio de control de radicado 05001-33-33-
029-2018-00253-00 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
incurrió en los defectos propuestos por la parte actora.

4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial y su análisis en el caso

En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, por las siguientes razones:

Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera que la
autoridad judicial accionada incurrió en errores al limitar el reconocimiento del
subsidio familiar dispuesto en el Decreto 1794 de 2000 únicamente hasta la fecha
en que entró en vigencia el Decreto 1161 de 2014.

Segundo, la acción de tutela se presentó (1 de agosto de 2025) en menos de tres
meses desde la notificación de la sentencia del 13 de mayo de 2025 (al día siguiente
se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación). Esto demuestra que no
hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora en la defensa de sus derechos
fundamentales.

Tercero, el asunto es de relevancia constitucional. No podría entenderse que la
tutela se está empleando como una tercera instancia adicional pues no fue la parte
actora la que ejerció el recurso de apelación en el medio de control y la tutela
interpuesta persigue la protección de los derechos a la igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la
configuración del defecto sustantivo. A su vez, se mencionó la indebida
interpretación de la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B mediante la cual se declaró la nulidad total
con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009; cargo que se analizará a la luz del
defecto por desconocimiento del precedente.

Cuarto, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado que no
se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para exponer los cargos
desarrollados en el escrito de tutela.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

Al encontrar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, la
Sala proseguirá a estudiar si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
de Decisión incurrió en el defecto alegado por la parte actora.

5. Alcance de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente

5.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.

Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente.

En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad.

Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio relacionado con
la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico. Algunos de los eventos en los que se presenta es cuando la autoridad
judicial funda su decisión en una norma que no tiene relación con el asunto de
debate, cuando omite aplicar la disposición que regula el tema sobre
controversia o cuando realiza una interpretación irrazonable de la norma.

También se ha reiterado que las reglas de interpretación fijadas en sentencias
de constitucionalidad y unificación proferidas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado vienen a ser parte de la propia ley. Esa categoría de fuente
formal del derecho supera lo que se ha entendido tradicionalmente como
precedente, no solo porque el monopolio de la creación de normas generales
no se centra en el legislativo o el ejecutivo, sino también por la fuerza
vinculante de esas categorías de sentencias, que bien pueden equipararse a
la ley. Por consiguiente, su desconocimiento se relaciona con el defecto
sustantivo.

5.2. Por su parte, el precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido
resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros
conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. De esa forma se
busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica
para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y así se garantice el
debido proceso del ciudadano.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse
del precedente).

El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata
de sentencias de unificación.

Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente y los requisitos para
apartarse válidamente de este, la Corte Constitucional ha precisado que deben
cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud de los
cuales el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la decisión
judicial de la que se aparta, sino también explicar los motivos por los que
decide apartarse del precedente existente. Entonces, es insuficiente ofrecer
argumentos en un sentido contrario al del precedente, pues además se debe
demostrar con argumentos sólidos que el precedente vigente no es válido,
correcto o suficiente para resolver el caso sometido a decisión.

6. Análisis del caso

6.1. Como punto de partida, la Sala se referirá a las motivaciones de la sentencia
de 13 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión mediante la cual se confirmó la decisión de primera
instancia y se modificó la orden relacionada con el restablecimiento del
derecho.

El Tribunal explicó que el Decreto 1794 de 2000 contempló el subsidio familiar
para los soldados profesionales casados o con unión marital, el cual sería
equivalente al 4% del salario básico más la prima de antigüedad. Sostuvo que
la parte actora allegó registro civil de matrimonio, según el cual este último se
celebró el 1° de marzo de 2012. Para esa fecha, no se encontraba vigente
ninguna disposición normativa que otorgara el beneficio del subsidio familiar
a los soldados profesionales en servicio activo, en tanto que el Decreto 1794
de 2000 que inicialmente otorgó ese derecho fue derogado por el Decreto
3770 de 2009. De ahí que en ese momento, es decir cuando contrajo
matrimonio, el señor Albeiro Tuberquia Manco no era acreedor del subsidio
mencionado.

Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2014, el Decreto 1161 del 24 de junio
de 2014 creó para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo un subsidio familiar
equivalente al 20% de asignación básica por la cónyuge o compañera
permanente, más los porcentajes a que se tenga derecho por los hijos. Tal
beneficio fue otorgado al demandante mediante Orden Administrativa de
Personal EJC 2374 de 30 de noviembre de 2014.

Con posterioridad a lo anterior, mediante sentencia de 8 de junio de 2017 el
Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770
de 2009, que había derogado el Decreto 1794 de 2000 relacionado con el

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

subsidio familiar inicialmente descrito. Esto significa que gracias a la
declaratoria de nulidad realizada en esa providencia el Decreto 1794 de 2000
recobró vigencia y, por ende, sus efectos.

En consecuencia, a partir del 8 de junio de 2017, fecha de la sentencia, se
generó para el señor Albeiro Tuberquia Manco el derecho a reclamar el
subsidio familiar consagrado en el Decreto 1794 de 2000. En su caso, tal
subsidio se causó desde el día en que contrajo el vínculo matrimonial (1° de
marzo de 2012) hasta la fecha en que entró en vigencia el Decreto 1161 de
2014, que creó el nuevo subsidio familiar. Así lo explicó el Consejo de Estado
en el auto de 8 de septiembre de 2017 en el que se resolvió la solicitud de
aclaración y adición presentada respecto de la sentencia de 8 de junio de
2017.

De otra parte, la autoridad judicial precisó que independientemente de que la
entidad demandada hubiera reconocido el subsidio familiar al señor Albeiro
Tuberquia Manco consagrado en el Decreto 1161 de 2014, lo cierto es que
aquel también tenía derecho al reconocimiento del subsidio establecido en el
Decreto 1794 de 2000. E indicó que el asunto no versaba sobre el reajuste del
subsidio, sino propiamente sobre el reconocimiento de dicha prestación en los
términos del Decreto 1794 de 2000. Así lo expresó el Tribunal:
«en el presente asunto no puede hablarse de reajuste del subsidio familiar, sino del
reconocimiento del mismo, toda vez que, el hoy demandante en virtud de sus condiciones
particulares, se hace acreedor al subsidio que había contemplado el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, el cual es diferente a aquel contemplado en el Decreto 1161 de 2014 y el cual
si (sic) le fue reconocido por la entidad».

A su vez, trajo a colación la sentencia de tutela de 28 de octubre de 2021 de
radicado 11001-03-15-000-2021-03220-01, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en la cual se abordó un asunto similar
relacionado con el subsidio familiar para los soldados profesionales. Allí se
indicó que «los beneficios del Decreto 1794 de 2000 no se pueden aplicar como lo solicita
la parte actora, esto es, desde que contrajo matrimonio en adelante, comoquiera que
mediante OAP No. 2027 del (…) se reconoció subsidio familiar al (…) por el nacimiento de su
primogénito en cuantía del 3% y el 20% por la unión marital de hecho (sic) con la señora (…),
en aplicación del Decreto 1161 de 2014, el cual entró a regir a partir del 25 de junio de la
misma anualidad».

Así las cosas, el Tribunal aseguró que al demandante sí le asiste el derecho
al reconocimiento y pago del subsidio familiar contenido en el Decreto 1794
de 2000, a partir de que contrajo el vínculo matrimonial, es decir 1 ° de marzo
de 2012. No obstante, tal derecho «persiste únicamente hasta el 30 de junio de 2014,
en tanto, a partir del 01 de julio de 2014 comenzó a regir el Decreto 1161 de 2014, norma en
virtud de la cual el hoy demandante devenga el subsidio familiar allí contemplado» .

En consecuencia, la autoridad judicial concluyó que la providencia de primera
instancia debía modificarse con relación a los términos en que sería otorgado
el restablecimiento del derecho. Por ende, además de confirmar la decisión
apelada, modificó en los siguientes términos el restablecimiento del derecho
dispuesto en primera instancia:
«PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia del 30 de noviembre de 2021,
proferida por el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en los
términos expuestos en la parte motiva, el cual quedará así:
“ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a título de
restablecimiento del derecho, liquidar y pagar a favor del demandante el subsidio familiar a
que tiene derecho en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, es decir, el 4%
del salario básico más la prima de antigüedad, sumas de dinero que se deberán cancelar
desde la fecha en que contrajeron matrimonio los señores Tuberquia Manco y Orfindey Urrego
David, es decir, el 01 de marzo de 2012 y hasta el 01 de julio de 2014 -fecha de la entrada en

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

vigencia del Decreto 1161 de 2014- en los términos indicados por el Consejo de Estado en
sentencia en que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.”
SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia en todo lo demás».

6.2. Expuestas las consideraciones que fundamentaron la decisión de la autoridad
judicial accionada, la Sala considera que en el caso el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Séptima de Decisión no incurrió en defecto sustantivo ni en
desconocimiento del precedente.

Sobre el primero de estos, la parte actora manifestó que se incurrió en defecto
sustantivo, debido a que «existe contradicción entre los fundamentos y la decisión, y (...)
no existe en la decisión, una motivación real que respalde el fallo proferido en el que pueda
reposar la legitimidad de su decisión». La Sala desestima tal cargo, porque no se
advierte que exista ninguna discrepancia entre las razones de la decisión y la
parte resolutiva de la sentencia; al contrario, los argumentos desarrollados por
el Tribunal soportan la postura de dicha autoridad judicial.

Luego de efectuar un recuento sobre las normas que han existido en materia
de subsidio familiar para los soldados profesionales, el Tribunal accionado
explicó que en la sentencia de 8 de junio de 2017 el Consejo de Estado declaró
la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc, que a su vez había
derogado el Decreto 1794 de 2000 relacionado con el subsidio familiar.
Gracias a tal declaratoria judicial, el Decreto 1794 de 2000 recobró plenamente
sus efectos y se reincorporó al ordenamiento jurídico. Esto significa, según lo
explicó el Tribunal, que a partir de la mencionada sentencia el señor Albeiro
Tuberquia Manco tenía derecho a reclamar el subsidio familiar consagrado en
el Decreto 1794 de 2000.

Sin embargo, el Tribunal indicó que el reconocimiento de dicho subsidio tan
solo podía extenderse desde la causación del derecho, esto es la fecha en que
el actor contrajo matrimonio, hasta la entrada en vigencia del Decreto 1161 de
2014, que creó nuevamente la mencionada prestación.

La Sala no encuentra arbitrariedad o capricho en tal conclusión, pues en el
auto de 8 de septiembre de 2017, que resolvió las solicitudes de aclaración y
adición de la sentencia en la que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de
2009, se explicó que, tras dicha declaratoria, debía entenderse que el Decreto
1794 de 2000 estuvo en vigor únicamente desde su promulgación hasta la
fecha en que entró en vigencia el Decreto 1161 de 2014. En el referido auto
se explicó que el Decreto 1794 de 2000 fue subrogado por el Decreto 1161 de
2014. Veamos lo expuesto en el auto de 8 de septiembre de 2017:
«De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de
2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos normativos y, por
ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación particular y específica
respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación
hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde
su entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas» (Negrillas propias).

Con base en lo anterior, se encuentra que el Decreto 1794 de 2000 fue
sustituido por el Decreto 1161 de 2014; tal subrogación normativa implica que
el primero únicamente estuvo vigente hasta el momento en que entró en
vigencia el segundo. Por ende, no hay lugar a que al actor se le pague el
subsidio familiar dispuesto en el Decreto 1794 de 2000 hasta que estuvo activo
en el servicio, pues desde la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014
dicha prerrogativa dejó de existir y fue reemplazada por la establecida en esta
última norma.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

De hecho, aceptar la interpretación de la parte actora implicaría un doble
reconocimiento y pago del subsidio familiar, pues de aceptar tal tesis el actor
percibiría tanto el subsidio familiar consagrado en el Decreto 1794 de 2000,
desde la fecha en que se contrajo matrimonio hasta que permaneció en
servicio activo en el Ejército Nacional, como el subsidio familiar dispuesto en
el Decreto 1161 de 2014 que fue reconocido mediante Orden Administrativa
de Personal de 30 de noviembre de 2014 hasta que estuvo en servicio activo.
Tal lectura no solo significa una doble erogación, sino el pago de un subsidio
cuyo vigor se extendió únicamente hasta la entrada en vigencia del Decreto
1161 de 2014.

En consecuencia, el Tribunal accionado no erró al limitar el reconocimiento y
pago del subsidio familiar consagrado en el Decreto 1794 de 2000 desde la
fecha en que el soldado contrajo matrimonio únicamente hasta la fecha en que
entró en vigor el Decreto 1161 de 2014.

De ahí que no se advierta la configuración del defecto sustantivo y menos aún
por el cargo mencionado por la parte actora, esto es una supuesta
contradicción entre los fundamentos de la sentencia y la decisión adoptada.

6.3. De otra parte, tampoco se considera que el Tribunal accionado haya
interpretado indebidamente la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B mediante la cual se
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc, como lo
mencionó la parte actora.

Al contrario, la autoridad judicial accionada basó su decisión en lo establecido
en dicha decisión, en tanto que tal providencia fue la que dejó sin efectos el
Decreto 3770 de 2009. En virtud de esa sentencia el Tribunal accionado
concluyó que el Decreto 1794 de 2000 recobró sus efectos pese a su
derogatoria ocurrida en 2009; fue esa la razón por la que se le reconoció al
actor el derecho a percibir el subsidio dispuesto en tal norma, aunado al
cumplimiento de los requisitos allí dispuestos.

Basta revisar la sentencia controvertida de segunda instancia para advertir que
el Tribunal mencionado fundamentó su decisión en lo establecido en la
sentencia de 8 de junio de 2017 y que no incurrió en ninguna conclusión
contraria a lo expuesto en tal providencia, tanto así que reconoció el derecho
del actor de recibir el subsidio familiar consagrado en el Decreto 1794 de 2000.

6.4. Por último, frente al argumento propuesto por el tutelante, según el cual la
decisión del tribunal accionado influye de manera negativa en sus ingresos
mensuales, porque el subsidio familiar reconocido en el Decreto 1794 de 2000
es más favorable en términos económicos que el subsidio consagrado en el
Decreto 1161 de 2014, la Sala debe advertir que si bien es cierto que el
porcentaje reconocido como subsidio familiar con base en el Decreto 1161 de
2014 es inferior al que se reconoce con base en el Decreto 1794 de 2000, con
el primero esa prestación es una partida computable para la asignación de
retiro, mientras que en el segundo no2.

Por consiguiente, se considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión no incurrió en desconocimiento del precedente de
la sentencia de 8 de junio de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.

2 Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente 85001-33-33-002-2013-00237-01
(1701-16).

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04798-00
Demandante: Albeiro Tuberquia Manco

7. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones formuladas por la parte
actora, al considerar que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión no incurrió en los defectos alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Albeiro Tuberquia Manco,
dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente decisión, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.