Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04840-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04840-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04840-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04840-00
Accionante: Sergio Andrés Jaimes Rueda
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide sobre la acción de tutela1 presentada por Sergio Andrés Jaimes
Rueda en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 4 de agosto de 20252 el interesado interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual
considera vulnerado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, debido a que, en
el marco del proceso con radicado 54001-23-33-000-2024-00004-01, profirió la
providencia del 17 de julio de 2025 mediante la cual revocó la decisión del 24 de
octubre de 2024 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que había
anulado la elección de Víctor Guillermo Caicedo Pinzón como concejal del municipio
de San José de Cúcuta para el período 2024-2027, y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda de nulidad electoral.
2. Hechos
2.1. Sergio Andrés Jaimes Rueda presentó demanda3 de nulidad electoral contra el
acto de elección de Víctor Guillermo Caicedo Pinzón como concejal del municipio
de Cúcuta para el período 2024-2027.
1 Obra en el certificado DC608FBF0D1F6E6F 8BE71C3EEE5614E6 BBDA85EABE7A71BD
900E09C47DC978FD, índice 2.
2 Según el correo que obra en el certificado E97D3C327A2F597D 94C9DFEADD54D3CB 9ECF2879833465E5
930B7EE96F094107, índice 2.
3 Obra en el archivo 002_ED_002DEMANDA del certificado F5ED7AEBA390164B 1C272B2B4E1AD444
EF4566963D854C3D B919C40B7B161F06, índice 16.
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Accionante: Sergio Andrés Jaimes Rueda
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2.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la sentencia del 24
de octubre de 20244, declaró la nulidad de la elección y ordenó la cancelación de la
credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre de
Víctor Guillermo Caicedo Pinzón como concejal del municipio de San José de
Cúcuta.
2.3. Inconforme, el ciudadano demandado interpuso recurso de apelación5, el cual
fue resuelto por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del
17 de julio de 20256, en el sentido de revocar la decisión recurrida y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.
2.3.1. Como fundamento, se expuso que el concejal electo no incurrió en doble
militancia, por cuanto el Grupo Significativo de Ciudadanos Todos por Cúcuta, al
que había pertenecido, no tenía vocación de permanencia, pues no persistió en el
tiempo. Ello, toda vez que, aunque se presentaron para las contiendas analizadas
agrupaciones con esa denominación, cada una implicó un nuevo proceso de
inscripción.
2.3.2. Así, el actor demostró la existencia del Grupo Significativo de Ciudadanos en
las elecciones de 2019 y 2024, pero no acreditó que se tratara de las mismas
personas ni que dicho grupo se hubiera mantenido en el tiempo, pues no aportó el
acta de constitución, los estatutos, el reglamento disciplinario ni la resolución de
reconocimiento de logos y nombres.
2.3.3. En ese sentido, se consideró que, aunque dicho grupo inscribió candidatos
para las elecciones territoriales de 2019, dejó de existir una vez culminó el acto de
inscripción, motivo por el cual el demandado no estaba obligado a renunciar a su
curul en el Concejo para postularse por otro partido o movimiento político en las
elecciones territoriales de 2023.
4 Obra en el archivo 068Sentencia de Primera Instancia, ibid.
5 Obra en el archivo 071_MemorialWeb_Recurso-Rad202400004Recu, ibid.
6 Obra en el certificado 151B9F49B78B9F58 3D0F11DB2DF480A5 458FED449F13AF5B
52118CA4CD5EA5CF, índice 60 del expediente 54001233300020240000401 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado.
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3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora sostuvo que su prerrogativa fundamental fue vulnerada por las
siguientes razones:
3.1. Se incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto se interpretó de manera
contraevidente y descontextualizada el marco normativo aplicable a los Grupos
Significativos de Ciudadanos. Lo anterior, en la medida en que el análisis del caso
se efectuó desde una perspectiva regresiva que posibilita la evasión del régimen de
inhabilidades, pese a que el ordenamiento jurídico es claro al establecer que la
existencia de dichas agrupaciones no se agota con el acto de inscripción de
candidaturas. En todo caso, aun si se aceptara tal interpretación, también se
desconoció que el Grupo Significativo de Ciudadanos Todos por Cúcuta ha
participado activamente en, al menos, tres procesos electorales desde su creación.
3.2. Se configuró un desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que
la Sección Quinta del Consejo de Estado se apartó, sin justificación suficiente, de
su propio criterio uniforme respecto de la vocación de permanencia de los Grupos
Significativos de Ciudadanos y su sujeción al régimen de inhabilidades. En apoyo
de este planteamiento, la parte actora citó expresamente la sentencia del 29 de
septiembre de 2016, proferida por la misma Sala de Decisión demandada7.
3.3. Se configuró una violación directa del artículo 107 de la Constitución Política, la
cual, a su vez, desnaturalizó el alcance de la sentencia C-490 de 2011 de la Corte
Constitucional y desconoció el principio de disciplina partidista.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Con fundamento en los hechos expuestos, los argumentos jurídicos
desarrollados y conforme a lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 1 del Decreto 2591 de 1991, respetuosamente solicito al juez
constitucional que:
PRIMERO. Se admita para su trámite la presente acción de tutela contra la
providencia judicial de segunda instancia proferida el 17 de julio de 2024 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del expediente Radicado 54-
001-23-33-000-2024-00004-01 (Acum 00017-00), mediante la cual se revocó
7 Radicado 05001-23-33-000-2015-02495-2, C.P. Rocío Araújo Rentería.
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
la sentencia de nulidad electoral dictada en primera instancia.
SEGUNDO. Se declare que la mencionada providencia vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, al incurrir en los siguientes defectos de carácter
constitucional:
• Defecto sustantivo, por aplicación irrazonable y contraevidente del precedente
jurisprudencial y de la normativa vigente sobre la vocación de permanencia de
los GSC y la prohibición de doble militancia.
• Desconocimiento del precedente judicial, al apartarse sin justificación
suficiente de la línea jurisprudencial reiterada por la Corte Constitucional y la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
• Violación directa de la Constitución, por desconocimiento de normas y
principios superiores, en especial del artículo 107 de la Constitución Política.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia
dictada el 17 de julio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y,
en su lugar, se ordene restablecer los efectos de la sentencia de primera
instancia dictada el 24 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección del
concejal demandado.
CUARTO. Se adopten las demás medidas necesarias para garantizar el pleno
restablecimiento del derecho fundamental al debido proceso vulnerado con
ocasión del fallo impugnado”8.
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 6 de agosto de 20259 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandada, a la Sección Quinta del
Consejo de Estado; y, en calidad de terceros con interés, a Yorley Lisset Rincón
Velandia, a Víctor Guillermo Caicedo Pinzón, al Grupo Significativo de Ciudadanos
Todos por Cúcuta, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, al Concejo Municipal de San José de Cúcuta y al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander10.
5.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado11 sostuvo que la solicitud de amparo
resulta improcedente, por cuanto no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que no se evidencia una tensión entre la sentencia
controvertida y el derecho que se afirma vulnerado. En su criterio, el actor
8 Folio 9 del certificado DC608FBF0D1F6E6F 8BE71C3EEE5614E6 BBDA85EABE7A71BD
900E09C47DC978FD, índice 2.
9 Obra en el certificado 78A06899D79AF5E5 94399E52A859582D FE9590500C1D0A55 76B878656D100A2D,
índice 4.
10 Los soportes de notificación obran en los índices 7 y 13.
11 Obra en el certificado 66DB6955904B3C4E F6B5574D88A01716 C82F31D9FEA29B81
99D8684D8484802D, índice 9.
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simplemente manifestó su inconformidad con la tesis adoptada, la cual se
fundamentó en las normas jurídicas y en la jurisprudencia aplicable al caso, por lo
que su propósito fue reabrir una discusión ya resuelta en sede ordinaria. De manera
subsidiaria, solicitó negar el amparo, al no haberse acreditado la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
5.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil 12 propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que carece de competencia para
atender lo solicitado por el accionante, toda vez que no fungió como juez natural
dentro del proceso contencioso administrativo.
5.4. El Concejo Municipal de San José de Cúcuta13 solicitó su desvinculación, al
considerar que los hechos que fundamentan la acción tuitiva no son de su
conocimiento y que carece de competencia para satisfacer las pretensiones del
demandante.
5.5. Yorley Lisset Rincón Velandia14 expuso que se presentó un defecto sustantivo,
al considerar que la Sección Quinta del Consejo de Estado introdujo una ficción
jurídica inexistente y carente de fundamento legal. Señaló que la jurisprudencia ha
reconocido que los Grupos Significativos de Ciudadanos constituyen mecanismos
de participación ciudadana cuya continuidad puede trascender la elección para la
cual fueron conformados. Asimismo, resaltó que la Corte Constitucional ha
enfatizado que la prohibición de la doble militancia resulta aplicable a toda clase de
agrupaciones políticas, incluidas aquellas sin personería jurídica.
Por otro lado, advirtió igualmente la configuración de un defecto fáctico derivado del
desconocimiento del material probatorio y de la realidad electoral, toda vez que se
omitió analizar la existencia simultánea de dos afiliaciones políticas en cabeza del
candidato. Finalmente, sostuvo que los cargos anteriores también comportan un
desconocimiento del precedente jurisprudencial y una violación directa de la
Constitución.
12 Obra en el certificado 7464AF2FD3529247 F1734C15A808C8C8 BA7FCB22A0C9B152
9E9FAFAB4781DDA6, índice 10.
13 Obra en el certificado 4BD8915A2EFFDA0B C5F92DB4EFF0C09B 22ACF83F0A1C8287
DABF9573A2979257, índice 14.
14 Obra en el certificado 6DDAD1CDFAA53F2C 93A6AEBBE92B282C 0684B208336072FC
85D1E16E553F2BF1, índice 17.
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5.6. Víctor Guillermo Caicedo Pinzón15 se opuso a la prosperidad del amparo, al
considerar que este resulta improcedente y que la Sección Quinta del Consejo de
Estado analizó el asunto ordinario conforme a la jurisprudencia aplicable a la
materia. Asimismo, sostuvo que el actor ha presentado de manera reiterada,
sistemática e irreflexiva la misma tesis, sin justificar los motivos por los cuales la
acción constitucional debería proceder.
5.7. Mediante auto del 1° de septiembre de 202516 el Despacho ponente vinculó a
Nohora Elizabeth Pinto Sánchez, a Jhosep Antony González Bernal y al Partido
Político Alianza Verde al presente trámite constitucional17.
5.8. El Consejo Nacional Electoral18 propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, al considerar que los hechos señalados como vulneradores
de derechos fundamentales no guardan relación con sus competencias, sino con
las atribuidas a la Sección Quinta del Consejo de Estado. Además, indicó que no se
cumplieron los requisitos de subsidiariedad ni de relevancia constitucional.
5.9. Los demás interesados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela promovida por Sergio
Andrés Jaimes Rueda contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
15 Obra en el certificado 2597F2481EA097F6 A5A9B9F8B26E7EFE 5E2297C7885F09D1
B61B954F570BD0C3, índice 19.
16 Obra en el certificado 6B48AE4EFD63359F 19F66D1071AAC38E A712C7B4D5BC5E6C
D752A4F9C4DAD27E, índice 21.
17 Los soportes de notificación obran en el índice 25 y 30.
18 Obra en el certificado F3CF652516931606 DABE87084D318C69 27713F0E1B8228F3 348055A9F1D4B516,
índice 27.
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2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3. Cuestión Previa
Esta Sala considera que resulta evidente el interés que le asiste a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, al Concejo municipal del Cúcuta y al Consejo Nacional
Electoral en el presente asunto, toda vez que participaron en el litigio examinado,
de manera que negará la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por cada una de las entidades en mención.
4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad19 y de procedencia20 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
5. El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”21.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
19 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
20 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
21 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
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examinar dos elementos, a saber22: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202223, al
pronunciarse sobre el requisito de relevancia constitucional, advirtió que era
necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
5.2. En el caso concreto, la parte tutelante alega, en esencia, que la vulneración de
sus derechos fundamentales se originó porque la autoridad judicial incurrió en un
defecto fáctico, en el desconocimiento del precedente y en una violación directa de
la Constitución, al no tener en cuenta la vocación de permanencia del Grupo
Significativo de Ciudadanos Todos por Cúcuta, al cual le resultaba aplicable el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
5.3. Esta Subsección observa que dicho debate ya fue planteado en sede ordinaria,
pues, en el recurso de apelación propuesto por el demandado24, se discutió que el
Grupo Significativo de Ciudadanos Todos por Cúcuta no tenía vocación de
permanencia, frente a lo cual quien ahora actúa como tutelante25 se pronunció en
los siguientes términos:
“El Tribunal Administrativo de Norte de Santander acertadamente reconoció la
vocación de permanencia del G.S.C. "Todos por Cúcuta", sustentada en su
participación continua en los procesos electorales de 2015, 2019 y 2023. Estos
hechos corroboran que el grupo significativo de ciudadanos denominado
“Todos por Cúcuta” mantiene desde el año 2015 su estructura política y
relevancia electoral, condición que lo somete a las mismas obligaciones en
22 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
23 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
24 Obra en el archivo 071_MemorialWeb_Recurso-Rad202400004Recu del certificado F5ED7AEBA390164B
1C272B2B4E1AD444 EF4566963D854C3D B919C40B7B161F06, índice 16.
25 Obra en el archivo 082Allega Oposición al Recurso de Apelación Sergio Andrés Jaimes Rad. 000-2024-
00004-00 ELEC, ibid.
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materia de prohibición de doble militancia que los partidos con personería
jurídica.
La jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha enfatizado
que la participación reiterada en elecciones es un criterio determinante para
establecer la vocación de permanencia de los G.S.C., garantizando la
coherencia democrática y la representación efectiva de los ciudadanos.
(…)
El apelante sostiene que el Tribunal de primera instancia aplicó
incorrectamente la normativa sobre la vocación de permanencia de los G.S.C.
Sin embargo, este argumento es infundado, ya que la participación continua del
G.S.C. "Todos por Cúcuta" en los procesos electorales de 2015, 2019 y 2023
establece una clara vocación de permanencia, conforme a los precedentes
jurisprudenciales”26.
5.4. Frente a lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunció de
la siguiente manera:
“112. Inconforme con la anterior decisión, el señor Caicedo Pinzón la apeló con
fundamento en que no se valoraron las pruebas aportadas en primera instancia,
que demuestran que el grupo en mención no tiene vocación de permanencia
pues no ha persistido en el tiempo, de manera que, si bien se han presentado
para las distintas contiendas agrupaciones con ese nombre, se trata de
procesos de inscripción nuevos.
113. Recalcó que, en este caso, la parte actora se limitó a probar la existencia
de un grupo significativo de ciudadanos denominado Todos por Cúcuta para
las elecciones de 2019 y 2024, pero no acreditó que se tratara del mismo grupo
o que se hubiera perpetuado, pues no aportó acta de constitución, estatutos,
reglamento disciplinario y resolución de reconocimiento de logos, nombres y
demás, que hubieran acreditado su vocación de permanencia, de manera que
ante esa ausencia de pruebas debe presumirse que el acto de elección es legal
en los términos del artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.
114. Revisados los argumentos del a quo junto con los del apelante, la sala
anticipa que revocará el fallo recurrido y, en su lugar, denegará las pretensiones
de la demanda con base en las siguientes apreciaciones.
115. Como se expuso en el marco jurídico de esta providencia, los grupos
significativos de ciudadanos son «[…] asociaciones coyunturales de
ciudadanos que se suman para atender una circunstancia específica sin que
tengan esa vocación de permanencia que se deriva de los partidos y
movimientos políticos […]16».
(…)
117. Conforme a lo anterior, la finalidad de los grupos significativos de
ciudadanos es la inscripción del candidato a un cargo o corporación pública,
pues es de esa forma como se materializa el propósito para el cual se crearon.
118. De esa manera, se observa que el Grupo Significativo de Ciudadanos
Todos por Cúcuta dejó de existir luego de que se realizara tal acto. Lo anterior,
sin perjuicio de que se haya creado a través del tiempo una agrupación con
similar nombre
26 Folios 1 – 3, ibid.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04840-00
Accionante: Sergio Andrés Jaimes Rueda
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(…)
121. De esa manera, su propósito se agotó con ello en tanto, se reitera, el
propósito de aquella culmina con la postulación de los aspirantes que
participarán en la respectiva elección
122. Por consiguiente, se concluye que el G.S.C. Todos por Cúcuta
conformado para las elecciones territoriales de 2019 dejó de existir luego de
que efectuara la inscripción de los candidatos para los comicios realizados ese
año, por lo que el demandado no debía renunciar a su curul en el concejo para
inscribirse por otro partido o movimiento político para las elecciones territoriales
de 2023, como efectivamente lo hizo.”27.
5.5. Una vez relatado lo anterior, se observa que, en sede de tutela, la parte
accionante pretende que se estudie nuevamente lo relativo a la vocación de
permanencia del Grupo Significativo de Ciudadanos Todos por Cúcuta, a pesar de
que el juez natural del asunto ya efectuó una valoración probatoria sobre dicho
aspecto y explicó las razones por las cuales consideró que dicha agrupación política
no tenía vocación de permanencia, motivo por el cual concluyó que no se configuró
la figura de la doble militancia ni ninguna otra causal que permitiera declarar la
nulidad electoral pretendida.
5.6. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela
como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se ha visto, las críticas
contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir la controversia suscitada en el trámite
ordinario, con el fin de que prevalezca la interpretación de la parte tutelante sobre
la de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
5.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
27 Folios 24 – 27 del certificado 151B9F49B78B9F58 3D0F11DB2DF480A5 458FED449F13AF5B
52118CA4CD5EA5CF, índice 60 del expediente 54001233300020240000401 de la Sección Quina del Consejo
de Estado.
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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada28, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario29.
6. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Ausente con excusa
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
28 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
29 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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