Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04850-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04850-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04850-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01
Accionante: OLGA LUCÍA PAREDES ARANA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA - SALA SEGUNDA DE DECISIÓN Y JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGO
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado
por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez
natural.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo
de tutela proferida el 2 de septiembre de 2025 por la Subsección B, Sección Tercera
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Olga Lucía Paredes Arana, actuando a través de apoderada, interpuso
acción de tutela en contra las sentencias proferidas el 25 de noviembre de 2024 y
el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago
y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado No. 76147 33 33 001 2017 00364 00/01, y formuló las
siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y
móvil, a una vejez digna y a la seguridad social de la señora Olga Lucía
Paredes Arana.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, REVOCAR el numeral
cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia No. 231 del 25 de noviembre
de 2024, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cartago, y el numeral segundo de la Sentencia de Segunda
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01
Accionante: Olga Lucía Paredes Arana
Instancia No. 152 del 27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, en lo que
respecta a la negación de las pretensiones de la señora Olga Lucía Paredes
Arana.
TERCERO: En su lugar, ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Cartago que, en un término perentorio, profiera una
nueva decisión en la cual RECONOZCA y ORDENE a la UGPP el pago de
la pensión de sobrevivientes a la señora Olga Lucía Paredes Arana, en
calidad de compañera permanente del señor Harold Millán Valencia,
valorando de forma integral y con apego a la jurisprudencia constitucional el
requisito de la convivencia efectiva, la dependencia económica y el auxilio
mutuo, incluyendo el cuidado brindado en los últimos años de vida del
causante. Se deberá determinar el porcentaje que le corresponda,
considerando el marco legal aplicable a la convivencia simultánea, si a ello
hubiere lugar, con efectos fiscales a partir del 16 de abril de 2016 o desde la
fecha que legalmente corresponda […]”. (Mayúsculas y negrillas originales
del escrito de tutela.)
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que mantuvo una relación de pareja con el señor Harold
Millán Valencia desde 1977 hasta el 2002. Manifestó que, “de esta unión, procrearon
diez hijos, sobreviviendo cuatro, lo que denota una clara vocación de permanencia
y constitución de familia. Testimonios como el de la madre del causante, Ofelia
Valencia de Millán, y de terceros, confirmaron esta convivencia por 25 años”2.
Señaló que el señor Millán Valencia siempre le brindó apoyo económico. Precisó
que “el causante se encargaba de sufragar los servicios públicos del hogar y que le
brindaba ayuda económica para el sustento de su hija menor”3.
Relató que “(…) tras el grave accidente sufrido por el señor Harold Millán Valencia
el 20 de enero de 2014, que lo dejó en un "estado de salud precaria" o "vegetal", la
señora Olga Lucía Paredes Arana fue quien "permaneció a su cuidado" y lo
"acompañó durante su enfermedad hasta su muerte" el 16 de abril de 2016, un
periodo de más de dos años. Este hecho fue reconocido incluso por el Juzgado de
primera instancia, que afirmó que Olga Lucía Paredes Arana "estuvo en los últimos
dos años de vida del señor Harold Millán Valencia, socorriéndolo, ayudándolo y
cuidándolo" (…)”4.
Manifestó que solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes del señor Millán Valencia, sin embargo, indicó
que dicha entidad dejó en suspenso el posible derecho pensional que podía asistirle
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
2
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Accionante: Olga Lucía Paredes Arana
a la señora Paredes Arana y a las señoras Blanca Luz Garzón Ocampo y Ludivia
Zapata, quienes también habías solicitado el reconocimiento pensional.
Expuso que la señora Blanca Luz Garzón Campo promovió demanda en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, proceso
al que fue vinculada como litisconsorte necesario.
Anotó que la demanda fue asignada al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Cartago que, en sentencia del 25 de noviembre de 2024 “negó las pretensiones
de la señora Olga Lucía Paredes Arana, al considerar que no acreditó la convivencia
durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante”5.
Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia
del 27 de junio de 2025 la confirmó.
Alegó que “las decisiones de los jueces de instancia, al negar el derecho a la
sustitución pensional de la señora Olga Lucía Paredes Arana, incurrieron en vías de
hecho judiciales, específicamente en un defecto fáctico y un desconocimiento del
precedente constitucional, vulnerando de forma directa los derechos fundamentales
invocados”6.
Frente al defecto fáctico reprochó que “los juzgados de instancia se enfocaron
excesivamente en la cohabitación física continua en los últimos cinco años,
ignorando la realidad de una relación compleja y de largo aliento, así como el
concepto material de "convivencia efectiva" que incluye el afecto, auxilio mutuo,
apoyo económico y acompañamiento espiritual, y la vocación de estabilidad y
permanencia”7.
Resaltó que “los jueces reconocieron que la señora Olga Lucía Paredes Arana
brindó cuidado y auxilio al causante en sus dos últimos años de vida, cuando este
se encontraba en un "estado de salud precaria" o “vegetal". Este acompañamiento
en un momento de total dependencia es una manifestación inequívoca de la
"comunidad de vida" y el "auxilio mutuo" esenciales en la convivencia. Sin embargo,
no se le dio el peso probatorio suficiente para acreditar la continuidad de la relación
en los términos de la convivencia efectiva”8.
Agregó que “el propio Juzgado de primera instancia aplicó el principio de que la "no
cohabitación por motivos de fuerza mayor no supone una ruptura de la convivencia
marital" para justificar la continuidad de la relación de Blanca Luz Garzón Ocampo
con el causante, dado que a ella se le "impidieron verlo". Paradójicamente, no aplicó
este mismo criterio a la relación de la señora Olga Lucía Paredes Arana, a pesar de
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
3
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Accionante: Olga Lucía Paredes Arana
que su dedicación en los últimos años de vida del causante, en un estado de "total
dependencia", constituía una forma de convivencia y apoyo en circunstancias de
fuerza mayor. Esta inconsistencia denota una valoración sesgada de las pruebas y
una aplicación desigual de los criterios jurisprudenciales”9.
En cuanto al desconocimiento del precedente explicó que “la Honorable Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que la convivencia efectiva,
requerida para la pensión de sobrevivientes, va más allá de la mera cohabitación
física, e incluye la manifestación de lazos de afecto, auxilio mutuo, apoyo económico
y acompañamiento espiritual, con una clara e inequívoca vocación de estabilidad y
permanencia. Los fallos de instancia, al exigir una "convicción razonable" de
convivencia ininterrumpida bajo el mismo techo en los últimos cinco años para Olga
Lucía Paredes Arana y desestimar su relación posterior al 2002, interpretaron el
requisito de forma excesivamente restrictiva y formal, contraviniendo la
jurisprudencia que busca proteger las relaciones consolidadas con un compromiso
de vida real”10.
Adujo que “se negó el derecho a la pensión de sobrevivientes a la señora Olga Lucía
Paredes Arana, a pesar de haber demostrado un vínculo afectivo de décadas, la
procreación de hijos, dependencia económica y, crucialmente, el cuidado y
acompañamiento en los momentos finales de la vida del causante, lo cual
materializa el auxilio y apoyo mutuo”11.
La accionante sostuvo que las providencias cuestionadas vulneran sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a una vejez digna al negarle el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes, debido a que le genera una desprotección económica
en su vejez y la priva de un sustento vital.
Finalmente, aseveró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, debido a que (i) “el
caso reviste de relevancia constitucional, pues se discute la afectación de derechos
fundamentales como el mínimo vital, la vejez digna y la seguridad social, en el marco
de una interpretación judicial que se aleja de la protección material de la familia y
de los principios de solidaridad y favorabilidad en materia pensional”12; (ii) agotó
todos los mecanismos de defensa judicial a su alcance; (iii) se acredita la inmediatez
porque la sentencia de segunda instancia acusada fue proferida el 27 de junio de
2025 y la tutela fue radicada el 5 de agosto de 2025; (iv) identificó los hechos que,
bajo su consideración, originan la vulneración de sus derechos; y (v) no se trata de
una tutela contra tutela.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
4
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 5 de agosto de 202513 y fue asignada por reparto a la
Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado que, por auto del 8 de agosto
de 202514 la admitió y dispuso notificar15 al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cartago y a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, como parte accionada; así como vincular al director de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)16, a la señora Blanca Luz Garzón Ocampo17 y a la señora
Ludivia Zapata18, como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago
y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión para que
allegaran copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente
al proceso identificado con el radicado nro. 76147 33 33 001 2017 00364 00/01, el
cual fue remitido19.
3.2. La señora Blanca Luz Garzón Ocampo, actuando por conducto de apoderado,
allegó escrito20 en el que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y
se niegue el amparo deprecado.
Señaló que la accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión para
cuestionar la sentencia de segunda instancia, sin embargo, no lo ejerció dentro del
término legal.
Aseguró que “el Tribunal valoró de manera integral el acervo probatorio, incluyendo
testimonios, declaraciones extraprocesales y documentos oficiales, y aplicó
jurisprudencia sobre “convivencia efectiva” (Corte Const., T-090/2016; T-205/2017;
Consejo de Estado, Sec. Segunda, 2 de marzo de 2017). No hubo arbitrariedad ni
omisión probatoria; la decisión está debidamente motivada”.
13 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04850 00.
14 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04850 00.
15 Esta orden se cumplió el 11 de agosto de 2025. Visto en los índices 7 y 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Esta orden se cumplió el 12 de agosto de 2025. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.
19 Visto en los índices 17 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.
20 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04850 00.
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Por último, resaltó que “la accionante fue parte activa en el proceso contencioso,
ejerció recurso de apelación y tuvo oportunidad de probar y controvertir. Esta acción
reproduce los mismos argumentos y pretensiones ya decididos, sin hechos nuevos
ni variación relevante”.
3.3. La señora Ludivia Zapata, presentó escrito21 en el que manifestó no tener
interés patrimonial alguno en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes del
causante, Harold Millán Valencia.
Indicó que “si bien contraje matrimonio religioso con él el 3 de marzo de 1974,
nuestra sociedad conyugal fue disuelta de mutuo acuerdo mediante escritura
pública nro. 929 del 9 de noviembre de 1999. Además, en el trámite administrativo
pensional y posteriormente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
renuncié expresamente a cualquier derecho pensional que pudiera haberme
correspondido como excónyuge del señor Harold Millán Valencia, fui desvinculada
del proceso de primera instancia precisamente por haber aceptado las pretensiones
de la demanda y haber renunciado a mis derechos pensionales. Mi comparecencia
en esta instancia de tutela se limita a lo solicitado por este honorable tribunal”.
Sin perjuicio de lo anterior, expuso que “considero inaudito que no se le reconozcan
los derechos a una vejez digna a la señora Olga Lucía Paredes Arana, quien, a sus
65 años, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que
la sustitución de pensión como compañera permanente, que está en discusión,
busca suplir el apoyo económico que hasta fuerte (sic) le brindo Harold a Olga”.
3.4. El titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago remitió
correo electrónico22 en el que anotó que se atiene a la decisión que en derecho se
profiera en este trámite tutelar, comoquiera que, según estimó “la decisión que se
encuentra vigente y contra la cual se entiende se dirige esta acción constitucional
fue la que, en trámite de recurso de apelación, fue proferida en segunda instancia
el 27 de junio de 2025, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala
Segunda de Decisión – que decidió modificar la sentencia de primera instancia
proferida por este despacho judicial”.
3.5. La subdirectora de defensa judicial pensional de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), allegó escrito23 en el que solicitó que nieguen las pretensiones de la
accionante.
21 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04850 00.
22 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04850 00.
23 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
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Accionante: Olga Lucía Paredes Arana
Sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo para solicitar el pago de
derechos económicos pensionales y agregó que, en todo caso, la UGPP no es la
competente para el pago pensional que se pretende con esta solicitud de amparo.
3.6. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia acusada rindió
informe24 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la accionante.
Aseveró que en la providencia cuestionada se realizó un análisis acucioso de las
pruebas allegadas al proceso, tanto de los testimonios como de los documentos,
acatando los postulados normativos y jurisprudenciales para aplicables al caso
concreto.
Adujo que “no pueden ser de recibos los cuestionamientos realizados por la parte
actora, dado que la decisión emitida por la Sala Segunda de Decisión de este
Tribunal se desarrolló de forma objetiva y fue fundamentada jurídica y
probatoriamente. Distinto es que la decisión, interpretación y la valoración
probatoria que efectuó este Tribunal a la luz de la ley y la jurisprudencia aplicables
al caso, haya sido contraria a los intereses procesales de la parte actora, lo cual no
es ingrediente para suponer una violación a los derechos fundamentales alegados,
pues en la sentencia se esgrimieron razones de peso para llegar a las conclusiones
expuestas en dicho proveído”.
Agregó que “no puede admitirse que la parte actora pretenda convertir la acción de
tutela en una tercera instancia, buscando revivir el proceso ordinario con
cuestionamientos que ya fueron analizados y decantados dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho”.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de
septiembre de 202525 declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con
el requisito general de relevancia constitucional.
Aseguró que la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate concluido
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate para hacer
prevalecer su criterio interpretativo, sin que se advierta una actuación arbitraria o
ilegítima por parte de las autoridades judiciales accionadas.
Agregó que la accionante no cumplió con una carga argumentativa suficiente que
evidencie la afectación de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que
24 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04850 00.
25 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04850 00.
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Accionante: Olga Lucía Paredes Arana
se limitó a indicar de manera general, sin referir expresamente las decisiones
judiciales desconocidas, ni explicó qué pruebas fueron indebidamente valoradas.
Expuso que “la accionante limitó su reparo a cuestionar la decisión bajo una óptica
interpretativa que difiere de la adoptada por la autoridad judicial, para lo cual expone
unos planteamientos que no revisten un interés constitucional. Particularmente,
examinado el escrito de la demanda de la acción de tutela se tiene que la accionante
aduce como parte del desconocimiento del precedente que, en la decisión judicial,
se aplicó de manera restrictiva el concepto de convivencia efectiva, toda vez que no
se tuvo en cuenta los lazos de afecto, auxilio mutuo, apoyo económico y
acompañamiento espiritual que proporcionó al causante durante los dos últimos
años de su vida y su rol como cuidadora. Esta inconformidad también fue planteada
en el recurso de apelación y fue resuelta por el tribunal al aceptar que la accionante
permaneció con el causante durante los dos últimos años, sin embargo, no encontró
que esa permanencia se equiparara a una convivencia efectiva y consensuada”.
Adicionalmente, señaló que “similar suerte sigue la argumentación relacionada con
la valoración inadecuada de las pruebas, para lo cual la accionante se centra en
referir las razones que dan lugar a un defecto fáctico, alude que hubo un enfoque
excesivo en la cohabitación física continua en los últimos cinco años y se
desconoció su rol de cuidadora. El hecho de que la autoridad judicial no hubiese
acogido los argumentos de la demandante para tener acreditado el derecho a la
pensión de sobrevivencia no resulta indicativo de la configuración del mencionado
defecto, y aun cuando en principio tales planteamientos no tienen relevancia
constitucional del examen de la sentencia se verifica que el propósito de la
accionante de reabrir el debate concluido”.
Indicó que “las presuntas circunstancias vulneradoras alegadas en el escrito de
tutela son análogas a las que formuló con su vinculación en el proceso ordinario y
en la apelación, mismos motivos que tan solo varían formalmente en yerros de
contenido fáctico, los cuales fueron atendidos respectivamente por cada autoridad
judicial.
Finalmente, arguyó que “la Sala no advierte un enfoque errado en la valoración
probatoria determinada por la autoridad judicial, sino la ausencia de acreditación por
parte de la accionante de la convivencia efectiva o simultanea con el causante. El
tribunal valoró todas las pruebas en conjunto y concluyó que en el caso de la
accionante no se acreditó el derecho pretendido, y no se ofrece por parte de la
accionante, argumentos nuevos a los ya decididos por la autoridad judicial que
ameriten la intervención de juez constitucional y que permitan tener por acreditada
la relevancia constitucional”.
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5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó26
manifestando lo siguiente:
“[…] El fundamento de esta impugnación radica en que el fallo de tutela erró
al no reconocer que las decisiones de primera y segunda instancia, que le
negaron el derecho a la pensión de sobreviviente a la señora Olga Lucia
Paredes, incurrieron en un defecto fáctico y por desconocimiento del
precedente constitucional. Estas vulneraciones no son meras
discrepancias jurídicas, sino errores groseros y manifiestos que violaron sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a una vejez digna, a la seguridad
social y al debido proceso con las garantías constitucionales.
(…)
2. Fundamentos de la Impugnación
El fallo de tutela que se impugna, al declarar la improcedencia de la acción,
incurrió en un error al desestimar la gravedad de los defectos en que
incurrieron las sentencias ordinarias. Contundentemente, las providencias
judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante por los siguientes motivos:
A. Defecto Fáctico por Valoración Errónea de las Pruebas
La decisión judicial de primera y segunda instancia incurrió en un defecto
fáctico manifiesto al no valorar adecuadamente el conjunto probatorio
allegado al proceso, particularmente los testimonios que daban cuenta de la
convivencia simultanea (sic) y cuidado del causante. Si bien la sentencia
reconoció la existencia de una relación con la otra reclamante, ignoró las
pruebas que demostraban el vínculo de convivencia y dependencia de la
señora Olga Lucia Paredes Arana con el fallecido por casi 40 años.
• El Juzgado y el Tribunal, si bien consideraron la declaración de la madre del
causante y de sus hijos, quienes manifestaron que la señora Olga Lucía
Paredes Arana lo cuidó durante su enfermedad hasta su muerte, no le dieron
el peso probatorio suficiente a este hecho.
• La valoración probatoria se centró en la existencia de un "proyecto de vida"
con la otra demandante, pero desestimó que dicho proyecto no era exclusivo
y que el vínculo de la accionante con el causante se remontaba a varias
décadas y se mantuvo hasta el final de su vida.
El fallo de tutela concluyó que la valoración probatoria fue correcta y que no
hubo un error ostensible, sino la simple ausencia de acreditación del derecho
de la accionante. Sin embargo, la falta de acreditación es precisamente el
resultado de la valoración defectuosa de las pruebas, ya que no se sopesó la
totalidad de la relación con el causante, incluyendo la dependencia
económica y el auxilio mutuo manifestados durante su enfermedad, lo cual
constituye una forma de convivencia efectiva que la jurisprudencia
constitucional ha protegido.
26 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
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Accionante: Olga Lucía Paredes Arana
B. Desconocimiento del Precedente Constitucional
Las sentencias demandadas ignoraron la línea jurisprudencial consolidada de
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la convivencia efectiva,
la cual no se limita a la cohabitación física, sino que se refiere a un concepto
material que incluye los lazos de afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico
y el acompañamiento espiritual, con vocación de estabilidad y permanencia.
• El fallo de tutela no abordó de manera exhaustiva este argumento,
simplemente declarando que no se aportaron nuevos elementos para
justificar la intervención constitucional.
• El caso es un ejemplo de convivencia simultánea en la que el causante tuvo
un vínculo afectivo y de apoyo con dos compañeras permanentes en periodos
de tiempo no sucesivos, o incluso coincidentes, por lo que la pensión debió
ser compartida, al menos subsidiariamente, como se solicitó en el recurso de
apelación de la primera instancia.
Para sustentar este argumento, se citan los siguientes precedentes, teniendo
en cuenta la inacción de la sala, frente a la carga jurídica y conocimiento del
precedente jurisprudencial, al manifestar que la acción de tutela carecía de
carga argumentativa en tal sentido, por la accionante:
1. Corte Constitucional, Sentencia SU-444 de 2023, Magistrado Ponente:
Juan Carlos Cortés González: Esta sentencia de unificación es fundamental
porque aborda el desconocimiento del precedente constitucional en casos de
pensión de sobrevivientes y exige que los jueces analicen el contexto de la
relación más allá de los formalismos, protegiendo los derechos de seguridad
social, igualdad y mínimo vital.
2. Corte Constitucional, Sentencia C-1035 de 2008: En esta sentencia, la
Corte declaró la exequibilidad del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, bajo el
entendido de que la pensión de sobrevivientes se debe dividir en proporción
al tiempo de convivencia cuando se presenta un conflicto entre cónyuge y
compañero(a) permanente. Esta jurisprudencia es clave para la defensa de la
"convivencia simultánea".
3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia con Radicado 25000-
23-42-000-2012- 01702-01(1646-17) de 2022: El Consejo de Estado ha
reconocido la posibilidad de la convivencia simultánea y ha ordenado el
reparto de la pensión. La jurisprudencia del Consejo de Estado afirma que la
convivencia debe entenderse como un criterio material, valorando el "apoyo
mutuo" y la "vida en común" al momento del fallecimiento. Este enfoque
material, y no solo físico, es el que fue ignorado en el caso de la señora
Paredes Arana.
4. Consejo de Estado, Sentencia de la Sección Segunda, Radicado 2014-
00028 de 2020: En este caso, el Consejo de Estado enfatizó que, para dirimir
un conflicto entre cónyuge y compañera permanente, "el factor
determinante... se funda en el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva,
la comprensión y la vida en común al momento del deceso del causante.”
Estas sentencias demuestran que la jurisprudencia colombiana exige una
valoración material y sustancial de la convivencia, que las decisiones de
instancia ignoraron por completo, incurriendo en un defecto por
desconocimiento del precedente que justifica la intervención del juez de
tutela.
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3. Solicitud
Por lo expuesto, de manera atenta, se solicita a su Despacho:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de primera instancia del 2 de
septiembre de 2025, proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: En consecuencia, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales de la señora Olga Lucía Paredes Arana al mínimo vital y a la
seguridad social, dejándolos a salvo de la vulneración por parte de las
sentencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cartago y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO: ORDENAR la expedición de un nuevo fallo por parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que revalore de manera integral las
pruebas aportadas al proceso, en especial los testimonios, y aplique de forma
correcta el precedente constitucional sobre la convivencia efectiva y
simultánea.
CUARTO: Subsidiariamente, ORDENAR el reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente a favor de la accionante, en partes iguales, de
conformidad con lo dispuesto en la ley, dada la convivencia simultánea con el
causante, con efectos fiscales a partir del 16 de abril de 2016, o desde la
fecha que legalmente corresponda, así como la indexación de las mesadas
adeudadas […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
impugnación).
5.2. Por auto del 26 de septiembre de 2025 se concedió la impugnación27 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 7 de octubre de 202528.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad
con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 29,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de
27 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04850 00.
28 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04850 01.
29 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente
la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá
solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes
a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo
cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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201530, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 31, así
como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201932, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de
2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución
de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente33:
6.2.1. La señora Blanca Luz Garzón Ocampo, actuando por conducto de apoderado,
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), con el fin que se declarara la nulidad de la Resolución
nro. RDP 025023 del 6 de julio de 2016 y la Resolución nro. RDP 037629 del 6 de
octubre de 2016, por las cuales se dispuso reconocer y ordenar el pago de la
pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento del señor Harold Millán
Valencia, conforme la siguiente distribución: (i) un 25% en favor de María Alejandra
Millán Paredes, en su calidad de hija mayor y por encontrarse estudiando; y (ii) un
25% en favor de Manuel Alejandro Millán Garzón, en su calidad de hijo menor de
edad. Adicionalmente, los precitados actos administrativos también resolvieron “(…)
dejar en suspenso el posible derecho y el porcentaje que le (s) pudiera corresponder
respecto a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de MILLÁN
VALENCIA HAROLD, a: ZAPATA LUDIVIA (…), GARZON OCAMPO BLANCA LUZ
(…) PAREDES ARABA OLGA LUCIA (…)”.
A título de restablecimiento del derecho, la señora Garzón Ocampo solicitó que se
ordenara a la entidad demandada que expidiera el acto administrativo de
reconocimiento de la pensión sustitutiva a su favor, en calidad de compañera
permanente y, en consecuencia, le pagara las mesadas dejadas de percibir desde
el momento en que cumplió con los requisitos que le hacían acreedora a la
prestación reclamada, con su respectiva indexación e intereses moratorios.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cartago que, mediante auto del 2 de marzo de 2018 la admitió y dispuso
notificar a la UGPP.
30 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
31 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela".
32 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado
el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
33 Lo que se desprende del expediente correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el radicado nro. 76147 33 33 001 2017 00364 00/01.Visto en los
índices 17 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
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6.2.3. Por auto del 28 de septiembre de 2018, se ordenó la vinculación de las
señoras Olga Lucía Paredes Arana (hoy accionante) y Ludivia Zapata, en calidad
de litisconsortes necesarios.
6.2.4. Surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado Administrativo del
Circuito de Cartago, en sentencia del 25 de noviembre de 2024 resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones N° RDP
025023 de 06 de julio de 2016 y N° RDP 0037629 de 06 de octubre de 2016,
emitidas por la UGPP mediante las cuales le fue negado el reconocimiento
y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Blanca Luz Garzón
Ocampo, de conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la UGPP al reconocimiento, liquidación y
pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Blanca Luz Garzón
Ocampo identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.499.209 de La
Tebaida (Q), de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, con efectos
fiscales a partir del 16 de abril de 2016.
Se autoriza realizar los descuentos por aportes a la seguridad social en
salud sobre las mesadas pensionales que no se realizaron a partir de su
causación y de acuerdo a su porción.
TERCERO: ORDENAR a la UGPP la indexación de las mesadas
pensionales adeudadas a la señora Blanca Luz Garzón Ocampo, con base
en el IPC, según lo dispone el artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta
las fechas de causación y pago efectivo de las mismas. Lo anterior,
aplicando la fórmula dispuesta en la parte motiva. Por tratarse de pagos de
tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para
cada mesada pensional dejada de cancelar, teniendo en cuenta que el
índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas,
de acuerdo a su porción.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
6.2.5. Inconformes con la anterior decisión, la UGPP y la señora Olga Lucía Paredes
Arana interpusieron recurso de apelación, y la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 27 de junio de 2025,
al resolver dichos recursos, dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la
sentencia No. 231 del 25 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago, los cuales quedarán
así:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones N° RDP
025023 de 06 de julio de 2016 y N° RDP 0037629 de 06 de octubre de 2016,
emitidas por la UGPP, en lo pertinente a la decisión tomada sobre la negación
del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Blanca
Luz Garzón Ocampo, de conformidad con las consideraciones expuestas.
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la UGPP al reconocimiento, liquidación y pago
de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Harold
Millán Valencia, en un porcentaje del 50% del valor de la pensión de
sobreviviente a la señora Blanca Luz Garzón Ocampo (…), de conformidad
con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos
12 y 13 de la Ley 797 de 2003, con efectos fiscales a partir del 16 de abril de
2016.
Se autoriza realizar los descuentos por aportes a la seguridad social en salud
sobre las mesadas pensionales que no se realizaron a partir de su causación
y de acuerdo a su porción.
Se deberá tener en cuenta que, a partir del 27 de diciembre de 2028, la
entidad demandada deberá pagarle a la señora Blanca Luz Garzón Ocampo,
el 100% de la prestación pensional”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia apelada.
TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por la accionante en el
escrito de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito
general de relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el
(ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”34.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
34 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver
al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la
sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades35:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 36. De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el
tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no es una
instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según
la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar
a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se
enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)”37. (Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
35 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
36 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia
del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente
nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
37 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se
expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. (Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la
acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente
que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría
desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, por cuanto, la petición de amparo está siendo utilizada por la accionante para
reabrir la controversia resuelta en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, dado que sus inconformidades están encaminadas a cuestionar lo
decidido en las sentencias acusadas, en tanto que alega que “se negó el derecho a
la pensión de sobrevivientes a la señora Olga Lucía Paredes Arana, a pesar de
haber demostrado un vínculo afectivo de décadas, la procreación de hijos,
dependencia económica y, crucialmente, el cuidado y acompañamiento en los
momentos finales de la vida del causante, lo cual materializa el auxilio y apoyo
mutuo”38.
En igual sentido, argumentó que “los juzgados de instancia se enfocaron
excesivamente en la cohabitación física continua en los últimos cinco años,
ignorando la realidad de una relación compleja y de largo aliento, así como el
concepto material de "convivencia efectiva" que incluye el afecto, auxilio mutuo,
apoyo económico y acompañamiento espiritual, y la vocación de estabilidad y
permanencia”39.
Lo anterior, con el fin de insistir en que, “[este] caso es un ejemplo de convivencia
simultánea en la que el causante tuvo un vínculo afectivo y de apoyo con dos
compañeras permanentes en periodos de tiempo no sucesivos, o incluso
coincidentes, por lo que la pensión debió ser compartida, al menos
38 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.
39 Ibidem.
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subsidiariamente, como se solicitó en el recurso de apelación de la primera
instancia”40, lo cual ya fue objeto de debate en el proceso ordinario.
Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia de segunda instancia acusada,
expuso lo siguiente:
“[…] 106. Partiendo de los lineamientos expuestos, para la Sala resulta claro
que en el presente asunto no existió convivencia simultánea con el causante,
pues los testimonios traídos por ambas partes hacen énfasis en que la señora
Blanca Luz Garzón convivió desde el año 2000 hasta el día 16 de abril de
2016, momento en el que falleció el señor Harold Millán Valencia.
107. En efecto de las pruebas documentales aportadas por las partes, se logró
determinar que los señores Blanca Luz Garzón Ocampo y Harold Millán
Valencia, convivieron por más de 10 años continuos en la ciudad de Armenia,
que si bien el señor Millán Valencia sostuvo relaciones anteriores y concibió
hijos con otras mujeres, ello no desvirtúa la calidad de compañera permanente
de la señora Blanca Luz Garzón Ocampo, así como tampoco se pudo
desvirtuar que la misma dejó de prestarle auxilio posteriormente al accidente
que lo dejó en condiciones de total dependencia.
108. Ahora bien, señaló la señora Olga Lucía Paredes que tuvo una
convivencia simultanea con el señor Harold Millán Valencia desde el año 1977
hasta el día de su muerte, situación que no logra acreditarse en el plenario,
pues de los testimonios y pruebas obrantes se puede comprobar que el señor
Harold Millán estuvo residiendo por varios años en la ciudad de Armenia y
que la única beneficiaria de su régimen de seguridad social en salud era la
señora Blanca Luz Garzón Ocampo.
109. Aunado a lo anterior, pudo determinarse que si bien la señora Olga Lucía
Paredes dentro de las pruebas aportadas al plenario allegó un extracto
expedido por el Fondo Nacional del Ahorro del 2013 a 2014, con la dirección
de residencia en el municipio de Zarzal del señor Harold Millán Valencia, lo
cierto es que esto aconteció posterior a su accidente, donde pudo probarse
también que perdió las calidades de persona capaz mediante sentencia
judicial y que quien administraba sus bienes era su hijo Harold Andrés Millán
Paredes, por lo que tal documento no es prueba suficiente para determinar
que su domicilio principal era el municipio de Zarzal.
110. Situación contraria a las demás pruebas documentales, tales como
historias clínicas, extractos bancarios de diferentes entidades financieras y
demás que, junto con todos los testimonios, e incluso las declaraciones de
parte, logran demostrar que el domicilio principal del señor Millán Valencia era
la ciudad de Armenia, donde convivía con la señora Blanca Luz Garzón
Ocampo y su hijo menor Manuel Alejandro Millán Garzón.
111. Así las cosas, esta Sala encuentra razón en el fallo de primera instancia
que reconoció las pretensiones de la demanda y acreditó como única
beneficiaria de la prestación pensional a la señora Blanca Luz Garzón
Ocampo, no siendo prósperos los argumentos de los recurrentes […]”.
40 Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión
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Bajo dicho contexto, la Sala observa que la accionante está utilizando la acción de
tutela como una tercera instancia o recurso adicional al proceso ordinario para
cuestionar lo resuelto por el juez natural de la causa, e insistir en que tiene derecho
al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, por lo que se concluye que, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional aludida en precedencia, la petición de
amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones,
las excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la
decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de
la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los
casos excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas
que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la
Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden,
utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese
propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley
para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto,
con el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre
las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le
fueron planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido
sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales; y no es el juez de
constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular,
rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
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a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida;
pero ese no es el supuesto en el caso que aquí se examina.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
confirmará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela
por cuanto no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 2 de septiembre de 2025 por
la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo expuesto en
precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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