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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04878-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04878-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 1 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de defecto sustantivo y NEGAR el amparo solicitado por Pedro Hernan Rodríguez Vega en relación con el defecto de desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin21. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-619 de 14 de junio de 2001. 21 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 11 de 12 Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01 Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modifica _____________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04878-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 12 de febrero de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01
Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Desconocimiento del
precedente | Defecto fáctico | Modifica – declara improcedencia - niega

Síntesis del caso: La parte accionante enjuició la sentencia se segunda instancia que
revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo objetivo era la inscripción y
nombramiento en carrera de un docente.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación contra la Sentencia de 1 de septiembre de 2025, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual se negó la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 6 de agosto de 2025, Pedro Hernan Rodríguez Vega, a través de
apoderado, presentó una acción de tutela en contra de la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y trabajo, así como los principios de buena fe y confianza legítima
con ocasión de la Sentencia de 5 de febrero de 2025, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-057-2018-00382-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad
y el trabajo del accionante, así como el respeto por los principios
constitucionales de la Buena fe y Confianza Legítima, vulnerados por el Tribunal

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo

80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Pedro Hernán Rodríguez Vega, contra

la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
(…)”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01
Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

Administrativo de Cundinamarca con la expedición de la Sentencia de 5 de
febrero de 2025 dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho con Radicado No. 110013342-057-2018- 00382-01, que REVOCÓ la
decisión de primera instancia que había declarado el derecho a la inscripción
en el escalafón docente del accionante y ordenó su reintegro.

2. Ordenar a la accionada que expida una nueva Sentencia en la que respete
los derechos fundamentales del accionante, respete el precedente
jurisprudencial aplicando el principio de la Buena fe y Confianza Legítima en
los concursos de méritos.

3. Declarar la nulidad de las Resoluciones 8895 de 9 de agosto de 2017 y 11183
de 10 de noviembre de 2017 de la SED, así como la Resolución CNSC-
20182000019285 de 13 de febrero de 2018 y 18723 de 2 de octubre de 2018, que
negaron la inscripción en el escalafón docente y revocaron el nombramiento
en periodo de prueba.

4. La inaplicación del Decreto 915 de 1 de junio de 2016 porque las normas
vinculantes y vigentes para la Convocatoria 145 de 2012 y para el 4 de marzo
de 2016, día de inicio del periodo de prueba del accionante, son el Decreto
Ley 1278 de 2002 y el Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015.

5. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SED y a la CNSC
inscribir al accionante en el escalafón docente, reintegrarlo al cargo docente
que venía desempeñando y pagar los sueldos y prestaciones sociales dejados
de percibir desde el momento de su desvinculación y hasta la fecha de su
reintegro efectivo.

6. Condenar en costas y agencias en derecho.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Pedro Hernan Rodríguez Vega participó en la Convocatoria 145 de
2012 para proveer los empleos vacantes de directivos docentes, docentes
3

de preescolar, básica, media y orientadores en establecimientos educativos
oficiales en Bogotá D.C.

5. 2) Mediante la Resolución 334 de 22 de febrero de 2016 4, se nombró
en período de prueba al accionante, en la planta de personal docente de
la Secretaría de Educación de Bogotá, para el área de Ciencias Naturales
y Educación Ambiental. Tomó posesión de dicho cargo el 4 de marzo de
2016.

6. 3) El 22 de octubre de 2016, inició el programa de formación
pedagógica para profesionales no licenciados en la Fundación Universitaria
Monserrate-Unimonserrate, para el cual se estimaba su terminación en el
mes de septiembre de 2017.

7. 4) Superó su periodo de prueba y su calificación quedó en firme el 24
de enero de 2017.

3 Creada a través de los Acuerdos 189 de 2012 y 314 de 2013, de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
4 "Por la cual se terminan unos nombramientos en Provisionalidad, y se hacen unos nombramientos en Periodo de

Prueba, en la Pianta de Personal Docente de la Secretaria de Educación de Bogotá D.C.; área de CIENCIAS
NATURALES - EDUCACION AMBIENTAL, dentro de la convocatoria 145 de.2012, de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01
Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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8. 5) Mediante Oficio No. S-2017-97489 de 21 de junio de 2017, la oficina
de Escalafón Docente requirió a Pedro Hernan Rodríguez Vega para que
allegara la acreditación de estar cursando o haberse graduado de un
postgrado en educación, o de tener un programa de pedagogía en una
institución de educación superior, al momento de quedar en firme la
calificación de superación del periodo de prueba.

9. 6) El accionante allegó el certificado de estudios de la Fundación
Universitaria Monserrate el 14 de julio de 20175.

10. 7) Mediante Resolución No. 8895 de 9 de agosto de 2017, la Secretaría
de Educación de Bogotá le negó la inscripción en el escalafón docente al
accionante6, pues, allegó la certificación de estudio extemporáneamente.

11. 8) En contra de la anterior decisión, el 19 de septiembre de 2017, el
señor Rodríguez Vega presentó recurso de reposición y, mediante
Resolución 11183 de 10 de noviembre de 20177, la Secretaría de Educación
de Bogotá resolvió no reponer la decisión y conceder el recurso de
apelación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC-.

12. 9) A través de la Resolución No. 20182000019285 de 13 de febrero de
2018, la Comisión Nacional del Servicio Civil resolvió el recurso de apelación
en el sentido de confirmar la decisión de 9 de agosto de 2017 de negar la
inscripción en el escalafón docente del accionante.

13. 10) El 17 de septiembre de 2018, Pedro Hernan Rodríguez Vega, por
medio de apoderado judicial, presentó demanda en contra de la Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá y la CNSC, con el objetivo de que se
declarara la nulidad de la Resolución No. 8895 de 9 de agosto de 2017, se
ordenara inscribir en el escalafón docente al accionante y, a título de
restablecimiento del derecho, le reconocieran y pagaran los salarios,
prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y demás
emolumentos a los que tuviera derecho, causados en el tiempo en que se
resolviera el proceso.

14. 11) El proceso le correspondió, para su conocimiento en primera
instancia, al Juzgado Administrativo Transitorio de Medellín, bajo el radicado
No. 05001-33-33-003-2016-00951-008.

5 Con Radicado No. E – 2017 – 122605.
6 “ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la inscripción en el Escalafón Docente Oficial a PEDRO HERNAN RODRIGUEZ VEGA

identificado con cédula de ciudadanía No. 80.032.125, de acuerdo con la parte motiva de esta resolución.”
7 “ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la decisión contenida en la Resolución No. 8895 del 09 de agosto de 2017, por

la cual se niega la inscripción al señor PEDRO HERNAN RODRIGUEZ VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 80.032.125, al Escalafón Docente Oficial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.”
8 Es menester aclarar que, mediante Auto de 14 de marzo de 2017, el Juzgado Transitorio de Medellín inadmitió la

demanda por no haberse adjuntado la resolución que resolvió el recurso de apelación presentado en contra de
la resolución demandada, con ocasión del numeral 2 de artículo 161 del CPACA “2. Cuando se pretenda la
nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo
con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar
directamente el acto presunto”. Al adjuntarse la Resolución No. 3717 de 3 de abril de 2017, que resolvió el recurso

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01
Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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15. 12) El Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, mediante Sentencia de
22 de abril de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. Dicha
autoridad judicial consideró que, en vista de que el periodo de prueba inició
el 4 de marzo de 2016, en vigencia del Decreto 1075 de 2015, su proceso de
inscripción debió llevarse de acuerdo con lo previsto en este y no bajo el
Decreto 915 de 2016.

16. Agregó que, el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.4.1.4.1.3., fijó
como límite para acreditar el hecho de haber cursado o estar graduado de
un postgrado en educación, o de haber realizado un programa de
pedagogía en una institución de educación superior, el año académico
siguiente al del nombramiento en periodo de prueba.

17. En esa medida, expuso que el señor Rodríguez Vega disponía hasta
finales del año 2017, para acreditar que estaba cursando un posgrado en
educación o que había realizado un programa de pedagogía; requisito
que, a juicio del juzgado, completó con el programa de formación en
pedagogía en la Fundación Universitaria Monserrate-Unimonserrate
realizado desde el 22 de octubre de 2016 al 12 de agosto de 2017.

18. 13) Inconforme con la anterior decisión, la Secretaría de Educación
de Bogotá9 y la CNSC10 presentaron recursos de apelación, los cuales fueron
resueltos por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual, mediante Sentencia de 5 de
febrero de 2025, revocó la decisión del juez de primera instancia, en el
sentido de negar las pretensiones de la demanda.

19. Como argumento de su decisión, expuso que la norma aplicable era
el Decreto 915 de 2016, toda vez que, si bien el demandante fue nombrado
en periodo de prueba el 22 de febrero de 2016 y se encontraba vigente el
Decreto 1075 de 2015, lo cierto era que, el Decreto 915 de 2016, no derogó
expresamente las disposiciones normativas previas, sino que las subsumió en
un solo texto haciendo una integración normativa. En consecuencia, era la
norma aplicable a la Convocatoria 145 de 2012 y, por ende, afirmó que el
derecho para una eventual inscripción en el escalafón docente surgió con
posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 915 (1 de junio de 2016), ya
que superó su periodo de prueba y la calificación respectiva el 24 de enero
de 2017.

de apelación en contra de la Resolución No. DESAJM15-2482 de 27 de abril de 2015, subsanó lo reprochado en
dicho auto y se admitió la demanda mediante Auto de 25 de septiembre de 2017.
9 Solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, en la medida que la entidad actuó según la normativa

vigente, de manera que el demandante no acreditó haber terminado el programa de posgrado al momento de
superar su período de prueba en 2017. Así, era plenamente aplicable el Decreto 915 de 2016 comoquiera que
establecía los requisitos que debían cumplir quienes superaran el período de prueba después de su vigencia.
10 Indicó que la sentencia de primera instancia incurrió en un defecto sustantivo, inadecuada valoración

probatoria y desconocimiento de la nueva legislación, a su vez, manifestó que ya se habían resuelto controversias
en las que se aplicó el Decreto 915 de 2016, respecto de docentes que cumplieron con su período de prueba
después del 1 de junio de 2016.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01
Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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20. Aunado a lo anterior, aclaró que el accionante no había consolidado
su situación jurídica en la medida que no había terminado el período de
prueba, ni había sido calificado satisfactoriamente, por lo cual, (se trascribe)
“al momento de entrar en vigencia la nueva norma, entró a regular dicha
situación en el estado en que estaba, y en consecuencia, al finalizar el
periodo de prueba en el año 2016 y cuya calificación quedó en firme el 24
de enero de 2017, e inició la actuación administrativa correspondiente a la
inscripción en el escalafón docente, debía darse aplicación a la norma que
para ese momento regulaba la materia, esto es, al Decreto 915 de 2016, que
había entrado a regir desde el 1° de junio de 2016.”

21. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que, la
autoridad judicial accionada, al proferir la Sentencia de 5 de febrero de
2025, incurrió en un desconocimiento del precedente y en un defecto
sustantivo.

22. Como fundamento de sus reparos expuso que, al momento de iniciar
su período de prueba (4 de marzo de 2016), se encontraba vigente el
artículo 2.4.1.4.1.3 del Decreto 1075 de 2015 que exigía acreditar su
programa en pedagogía a más tardar al finalizar el año académico
siguiente al del nombramiento en período de prueba.

23. En esa medida indicó que la entrada en vigencia del Decreto 915 de
2016, el 1 de junio del mismo año, a su juicio, fue intempestiva y violatoria de
sus derechos, pues, implicó la reducción del plazo de 1 año, que iba hasta
31 de diciembre de 2017, para acreditar que estaba cursando o que se
había graduado de un postgrado en educación, para, en su lugar,
modificarla al momento en que quedó en firme la calificación de
superación del período de prueba, lo cual calificó como un cambio “brusco
e intempestivo”.

24. Aunado a lo anterior, expuso que las modificaciones que se le
introdujeron al citado Decreto implicaron una desigualdad de trato, ya que
el Decreto-Ley 1278 de 2002 era el que debía regir su inscripción en el
escalafón docente.

25. A su vez, destacó que se vulneró su derecho al trabajo porque se le
negó el derecho a inscribirse en el escalafón docente sin ponderar las
normas que debían regir la expectativa que tenía.

26. Para el accionante, el Tribunal efectuó una interpretación que no era
proporcional ni razonable a la luz de los principios de buena fe y confianza
legítima, y sin mayor argumentación escogió la norma más restrictiva para
resolver el caso particular.

27. Sobre el desconocimiento del precedente, adujo que se desconoció
la Sentencia SU-67 de 2022 de la Corte Constitucional y 3 providencias en las

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que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió casos con
situaciones fácticas similares11.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

28. Mediante Sentencia de 1 de septiembre de 2025, la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.
Consideró que la autoridad judicial accionada efectuó una interpretación
coherente de las normas aplicables a su caso concreto, pues, (se trascribe):
“no es posible condicionar la interpretación del Tribunal respaldada en una
lectura constitucionalmente válida, como lo es la diferenciación entre un
derecho adquirido y las expectativas legítimas, con el fin de validar la
aplicación una la norma a un caso particular. De este modo, la autoridad
accionada, aunque analizó todo el trámite derivado de la convocatoria en
la cual participó el aquí accionante, precisó que el momento determinante
para la definición de su situación jurídica era la culminación del período de
prueba, lo que habilitaba inclusive, de conformidad con la Corte
Constitucional, una aplicación irretroactiva de la ley”.

29. De cara al desconocimiento del precedente, específicamente la
Sentencia SU-67 de 2022, expuso que, si bien el Juzgado 57 Administrativo de
Bogotá utilizó dicha sentencia como sustento de su decisión, lo cierto era
que el tribunal accionado, en segunda instancia, avaló la aplicación del
Decreto 915, dado que (se trascribe) “para el momento de su vigencia el
actor aún no había consolidado su situación laboral, en particular, no había
culminado el período de prueba ni había obtenido una calificación
satisfactoria. De esta manera, la norma rigió su situación en el estado en que
se encontraba. Además, la restricción en cuanto a la irretroactividad de la
ley, según la Corte Constitucional, solo era aplicable frente a situaciones
consolidadas y no meras expectativas, como ocurrió en el caso concreto”.

30. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora presentó escrito
de impugnación, en el que reiteró que la sentencia enjuiciada incurrió en un
desconocimiento del precedente, específicamente de la Sentencia SU-067
de 2022, toda vez que el accionante tenía la certeza de que contaba con
un plazo hasta finales de 2017 para cumplir el requisito pedagógico y el
cambio normativo de 1 de junio de 2016 fue, a su juicio, un "cambio brusco
e intempestivo" que hizo materialmente imposible el cumplimiento del nuevo
plazo.

11 Sentencia de 19 de mayo de 2022 proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

No.11001-33-42-046- 2020-00034-00/01, por Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Sentencia de 16 de mayo de 2024 proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 11001-33-42-057-2020-00205-00/01, por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Sentencia de 27 de junio de 2025 proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 11001-33-42-016-2021-00350-00/01, por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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31. Aunado a lo anterior, reiteró el precedente horizontal, respecto del
cual, expuso que, (se trascribe) “un juez puede apartarse de su precedente
horizontal, pero debe cumplir con una carga argumentativa explícita y
suficiente: (i) identificar el precedente del que se aparta (carga de
transparencia) y (ii) ofrecer razones poderosas que justifiquen el cambio
(carga de argumentación). La Subsección "C" no hizo ni lo uno ni lo otro;
simplemente falló en sentido contrario, creando un trato discriminatorio e
injustificado que viola el artículo 13 de la Constitución.”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos alegada y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

32. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de la acción de tutela, si la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez
de segunda instancia, incurrió en un desconocimiento del precedente y/o
en un defecto sustantivo y, con ello, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y trabajo, así como los principios de buena fe y
confianza legítima de la parte actora, al revocar la sentencia de primera
instancia y determinar que la norma que debió regir su proceso de
inscripción al escalafón docente era el Decreto 915 de 2016 y no el 1075 de
2015. En consecuencia, se procederá a revocar, modificar o confirmar la
decisión de primera instancia.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La Sala advierte que, en el presente caso, se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque: (1) no existe
recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. (2) Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la providencia enjuiciada (11/2/2025)12 y la interposición de
la presente acción de tutela (6/8/2025)13. (3) No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relacionó con una Sentencia de segunda instancia
dictada en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) Por último, se advierte
que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso de la

12 Notificada personalmente a través de mensaje de datos enviado el 6 de febrero de 2025.
13 Según acta Individual de reparto.

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Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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parte demandante, con ocasión de una providencia judicial respecto de la
cual se alegó un desconocimiento del precedente.

34. Ahora bien, no sucede lo mismo sobre el defecto sustantivo, el cual, a
juicio del accionante se configuró al haberse aplicado, en la sentencia
enjuiciada, el Decreto 915 de 2016 en lugar del Decreto 1075 de 2015.

35. Para la Sala, el reparo anterior tiene un carácter eminentemente legal,
ya que el demandante puso de presente su inconformidad con la
interpretación realizada por la autoridad judicial, respecto de las
disposiciones legales en que sustentó la decisión, específicamente los
Decretos 915 de 2016 y 1075 de 2015, observado por el Juzgado 57
Administrativo de Bogotá, para efectos de determinar en qué fecha debía
adjuntar la acreditación de haber cursado o estar graduado de un
postgrado en educación, o de haber realizado un programa de pedagogía
en una institución de educación superior.

36. Aunado a lo anterior, es menester indicar que, entrar a corregir o
intervenir en la interpretación que realizó el juez ordinario de la norma
aplicable escapa de la esfera de competencia del juez de tutela, máxime
cuando aquella no fue arbitraria ni caprichosa, ya que el tribunal utilizó
elementos objetivos y razonables para llegar a la conclusión de que el
proceso de inscripción al escalafón docente del accionante debía seguirse
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 915 de 2016.

37. Asimismo, se advierte que los argumentos planteados son una
reiteración de aquellos presentados en el proceso ordinario, tanto en la
demanda14, como en los alegatos de conclusión15 e implicaría abrir un

14 Índice 40 del aplicativo SAMAI dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-

057-2018-00382-00 (Se trascribe):“El Decreto 95 de 2016 fue expedido el 01 de junio de 2016, cuando el
demandante ya se encontraba en periodo de prueba, por lo que es ilegal y contrario a las leyes que rigen los
concursos públicos de méritos, y a cualquier principio constitucional: que el Decreto 915 modifique los tiempos,
términos y condiciones para acreditar el requisito, pedagógico y haciendo imposible, cursar y finalizar antes de la
evaluación del periodo de prueba (Diciembre de 2016) un programa de formación pedagógica de 480 (horas y
10 créditos que tiene una duración aproximada de 2 semestres. en este orden de ideas, los argumentos esgrimidos
por-la administración, en cabeza de la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá, son contrarios a las leyes que
rigen el concurso convocatorio 136 a 249 de-2012 y 253 a 254 de 2013 Docentes y Directivos Docentes.
(…)
El nombramiento inició efectos legales el 22 de febrero de 2016, fecha en la que se posesionó el demandante
como docente en periodo de prueba. De acuerdo al Articulo 2.4.1.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015 -vigente al
momento del inicio del periodo de prueba-, tenía el siguiente año académico para acreditar el requisito
pedagógico ante la Secretaria de Educación de Bogotá, es decir, hasta la finalización del año 2017.
(…)
Para el momento de la expedición del Decreto 915 de 2016, el señor PEDRO HERNAN RODRIGUEZ VEGA, llevaba 4
meses de periodo de prueba y faltaban otros 6 meses para la evaluación de desempeño del periodo de prueba,
de acuerdo a la normatividad citada previamente, su plazo para acreditar el programa en pedagogía era hasta
finalizar el año académico dos mil diecisiete (2017).”
15 Índice 40 del aplicativo SAMAI dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-

057-2018-00382-00 (Se trascribe): “(…) el Decreto Reglamentario 915 de 2016 se aplique sólo a las convocatorias
que se convoquen con posterioridad a su promulgación.
5. El Decreto Reglamentario 915 de 2016, no es aplicable al caso concreto porque debe atenderse la ley vigente
a la fecha de nombramiento en período de prueba que, para el caso concreto era el Decreto 1075 de 2015, pues
el Decreto Reglamentario 915 de 2016 empezó a regir después del nombramiento en periodo de prueba.
6. Aplicar el Decreto Reglamentario 915 de 2016 -vigente después de iniciado el periodo de prueba-, irrespeta las
normas que rigen el debido proceso administrativo.
7. Las demandadas no tuvieron en cuenta el tránsito legislativo, porque el término del periodo de prueba y, por
ende, el término para cumplir el requisito adicional de formación en pedagogía inició desde el momento en que

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01
Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

debate surtido en las instancias ordinarias, pues, el tribual se pronunció de la
siguiente manera sobre el particular (se trascribe):

“La parte actora asegura que el Decreto 915 de 2016, no es aplicable a su
situación concreta, como quiera que, dicha norma fue expedida con
posterioridad a la Convocatoria 145 de 2012, lo cual implica “cambiar las reglas
del juego” del concurso en el que participó.

Al respecto, debe advertir la Sala que dicha convocatoria se encuentra
gobernada por el Acuerdo 189 de 02 de octubre de 2012, cuyo artículo 6
estableció que el concurso se rige por la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, el
Decreto Ley 1278 de 2002, el Decreto Ley 760 de 2005, la Ley 1033 de 2003 y el
Decreto 3982 de 2006, sin embargo, no se trató de un listado taxativo sino
meramente enunciativo, pues expresamente se prescribió que también se
encuentra regido por toda norma concordante.

No es posible afirmar entonces, que no resulta aplicable el Decreto 915 de 2016,
pues además sería la norma vigente al momento de una eventual inscripción
en el escalafón docente del demandante, que es norma concordante con
aquellas que expresamente se enunciaron en el Acuerdo 189 de 2012. El
referido decreto, es una norma compilatoria que no solo reglamenta el Decreto
1278 de 2002 sino que recoge disposiciones del Decreto 1075 de 2015 y, este
último a su vez compiló el Decreto 3982 de 2006 y el Decreto 2715 de 2006.

En otras palabras, el Decreto 915 de 2016 produce efectos hacia futuro, y
conforme al artículo 4 será a partir de la fecha de su publicación, esto es, desde
el 1° de junio de 2016, por lo tanto, toda situación particular que ocurra con
posterioridad a su entrada en vigor se regirá por las disposiciones allí previstas.
Ahora bien, debe precisarse que cuando el demandante fue nombrado en
periodo de prueba (febrero de 2016), se encontraba vigente el Decreto 1075
de 2015, sin la modificación introducida por el Decreto 915/16, no obstante, lo
cual, como quedó expuesto en el acápite normativo, ambas disposiciones
consagraban que el programa de pedagogía para profesionales no
licenciados debía acreditarse “a más tardar al finalizar el año académico
siguiente al del nombramiento en período de prueba”.

38. Se aclara que las diferencias interpretativas que existan entre la parte
demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la
justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario.
En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias entre lo
decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía acción
de tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional16.

2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

se nombró al demandante en periodo de prueba, por tanto, debe atenderse lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153
de 1887.
8. Se logró demostrar que los actos administrativos demandados vulneraron el ordenamiento jurídico al no tener
en cuenta la normatividad aplicable al demandante. En efecto, la entidad demandada aplicó el artículo 3° del
Decreto Reglamentario 915 de 2016, cuando debió dar aplicación al artículo 2.4.1.4.1.3 del Decreto 1075 de 2015.”
16 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01
Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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39. La Sala confirmará la decisión de negar el amparo solicitado, en lo
atinente al desconocimiento del precedente, por las razones que se
exponen a continuación:

40. En el caso bajo estudio, la parte actora alegó que la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la
Sentencia de 5 de febrero de 2025, incurrió en un desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional17 y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca18; sin embargo, la Sala no advierte su configuración, por lo
siguiente:

41. Frente a la Sentencia de Unificación 67 de 22 de febrero de 2022 de
la Corte Constitucional, es menester aclarar que, si bien, el juzgado utilizó la
mencionada sentencia como argumento de su decisión, para indicar que
el principio de la confianza legítima debía extenderse a los concursos de
méritos frente a las modificaciones intempestivas que adoptara la
administración, lo cierto es que las situaciones fácticas no resultan similares,
toda vez que, el caso previsto en la sentencia de unificación, se trató de una
controversia distinta a la del accionante, en la que varios participantes de
la Convocatoria 27 solicitaron que se corrigiera las irregularidades que se
habían presentado en la elaboración y evaluación de la prueba de
conocimientos y aptitudes, así como que se diera respuesta y se expidiera o
se garantizara el acceso a los documentos requeridos en las peticiones
presentadas. Situaciones que no se presenta en este caso, pues, lo aquí
debatido resulta de una controversia producto de una presunta indebida
aplicación de la norma, específicamente del Decreto 915 de 2016.

42. Ahora bien, respecto del precedente horizontal citado por el
accionante19, si bien se trató de casos de docentes nombrados en período
de prueba previo a la vigencia del Decreto 915 de 2016, y que fueran
calificados con posterioridad a dicho decreto, las decisiones citadas fueron
proferidos por diferentes salas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
específicamente las subsecciones A, B y D de la Sección Segunda de la
corporación accionada.

43. En esa medida, no es posible hablar de una transgresión de los
derechos invocados por la parte demandante, en el entendido que tal

17 Sentencia SU – 067 de 2022
18 Sentencia de 19 de mayo de 2022 proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

No.11001-33-42-046-2020-00034-00/01, por Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; Sentencia de 16 de mayo de 2024 proferida en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-057-2020-00205-00/01, por la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; Sentencia de 27 de junio de 2025 proferida en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-016-2021-00350-00/01, por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
19 Ibidem.

Sentencia de 27 de junio de 2025 proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 11001-33-42-016-2021-00350-00/01, por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01
Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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situación se enmarca en ejercicio autónomo e independiente del juez
natural.

44. Además la Sala considera que la tesis utilizada por el tribunal
accionado no vulnera los derechos fundamentales del accionante, en la
medida en que es razonable y está conforme a derecho y a lo probado en
el proceso, pues, de acuerdo con el principio de irretroactividad de la
norma, la ley nueva debe regir todas las situaciones pendientes por definir,
así como los hechos y actos nuevos originados a partir de su vigencia20, sin
que se pueda aplicar a situaciones jurídicas consolidadas bajo una norma
anterior, por tratarse de un derecho adquirido, situación que no ocurre en
los casos en los que se tiene una mera expectativa del derecho, como el
traído a colación por el accionante.

2.4. Conclusión

45. La Sala modificará la decisión que negó la solicitud de amparo, en el
sentido de declarar la improcedencia por falta de relevancia constitucional
respecto del defecto sustantivo y mantener la negativa en relación con el
desconocimiento del precedente, al no evidenciarse su configuración ni la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 1 de septiembre de 2025, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
negó el amparo solicitado, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela respecto de defecto sustantivo y NEGAR el amparo
solicitado por Pedro Hernan Rodríguez Vega en relación con el defecto de
desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin21.

20 Corte Constitucional. Sentencia C-619 de 14 de junio de 2001.
21 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04878-01
Demandante: Pedro Hernan Rodríguez Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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TERCERO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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