Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04838-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04838-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04838-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04838-01
Demandante ZOILA LASTENIA RIVERA POTOSI
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto procedimental.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Tiempo de convivencia sustitución de la asignación de retiro.
Derecho de petición asunto pensional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta decide la impugnación interpuesta por la señora Zoila Lastenia
Rivera Potosí contra la sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Zoila Lastenia Rivera Potosí, a través de la
acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de agosto de 2025, la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí interpuso acción de
tutela, mediante apoderado judicial, contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
y el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, seguridad social y mínimo vital.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita) «PRIMERO: Solicito a Usted Señor Juez tutele los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
DERECHO A LA IGUALDAD, A LA SEGURIDAD SOCIAL y demás derechos que estén
siendo vulnerados, por la sentencia inhibitoria proferida el once (11) de abril de dos mil
veinticinco (2025) por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SALA PRIMERA
DE DECISION, con ponencia del H. Magistrado EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS,
al resolver la Apelación de la sentencia proferida el 18 de agosto de 2023 por el Juzgado
Segundo (2o) Administrativo del Circuito de Pasto ( Proceso 52001333300220220001800)
(…)
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 11 de abril de 2025, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, con ponencia
del H. Magistrado EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS, que revocó la sentencia
proferida el 18 de agosto de 2023 por el Juzgado Segundo (2o) Administrativo del Circuito de
Pasto ( Proceso 2022-00018-00) ”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por ZOILA LASTENIA RIVERA POTOSI, contra la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, en cuanto declaro probada de oficio, la excepción previa de inepta
demanda por indebido agotamiento de sede administrativa y, en consecuencia, INHIBASE la
Sala de fallar de fondo el presente asunto, según las consideraciones dadas. Que se le
garanticen los derechos fundamentales en los términos definidos por la H. Corte
Constitucional (…)
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Demandante: Zoila Lastenia Rivera Potosí
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS En el evento de que el Honorable Tribunal de tutela de
primera instancia no conceda la pretensión principal de esta acción Constitucional,
respetuosamente le solicito que, en atención a los hechos, argumentos y pruebas de la acción
de tutela de referencia, acceda a las siguientes pretensiones:
TERCERO: Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, profiera acto administrativo,
que reconozca o niegue el derecho a la sustitución de asignación de retiro, con
pronunciamiento sobre la existencia de convivencia previa al matrimonio de la señora ZOILA
LASTENIA RIVERA POTOSI y el señor SM.(V) EJC. CAMPO ELIAS CARDENAS SANCHEZ
(Q.E.P.D.), de esta manera agotar la actuación administrativa, requisito previo para instaurar
nuevamente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. La señora Zoila Lastenia Rivera Potosí interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL, con el fin de obtener la nulidad de los
actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la sustitución
de la asignación de retiro del señor Campo Elías Cárdenas Sánchez, quien
falleció el 6 de diciembre de 2020.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la citada
prestación junto con el pago de las mesadas dejadas de percibir hasta la
inclusión en nómina de pensionados.
2.2. En primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto (Expediente
52001-33-33-002-2022-00018-00) mediante sentencia de 18 de agosto de 2023
accedió a las pretensiones de la demanda.
El Juzgado fundamentó su decisión en que las pruebas obrantes en el
expediente demostraban la convivencia real y efectiva con ánimo de
permanencia de la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí con el causante, desde
octubre de 2015 hasta el 6 de diciembre de 2020, en virtud de un vínculo de
hecho y, posteriormente de uno matrimonial.
En consecuencia, la autoridad judicial consideró que se cumplió el requisito
exigido por la norma especial, esto es el parágrafo 2, literal a), artículo 11 del
Decreto 4433 de 2004, según el cual, para efectos de la sustitución de la
asignación de retiro se requiere acreditar una convivencia con el fallecido de
no menos de 5 años continuos inmediatamente anteriores a su muerte.
2.3. La decisión fue apelada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL.
2.4. Mediante sentencia del 11 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala Primera de Decisión revocó la decisión apelada y, en su lugar,
declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por el indebido
agotamiento de la sede administrativa. En consecuencia, la autoridad judicial
se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de
la demanda.
La autoridad judicial sostuvo que en sede administrativa no se invocó el tiempo
de convivencia previo al matrimonio en calidad de compañeros permanentes,
lo cual denota que no se agotó debidamente la vía administrativa. Explicó que
el ejercicio de los medios y recursos obligatorios antes de acudir a la
jurisdicción constituye un requisito de procedibilidad indispensable, conforme
a lo previsto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.
En ese sentido, indicó que al no haberse producido un acto administrativo que
resolviera sobre ese punto en específico no era viable solicitar su nulidad ni
mucho menos un restablecimiento del derecho, ya que la entidad demandada
nunca tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto.
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Demandante: Zoila Lastenia Rivera Potosí
2.5. Tras la finalización del medio de control, la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí
presentó derecho de petición 1 ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
CREMIL, en el cual le informó a dicha entidad sobre la convivencia ocurrida
con el causante a partir del 1° de octubre de 2015 previo al matrimonio. Por lo
tanto, solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de
retiro, en tanto que la convivencia superó el lapso de 5 años.
2.6. Mediane Oficio E2025045449 de 4 de julio de 2025, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares CREMIL negó la solicitud, bajo el argumento de que en el
asunto existe cosa juzgada por parte de la jurisdicción contenciosa
administrativa.
La señora Zoila Lastenia Rivera Potosí interpuso recurso de reposición ante la
anterior decisión.
En Oficio 690 E2025049059 de 24 de julio de 2025, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares CREMIL sostuvo lo siguiente referente al recurso de
reposición interpuesto: «verificadas las bases de datos de esta Entidad, se establece que
usted presentó derecho de petición en el mismo sentido mediante radicado de entrada N°
2025040821 el pasado 25 de junio de 2025, obteniendo respuesta por parte de esta Caja de
Retiro, el día el 4 de julio de 2025, con Oficio de Salida radicado N° 2025045449, remitida a
su dirección electrónica».
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión incurrió en defecto
procedimental, al darle prioridad al derecho formal y no proferir un fallo definitivo,
a pesar de que la discusión se centraba en un asunto sustancial como lo era el
reconocimiento de la sustitución pensional.
Aseguró que la Corte Constitucional ha reiterado que la sustitución pensional es una
prestación económica del sistema de seguridad social en pensiones que adquiere
naturaleza fundamental, cuando de su reconocimiento depende la materialización
de las garantías de los beneficiarios que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta.
Reconoció que inicialmente no mencionó su convivencia previa al matrimonio con
el causante. Sin embargo, resaltó que esta sí existió y fue expuesta en el medio de
control. Indicó que la convivencia inició el 1° de octubre de 2015 y que esta continuó
tras su matrimonio desde el 24 de marzo de 2018, lo que acredita más de 5 años.
De ahí que se cumplía con el requisito legal para la sustitución pensional.
Explicó que «ella consideró que no era necesario, mencionar la convivencia previa con el
causante, ignoró el requisito de los cinco años para acceder a dicho derecho de obtener la
sustitución de asignación de retiro, creyó de buena fe que el solo hecho de haber contraído
matrimonio el 24 de marzo de 2018, la legitimaba para el reconocimiento de la prestación solicitada».
También consideró que se incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, porque se aplicó de forma exegética y aislada el artículo 161 de la Ley
1437 de 2011 que establece que cuando se pretende la nulidad de un acto
administrativo particular se requiere como requisito de procedibilidad haber ejercido
todos los recursos en la vía administrativa. Sin embargo, indicó que el recurso de
reposición no es obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y
76 de tal ley. Por consiguiente, la falta de agotamiento de dicho instrumento no
puede emplearse como excusa para no decidir de fondo el asunto.
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De acuerdo con el Oficio E2025045449 de 4 de julio de 2025 expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, tal
petición fue presentada el 25 de junio de 2025.
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A su vez, sostuvo que la expedición de sentencias inhibitorias debe ser excepcional,
debido a que los jueces tienen la obligación de adoptar decisiones de fondo en los
asuntos materia de proceso; y agregó que existe una protección especial para los
adultos mayores dado su grado de vulnerabilidad.
Finalmente, solicitó como pretensión subsidiaria que en caso de no dejar sin efectos
la sentencia de segunda instancia controvertida se le ordene a la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares proferir acto administrativo que reconozca o niegue el derecho
a la sustitución de asignación de retiro, con pronunciamiento sobre la convivencia
previa al matrimonio. Esto con el propósito de «agotar la actuación administrativa, requisito
previo para instaurar nuevamente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho».
4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 8 de agosto de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta por
la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí contra el Tribunal Administrativo de
Nariño; se vinculó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) y el
Juzgado Segundo Administrativo de Pasto; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto aseguró que la inconformidad de
la parte accionante se centra en la providencia que resolvió el recurso de
apelación en segunda instancia y que su postura se expuso al proferirse el
fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones.
Agregó que el asunto debatido no tiene relevancia constitucional, en tanto
versa sobre un aspecto netamente procesal ya discutido y resuelto que no se
relaciona con el derecho al debido proceso. Realmente se trata de una
inconformidad con la decisión adoptada. Además, aseguró que los
desacuerdos con la decisión no constituyen per se defectos de fondo en la
providencia.
4.3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares sostuvo que no existe vulneración
alguna, ya que la demandante tuvo a su disposición los medios judiciales de
defensa y etapas procesales pertinentes, lo cual evidencia que no se le violó
el debido proceso. Agregó que el hecho que no se acceda a las pretensiones
no implica que «se esté incurriendo en vía de hecho». Por lo expuesto, solicitó la
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
4.4. El Tribunal Administrativo de Nariño manifestó que no se configura el defecto
procedimental, pues para que este se estructure es necesario que el fallador
se aparte completamente del procedimiento establecido y actúe al margen de
la ley. En el presente caso, sin embargo, la decisión cuestionada se adoptó
con estricto apego al ordenamiento jurídico.
También resaltó que en el caso se constató el incumplimiento del requisito
previsto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, consistente en agotar la sede
administrativa antes de acudir a la jurisdicción. Allí no se debatió la
acreditación del requisito de convivencia entre la accionante y el causante de
la pensión cuya sustitución reclama, lo que impedía a la judicatura emitir un
pronunciamiento de fondo.
Además, subrayó que en la solicitud de reconocimiento pensional la
accionante omitió voluntariamente aportar elementos que acreditaran la
convivencia con el causante, por considerarlos irrelevantes, motivo por el cual
la administración no se pronunció sobre este aspecto ni generó un acto
administrativo susceptible de control jurisdiccional.
En conclusión, aseguró que la providencia judicial reprochada no incurrió en
ninguna de las causales de procedencia excepcional de la acción de tutela
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contra providencias judiciales. Por el contrario, la decisión se adoptó con
fundamento en una interpretación razonable de los hechos y del derecho
aplicable, respetando las garantías procesales de las partes. En consecuencia,
solicitó negar por improcedente el amparo.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A negó las pretensiones formuladas por la parte actora, pues
consideró que la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño no desconoce el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, debido a que es
cierto que en sede administrativa la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí no se refirió
a la convivencia con el causante previo al matrimonio. De manera que la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL no tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre esa circunstancia.
Por lo tanto, el juez de tutela consideró que el Tribunal accionado no privilegió
normas procesales, sino que su decisión respondió a un requisito indispensable
para el reconocimiento del derecho que persigue la demandante en el proceso
ordinario.
Adicionalmente, precisó que la autoridad accionada en ningún momento consideró
que era obligatorio el agotamiento del recurso de reposición, como lo aseguró la
accionante. La referencia a ese instrumento se hizo porque a través de ese
mecanismo la demandante pretendía incorporar al debate la convivencia previa al
matrimonio, lo cual refuerza la conclusión de que no se agotó adecuadamente la vía
administrativa. Omisión que es atribuible a la propia parte actora y no a una actitud
excesivamente formalista de parte del órgano judicial.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia insistiendo en los mismos
argumentos expuestos en el escrito de tutela. Reiteró su pretensión subsidiaria
consistente en que, en el caso de no acceder a la pretensión principal, se le ordene
a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares proferir acto administrativo que
reconozca o niegue su derecho a la sustitución de asignación de retiro, teniendo en
cuenta la convivencia previa al matrimonio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Con fundamento en lo expuesto, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón
al juez de tutela de primera instancia al negar las pretensiones formuladas por la
parte actora. Para esto, inicialmente, se analizará si la acción interpuesta cumple a
cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad.
Solo en caso de superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la sentencia
de 11 de abril de 2025, en el marco del medio de control de radicado 52001-33-33-
002-2022-00018-01 el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
incurrió en los defectos propuestos. A su vez, en el evento de no prosperar las
pretensiones principales relacionadas contra la mencionada providencia judicial, se
analizará la pretensión subsidiaria formulada por la parte actora.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial y su análisis en el caso
En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, por las siguientes razones:
Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera que la
autoridad judicial accionada incurrió en errores al revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción previa de inepta
demanda por indebido agotamiento de la sede administrativa.
Segundo, la acción de tutela se presentó (4 de agosto de 2025) en menos de tres
meses desde la notificación de la sentencia del 11 de abril de 2025 (el 22 de mayo
de 2025 se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación) . Esto demuestra
que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora en la defensa de sus
derechos fundamentales.
Tercero, el asunto es de relevancia constitucional. No podría entenderse que la
tutela se está empleando como una tercera instancia adicional pues no fue la parte
actora la que ejerció el recurso de apelación en el medio de control; y la tutela
interpuesta persigue la protección de los derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, seguridad social y mínimo vital presuntamente
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo.
Cuarto, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado que no
se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para exponer los cargos
desarrollados en el escrito de tutela.
Al encontrar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, la
Sala proseguirá a estudiar si el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión incurrió en el defecto alegado por la parte actora.
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5. Alcance del defecto procedimental y su análisis en el caso
5.1. En principio, la relación existente entre el derecho al debido proceso y la
prevalencia del derecho sustancial es de complementariedad. No obstante, la
Corte Constitucional ha señalado que, en ocasiones, cuando la justicia
material queda subordinada a los procedimientos se presenta una tensión
entre ambos 3, de allí que el desarrollo del defecto procedimental como causal
específica de procedibilidad surgió con el fin de romper esa «tensión
aparente».
La Corte Constitucional ha señalado: «El defecto procedimental se causa por un error
en la aplicación de las normas que fijan el trámite a seguir para la resolución de una
controversia judicial. Sin embargo, no se trata de cualquier defecto respecto de las formas
propias de cada juicio, sino uno que tenga la entidad suficiente para negar la materialización
de los derechos fundamentales»4.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este defecto se configura por
dos modalidades diferentes. La primera ha sido denominada como defecto
procedimental absoluto. Se presenta cuando un funcionario judicial actúa
completamente al margen del procedimiento previsto en la ley. Esta situación
se puede configurar cuando se sigue un trámite ajeno al que se debió emplear
o cuando se «omiten etapas sustanciales del procedimiento establecido»5.
La segunda se llama defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Modalidad que se configura cuando «cuando el funcionario arguye razones formales a
manera de impedimento, las cuales constituyen una denegación de justicia» 6. Sobre esta
modalidad, la Corte Constitucional ha dicho:
«El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en términos
generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización
de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales
justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial
abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones
desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico.
Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por
el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección
de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no
puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la
medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material
que propenden»7.
La jurisprudencia también ha indicado que el error en el trámite procesal debe
tener la entidad suficiente para que vulnere los derechos fundamentales de las
partes y que aquel no debe ser fruto del actor.
5.2. Explicado lo anterior, la Sala se referirá a las motivaciones de la sentencia de
11 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión mediante la cual se revocó la decisión de primera
instancia y se declaró probada de oficio la excepción previa de inepta demanda
por indebido agotamiento de la sede administrativa y, en consecuencia, la
autoridad se inhibió de fallar de fondo el asunto.
El Tribunal explicó que, aunque la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí pudo
acreditar el requisito de convivencia de 5 años en cualquier tiempo, lo cierto
es que en sede administrativa no se informó sobre el tiempo convivido durante
la unión marital de hecho debido a que aquella no consideró tal factor como
relevante. Si bien pretendió acreditarlo en el recurso de reposición, este fue
3
Corte Constitucional. Sentencia SU-498 de 2016.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.
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Demandante: Zoila Lastenia Rivera Potosí
interpuesto extemporáneamente, por lo que la administración no tuvo la
oportunidad de decidir nada al respecto.
En consecuencia, la autoridad judicial consideró que el acto administrativo
enjuiciado, por medio del cual se negó la prestación por falta de acreditación
de tiempo de convivencia, se expidió con apego al ordenamiento jurídico, ya
que la solicitante solo acreditó un tiempo de convivencia de 2 años, 8 meses
y 8 días, contados desde la fecha del matrimonio hasta la de la muerte del
causante. Por esta razón no era factible declarar la nulidad del acto
administrativo acusado, pues la presunción de legalidad no fue desvirtuada y,
por el contrario, se acreditó que este fue expedido de conformidad con la
normatividad vigente.
Resaltó que sobre la convivencia durante la unión marital de hecho no se
agotó la vía administrativa, pues «no existe pronunciamiento que niegue el
reconocimiento pensional, pese a haberse demostrado en esa sede la existencia de
convivencia previa al matrimonio». En otras palabras, al no haber informado dicho
tiempo de convivencia la administración no profirió ninguna decisión respecto
de acceder o no a la prestación pensional con base en ese tiempo de
convivencia previo al matrimonio. Por consiguiente, consideró que no se
cumplió con el requisito de procedibilidad para demandar establecido en el
artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 consistente en haber ejercido los medios
y recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios.
Asimismo, el Tribunal accionado transcribió una sentencia de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en la que se dispuso que ante la jurisdicción no
pueden plantearse hechos nuevos diferentes a los invocados en sede
administrativa, porque ello implica la violación del debido proceso de la
administración. Por lo tanto, el administrado debe aducir en sede
administrativa los motivos y fundamentos de su reclamación, lo que no obsta
para que en sede judicial pueda exponer nuevos o mejores argumentos, a fin
de obtener la satisfacción de su pretensión, previamente planteada ante la
administración.
5.3. Expuestas las consideraciones que fundamentaron la decisión de la autoridad
judicial accionada, la Sala considera que en el caso el Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala Primera de Decisión no incurrió en defecto procedimental,
pues no se encuentra un error en la aplicación de las normas que fijan el
trámite a seguir, tampoco se encuentra que el Tribunal accionado haya
actuado completamente al margen del procedimiento previsto en la ley, ni que
haya aducido razones formales que hayan conllevado a una denegación de
justicia.
La decisión controvertida no privilegió aspectos procesales sobre el derecho
sustancial. Por el contrario, la postura adoptada por el Tribunal accionado
resguarda el derecho al debido proceso de la administración, en tanto que esta
jamás tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la convivencia durante la
unión marital de hecho ni sobre las pruebas al respecto. En consecuencia,
¿cómo podría reprochársele a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
CREMIL no haber tenido en cuenta el tiempo de convivencia previo al
matrimonio si dicha información no se le hizo llegar oportunamente?
Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión adoptó una postura que protege materialmente el derecho al debido
proceso, pues justamente el requisito de procedibilidad consagrado en el
artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 busca que antes de acudir ante el juez de
la causa el peticionario eleve sus solicitudes ante la administración, a fin de
que esta tenga la oportunidad de pronunciarse. De ahí que sea obligatorio
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haber expuesto en sede administrativa los reparos que se tengan sobre una
determinada situación, antes de acudir a la jurisdicción.
Sobre la materia, en sentencia de 22 de noviembre de 2018 la Sección
Segunda, Subsección A de esta Corporación explicó que el requisito de
procedibilidad establecido en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 garantiza
los derechos al debido proceso y defensa de los ciudadanos al brindarles la
oportunidad de rebatir las decisiones de la administración y otorga a esta
última el espacio para pronunciarse sobre una determinada situación y, si es
del caso, corregir las equivocaciones en que haya incurrido. Veamos o
expuesto por la mencionada Subsección en la providencia mencionada:
«El artículo 161 del CPACA estableció los requisitos que deben cumplirse para la presentación
de la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De manera específica,
sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, preceptuó:
Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al
cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: (...) 2. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la
ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar
directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes,
no será exigible el requisito al que se refiere este numeral (...).
La normativa citada consagró la denominada actuación administrativa como un presupuesto
procesal de carácter obligatorio para quien pretenda demandar la legalidad de un acto
administrativo de contenido particular y concreto ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
En virtud de ella, el ciudadano debe, antes de instaurar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitar su reconocimiento ante la administración si esta no se
ha pronunciado oficiosamente y, de haberlo hecho, debatir la validez del acto ante esta; lo que
puede hacer a través de la interposición de los recursos que la ley establece como obligatorios.
De esta manera, se logra que esta revise los argumentos fácticos y jurídicos de la decisión y
si es del caso, la revoque, modifique o aclare.
Bajo tales supuestos, el agotamiento de la actuación administrativa constituye:
i) una garantía de los derechos al debido proceso y defensa de los ciudadanos frente al actuar
de la administración, porque permite debatir sus decisiones, ii) una oportunidad para que la
administración reevalúe sus actos administrativos y corrija las equivocaciones contenidas en
estos y, iii) un presupuesto procesal para presentar la demanda a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho»8.
Así las cosas, la Sala considera que en el caso no se configura el defecto
procedimental alegado al no advertirse un equívoco ni en las normas de
trámite empleadas, ni en este último. La decisión simplemente obedeció a que
se advirtió que la parte actora no agotó la vía administrativa en lo referente a
la convivencia previa al matrimonio. De manera que no se le permitió a la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL pronunciarse de fondo sobre tal
circunstancia.
Consecuentemente, se considera que el Tribunal accionado protegió el debido
proceso de ambas partes, pues así como la parte actora tiene el derecho de
rebatir las decisiones administrativas que la afecten, la administración también
tiene el derecho a decidir las situaciones que le son presentadas con las
pruebas proporcionadas y no ser censurada por presuntamente omitir una
información que la parte no le hizo llegar en tiempo.
Por ende, no se advierte razón para dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 22 de noviembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-
000-2015-00845-01. Actor: Juan Carlos Muñoz Olmos.
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6. Análisis de la pretensión subsidiaria
6.1. Ahora bien, se recuerda que la parte actora solicitó como pretensión
subsidiaria que, en caso de no conceder la pretensión principal, se le ordene
a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL proferir acto administrativo
que reconozca o niegue el derecho a la sustitución de asignación de retiro
teniendo en cuenta la convivencia previa al matrimonio de la señora Zoila
Lastenia Rivera Potosí con el causante.
Al respecto, la parte actora allegó al expediente de tutela la petición del 25 de
junio de 2025, elevada tras la finalización del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 9 ante la Caja de Retiro6 de las Fuerzas Militares,
solicitándole el reconocimiento y pago de la sustitución pensional de la
asignación de retiro. Para sustentar tal solicitud se argumentó que la
convivencia superó el lapso de 5 años, teniendo en cuenta el tiempo durante
la unión marital de hecho.
En tal petición se formularon las siguientes solicitudes:
(sic para toda la cita)
«PRIMERO: solicito al Señor DIRECTOR DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES, el reconocimiento y pago de la sustitución pensional o de asignación de retiro en
100% a la señora ZOILA LASTENIA RIVERA POTOSI, en calidad de compañera permanente
desde el 1º de octubre de 2015 y después, la de esposa desde el 24 de marzo de 2018 del
señor Sargento Mayor (RA) EJC. CAMPO ELIAS CARDENAS SANCHEZ (q.e.p.d), quien en
vida se identificó con la C.C. No 2.418.029 expedida en Cali (Valle), la pareja conviviò por un
lapso superior a cinco (5) años. Conforme lo consagra el Artículo 3º literal 3.7.1, de la Ley 923
de Diciembre 30 de 2004, ART 11 PARAGRAFO 2º DEL DECRETO 4433/2004, y el
precedente jurisprudencial emanado de las altas cortes, en sentencias del H. Consejo de
Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional.
SEGUNDO: Que como consecuencia del reconocimiento de la sustitución pensional o de
asignación de retiro en su 100%, las mesadas deben reajustarse desde el momento mismo
del fallecimiento de su esposo el señor Sargento Mayor CAMPO ELIAS CARDENAS
SANCHEZ, (q.e.p.d ), quien en vida se identificó con la C.C. No 2.418.029 expedida en Cali
(Valle), quien falleció el día 06 de Diciembre de 2020, No 06510034, inscrito el 07 de Diciembre
de 2020 en la Notaría Segunda del Círculo de Pasto.
TERCERO: Que se ordene el pago del retroactivo por concepto del reconocimiento de la
sustitución de asignación de retiro en un 100%, desde el 06 de diciembre de 2020 hasta
cuando se incluya en la nómina mensual la suma que corresponda al citado reconocimiento,
pago que debe ordenarse con la respectiva indexación con los intereses moratorios sobre los
dineros provenientes de la asignación de retiro reconocida, como lo disponen los artículos 188,
192,193,195, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011)
CUARTO: La señora ZOILA LASTENIA RIVERA POTOSI, tiene derecho al beneficio pensional
en los términos reclamados porque compartió con el señor CAMPO ELIAS CARDENAS
SANCHEZ, por un lapso superior a cinco (5) años, primero en calidad de compañera
permanente desde el 1º de octubre de 2015 y después, como la esposa del señor CAMPO
ELIAS CARDENAS SANCHEZ desde el 24 de marzo de 2018 cuando contrajo matrimonio,
durante todo este tiempo le brindó la solidaridad, el auxilio el socorro y ayuda mutua,
compañía, cuidado y lo asistió en su última enfermedad en una convivencia prolongada.
QUINTO: Se profiera acto administrativo donde la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
reconozca el derecho a la sustitución pensional o de asignación de retiro, con pronunciamiento
sobre la existencia de convivencia previa al matrimonio de la señora ZOILA LASTENIA
RIVERA POTOSI y el señor SM.(V).EJC. CAMPO ELIAS CARDENAS SANCHEZ (Q.E.P.D),
de esta manera agotar la vía administrativa, requisito previo para demandar. Así lo ha
planteado el H. Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de 2ª instancia, donde se
inhibió de fallar de fondo el presente asunto, a hora ventilado en sede administrativa, para que
esta profiera decisión respecto de acceder o no a la prestación pensional con base en el
tiempo de convivencia adicional:
9
De acuerdo con el Oficio E2025045449 de 4 de julio de 2025 expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, tal
petición fue presentada el 25 de junio de 2025.
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“Es así como la pretension de reconocimiento de la pension de sobrevivientes con base en el
tiempo de Convivencia previo al matrimonio no fue planteada en sede administrativa y si bien
la demandante tuvo la oportunidad de acreditar tal situación en sede administrativa, interpuso
el recurso de manera extemporanea, lo que genera que las Administraciòn no hubiere
proferido decisiòn alguna respecto de acceder o no a la prestaciòn pensional con base en el
tiempo de Convivencia adicional.” Tribunal Administrativo de Nariño- Sala Primera de
Decisión. Sentencia número 52001333300220220001801 (13794) (MP. Edgar Guillermo
Cabrera Ramos: once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025).
SEXTO: Solicito se me comunique, cualquier decisión tomada por parte de la Entidad
accionada hasta la fecha, notificándome de las resoluciones, o actos administrativos
proferidos con motivo de la reclamación de dicha prestación con relación a mi poderdante en
la reclamación de la sustitución pensional».
6.2. En Oficio E2025045449 de 4 de julio de 2025, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares negó la solicitud bajo el argumento de que en el asunto existe
cosa juzgada por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Veamos:
«Conforme lo anterior, y como quiera que el asunto en mención ya tuvo un pronunciamiento
de fondo por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es procedente informarte
que procede el fenómeno procesal de COSA JUZGADA, establecido en el artículo 303 de la
Ley 1564 de 2012 (…) Por las razones anteriormente expuestas, esta Entidad NO accede a
sus peticiones».
Decisión frente a la cual la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí interpuso
recurso de reposición. En Oficio 690 de 24 de julio de 2025 la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares sostuvo lo siguiente: «verificadas las bases de datos de
esta Entidad, se establece que usted presentó derecho de petición en el mismo sentido
mediante radicado de entrada N° 2025040821 el pasado 25 de junio de 2025, obteniendo
respuesta por parte de esta Caja de Retiro, el día el 4 de julio de 2025, con Oficio de
Salida radicado N° 2025045449, remitida a su dirección electrónica».
6.3. De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante
organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a
obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata
según el artículo 85 de la Carta.
De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 del CPACA 10:
“Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos”.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales
como la información, la participación política, la libertad de expresión, la
seguridad social, el acceso a documentos públicos, entre otros.
Debe recordarse que, de acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho
fundamental a la petición abarca (i) que la respuesta sea oportuna; (ii) que la
autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa,
congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario.
Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y
satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta
sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera efectiva si
10
Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.
En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto
de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el
sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo
del derecho de petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en
ningún caso significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que
“existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.” 11.
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido 12.
Conviene precisar que la respuesta a la solicitud no exige necesariamente la
decisión favorable o positiva a los intereses de la persona, en razón a que una
cosa es el derecho de petición y otra es el derecho a lo pedido 13.
6.4. Específicamente, sobre el derecho fundamental de petición en materia
pensional la Corte Constitucional ha señalado que no basta con brindar
respuestas puramente formales, sino que a fin de no vulnerarlo es
imprescindible que la entidad se pronuncie realmente sobre la solicitud
pensional. Veamos:
«De conformidad con la línea jurisprudencial trazada respecto del derecho de petición en
materia pensional, se ha advertido que es necesario realizar un estudio de fondo de las
respuestas dadas por los fondos de pensiones, cuando estas han sido negadas mediante
acto proferido con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, “pero con el sabido
propósito de agotar el derecho de petición, sin resolver de fondo el asunto pertinente”.
70. En este sentido, por ejemplo, en la sentencia T-529 de 2002, emitida por esta
corporación, se advirtió que el derecho de petición en materia de pensiones no se agota
con respuestas estrictamente formales, evasivas o dilatorias, pues la petición exige que
la entidad se pronuncie de fondo. En dicha oportunidad, esta corporación señaló que:
“(…) el juez de tutela está en la obligación de ir más allá del simple examen de si hubo o no
contestación formal por parte de la administradora de pensiones, pues el juzgador no
solamente tiene la facultad, sino además la obligación de proteger todos los derechos
fundamentales que de acuerdo con las pruebas aportadas dentro del proceso encuentra
vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de
1991”».
También en sentencia T-182 de 2023 la Corte Constitucional se pronunció
sobre las obligaciones de las administradoras de pensiones frente a peticiones
de contenido pensional:
«En síntesis, las sociedades administradoras de pensiones están obligadas a responder de
forma oportuna y de fondo a las peticiones que realicen sus afiliados. Esas respuestas deben
ser comunicadas de forma oportuna a los usuarios, es decir, en estricto cumplimiento de los
términos establecidos para tal fin. Además, en sus respuestas, estas sociedades deben
garantizar el respeto por el derecho al debido proceso administrativo, para lo cual están
obligadas a evitar exigir requisitos no previstos en las normas vigentes, a no imponer cargas
desproporcionadas a los ciudadanos y a actuar de forma diligente frente a las solicitudes de
los usuarios para evitar dilaciones injustificadas y respuestas incongruentes con lo pedido».
Asimismo, en sentencia T-214 de 2025 la Corte Constitucional se pronunció
sobre las obligaciones de las administradoras de fondos de pensiones de
11
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
12
Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de julio de 2006.
13
Corte Constitucional en sentencia T-063 de 2000
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abstenerse de imponer barreras administrativas o puramente formales que
vayan en detrimento de los derechos sustanciales de quienes solicitan el
reconocimiento pensional:
«La Sala debe recordar que los trámites administrativos de reconocimiento de pensión no solo
se relacionan con el derecho a la seguridad social, sino también con la garantía del mínimo
vital. Adicionalmente, este tipo de procesos deben considerar el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas y la obligación de garantizar los derechos de personas
en situación de discapacidad. Por lo cual, si bien las administradoras de fondos de
pensiones atienden las solicitudes de los afiliados que buscan el reconocimiento de sus
derechos pensionales a través de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico,
estos no constituyen un fin en sí mismo, sino que tienen naturaleza instrumental. De esta
manera, tales procedimientos no pueden configurar prácticas o barreras administrativas
inconstitucionales que impacten los derechos a la vida digna, la libertad y el mínimo vital de
los afiliados y usuarios.
61. De esta manera, a las administradoras de fondos de pensiones les asiste un deber
ineludible que consiste en la remoción de todas las barreras administrativas en sus
procedimientos y actuaciones de cara a quienes les prestan sus servicios, mediante el uso
de todos los instrumentos jurídicos y de gestión a su alcance para superar las dificultades
administrativas de los usuarios, a fin de evitar trasladarles cargas o restricciones a las
personas que acuden a resolver su situación pensional».
6.5. Así las cosas, la Sala encuentra que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
desconoció el derecho fundamental de petición de la señora Zoila Lastenia
Rivera Potosí, pues la respuesta contenida en los oficios E2025045449 de 4 de
julio de 2025 y 690 de 24 de julio de 2025 no resuelven de fondo lo pedido por
la actora, pues se limitaron a aseverar que en el asunto existe cosa juzgada,
sin pronunciarse si procedía o no el reconocimiento de la sustitución de la
asignación de retiro en consideración al tiempo de convivencia previo al
matrimonio (aspecto que no ha sido objeto de pronunciamiento ni en sede
administrativa ni judicial), con una motivación suficiente que resuelva de fondo,
de manera clara y congruente lo pedido por la actora.
En este punto resulta pertinente indicar que la respuesta ofrecida por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares en los oficios E2025045449 de 4 de julio de
2025 y 690 de 24 de julio de 2025 desconoce el contenido de la sentencia
del 11 de abril de 2025 por la cual el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo sobre
las pretensiones de la demanda.
De manera que, se insiste, no existe cosa juzgada frente al tiempo de
convivencia previo al matrimonio. Y es que, justamente, en la sentencia de
segunda instancia controvertida, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión sostuvo que ese aspecto no le fue informado a la Caja de
Retiro mencionada y esa fue la razón por la cual tal autoridad judicial se inhibió
de estudiar el asunto de fondo al considerar que frente a dicho periodo de
convivencia no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 161 de la
Ley 1437 de 2011.
Lo anterior significa que a la luz del derecho fundamental a la petición, la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares tiene la obligación de responder de fondo si
la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí tiene o no el derecho a la sustitución de
la asignación de retiro de quien fue su cónyuge, para lo cual la entidad debe
valorar las pruebas allegadas sobre la convivencia durante la unión marital de
hecho, pues frente a ese punto específico no hubo pronunciamiento en el año
2021 cuando la señora Rivera Potosí solicitó el reconocimiento de la
prestación, así como tampoco lo hubo en sede judicial pues no existió decisión
de fondo dado que la autoridad de segunda instancia se inhibió. Además, es
evidente que en los oficios mencionados no hubo pronunciamiento frente a
cada una de las seis solicitudes contenidas en la petición de 25 de junio de
2025.
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Así las cosas, se encuentra que en el asunto la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares vulneró el derecho a la petición de la parte actora al no emitir un
pronunciamiento de fondo sobre la petición de 25 de junio de 2025. Dicha
autoridad ni se refirió al reconocimiento de la sustitución de la asignación de
retiro, ni valoró las pruebas allegadas sobre la convivencia durante la unión
marital de hecho. Por ende, es falso aseverar que frente a ese punto específico
existe cosa juzgada, más aún cuando en segunda instancia del medio de
control no hubo estudio de fondo, justamente, porque ese aspecto no le fue
informado a la administración.
Finalmente, no puede pasarse por alto que la accionante, de 68 años de
edad14, ya acudió en el pasado a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a fin de controvertir los actos administrativos expedidos en el
año 2021 sobre la negativa de la prestación solicitada y que el asunto versa
sobre una controversia de índole pensional de un adulto mayor.
7. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en
lo concerniente a las pretensiones relacionadas con el fallo de segunda instancia
proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, por
considerar que tal autoridad no incurrió en el defecto procedimental alegado.
Adicionalmente, en virtud de la pretensión subsidiaria formulada por la parte actora,
se amparará el derecho de petición de la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí, por
encontrar que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no dio respuesta de fondo
a la solicitud de 25 de junio de 2025. En consecuencia, se le ordenará a la referida
Caja de Retiro emitir respuesta de fondo en la que se disponga sobre el
reconocimiento o no de la sustitución de la asignación de retiro a favor de la señora
Zoila Lastenia Rivera Potosí, en cuyo análisis se deberá tener en consideración la
convivencia alegada por la parte actora, ocurrida durante la unión marital de hecho.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en lo concerniente a las
pretensiones relacionadas con el fallo de segunda instancia proferido por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión.
2. Amparar el derecho de petición de la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí, por
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
3. En consecuencia, ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia,
expida respuesta de fondo a la petición del 25 de junio de 2025, en la que se
resuelva expresamente si hay lugar o no a reconocer la sustitución de la
asignación de retiro a favor de la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí, en cuyo
análisis se deberá tener en consideración la convivencia alegada ocurrida
durante la unión marital de hecho previa al matrimonio con el causante.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
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En el expediente del medio de control obra registro de nacimiento de la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí que acredita
que nació el 8 de septiembre de 1957.
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5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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