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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04882-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04882-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Rosaura Aguirre Rodríguez, a través de la acción de tutela instaurada en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04882-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04882-00
Demandantes: Rosaura Aguirre Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Error
judicial. Desconocimiento del precedente judicial.
Decisión: Niega el amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Rosaura Aguirre Rodríguez contra
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 6 de agosto de 2025, Rosaura Aguirre Rodríguez presentó acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad, junto con el principio de favorabilidad.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos las sentencias
proferidas el 14 de abril de 2023 y el 13 de febrero de 2025 por el Juzgado 37
Administrativo de Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el proceso de reparación directa con radicado
No. 11001-33-36-037-2021-00151-00/01 y, en su lugar, emitir una decisión de
remplazo en la que se ordenara a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
reparar el daño causado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia al negarse a cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-113 de 2018.

3. Adicionalmente, de manera subsidiaria, requirió ordenar a la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictar una
sentencia de reemplazo en la que se reconozca la reparación pretendida en el
medio de control mencionado.

4. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante
afirmó que interpuso demanda laboral en contra de la Empresa Nacional Minera
Limitada (MINERCOL Ltda.) para que se le reconociera su pensión de jubilación por

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Demandante: Rosaura Aguirre Rodríguez

haber prestado más de 20 años de servicios, conforme a lo dispuesto en la cláusula
82 de la Convención Colectiva de Trabajo que le era aplicable1.

5. La Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó
las pretensiones, al considerar que para tener derecho a dicha prestación la
demandante debía cumplir los 50 años estando al servicio de la empresa.

6. Instauró acción de tutela en contra de la autoridad judicial mencionada, con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido
proceso, los cuales estimó vulnerados al desconocerse precedentes judiciales
favorables.

7. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-113 de 2018, amparó
las garantías referidas y, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia atacada,
al concluir, en observancia del principio de favorabilidad, que la Sala de
Descongestión mencionada pasó por alto los diversos pronunciamientos emitidos
sobre ese asunto por la Sala de Casación Laboral permanente, en los que se indicó
que para el «reconocimiento de la pensión de jubilación convencional no era
necesario haber cumplido la edad fijada en la convención colectiva estando al
servicio de la empresa, pues la cláusula se refiere a eventos futuros y al no hacerse
ninguna salvedad puede entenderse que no tiene importancia el que persista o no
la relación de trabajo o que esta se encuentre vigente al momento de cumplir la
edad.

8. En ese sentido, le ordenó a la autoridad judicial precitada elaborar un
proyecto de fallo en el que se tenga en cuenta la posición mencionada, cuyo
proyecto debía remitir a la Sala de Casación Laboral permanente, «la cual tenía el
deber constitucional de interpretar la norma convencional, cuya aplicación solicité,
a partir de parámetros explícitos de favorabilidad evitando que se vulneren los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad».

9. Sin embargo, el 3 de abril de 2019 la Sala de Casación Laboral permanente
de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en igual sentido que la
anterior, interpretando la cláusula en sentido desfavorable para el trabajador y
condicionando la pensión a que el empleado estuviera activo en la empresa al
cumplir la edad.

10. Interpuso incidente de desacato en contra de la autoridad judicial. No
obstante, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se «negó a adelantar [dicho
trámite] bajo el argumento de que se había dado cumplimiento a la orden impartida
por la Corte Constitucional».

11. En atención a dicha «denegación de justicia», instauró demanda de
reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

1
Cláusula 82: «A partir de la vigencia de esta convención MINERALCO S.A. reconoce y pagará a los trabajadores a su
servicio que hayan cumplido o cumplan cincuenta (50) años de edad en las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad
en los hombres y veinte (20) años de servicios en entidades públicas, oficiales o semioficiales, una pensión mensual de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados durante el último año de
servicios».

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Demandante: Rosaura Aguirre Rodríguez

Administración Judicial, para que se le declarara administrativamente responsable
por los perjuicios causados por la falla en el servicio de administración de justicia.

12. El 14 de abril de 2023, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró una falla en el
servicio. Si bien el resultado final de la providencia anulada coincidía con el de la
Sentencia del 3 de abril de 2019, esta última se emitió cumpliendo lo ordenado por
la Corte Constitucional. Además, la Sala No. 2 de Descongestión de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia elaboró un proyecto de sentencia
el 29 de enero de 2019, el cual fue remitido a la Sala de Casación Laboral
permanente, que posteriormente emitió el fallo definitivo el 3 de abril de 2019. En
dicha decisión se analizó en detalle la cláusula 82 de la Convención Colectiva,
concluyendo que este canon no amparaba a los extrabajadores, y que no era
procedente aplicar el principio de favorabilidad, dado que la norma no generaba
ninguna ambigüedad.

13. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, para lo cual indicó que la Corte Suprema de Justicia, al negarle su derecho
a la pensión, transgredió sus derechos fundamentales, en especial, el de igualdad
y debido proceso.

14. Adicionalmente, manifestó que la corporación judicial referida omitió lo
ordenado por la Corte Constitucional, al insistir en negar la pensión bajo un mismo
razonamiento que había sido anulado por quebrantar la Constitución Política, a
pesar de que la Corte Suprema de Justicia en un caso similar sí obedeció lo decidió
por el máximo tribunal constitucional y, en esa medida, reconoció una pensión
(Sentencia SL2694-2021), lo que evidencia un trato desigual.

15. Precisó que el daño antijurídico fue causado por el desacato de la Corte
Suprema de Justicia a lo ordenado por la Corte Constitucional, lo que privó a la
demandante de recibir su pensión desde junio de 2004. En consecuencia, estimó
que el Estado debía responder por esa situación, pues le ocasionaron un perjuicio
económico irreparable.

16. El 13 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera instancia. Para
sustentar su decisión, precisó que el caso debía analizarse bajo la figura de error
judicial, ya que la controversia radicaba en el contenido de la sentencia proferida el
3 de abril de 2019.

17. En ese sentido, expuso que la providencia referida (i) no desconoció las
órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-113 de 2018, ni
se apartó arbitrariamente de las reglas jurisprudenciales establecidas; e (ii)
interpretó la norma convencional conforme a los principios de hermenéutica jurídica,
en concordancia con el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual
establece que las convenciones colectivas regulan las condiciones de trabajo
durante su vigencia y para quienes se encuentren vinculados laboralmente.

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Demandante: Rosaura Aguirre Rodríguez

Además, indicó que no existía ambigüedad en la cláusula que justificara aplicar el
principio de favorabilidad.

18. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que el Juzgado 37
Administrativo de Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al proferir las decisiones de 14 de abril de 2023 y
13 de febrero de 2025, respectivamente, vulneraron su derecho a la igualdad puesto
que convalidaron la decisión de negarle el reconocimiento y pago de su pensión de
vejez, a pesar de que a otros trabajadores en condiciones similares sí se les
reconoció. Para apoyar su argumento citó la Sentencia SU-165 de 2022, en la cual
la Corte Constitucional concedió la prestación mencionada a otras personas que se
retiraron de su empleo antes de cumplir la edad mínima.

19. Manifestó su inconformidad por la decisión adoptada por algunos
magistrados y conjueces de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia al indicar que no existe otra interpretación de la cláusula convencional que
consagró el derecho a la pensión que reclamó, cuando en procesos paralelos se
diga lo contrario. Al respecto, señaló que en uno de los salvamentos de voto de la
sentencia proferida en el proceso laboral del 3 de abril de 2019, se expuso lo
siguiente:

«la aplicación del principio de favorabilidad no depende de la negación o no que haga
el funcionario judicial de una interpretación alternativa de una norma. De ser así,
bastaría desconocer o no aceptar una comprensión distinta de un enunciado normativo
para excluir la aplicación del principio de favorabilidad. O para decirlo de otro modo,
este postulado rector del Derecho del Trabajo no puede evadirse bajo el argumento de
que en la mente o el criterio subjetivo del juez no existe otra lectura distinta a la de él».

Intervenciones2

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adujo que la presente acción era improcedente, comoquiera que la
parte accionante no expuso ningún argumento encaminado a demostrar la
existencia de un defecto específico en la providencia de segunda instancia.
Además, resaltó que el accionante se limitó a reiterar la discrepancia con la
interpretación de la Corte Suprema de Justicia en relación con el reconocimiento de
la pensión convencional.

21. Por lo anterior, consideró que la parte actora pretendió reabrir el debate ya
dirimido en el marco del proceso de reparación directa, el cual se resolvió por los
jueces naturales en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, sin
que le correspondiera al juez constitucional erigirse como una tercera instancia. En
consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción de la referencia.

22. El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no rindieron el informe solicitado

2
El 12 de agosto de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y de la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó a la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

4
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Demandante: Rosaura Aguirre Rodríguez

a pesar de que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de
la referencia.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

24. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala precisa
que el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida en segunda
instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al ser la autoridad judicial que puso fin al proceso de reparación
directa, en tanto que confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 37 Administrativo
de Bogotá. Asimismo, el estudio del presente asunto se llevará a cabo bajo la causal
de desconocimiento del precedente judicial, por ser la que mejor se adecua a los
argumentos de inconformidad planteados por la accionante.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al expedir la
Sentencia del 13 de febrero de 2025, desconoció la Sentencia SU-165 de 2022 de
la Corte Constitucional.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, se argumentaron con suficiencia los
reparos alegados; y, por último, la discusión no versa sobre un asunto de mera
legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que Rosaura Aguirre Rodríguez es la
titular de las garantías constitucionales invocadas como vulneradas, y la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la
autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no
existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de
sus derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 6 de agosto de
2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia

5
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del 13 de febrero de 2025 3 ; (5) se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual
naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos

27. La Sala negará el amparo solicitado, con fundamento en las razones que a
continuación se exponen:

28. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, los cuales estimó vulneraros por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que
desconoció la Sentencia SU-165 de 2022 de la Corte Constitucional, mediante la
cual concedió la pensión a otras personas que se retiraron de su empleo antes de
cumplir la edad mínima.

29. Pues bien, en la Sentencia del 13 de febrero de 2025, la autoridad judicial
accionada aclaró que el caso debía analizarse bajo la figura del error judicial y no
del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como fue alegado en
las pretensiones, toda vez que la controversia radicó en el contenido de la Sentencia
del 3 de abril de 2019 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia y no en el inadecuado funcionamiento del sistema judicial.

30. En ese sentido, indicó que la providencia precitada no vulneró el principio
de favorabilidad, ya que la convención colectiva solo aplicaba a trabajadores activos
y la cláusula 82 de la convención colectiva exigía cumplir los requisitos durante la
vigencia del vínculo laboral.

31. Adicionalmente, afirmó que la Sentencia del 3 de abril de 2019 (i) no
desconoció el precedente constitucional ni se apartó arbitrariamente de las reglas
jurisprudenciales establecidas; (ii) interpretó la norma convencional conforme a los
principios de hermenéutica jurídica, en concordancia con el artículo 467 del Código
Sustantivo del Trabajo, el cual establece que las convenciones colectivas regulan
las condiciones de trabajo durante su vigencia y para quienes se encuentren
vinculados laboralmente; y (iii) determinó que no existía ambigüedad en la norma
convencional que permitiera aplicar el principio de favorabilidad, ya que la redacción
de la convención era clara y no susceptible de interpretaciones alternas.

32. Asimismo, sostuvo que no se incumplió la Sentencia SU-113 de 2018 de la
Corte Constitucional, comoquiera que dicha providencia no ordenó el
reconocimiento de la pensión convencional reclamada por la demandante, sino que
dispuso la emisión de un nuevo fallo en el que se observaran los criterios
jurisprudenciales sobre la valoración de las convenciones colectivas.

3
Notificada por mensaje de datos el 18 de febrero de 2025.

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33. En efecto, señaló que en el proveído del 3 de abril de 2019 la Sala de
Casación Laboral permanente, en pleno ejercicio de su autonomía e independencia
judicial, efectuó un nuevo análisis de la cláusula 82 de la convención colectiva, para
lo cual determinó que los requisitos para acceder a la pensión convencional no se
cumplían en el caso de la demandante, pues, conforme a su tenor literal y al artículo
467 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el beneficio pensional solo cobijaba a
trabajadores en servicio activo y la demandante no ostentaba dicha condición al
momento de cumplir la edad requerida.

34. Resaltó que la Sentencia del 3 de abril de 2019 no fue una reproducción de
la Sentencia del 25 de julio de 2017, pues la primera se basó en precedentes de la
Sala de Descongestión Laboral, la segunda se dictó en cumplimiento de la SU-113
de 2018 de la Corte Constitucional, con un análisis más amplio y actualizado sobre
la interpretación de cláusulas convencionales, conforme a lo dispuesto en la SU-
241 de 2015 de la misma corporación. Ciertamente en la nueva decisión se explicó
que la cláusula 82 de la convención colectiva no presentaba ambigüedad alguna y,
por tanto, no era aplicable el principio de favorabilidad ni el in dubio pro operario. En
consecuencia, ratificó que el beneficio pensional solo aplicaba a trabajadores en
servicio activo y que la demandante no cumplía los requisitos exigidos por la norma
convencional.

35. Finalmente, precisó que no se vulneró el derecho a la igualdad, ya que la
negativa de la pensión a la demandante no obedeció a un trato discriminatorio, sino
a la aplicación uniforme de un criterio jurisprudencial consolidado, conforme al cual
la pensión convencional solo se adquiere si los requisitos se cumplen durante la
relación laboral activa.

36. Analizados los anteriores argumentos, es importante precisar que el
examen que le correspondía efectuar al juez de la reparación directa no versaba
sobre si había lugar o no al reconocimiento de la pensión convencional reclamada
por la demandante, sino si la Sentencia del 3 de abril de 2019, proferida por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un proceso
ordinario laboral, constituía un error judicial que diera lugar a declarar la
responsabilidad del Estado.

37. En esa medida, se advierte que la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca delimitó el marco jurídico del litigio,
diferenciando entre la legalidad o acierto de la decisión judicial y su eventual
calificación como un error judicial ostensible, grave e injustificado, conforme lo exige
la jurisprudencia del Consejo de Estado para imputar responsabilidad a la Rama
Judicial.

38. Así, consideró que dicho error no existió por cuanto la Sentencia del 3 de
abril de 2019 (i) fue proferida por el órgano competente, la Sala de Casación
Laboral, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial; (ii) no incurrió en
una interpretación arbitraria o caprichosa de la cláusula convencional objeto de
controversia, sino que aplicó los artículos 25 del Código Civil y 467 del Código
Sustantivo del Trabajo, que limita los efectos de la convención colectiva a los

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trabajadores activos; y (iii) cumplió lo ordenado por la Sentencia SU-113 de 2018,
la cual en ningún momento ordenó el reconocimiento de la pensión convencional
reclamada por la demandante, sino que instó a la Sala de Casación Laboral en
Descongestión de la Corte Suprema de Justicia a proferir una nueva sentencia, en
la cual se respetaran los criterios jurisprudenciales sobre la valoración de las
convenciones y en caso de variar algún precedente o reafirmar alguno, lo efectuara
la Sala permanente.

39. Por tanto, la Sala considera que la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada, al concluir que no se acreditaron los elementos objetivos del error
judicial, no desconoció ningún precepto constitucional, pues el desacuerdo de la
demandante con el contenido de la sentencia laboral no basta para estructurar la
responsabilidad patrimonial del Estado, máxime cuando la decisión cuestionada
estuvo debidamente motivada.

40. Ahora bien, en cuanto al argumento de la accionante, consistente en que se
desconoció el precedente fijado en la Sentencia SU-165 de 2022 de la Corte
Constitucional, debe precisarse que dicha providencia no resulta aplicable al análisis
de responsabilidad por error judicial en este caso, pues allí se estudió la negativa
de la pensión convencional a una trabajadora que se desvinculó antes de cumplir la
edad de retiro forzoso y si esta era contraria a los principios de igualdad,
favorabilidad y a la interpretación de cláusulas convencionales conforme a
precedentes constitucionales, por lo que no puede predicarse que esta sentencia
constituya un precedente obligatorio en el análisis de la configuración del error
judicial.

41. Adicionalmente, si la intención de la accionante al invocar la Sentencia SU-
165 de 2022 era que dicha providencia fuese tenida en cuenta por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al momento de emitir la decisión
objeto de análisis en el proceso de reparación directa, esto no resulta procedente
comoquiera que el pronunciamiento de unificación invocado fue proferido con
posterioridad, esto es, en el 2022. Por tanto, no era lógico exigirle a la Corte
Suprema de Justicia aplicar un precedente que aún no existía, de ahí que el juez de
responsabilidad evaluara la Sentencia del 3 de abril de 2019 conforme a la
jurisprudencia vigente para la época.

42. Así las cosas, la Sala concluye que la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fundamentó su decisión de manera
razonable y coherente, respetando los precedentes del Consejo de Estado en
materia de responsabilidad por error judicial, por lo que negará el amparo solicitado
por Rosaura Aguirre Rodríguez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Rosaura Aguirre Rodríguez, a través
de la acción de tutela instaurada en contra de la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado 37 Administrativo de
Bogotá, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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