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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04822-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04822-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora María Yenny Angulo Angulo contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04822-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: MARÍA YENNY ANGULO ANGULO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – el hecho de sobrepasar los términos
legales, per se, no configura mora judicial, ya que se deben analizar las circunstancias
particulares de cada caso.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por la señora María Yenny Angulo Angulo contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y el artículo 37 del
Decreto Ley 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 3 de agosto de 20252, la señora María Yenny Angulo Angulo, a nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. La señora María Yenny Angulo Angulo fue compañera permanente de Jorge Elias
Ocampo Palacio. El señor en mención fue asesinado por grupos al margen de la
Ley. Esto ocurrió en el municipio de Florida Valle.

3. Motivo por el cual, la accionante solicitó ante la Personería Municipal de Florida
que se les reconociera a ella y a su hija la reparación o indemnización administrativa
a la que hubiese lugar. Dicha solicitud fue trasladada a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (antes Acción Social). Y luego se reconoció en

1
Que ingresó para fallo el 19 de agosto de 2025.
2
Se advierte que inicialmente fue repartida en Barranquilla, sin embargo, el 28 de marzo de 2025,
la oficina de reparto de esa ciudad remitió el expediente a la Secretaría General del Consejo del
Consejo de Estado para lo de su competencia.
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

calidad de víctima de su compañero permanente, siendo incluido en el Registro
Único de Víctimas.

4. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2014 se le informó que el dinero
correspondiente a la indemnización administrativa por el homicidio del señor
Ocampo, había sido reconocido y pagado en su totalidad a otras personas. Sin tener
en cuenta a la accionante y a la menor hija que tenían.

5. Con base en lo anterior, en ejercicio de la reparación directa, la señora María
Yenny Angulo Angulo, en nombre propio y en representación de su menor hija
Vanessa Alexandra Ocampo Angulo presentó demanda de reparación directa en
contra de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con el fin
que: (i) se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público –
Departamento Nacional de Planeación y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, de los perjuicios materiales y morales ocasionados a la
actora y a su hija. Lo anterior por el desconocimiento de la reparación integral a la
que tenían derecho como víctimas del conflicto armado por la muerte de su
compañero permanente y padre, Jorge Elías Ocampo Palacios ocurrida el 28 de
diciembre de 2003; (ii) que como consecuencia de lo anterior, se condenara a la
entidad demandada a pagar la suma de los perjuicios morales y materiales
correspondientes; (iii) que se condenara a pagar a favor de los demandantes, los
intereses moratorios desde la fecha de ocurrencia de la omisión hasta la fecha en
la que se hiciera efectiva la condena; (iv) entre otros.

6. Mediante sentencia del 10 de mayo de 2022, el Juzgado Décimo Administrativo
de Oralidad del Circuito de Cali, adoptó las siguientes determinaciones: (i) negó las
pretensiones de la demanda y (ii) no condenó en costas.

7. La autoridad judicial concluyó que revisado el expediente administrativo, si bien
era cierto que existía una respuesta de la Unidad Para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas del 7 de junio de 2011 en la cual se informaba sobre el ingreso
del proceso de la señora Angulo Angulo. Lo cierto es que el 4 de octubre de 2011,
dicha Unidad requirió a la demandante para que aportara una información porque
no se lograba establecer si se encontraba en la base de datos de la entidad. No
obstante, no se encontró información en la que se denotara que se subsanó ese
yerro. Contrario a la acreditación allegada por la señora Gloria Patricia Acosta
Trochez que actuó en nombre propio y en representación de su menor hija. Ella
había iniciado el trámite correspondiente, lo cual daba a entender que era la única
beneficiaria de ese derecho. A pesar de esto, solo hasta el 10 de julio de 2013, la
demandante remitió la documentación requerida. Y el 8 de abril de 2014, la Unidad
le informó que luego de estudiar la viabilidad de la solicitud, encontró que el 18 de
septiembre de 2012 había sido reconocida la indemnización administrativa a la
esposa e hija quienes manifestaron en su momento ser los únicos destinatarios de
las indemnizaciones y señalaron la prohibición de la doble reparación.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

8. La autoridad judicial también determinó que el reconocer la indemnización
administrativa a la señora Gloria Patricia Acosta y no a ella, no ocurrió en el
incumplimiento de un deber. Por el contrario, no existía constancia en la entidad, de
otro procedimiento igual con destinatarias de igual derecho, pues hasta el 2013 se
constató de la otra solicitud cuando ya se había realizado el pago. Por ello, la actora
tenía a su alcance los mecanismos tendientes a lograr hacer parte del
reconocimiento de la indemnización administrativa o una conciliación. Sin embargo,
no se acreditó ninguno de estos procedimientos. Por lo que no existió una falla en
el servicio por incumplimiento del deber o por omisión de la entidad demandada, por
el no reconocimiento y pago de la reparación administrativa.

9. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. Mediante providencia del 25 de noviembre de 2022, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca3 (i) admitió el recurso de apelación; (ii) informó a
las partes que podían pronunciase en relación con el recurso de apelación
formulado hasta la ejecutoria del auto y (iii) notificó personalmente al agente del
Ministerio Público.

Pretensiones

10. La actora solicitó lo siguiente:

“• Que se tutele mi derecho fundamental al debido proceso y a una justicia en
plazo razonable, vulnerado por la mora judicial en la que ha incurrido el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

• Que se ordene al Magistrado Ponente Juan Pablo Dossman Cortez del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que en un término no mayor a 15
días hábiles, profiera la sentencia de segunda instancia correspondiente en el
proceso identificado con radicado 76001333301020160002101”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. La parte accionante indicó que es demandante en un proceso de reparación
directa5. Asimismo, dijo que han transcurrido más de “18 meses”6 sin que se haya
proferido sentencia de segunda instancia. Lo anterior, a pesar que se culminó la
etapa probatoria y haber presentado varios impulsos procesales.

12. En este sentido, explicó que tal demora ha impedido que se resuelva una
controversia dada en el año 2016. Por tal motivo, representa una vulneración a sus

3
M.P. Oscar Silvio Narváez Daza.
4
Obra en certificado 5AD9A5BF0C7B26D5 FF4A24E7DA72DE18 4AA19847F43DDBFD
13D0A41E5B20651D, pág. 2, índice 2 de samai.
5
El radicado allegado es el siguiente: 76001333301020160002101.
6
Obra en certificado 5AD9A5BF0C7B26D5 FF4A24E7DA72DE18 4AA19847F43DDBFD
13D0A41E5B20651D, pág. 1, índice 2 de samai.
3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

derechos fundamentales al debido proceso, “a una decisión judicial oportuna”7 y el
acceso a la administración de justicia.

13. Por último, mencionó las sentencias T-025 de 2021, T-558 de 2013 y SU-337
de 2021 de la Corte Constitucional. A su juicio precisan que la mora judicial
prolongada, afecta los derechos fundamentales.

Trámite en primera instancia

14. A través de auto del 6 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
como accionado; al Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali,
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, al Departamento Nacional de Planeación, a la Unidad para la atención y
Reparación Integral a las Víctimas, al Ministerio Público y a los demás intervinientes
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 76001-
33-33-010-2016-00021-00/01 como terceros interesados en las resultas del
proceso. Requirió al Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali
para que allegara copia digital del expediente de reparación directa identificado con
el radicado 76001-33-33-010-2016-00021-00/01.

Intervenciones

15. El Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali, a
través de su secretario, indicó que en el proceso ordinario las partes intervinientes
fueron: (i) la demandante María Yenny Angulo Angulo representada por el abogado
Oscar Javier Parra Saavedra y (ii) La unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas.

16. De manera posterior, allegó otro memorial. En el mismo, indicó que en el
expediente digital se incorporaron las actuaciones no cargadas, que se conservan
en la nube del despacho. Estas se encuentran en el índice 33 y se pueden acceder
a través del siguiente enlace8. En el mismo sentido, remitió copia del expediente el
cual se conserva en el OneDrive9.

17. El Departamento de Nacional de Planeación solicitó la desvinculación de la
presente acción. Lo anterior bajo el argumento de que no tiene competencia alguna
para pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones del accionante. Dijo que no

7
Obra en certificado 5AD9A5BF0C7B26D5 FF4A24E7DA72DE18 4AA19847F43DDBFD
13D0A41E5B20651D, pág. 1, índice 2 de samai.
8
El enlace es el siguiente:
https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7600133330102016000210
07600133
9
Ibidem:
https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm10cali_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fadm10cali%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FANA
QUEL%20DIGITAL%2F17%2E%20REMITE%20EXPEDIENTE%20AL%20TCAV%20EN%20APEL
ACION%2F760013333010%2D2016%2D00021%2D00&ga=1
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

se encuentra legitimado por pasiva en relación con el proceso y el recurso de
apelación que señala la accionante.

18. Por otra parte, expresó que carece de competencia para pronunciarse, pues no
ha sido notificado la entidad de dicho proceso ordinario ni tampoco resulta parte o
sujeto procesal en ese. Igualmente, describió sus funciones, objetivos y
competencias establecidas en la Constitución Política, la Ley y el Decreto 1893 de
2021.

19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que en la actualidad
cursan más de 750 procesos ordinarios, de acuerdo con el reporte de estadística de
SIERJU con corte al 30 de junio de 2025. Sin contar con los que han ingresado a la
fecha actual. Sumado a que, debe resolver acciones de tutela, consulta de
sanciones impuestas en incidente de desacato, revisiones de acuerdos municipales,
recursos de insistencia, acciones electorales, acciones de cumplimiento y
populares. Así como también las peticiones de habeas corpus, que cuentan con un
término expedito para su resolución. Además de las diferentes audiencias que ya
están programadas durante el resto del año.

20. Del mismo modo, el Magistrado Dossman Cortéz señaló que, a finales del año
pasado, específicamente el 17 de octubre de 2024, asumió dicho cargo. Igualmente,
dispuso la suspensión de términos por 3 días, para consolidar el inventario del
despacho. Esto para determinar los procesos pendientes de dictar sentencia con
anterioridad a su entrada. Por ello, mencionó los procesos pendientes en los años
2016 a 2019 que fueron evacuados en las 4 primeras salas de decisión; los del año
2020 que fueron decididos en los meses de abril y mayo; los procesos de 2021 de
los cuales queda pendiente el proceso con radicado “2016-001567”10.

21. Adujo que, el plan de mejoramiento fue debidamente presentado y sustentado
ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. También expresó
que trazó una meta para avanzar de manera progresiva, con los procesos del año
2022, teniendo como pendiente un total de 55 asuntos11. De los cuales ya fueron 13
evacuados en las salas de junio, julio y agosto.

22. Puso de presente que, también ha resuelto los recursos de apelación
interpuestos contra autos dictados por los distintos jueces administrativos durante
los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 202112. De ese listado allegado, precisó que solo
restan los procesos con radicados núms. i) 2024-00122-01, ii) 2023-00299-01, iii)
2019-00234-01, iv) 2022-00198-01 y v) 2019-00104, los cuales ya fueron asignados
al equipo de trabajo y serán convocados en las próximas Salas. Además que, allegó
la convocatoria de los procesos que iban a ser estudiados para la Sala del viernes
15 de agosto de 202513.

10
Se transcribe el radicado.
11
Ver pág. 4 de la contestación de tutela del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
12
Ibidem.
13
Obra en certificado 801F91A840F00872 F7D14658FC8E1055 68E8D02D861DF2AC
95427637E2A72C4F, en el índice 14, del expediente digital de tutela.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

23. En otro sentido, sostuvo que, por ese motivo no ha resuelto el proceso ordinario
objeto de debate en sede de tutela. Y que el hacerlo vulnera el derecho-principio de
igualdad respecto de los demás usuarios que esperan por la resolución de sus
procesos. Por tanto, será resuelto en el orden fijado de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 446 de 1998. Mas aun cuando la parte actora no ha expuesto una razón
solida por la cual amerite que su proceso se falle con prelación. Más allá de solicitar
a través de impulsos procesales, mismos que fueron respondidos mediante auto del
27 de febrero de 2025. Incluso en dicha respuesta se indicó que su proceso no se
encuentra en turno para proferir sentencia.

24. Por esos motivos solicitó que niegue el amparo de tutela, pues no se configura
una mora judicial injustificada.

25. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adujo que no ha vulnerado los
derechos fundamentales de parte accionante, pues las actuaciones judiciales que
deben ser emitidas no son atribuibles a esa Cartera Ministerial. Ello corresponde a
una actuación que deber emitir la rama judicial en el marco de su competencia
funcional. Por tanto el Ministerio no tiene injerencia para emitir pronunciamientos,
juicios y/o apreciaciones en relación a las decisiones judiciales que deben proferir
dichos funcionarios.

26. Precisó las funciones asignadas de conformidad con el Decreto 4712 del 15 de
diciembre de 2008 e indicó que no está legitimado en la causa. Por lo que solicitó
ser desvinculado de la presente acción de tutela.

27. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de manera
extemporánea14, explicó su naturaleza jurídica, así como su competencia y
funciones. Para esto mencionó la Ley 1448 de 2011, Decreto 1290 de 2008, Decreto
4155 de 2011, Ley 975 de 2005, entre otros.

28. En otro sentido, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Debido a que los hechos y las pretensiones no se encuentran atribuidas a este. Por
esto, no tiene injerencia, no es la competente para dar respuesta y no se puede
atribuir alguna responsabilidad ante la presunta mora judicial.

29. El Departamento Nacional de Planeación15 y el Ministerio Público16 no
intervinieron pese a estar notificadas.

14
La contestación de tutela fue allegada con posterioridad al paso a despacho para fallo.
15
Se notificó el 11 de agosto de 2025 al correo electrónico notificacionesjudiciales@dnp.gov.co. Ver
índice 8 y 9 de samai.
16
Se notificó el 11 de agosto de 2025 al correo electrónico procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.
Ver índice 8 y 9 de samai.
6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

30. La Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado
es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de
tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 201917.

Problema jurídico

31. En primer lugar, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela satisface
los requisitos formales de procedibilidad establecidos en la jurisprudencia
constitucional para su admisión. Superado dicho examen preliminar, será procedente
estudiar de fondo si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
a la señora María Yenny Angulo Angulo, con ocasión de la presunta mora judicial
injustificada, al no proferir sentencia dentro del proceso de reparación directa
identificado con el núm. radicado 76001-33-33-010-2016-00021-00/01.

32. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia constitucional respecto de
la mora judicial; (ii) análisis de los requisitos de procedencia formal para establecer
si existe mora judicial injustificada y; (iii) examen de fondo del caso en concreto.

Mora judicial

33. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución18.

34. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción o
ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
empleado judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable19.

17
Reglamento interno de esta corporación, específicamente el artículo 13 que indica la “distribución
de los procesos entre las secciones”.
18
Corte Constitucional, SU-179 de 2021. M.P Alejandro Linares Cantillo.
19
Corte Constitucional, SU-333 de 2020. M.P Alberto Rojas Ríos.
7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

35. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en concreto,
si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a una actitud
caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas estructurales
que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la congestión judicial
o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los despachos. Este tipo
de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas directamente a los
servidores judiciales.

36. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable20.

37. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional21, para establecer
si existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera
corresponde al examen de procedibilidad formal, el cual se satisface cuando se
cumple entre otros los siguientes requisitos:

“(i)no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el
proceso (como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras
razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha
impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a
conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas
procesales”.

38. Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al análisis de fondo, en el que se debe
establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.
Conforme el precedente constitucional, ésta se presenta cuando se verifican los
siguientes elementos:

“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la
ley para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa
razonable que justifique dicha dilación, como lo sería la congestión
judicial o la carga excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión de la autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes
funcionales”.

20
Corte Constitucional, SU-179 de 2021. M.P Alejandro Linares Cantillo.
21
Corte Constitucional SU-333 de 2020. M.P Alberto Rojas Ríos.
8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Análisis del caso concreto

39. La actora promovió la presente acción de amparo constitucional por la presunta
mora judicial injustificada atribuible al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
dentro del proceso de reparación directa, identificado con número 76001-33-33-010-
2016-00021-00/01. Afirmó que, desde la radicación de la demanda, han transcurrido
“18 meses”22, sin que se haya proferido sentencia de segunda instancia.

40. La acción de tutela de la referencia superó los requisitos de procedibilidad formal,
en la medida en que la accionante no cuenta con otro mecanismo judicial eficaz para
superar la inactividad procesal. Vale anotar que el proceso de reparación directa aún
se encuentra en curso. Interponer una nueva acción judicial no solo sería ineficaz,
sino que implicaría una carga adicional para el sistema judicial.

41. Asimismo, se advierte que la actora ha obrado con diligencia, pues presentó
impulsos procesales al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de
impulsar el desarrollo del proceso. Además, no se evidencia que haya incurrido en
prácticas dilatorias ni en el incumplimiento de cargas procesales que hayan
obstaculizado el avance del trámite.

42. Con todo, en el presente caso no es posible atribuir de manera exclusiva a la
autoridad judicial la supuesta mora judicial, toda vez que la prolongación en el trámite
procesal ha tenido origen en el cambio de magistrados y la cantidad de expedientes
que se encuentran al despacho, tal como se explicará a continuación:

a. El 25 de noviembre de 202223, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
(i) admitió el recurso de apelación; (ii) informó a las partes que podían
pronunciase en relación con el recurso de apelación formulado hasta la
ejecutoria del auto y (iii) notificó personalmente al agente del Ministerio Público
con el fin de que si a bien lo tenía podía emitir concepto desde que se admitía
el recurso y hasta que ingresara el proceso al Despacho para dictar sentencia.

b. El expediente ingresó al despacho para fallo el 26 de enero de 2023 24.

c. El 5 de febrero de 202325, la parte demandante allega un memorial a través
del cual solicitaba un impulso procesal. Así mismo indicó que había intentado
“inscribirse” en samai pero no fue posible.

22 Obra en certificado 5AD9A5BF0C7B26D5 FF4A24E7DA72DE18 4AA19847F43DDBFD
13D0A41E5B20651D, pág. 1, índice 2 de samai.
23 Ver índice 6 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
24 Ver índice 12 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
25 Ver índice 13 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

d. El 3 de mayo de 202326, la parte demandante presentó un derecho de
petición en el cual solicitaba que se diera respuesta al memorial allegado el 5
de febrero de 2025.

e. El 29 y 30 de enero de 202427, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
le indicó a la parte demandante a través de correo electrónico, que podía
ingresar a Samai sin que fuera necesario el registro. Lo anterior con el fin que
pudiera gestionar sus procesos judiciales. De igual modo informó que el
proceso estaba en el despacho para fallo.

f. El 6 de agosto de 202428, la parte demandante solicitó información sobre su
proceso. Lo anterior debido a que habían transcurrido 1 año y 6 meses sin
ninguna novedad.

g. El 20 de septiembre de 202429, la parte demandante solicitó información de
su proceso, debido a que habían transcurrido 20 meses sin obtener respuesta.

h. El 7 de noviembre de 202430, la parte demandante solicitó información de
su proceso, debido a que habían transcurrido 21 meses sin obtener respuesta.

i. El 19 de noviembre de 202431, se realiza cambio de ponente y se indica que
el nuevo magistrado es Juan Pablo Dossman Cortez.

j. A través de auto del 27 de febrero de 202532, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca resuelve el impulso procesal. Indica que pese a que el
expediente ingresó al despacho para fallo el 26 de enero de 2023. Lo cierto es
que en la actualidad se están evacuando asuntos que ingresaron para el
mismo fin, por orden de antigüedad. Motivo por el cual se resolverá con
sujeción al turno respectivo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 18 de
la Ley 496 de 1998.

k. El auto en mención fue notificado a las partes el 27 de febrero de 202533.

43. Así las cosas, tras revisar lo anterior, la Sala observa que con el cambio de
magistrado titular, le fueron resueltos los impulsos procesales y se le indicó que su

26 Ver índice 14 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
27 Ver índice 15 y 16 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
28 Ver índice 17 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
29 Ver índice 18 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
30 Ver índice 19 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
31 Ver índice 20 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
32 Ver índice 21 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
33 Ver índice 23 de Samai, en el expediente de reparación directa 76001-33-33-010-2016-00021-

00/01.
10

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

proceso se resolvería con sujeción al turno respectivo. Luego entonces, la carga de
procesos que tiene a su cargo, ha impedido la resolución de la sentencia del proceso
objeto de debate. Pues tal como lo indicó en su respectivo informe de tutela, tiene a
cargo varios expedientes34 que ha venido atendiendo de acuerdo con la naturaleza
de los asuntos y con el respectivo orden de ingreso al despacho. Todo esto sugiere
que se ha requerido de una gestión cuidadosa y una atención particular a diversos
aspectos procesales y sustanciales.

44. En este contexto, la Sala considera que las posibles demoras son consecuencia
de la carga laboral que se encontraba en el despacho con anterioridad a su posesión
y que ha adelantado en los diferentes asuntos de conformidad con la naturaleza de
los expedientes que tiene a cargo y el orden de ingreso al despacho, lo que exige
una celosa atención por parte del funcionario judicial y su equipo de trabajo al tiempo
que dificulta la resolución de la litis dentro de lapsos cortos.

45. Por tanto, la Subsección concluye que no se configura una mora judicial
injustificada por parte de la autoridad judicial accionada, pues es posible colegir que
los tiempos han sido razonables y se ajustan a la realidad de la congestión judicial.

46. Es importante señalar que la presentación de impulsos procesales y/o
memoriales no constituye una causa válida para modificar la asignación de turnos
para fallo, ya que esta posibilidad está reglada. La ley prevé ciertos eventos en los
que se puede solicitar prioridad en la resolución de demandas, sin necesidad de
ajustarse al orden cronológico asignado, como lo establece el artículo 63A de la Ley
270 de 199835.

34
Ver contestación de tutela realizada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el cual
se determina de manera clara y específica los procesos a su cargo.
35
“ARTÍCULO 63A. Adicionado por el Artículo 16 de la Ley 1285 de 2009. así: Del orden y
prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación
grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de
crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas
Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo
de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional,
señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha
actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.
Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del
Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de
antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión
colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.
Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo
Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia,
podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo
de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales
Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden
de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el
efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los
procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá
el respectivo estudio.
PARÁGRAFO 1°. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446
de 1998.
PARÁGRAFO 2°. El reglamento interno de cada corporación judicial señalará los días y horas de
cada semana en que ella, sus Salas y sus Secciones, celebrarán reuniones para la deliberación de
11

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04822-00
Accionante: María Yenny Angulo Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

47. En conclusión, la Subsección considera que la mora judicial se encuentra
justificada, lo que lleva a negar la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora María Yenny
Angulo Angulo contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.

VF

los asuntos jurisdiccionales de su competencia, sin perjuicio que cada Sala decida sesionar con
mayor frecuencia para imprimir celeridad y eficiencia a sus actuaciones.
PARÁGRAFO 3°. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los
turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de
garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y prestacional vigente en la Rama
Judicial”.
12

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