Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04810-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04810-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04810-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04810-00
Demandante: Alejandro Estrada Acosta
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Auto que rechaza demanda. Falta de subsanación.
Decisión: Declara improcedente por falta de identificación razonable de
hechos y vulneraciones (carga argumentativa).
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada Alejandro
Estrada Acosta contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y otro.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 1 de agosto de 2025, Alejandro Estrada Acosta presentó una acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 21 Administrativo
de Medellín, al considerar que los autos proferidos el 30 de mayo de 2024 y el 7 de
marzo de 2025, por dichas entidades respectivamente, vulneraron sus derechos
fundamentales al «debido proceso, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad, a los atributos de la personalidad por afectación al patrimonio, así
como los derechos al trabajo y a la libre asociación».
2. A título de amparo constitucional solicitó que le permita la subsanación de
la demanda presentada y que se le dé curso al proceso correspondiente.
3. Como fundamentos fácticos, señaló que desde el 3 de junio de 2016
prestó sus servicios como enfermero para la Corporación Balboa mediante contrato
a término fijo en el Hospital San Vicente Fundación de Caldas, Antioquia. Indicó que
cumplía con un horario, se encontraba bajo subordinación, recibía una
remuneración y prestaba el servicio de manera personal y continua, cumpliendo así
con los elementos esenciales de una relación laboral.
4. En el 2021, solicitó al Hospital San Vicente Fundación de Caldas el
reconocimiento de la relación laboral existente, pero la petición fue rechazada. En
2023, reiteró la solicitud, obteniendo nuevamente una respuesta negativa.
5. El 19 de diciembre de 2023, el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de obtener el reconocimiento de las
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Demandante: Alejandro Estrada Acosta
prestaciones sociales en igualdad de condiciones con los empleados del Hospital
San Vicente de Paúl que desempeñaban su mismo cargo y funciones1.
6. Mediante Auto de 24 de abril de 2024, el Juzgado 21 Administrativo de
Medellín inadmitió la demanda por no haberse aportado el acto administrativo
demandado, solicitó aclaraciones sobre las pretensiones y la presentación de la
prueba de existencia y representación legal de la entidad demandada.
7. El 7 de mayo de 2024, el accionante presentó escrito de subsanación.
Frente al requerimiento del acto administrativo2, respondió expresamente: «el acto
administrativo que se pretende demandar», sin mayor precisión. En cuanto a la
prueba de existencia y representación legal de la entidad demandada, indicó que se
radicó un PQRS ante la mesa de servicios de la Gobernación de Antioquia
solicitando dicho certificado.
8. El 30 de mayo de 2024, el juzgado rechazó la demanda, tras considerar que
el accionante no había subsanado adecuadamente los defectos formales
señalados, a pesar de haber presentado un escrito. Contra esta decisión el
accionante interpuso recurso de reposición3 y, en subsidio, de apelación.
9. El 7 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
decisión del rechazo, al considerar que el accionante no acreditó en debida forma
haber subsanado en su totalidad los defectos formales señalados en el auto de
inadmisión.
10. Como fundamento de la vulneración, indicó que el Tribunal al confirmar
el auto que rechazó la demanda vulneró su derecho al debido proceso.
Intervenciones4
11. El Juzgado 21 Administrativo de Medellín señaló que las decisiones
cuestionadas cumplen con los requisitos de suficiencia argumentativa, lo que
garantiza su legalidad y el respeto por los derechos constitucionales de las partes
involucradas.
12. Señaló que la acción de tutela no cumplió con los requisitos de
procedibilidad ni logró demostrar la existencia de defectos específicos que
justifiquen dejar sin efecto o modificar las decisiones previamente adoptadas.
Tampoco cumplió con el requisito de relevancia constitucional ni con la carga
1
A dicha demanda se le asignó el radicado No. 05001 33 33 021 2023 00524 00.
2
«Determina el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
que la demanda se debe acompañar de la copia del acto administrativo con la constancia de su publicación, comunicación o
notificación.
En el presente asunto, se demanda la nulidad del acto administrativo expedido el 17 de julio de 2022; sin embargo, en los
anexos de la demanda no se encuentra dicho acto administrativo.
Aunado a lo anterior en el poder se indica que se demandan los actos administrativos del 17 de junio de 2021, con radicado
CE 122-202100467 y el acto administrativo del 3 de abril de 2023, con radicado CE 121-202300234.
Por lo tanto, deberá la parte demandante aclarar las pretensiones de la demanda y el poder, en el sentido de que guarden
relación las pretensiones de la demanda con el poder que se otorga y deberá aportar cada uno de los actos que se demandan
con la respectiva constancia de comunicación o notificación.»
3
Mediante auto del 26 de septiembre de 2024 el Juzgado Confirmo la decisión
4
Mediante Auto de 5 de agosto de 2025, el despacho admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia
y el Juzgado 21 Administrativo de Medellín y vinculó a la ESE San Vicente de Paúl de Caldas – Antioquia como tercero
interesado.
2
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argumentativa necesaria para sustentar una vulneración de derechos
fundamentales. Por lo anterior, solicitó negar el amparo ya que las decisiones gozan
de plena legalidad y en realidad lo que se pretende es reabrir un debate propio de
la instancia ordinaria.
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia y la ESE Hospital San Vicente
de Paul de Caldas – Antioquia, pese a que fueron notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
15. De ser procedente, se estudiará únicamente la posible vulneración de los
derechos fundamentales alegados frente al Auto de 7 de marzo de 2025 proferido
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, debido a que esta fue la autoridad que
definió el asunto en segunda instancia y, ante un eventual amparo, sería la autoridad
llamada a cumplir con las órdenes que aquí se dicten.
Problema jurídico
16. Corresponde a esta Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
si el Tribunal Administrativo de Antioquia, en calidad de juez de segunda instancia
dentro del proceso No. 05001-33-33-021-2023-00524-01, vulneró los derechos
fundamentales al ratificar el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho presentada por el señor Estrada Acosta.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
17. La Sala declarará improcedente la acción de tutela debido a la falta de
identificación razonable de hechos y vulneraciones como se expone continuación.
18. La Corte Constitucional ha establecido que para que proceda una acción de
tutela contra providencias judiciales, es indispensable que se cumplan ciertos
requisitos mínimos de argumentación. En este sentido, quien acude a este
mecanismo debe exponer de forma razonada los hechos que, a su juicio, configuran
la vulneración de derechos fundamentales, identificar con precisión los derechos
comprometidos y señalar claramente el defecto o causal específica que justificaría
la intervención del juez de tutela.
19. Estos requisitos no deben entenderse como formalismos excesivos ni como
barreras contrarias a la naturaleza de la tutela. Por el contrario, su propósito es
3
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garantizar que el escrito esté debidamente sustentado de manera que el juez no
termine ejerciendo un control indebido sobre decisiones adoptadas por otras
autoridades judiciales5.
20. Así, quien solicita el amparo constitucional debe argumentar con claridad,
coherencia y rigor los hechos que considera vulneradores de sus derechos,
identificar de manera concreta cuáles derechos fundamentales se ven
comprometidos y respaldar sus afirmaciones tanto jurídica como probatoriamente.
Solo bajo estas condiciones puede considerarse acreditado el defecto alegado y su
eventual impacto en los derechos invocados6.
21. En el caso que ocupa la atención de esta Sala, se advierte que el accionante
no formuló en su escrito un cuestionamiento claro, ni debidamente fundamentado,
frente al Auto de 7 de marzo de 2025 emanado del Tribunal Administrativo de
Antioquia. No se presentaron argumentos jurídicos concretos que permitieran
identificar cómo dicha providencia habría vulnerado sus derechos fundamentales.
Por el contrario, el accionante se limitó a afirmar que «[e]n consecuencia de eso,
mediante el acto expedido el día 25 de marzo (sic) de parte de EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN confirmó
la sentencia vulnerando el derecho al debido proceso» y reseñar algunos extractos
de sentencias7 y artículos8, sin desarrollar de manera adecuada sus afirmaciones ni
explicar, con un mínimo de claridad, en qué consiste la supuesta afectación a sus
derechos fundamentales.
22. La simple mención de una eventual vulneración de derechos no satisface
las exigencias mínimas para activar este mecanismo excepcional. Si bien en su
5
Cfr. Corte constitucional. Sentencia SU-072 de 2024. 6
Sobre este requisito, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2025.
«67. La Corte Constitucional ha reiterado que la tutela contra providencias judiciales procede únicamente de forma
excepcional, en atención al respeto por la autonomía judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica. No obstante, esta acción
puede ser admitida siempre que se satisfagan estrictamente los requisitos generales y específicos de procedencia, y se
acredite una afectación directa a derechos fundamentales. Este estándar es aún más riguroso cuando se impugnan decisiones
proferidas por altas cortes, debido a su carácter de órganos de cierre dentro del sistema judicial. En tales casos, la intervención
del juez constitucional solo se justifica si la providencia cuestionada es manifiestamente incompatible con el contenido y los
límites de los derechos fundamentales, o si genera una anomalía de tal magnitud dentro del orden jurídico que haga imperiosa
su corrección. Esta exigencia no pretende imponer requisitos formales contrarios a la naturaleza de la acción de tutela ni
desconocer su carácter informal, sino que responde a la necesidad de que el actor fundamente con claridad la afectación
alegada y sustente adecuadamente la presunta infracción constitucional. 68. En este contexto, la Corte también ha reconocido que, en casos excepcionales en los que la tutela es invocada por un
sujeto de especial protección constitucional, es posible flexibilizar el estándar de argumentación. No obstante, esta
flexibilización no implica la eliminación de los requisitos procesales mínimos exigidos, sino que impone al juez constitucional
la obligación de considerar con particular atención las condiciones de vulnerabilidad de los solicitantes. En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que, conforme al principio de que "el juez conoce el derecho", es responsabilidad
del juez de tutela interpretar y adaptar los hechos a las instituciones jurídicas pertinentes según las circunstancias del caso.
[…]
70. No obstante, la flexibilización en el marco de estas acciones constitucionales no significa que la tutela sea un mecanismo
de carácter ilimitado ni que se desdibujen los requisitos mínimos de procedencia. Si, tras aplicar este principio, se identifica
una causal que aparentemente justifica la tutela, es fundamental en todo caso que en las acciones de tutela contra
providencias de altas cortes se acredite de manera preliminar la actuación arbitraria o manifiestamente contraria de la
autoridad judicial demandada. En otras palabras, no basta con señalar que ha habido una vulneración; es necesario demostrar
que la actuación de la autoridad judicial fue evidentemente incompatible con los derechos fundamentales del accionante. Si
no se acredita esta actuación arbitraria o contraria a los derechos fundamentales de forma preliminar, entonces no se puede
considerar satisfecho el requisito general de procedencia de la tutela, que exige una identificación clara y razonada de los
hechos que vulneran los derechos humanos. 71. Esta exigencia previa no es una formalidad innecesaria, sino una garantía de que se acredite la necesidad de intervención
del juez de tutela y el respeto por las competencias del juez natural. Así, si la actuación judicial no refleja una transgresión
evidente de los derechos fundamentales, la acción de tutela debe ser declarada improcedente, pues no se ha cumplido con
los requisitos para que proceda el amparo constitucional. De esta forma, se busca equilibrar el derecho de acceso a la justicia
y la tutela efectiva de los derechos fundamentales, respetando al mismo tiempo la independencia judicial y evitando el abuso
de la acción de tutela en casos donde no exista una vulneración clara y directa.
Esto asegura que la tutela se convierta en un
mecanismo eficaz para corregir injusticias manifiestas, sin desbordar su función constitucional.»
7
La mayoría sin identificación, salvo la sentencia T-1075 de 2003 de la Corte Constitucional. 8
Artículos 48 de la Constitución Política y 15 de la Ley 1755 de 2015.
4
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escrito el accionante relata los hechos que dieron origen al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dicho relato no se traduce en una argumentación que
permita al juez de tutela identificar las razones por las cuales se considera que existe
una violación constitucional. El escrito carece de una estructura argumentativa
suficiente que justifique la intervención del juez constitucional.
23. Bajo este contexto, la Sala concluye que la acción de tutela presentada
persigue reabrir una discusión que ya fue tramitada y resuelta por la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo. El mecanismo de tutela no está diseñado para
convertirse en una nueva instancia de revisión, menos aun cuando lo que subyace
es el simple desacuerdo del accionante con la decisión adoptada. Esta intención
desvirtúa el carácter excepcional y subsidiario de la tutela, que solo procede frente
a una afectación clara, grave y actual de derechos fundamentales, debidamente
sustentada.
24. En consecuencia, se concluye que la presente acción no cumple con los
requisitos de procedibilidad exigidos para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. El juez constitucional no puede sustituir al juez natural en la
valoración de los hechos ni en la interpretación del derecho, y una inconformidad
subjetiva con lo resuelto en sede ordinaria no constituye, por sí sola, una razón
suficiente para su intervención.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por
Alejandro Estrada Acosta en contra del Tribunal Administrativo de Antioquía, de
acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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