Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04826-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04826-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04826-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04826-01
Accionante: Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de
Aviadores Civiles - CAXDAC
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de acción de cumplimiento / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – No
cumple los presupuestos de legitimación en la causa por activa, respecto del derecho
a la seguridad social, y relevancia constitucional, pues reproches tienen como fin
emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 4 de agosto de 2025 la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles - CAXDAC, a través de apoderado judicial,
promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social “de más de mil afiliados y
pensionados” de esa Caja.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 10 de julio del año en curso,
emitida dentro de la acción de cumplimiento1 que instauró contra la Superintendencia
Financiera de Colombia, con el objeto de que acatara los artículos 9 del Decreto 1283
de 19942 y 2 del Decreto 824 de 20013.
3.
En la providencia acusada se revocó la decisión judicial de 6 de mayo de 2025,
mediante la cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
1 Expediente 25000-23-41-000-2025-00477-01.
2 “Por el cual se establece el régimen de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de
Aviadores Civiles Caxdac”.
3 “por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1283 de 1994”.
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de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar
su improcedencia, al no satisfacer el requisito de subsidiariedad. Se precisó que la
controversia existente entre la tutelante y la mencionada Superintendencia escapa
del ámbito de acción del juez de cumplimiento. El debate jurídico surgió a propósito
de la negativa de ese ente, contenida en los actos administrativos de 11 de enero
(sic) y 2 de octubre de 2023, de aplicar la propuesta de la accionante, consistente en
permitirle financiar sus gastos de administración “cobrando una comisión sobre los
activos legales administrados para el periodo 2023-2035”. A juicio de la Sección
Quinta, esta discusión debió ser conocida por el juez de lo contencioso-administrativo
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, se
evidencia inconformidad con la Resolución 237 de 2018, mediante la cual la
Superintendencia Financiera fijó el porcentaje máximo que puede utilizar la tutelante
para sufragar sus gastos de administración.
4.
La parte actora sostuvo que se configuró defecto sustantivo, pues no se tuvo en
cuenta la sentencia C-193 de 1998 de la Corte Constitucional, en la que se declaró
inexequible la expresión “norma o”, contenida en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997,
al precisar que cuando se pretende la observancia de normas de carácter general,
no existe otro instrumento en el ordenamiento jurídico distinto a la acción de
cumplimiento, de manera que no cabe exigir que se acredite la inexistencia de otros
medios judiciales. Diferente cuando se pide el acatamiento de actos administrativos
de carácter particular y subjetivo, pues el afectado normalmente tiene otros
mecanismos jurídicos a su alcance, que le permiten lograr dicho propósito.
5.
En este caso, la Superintendencia Financiera tiene el mandato imperativo e
inobjetable de fijar una comisión de administración para que ella pueda administrar
la reserva pensional y con ello pagar las correspondientes mesadas de sus más de
mil afiliados y pensionados. Es decir, en la acción de cumplimiento se perseguía la
observancia de unas normas de carácter general (artículos 9 del Decreto Ley 1283
de 1994 y 2 del Decreto 824 de 2001), por ende, no se estaba en la hipótesis del
cumplimiento de un acto administrativo de alcance particular.
6.
En esa medida, si se aceptara la tesis de la autoridad judicial accionada, según la
cual la acción de cumplimiento no procede, al haber obtenido una respuesta
desfavorable, la cual era dable atacarla en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho, implicaría que (i) los ciudadanos solo tendrían una oportunidad para pedir
el cumplimiento de una ley ante la Administración, dado que ante la primera negativa,
tendrían que acudir a la jurisdicción contenciosa y no podrían, frente a un
incumplimiento continuado y reiterado, formular posteriores reclamaciones, pues se
obtendría como respuesta que ya se atendió esa solicitud con antelación y que el
ciudadano dejó fenecer las acciones contenciosas a que había lugar; y (ii) todo
pronunciamiento negativo de la Administración se consideraría un acto
administrativo susceptible de ser demandado, es decir, nunca procedería la acción
de cumplimiento.
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7.
Asimismo, se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
porque no se advirtió el perjuicio irremediable que se ocasiona con la omisión de la
administración. En el fallo acusado se indicó que no se señalaron los perjuicios a que
se enfrentaría en el evento de no accederse a lo pretendido en la acción de
cumplimiento. Sin embargo, ello no corresponde a la realidad, pues -tanto en la
demanda como en el escrito de constitución de renuencia- advirtió que de negarse
sus súplicas no se tendría ningún ingreso del cual derivar la comisión de
administración para el año 2026.
8.
Lo anterior ya acaeció, pues a corte de 30 de junio de 2025 recibió transferencias
por $3.306.491.214, valor que se tomaría como base para calcular la comisión para
gastos de administración y funcionamiento operativo, la cual resultaría insuficiente
para cubrir los costos administrativos del año 2026. Situación que genera
incertidumbre estructural para garantizar su operación en el servicio de seguridad
social en 2026, debido a que los costos anuales de funcionamiento para este año en
curso ascendieron a $10.791.425.801, monto que se cubrió con cargo a las
transferencias realizadas en 2024 por sentencias judiciales, las cuales alcanzaron
los $38.608 millones, suma significativamente menor a la vigencia recaudada en el
2023 ($254.353.693.967) y 2024, en razón al límite temporal descrito en la Ley 860
de 2003 (artículo 3).
9.
Por consiguiente, el problema jurídico que aquí se expone no es la operación de
una empresa, sino el acceso al servicio de seguridad social de los más de mil
afiliados y pensionados de una administradora de pensiones que se encuentra con
un perjuicio irremediable de cese en la prestación de su servicio público obligatorio
desde enero de 2026. Circunstancias que cumplen los elementos de inminencia,
gravedad, urgencia e impostergabilidad requeridos para la configuración del perjuicio
irremediable que se alega.
10.
De igual modo, se configuró un defecto fáctico, en tanto se valoró de manera
indebida el material probatorio. La autoridad judicial convirtió en acto administrativo
un oficio con el que el 2 de octubre de 2023 la Superintendencia se pronunció sobre
un escrito que presentó, en el sentido de dar su concepto jurídico sobre las diferentes
propuestas de financiación que formuló, tanto así que contra este no se otorgó la
posibilidad de interponer recurso alguno. Además, se pasa por alto que para esa
época no se podía hablar de restablecimiento del derecho, dado que para la vigencia
2023 y 2024 contaba con las transferencias suficientes para cubrir los gastos de
administración sin que sus más de mil afiliados y pensionados se vieran
perjudicados.
11.
El otro de los presuntos actos administrativos se trata de un memorial que se
radicó el 11 de enero de 2023 ante la Superintendencia Financiera, es decir, no lo
expidió esa entidad. Este tuvo como fin exponer ante ese ente una serie de
simulaciones financieras que realizó con el fin de soportar la toma de decisiones
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respecto de su sostenibilidad financiera en el horizonte 2023-2035, sin que se
efectuara solicitud alguna.
12.
Es decir, se calificó como acto administrativo una comunicación dirigida por esa
entidad a la Superintendencia Financiera y un oficio que era de tipo informativo.
13.
No se tuvo en cuenta el escrito de constitución de renuencia que presentó en
diciembre de 2024, momento para el cual ya habían transcurrido las dos primeras
vigencias del período 2023-2035 sobre el cual había versado la comunicación de 11
de enero de 2023 y en la que sí se solicitó el cumplimiento de los artículos 9 del
Decreto 1283 de 1994 y 2 del Decreto 824 de 2001.
14.
Por último, se presentó la causal de violación directa de la Constitución, toda
vez que la autoridad judicial no ha interpretado y aplicado las normas de conformidad
con el texto constitucional. Falencia que no solo amenaza su sostenibilidad
financiera, sino los derechos adquiridos de los actuales pensionados, al no poder
garantizar que se continúe con el pago de sus mesadas.
15.
En conclusión, la decisión judicial acusada no solo torna inocua la acción de
cumplimiento, sino que desprotege a sus más de mil afiliados y pensionados frente
a una inminente desfinanciación para el año 2026 de los gastos de administración y
operación, derivada de la omisión de la Superintendencia Financiera de fijar la
comisión pese a la existencia de una norma que así lo obliga.
B. Sentencia de primera instancia
16.
Mediante sentencia de 18 de septiembre de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente el trámite constitucional. Se determinó que la
tutelante carecía de legitimación en la causa por activa para reclamar en estas
diligencias la protección de derechos fundamentales en nombre de personas
indeterminadas frente a hechos de carácter general y que no se advierte que hayan
sido parte dentro de la acción de cumplimiento en la que se emitió la decisión judicial
objeto de reproche. Tampoco se cumplen los requisitos para reconocerla como
agente oficioso.
17.
De igual modo, se advirtió que el asunto no superaba la exigencia de relevancia
constitucional. El debate suscitado no se realizó desde una óptica constitucional y la
parte actora pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con lo que
buscar reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural del asunto. Si bien la
tutelante aduce vulneración de derechos fundamentales, lo cierto es que no existe
un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera
que se afectaron esas prerrogativas superiores. Además, la discusión aquí planteada
fue analizada por la autoridad judicial accionada y no se observa que la decisión
adoptada al respecto hubiese sido arbitraria o se hubiese quebrantado derecho
fundamental alguno.
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18.
Por el contrario, en la providencia acusada se determinó, de acuerdo con las
pruebas obrantes en el expediente, que se debía declarar la improcedencia de la
acción de cumplimiento, en razón a que la controversia debió ser conocida por el
juez de lo contencioso-administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
C. La impugnación
19.
La parte actora adujo que cuenta con legitimación para proteger los derechos de
sus afiliados y pensionados. De acuerdo con jurisprudencia 4 de la Corte
Constitucional, las personas jurídicas pueden agenciar los derechos de sus
miembros, funcionarios y afiliados, y se ha admitido que un accionante reclame la
legitimación para obrar en nombre de terceros cuando estos coadyuven la tutela 5.
En este caso 3 pensionados coadyuvaron la tutela.
20.
Por tanto, constituye una transgresión a la jurisprudencia constitucional, insistir en
que, en su calidad de administradora de pensiones, carece de legitimación en la
causa para actuar en defensa de sus afiliados y pensionados frente a los deberes
propios de la prestación del servicio público de seguridad social. Además, el hecho
de que se le imponga al afiliado que, una vez se le suspenda el servicio, acuda de
manera individual a reclamar su protección, desplaza indebidamente la carga hacia
él, al imponerle las consecuencias de la inoperancia o pasividad de la
administradora, cuando es precisamente ella, la que tiene el deber legal y
constitucional de garantizar el goce efectivo del derecho pensional, como parte de la
función pública que ejerce en el marco del Sistema General de Seguridad Social.
21.
Al respecto, indicó que debe tenerse en cuenta que en reunión ordinaria de la
Asamblea General de sus Afiliados, celebrada el 26 de mayo de 2025, se le autorizó
para que emprendiera las acciones judiciales, incluida la presente acción de tutela,
con el fin de defender su derecho a la pensión, el cual se ve amenazado por la
omisión de la Superintendencia Financiera que se discutió en la acción de
cumplimiento, así como por el fallo acusado que aplicó una norma declarada
inexequible para negarle el acceso a la justicia.
22.
También sostuvo que el asunto reviste de relevancia constitucional, porque (i) la
autoridad judicial aplicó de manera indebida una norma, que fue declarada
parcialmente inexequible por la Corte Constitucional; (ii) la decisión judicial acusada
pone en riesgo el derecho a la seguridad social de sus afiliados y pensionados; (iii)
se persigue el acceso a la acción de cumplimiento, el cual se ha visto obstaculizado
por temas procesales que carecen de fundamento legal y constitucional; y (iv) la
discusión se relaciona con su continuidad como administradora del régimen de prima
4 Sentencias T-568 de 1999, T-063 de 2014 y T-841 de 2014.
5 Sentencia SU-150 de 2021 y SU-277 de 2025.
5
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media para un grupo de aviadores, quienes dependen de ella para la garantía de su
mínimo vital, por ello la importancia de que la Superintendencia Financiera cumpla
sus deberes constitucionales y legales para asegurar la continuidad de la labor de
una administradora de pensiones.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
23.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.
F. Cuestión previa: Impedimento
24.
A través de escrito del 19 de noviembre de 2025 el consejero Fernando Alexei
Pardo Flórez manifestó estar incurso en la causal de impedimento contenida en el
numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, para lo cual indicó lo
siguiente:
«(…) la providencia del 10 de julio de 2025, dictada por la Sección Quinta de esta
Corporación, fue suscrita por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, con quien
mantengo una amistad estrecha desde hace ocho años aproximadamente. Este vínculo
se ha forjado a partir de innumerables espacios académicos y personales, en el marco
de los cuales: (i) conozco de manera cercana a su familia (esposa e hijo) y él a la mía, (ii)
nos hemos acompañado en momentos significativos de nuestras vidas (logros e
infortunios personales), (iii) mantenemos una comunicación abierta y constante, (iv) nos
visitamos frecuentemente, incluso en nuestras viviendas y (v) guardamos un profundo
respeto mutuo. ».
25.
Revisado el escrito de tutela y los documentos allegados a este trámite
constitucional, se constata que el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en efecto, suscribió la providencia
cuestionada. Además, el magistrado Pardo Flórez explicó de forma clara y concreta
que desde hace 8 años mantiene con aquel una amistad íntima, que se exterioriza
en situaciones como el hecho de conocer de manera cercana a su familia, haberse
acompañado en diferentes momentos de sus vidas, la constante comunicación entre
ambos y las visitas frecuentes en sus hogares, todo lo cual los lleva a guardarse un
profundo respeto mutuo. Lo anterior permite concluir que su imparcialidad puede
verse afectada para decidir la acción de tutela de la referencia, por lo que se
declarará fundado el impedimento manifestado.
6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6
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G. Análisis del caso concreto
26.
La Sala no encuentra que la argumentación desplegada por la parte actora sea
suficiente para tener por satisfechos los presupuestos de legitimación en la causa
por activa y relevancia constitucional, como se indicó en la sentencia de primera
instancia, motivo por el cual se confirmará dicha providencia, como pasa a
explicarse.
(i) Legitimación en la causa por activa
27.
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir
a la acción de tutela, bien sea por sí misma o a través de un representante, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares. Mandato constitucional
que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
28.
De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán
solicitar el amparo constitucional (i) ya sea en forma directa, (ii) por intermedio de un
representante legal, (iii) mediante apoderado judicial, (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su
propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado7.
29.
En el presente asunto se persigue la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de la tutelante y a la
seguridad social “de más de mil afiliados y pensionados”, en la medida en que la
omisión en la que incurre la Superintendencia Financiera de Colombia de fijar un
porcentaje máximo para sus gastos de administración impacta de manera negativa
su funcionamiento para el año 2026 y, con ello, se le impide que continúe con el pago
de las mesadas de aquellos.
30.
Al respecto, se tiene que si bien la jurisprudencia constitucional8 ha avalado la
posibilidad de que a través de la acción de tutela las personas jurídicas reclamen la
protección de garantías superiores cuya titularidad recae exclusivamente en las
personas naturales, como lo afirma la accionante en su escrito de impugnación, lo
7 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción
de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
8 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2013, M. P. María Victoria Calle Correa.
7
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cierto es que para que ello sea posible, resulta necesario indicar la situación fáctica
concreta de la que se derive dicha transgresión, lo cual no acontece en este asunto.
31.
En igual sentido, se indica que si bien 3 pensionados intervinieron en el presente
trámite constitucional, ellos no solicitaron que fueran tenidos como coadyuvantes,
tanto así que en primera instancia se abstuvo de emitir pronunciamiento frente a sus
solicitudes de protección de sus derechos fundamentales, con el fin de no vulnerar
el derecho al debido proceso de las partes.
32.
Tampoco se observa que la tutelante haya indicado en este trámite constitucional
que actuaba en condición de agente oficioso de dichas personas, ni de sus demás
afiliados, ni se evidencia la razón por la que no podrían acudir por sí mismas ante el
juez de tutela en procura de salvaguardar sus derechos fundamentales, máxime
cuando, se reitera, aquellos concurrieron a este asunto constitucional para solicitar
la protección de sus garantías superiores.
33.
Por consiguiente, no resulta suficiente para avalar la legitimación de la actora la
celebración de una asamblea general de sus afiliados celebrada el 26 de mayo de
2025, pues se autorizó de manera general la presentación de acciones judiciales,
pero no de manera específica la de esta tutela ni se manifestó imposibilidad alguna
para que aquellos no pudieran acudir a esta sede constitucional. Sin mencionar que
la referida asamblea cumple unas funciones de representación para fines
específicos, no para determinar la presentación de acciones de tutela en defensa de
los derechos fundamentales de cada uno de los afiliados y pensionados.
34.
En todo caso, debe advertir la Sala, como se hizo en primera instancia, que lo
pretendido es dejar sin efectos una providencia judicial emitida en el marco de una
acción de cumplimiento, por tanto, las personas habilitadas para controvertirla a
través de este mecanismo constitucional son quienes participaron en esas
diligencias. La facultad para acudir a esta acción está supeditada a la titularidad de
los derechos fundamentales cuya protección se invoca, que, bajo dicha perspectiva,
está en cabeza únicamente de quienes intervinieron en el proceso.
35.
Por tanto, en principio, los únicos habilitados para instaurar este mecanismo
constitucional contra la referida decisión judicial son la tutelante, como actora en la
acción de cumplimiento, y la Superintendencia Financiera de Colombia, en condición
de accionada en aquel asunto. Aunque se evidencia que en ese proceso intervinieron
los señores Jaime Alberto Aluja Venero, José Jesús Jaramillo Birkigt y Antonio
Eduardo García Ávila, lo cierto es que, se insiste, sobre ellos no se manifestó el
ejercicio de una agencia oficiosa, que le hubiera permitido a la tutelante procurar la
defensa de su derecho a la seguridad social, siempre y cuando se hubieren
relacionado los hechos que originaron la afectación constitucional alegada.
(ii) Relevancia constitucional
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36.
La Sala precisa que para que se habilite el examen de validez de la decisión
judicial censurada, se debe acreditar la afectación constitucional que se alega,
situación que no se configura en este asunto. Los reproches de la parte actora
evidencian una inconformidad con la manera como se zanjó el litigio en la providencia
objeto de censura. Como lo anotó el a quo, pretende emplear esta acción como una
instancia adicional de la acción de cumplimiento, con la finalidad de reabrir el debate
jurídico ya definido por el juez natural de la causa.
37.
Aunque la parte actora invocó las causales específicas de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial de defectos sustantivo, procedimental por exceso
ritual manifiesto y fáctico y violación directa de la Constitución, los argumentos en
que fundamenta dichas causales no contienen una carga argumentativa suficiente
destinada a desvirtuar desde la óptica constitucional la decisión objeto de censura.
Por el contrario, se dirigió a que se acogiera la tesis que pregona sobre la manera
de solucionar la controversia de cumplimiento suscitada contra la Superintendencia
Financiera de Colombia, por resultarle contrario a sus intereses el modo en que lo
hizo la autoridad judicial accionada.
38.
La parte actora advirtió que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, al aplicar una norma que fue declarada parcialmente inexequible, en
razón a que no se tuvo en cuenta que en la acción de cumplimiento se perseguía la
observancia de unas normas de carácter general (artículos 9 del Decreto Ley 1283
de 1994 y 2 del Decreto 824 de 2001) y no de actos administrativos.
39.
Al respecto, se tiene que, contrario a lo afirmado por la tutelante, la Sección Quinta
de esta Corporación no concluyó que se pretendiera el cumplimiento de unos actos
administrativos, pero tampoco de los Decretos invocados, en razón a que la
inconformidad se originaba por la negativa obtenida frente a las peticiones de la
accionante, encaminadas a que se le autorizara aplicar el porcentaje máximo de
comisión de administración tomando como base la reserva pensional o se cobrara
una comisión sobre los activos legales administrados para tal efecto.
40.
Cabe precisar que, mediante Resolución 237 de 2018, la Superintendencia
Financiera fijó el porcentaje máximo que podía utilizar la tutelante para sufragar sus
gastos de administración, que era lo ordenado en los mencionados Decretos.
Diferente es que no se incluyera para determinar dicho porcentaje los montos por
concepto de reserva pensional o se autorizara el cobro de una comisión para tal
propósito, dada su destinación específica, determinación frente a la cual la
accionante presenta su inconformidad.
41.
Por consiguiente, no se evidencia algún tipo de arbitrariedad en la mencionada
determinación, por cuanto resulta razonable que la autoridad judicial coligiera que
como no se pretendía el cumplimiento de una norma general, sino se accediera por
parte de la Administración a la inclusión de un concepto para fijar el porcentaje
máximo para sufragar costos administrativos o se autorizara el cobro de una
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comisión para ello, lo cual le fue negado por esta en dos oportunidades, era factible
que dichas determinaciones fueran sometidas a un control de legalidad a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
42.
Ello, por cuanto la acción de cumplimiento tiene como fin obtener la observancia
de mandatos legales, lo cual no se observa que persiguiera la promovida por la
tutelante, pues pretendía se modificara la Resolución por cuyo conducto se acató la
normativa presuntamente incumplida, en el sentido de permitir calcular el aludido
porcentaje tomando como base un concepto no incluido en dicha Resolución o se
avalara el cobro de una comisión sobre los activos legales administrados para tal
propósito.
43.
Es decir, el criterio esbozado por la autoridad judicial accionada no impide que
una persona acuda a la acción de cumplimiento, distinto es que si la promueve
deberá perseguir la finalidad para la cual fue instituida, esto es, el cumplimiento de
una norma, y no pretender la imposición sobre la manera como considera debió
acatarse, pues para ello tiene a su disposición otros instrumentos jurídicos para
exponer su inconformidad, en este caso, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
44.
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, fundamentado en
que no se analizó el perjuicio irremediable que podría ocasionar la negativa frente a
las pretensiones de la demanda de cumplimiento, se evidencia que, en efecto, la
autoridad judicial consideró que no se había indicado en la demanda ese aspecto, lo
cual corresponde a la realidad y el cual no puede pretender la tutelante que el juez
constitucional subsane al ordenarle a la autoridad judicial acoger la interpretación
que pregona.
45.
Además, se evidencia que la Superintendencia Financiera en los actos
administrativos susceptibles de enjuiciamiento ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, le indicó a la tutelante que puede acudir ante los correspondientes
entes, con el fin de que se adopten medidas para lograr los recursos para su
funcionamiento en la anualidad de 2026, actuación que ha omitido ejercer, al insistir
que la acción de cumplimiento era la procedente para tal propósito.
46.
Respecto del defecto fáctico, consistente en que se le otorgó la naturaleza de
actos administrativos a oficios que carecían de tal categoría, se advierte que, en
cuanto al relacionado con fecha de 11 de enero de 2023, se tiene que ese día la
tutelante dirigió una comunicación a la Administración, pese a ello en el pie de página
sobre tal fecha se relacionó el radicado de la respuesta otorgada el 2 de octubre de
ese año (2023002496-007-000), por tanto, dicho error carece de la potencialidad de
modificar la decisión judicial acusada.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04826-01
Accionante: Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
• CAXDAC
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
47.
Asimismo, en cuanto al oficio de 22 de febrero de 20249, al que le corresponde el
radicado 2023140369-004-000, se evidencia que no corresponde a un simple
concepto jurídico, porque allí se negó lo pretendido por la tutelante, en el sentido de
indicarle que no resultaba dable afectar las reservas pensionales o sus rendimientos
para financiar sus gastos de administración, debido a que dichos recursos tiene como
destinación específica la atención de los derechos pensionales de los afiliados.
48.
Ahora bien, aunque la tutelante indicó que no se tuvo en cuenta su escrito de
renuencia, omite indicar en qué sentido ello fue así. Por el contrario, se evidencia
que este tuvo como fin insistir en lo peticionado con anterioridad ante la
Administración, tanto así que al pronunciarse la Superintendencia sobre este, anotó
que “como se ha indicado en anteriores oportunidades, no es procedente para esta
Superintendencia autorizar a CAXDAC destinar las reservas constituidas por
aportes, transferencias y rendimientos, respecto de los cuales ya se realizó en su
momento un descuento de comisión de administración, para sus gastos actuales de
administración”.
49.
Con base en lo anterior, tampoco se evidencia en qué consiste la violación directa
de la Constitución, en la medida en que la decisión judicial acusada no evidencia
algún tipo de arbitrariedad o capricho de la autoridad judicial al adoptarla, por lo tanto,
aunque no resulte favorable a los intereses de la tutelante, ello no implica por sí solo
la afectación constitucional que reclama.
50.
Es decir, para la Sala las conclusiones a las que arribó la Sección Quinta de esta
Corporación no denotan arbitrariedad alguna, por el contrario, contaron con la debida
sustentación, en razón a que explicó por qué se configuraba la improcedencia de la
acción de cumplimiento promovida por la actora. Es decir, no impactan de manera
negativa los derechos fundamentales de la tutelante, en razón a que corresponden
a apreciaciones de una autoridad judicial que no vislumbran algún tipo de
arbitrariedad o capricho, sino que materializan el principio de autonomía judicial. Por
lo que no es dable que en sede de tutela se le imponga a la autoridad accionada
criterio jurídico alguno.
51.
En este punto, cabe anotar que la tutela no puede ser empleada como una
instancia adicional a la acción de cumplimiento, con el objeto de reabrir el debate
jurídico ya zanjado por el juez natural de la causa e imponerle la tesis que defiende
la parte actora, cuando no se comprobó que las conclusiones de la autoridad judicial
involucraran arbitrariedad alguna. Tal actuación escapa de la órbita de competencia
para la que fue instituida, pues de avalarse ello se usurparía la función del juez
natural de la controversia.
52.
Por tanto, el hecho de que la autoridad accionada no haya zanjado la controversia
como lo pretendía la tutelante, no lo faculta para que acuda a este mecanismo judicial
9 Relacionado por la autoridad judicial con la fecha de 2 de octubre de 2023.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04826-01
Accionante: Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
• CAXDAC
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
para imponer el criterio que defiende. La simple inconformidad de criterios, no
comporta en sí la acreditación de la afectación constitucional que se requiere para
conceder el amparo reclamado, ni habilita el estudio de fondo de la tutela. No basta
para tal efecto invocar unas causales específicas de procedibilidad de la tutela y
derechos fundamentales que se estiman vulnerados y expresar un desacuerdo con
la decisión judicial atacada, cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una
sentencia proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que
se acredite la configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de
manera abierta con la Carta Política.
53.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional.
54.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado
Fernando Alexei Pardo Flórez, por los motivos señalados. Como consecuencia,
queda separado del conocimiento de esta acción de tutela.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de septiembre de 2025, proferida por
la Sección Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de
tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
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