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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04882-01

Fecha
5 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04882-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 18 de septiembre de 2025 por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedentes todos los cargos elevados por la parte actora de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04882-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

5 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04882-01
Accionante: Rosaura Aguirre Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se modifica el fallo de primera instancia.

La sala decide la impugnación 1 presentada, en calidad de convocante, por Rosaura
Aguirre Rodríguez en contra del fallo de tutela proferido el 18 de septiembre de 20252 por
la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

El 6 de agosto de 20253 la accionante radicó tutela4 en procura de la protección de sus
derechos al debido proceso, a la igualdad y a la interpretación más favorable, los que
considera vulnerados con las providencias proferidas el 14 de abril de 2023 y el 13 de
febrero de 2025 por el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro del proceso No.
11001333603720210015100/01, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la
accionante.

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 17, con certificado D75726596DFDC277
DFB7D34CEC7BACBA 656823D0D4FD48DB D8372EB0F3D73525.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 13, con certificado D78B46C7F1D1AAE2

EB4C8F9DF65E163D C379180BB2FB4BD8 AFAA04D75B7B0E52.
3 Obra acta de reparto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado 6076AD941292B20F

ABDA4A153350C059 DCF590DF9F72A3E6 1B6A637B6F40F0FB.
4 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 93DC4A8220807813

80125AF4084E95F9 BABD8ED3643297F4 D64903D5DA77A246.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04882-01
Accionante: Rosaura Aguirre Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

1.2.- Hechos

1.2.1.- Rosaura Aguirre Rodríguez laboró más de 20 años como trabajadora oficial para
Carbocol S.A. y luego para Minercol Ltda., hasta que se retiró en 2002. En 1991 una
convención colectiva vigente en Minercol establecía una pensión de jubilación para
mujeres con 50 años y 20 años de servicio. Al cumplir 50 años en 2004 solicitó dicha
prestación, pero Minercol no accedió, pues debió alcanzar la edad mientras aún estaba
vinculada. Tras un proceso laboral, la Corte Suprema de Justicia negó el reconocimiento
pensional. Aguirre interpuso una tutela que fue resuelta favorablemente por la Corte
Constitucional en la SU-113 de 2018. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia
reiteró la decisión desfavorable. Una nueva tutela fue negada, y al intentar un incidente
de desacato respecto de la sentencia de unificación, la mencionada corte tampoco
accedió5.

1.2.2.- Con base en los hechos descritos, Aguirre Rodríguez, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, radicó demanda en contra de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial con el fin de que se declarara que la Corte Suprema de Justicia
incurrió en una falla en el servicio. El proceso le correspondió al Juzgado 37
Administrativo de Bogotá bajo el radicado No. 11001333603720210015100.

1.2.3.- El a quo ordinario, por sentencia del 14 de abril de 20236, negó las pretensiones,
porque la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de
lo ordenado por la Corte Constitucional, emitió una nueva sentencia en abril de 2019,
mediante la cual reafirmó que los requisitos de la cláusula convencional para acceder a
la pensión eran claros y por tanto no procedía aplicar el principio de favorabilidad. Aunque
la nueva providencia ratificó el resultado primigenio, que fue no casar el fallo del Tribunal
Superior de Bogotá, enfatizó que no fue una simple reproducción de la decisión anulada,
pues hubo un análisis jurídico diferente. Así, hizo énfasis en que la Corte Constitucional
no ordenó reconocer la pensión, sino emitir un nuevo fallo. Concluyó que no hubo falla
del servicio ni errores judiciales, ya que se cumplió con lo ordenado por el alto tribunal
constitucional.

5 A folios 149-150 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 0AB7966F63B7AA80
404C1549935C9E35 B92ADDA6A31B46EE D46C00E918450176.
6 Ibidem, a folios 153-154.

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Accionante: Rosaura Aguirre Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

1.2.4.- Inconforme, la demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
decisión referida. Por providencia del 13 de febrero de 20257 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca confirmó la sentencia. Para ello, adujo que no hubo vulneración de
derechos fundamentales por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que la sentencia
del 3 de abril de 2019 se dictó en cumplimiento de la SU-113 de 2018 de la Corte
Constitucional. Este fallo no ordenó el reconocimiento de la pensión, sino la emisión de
una nueva decisión ajustada al precedente. La Corte Suprema de Justicia, al interpretar
la cláusula 82 de la convención colectiva, aplicó el tenor literal y determinó que el
beneficio pensional solo cobijaba a trabajadores activos, por lo que no procedía aplicarse
el principio de favorabilidad. Destacó que la decisión no fue una simple reproducción de
la anulada, ya que realizó un análisis más profundo de la convención, revisó la
jurisprudencia pertinente y concluyó que no había ambigüedad. También adujo que no
se presentó trato desigual, ya que mantuvo un criterio jurisprudencial unificado frente a
casos similares.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

La tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, debido a que los
accionados pasaron por alto que la Corte Suprema de Justicia, al emitir la sentencia del
3 de abril de 2019, incumplió la orden de la SU-113 de 2018. Afirma que no se tuvo en
cuenta que dicha sentencia reiteró los argumentos anulados previamente, e ignoró los
parámetros de favorabilidad exigidos por la Corte Constitucional. Resalta que en casos
similares sí se reconoció la pensión a extrabajadores que cumplieron la edad después
del retiro, lo que evidencia un trato desigual. Además, cuestiona que se hubiese negado
la existencia de una interpretación alternativa a la cláusula convencional, lo que
desconoce que la jurisprudencia ha admitido otras opciones, y omite el principio de
favorabilidad. Alega que se pasó por alto que la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia desobedeció su obligación de unificar jurisprudencia conforme a los
estándares fijados por la Corte Constitucional.

7 Obra providencia a folios 148-180 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
0AB7966F63B7AA80 404C1549935C9E35 B92ADDA6A31B46EE D46C00E918450176.

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1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó: (i) dejar sin efectos las sentencias proferidas el 14
de abril de 2023 por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá y el 13 de febrero
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (ii) dictar directamente una
providencia que ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reparar el daño
derivado del incumplimiento de la SU-113 de 2018; y (iii) de manera subsidiaria, ordenar
al tribunal referido que profiera un nuevo fallo que reconozca la reparación pretendida.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 12 de agosto de 2025 la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.2.- La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca afirmó que la tutela
no es procedente, dado que el accionante no identificó un defecto concreto en la
sentencia de segunda instancia. Señaló que la argumentación se limitó a expresar
desacuerdo con la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho
a la pensión convencional. Por lo tanto, advirtió que se intentaba reabrir un asunto que
ya había sido resuelto por la jurisdicción competente. En ese sentido, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de septiembre
de 2025, negó el amparo. Para ello, señaló que los jueces de la reparación directa no
debían pronunciarse sobre el reconocimiento de la pensión convencional, sino sobre la
existencia de un error judicial atribuible a la sentencia del 3 de abril de 2019 de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concluyó que no se configuró tal error, dado que la sentencia fue emitida
por el órgano competente, no fue arbitraria y cumplió con la SU-113 de 2018, que no
ordenó el reconocimiento de la pensión, sino la emisión de un nuevo fallo. Además,
consideró que la SU-165 de 2022 no aplicaba como precedente en este caso, pues fue

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proferida con posterioridad. En consecuencia, estimó que la demandante no logró
demostrar la configuración de un error judicial grave, ostensible e injustificado.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la accionante presentó impugnación. Insistió en que
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incumplió lo dispuesto por
la Corte Constitucional en la SU-113 de 2018, al no aplicar el principio de favorabilidad ni
garantizar sus derechos fundamentales. Sostuvo que, pese a que el alto tribunal
constitucional había ordenado emitir una nueva sentencia con base en parámetros
explícitos de favorabilidad, se reiteró la negativa a su pensión con los mismos
fundamentos de la providencia anulada. Indicó que, en decisiones anteriores y
posteriores, la misma corte ha reconocido el derecho pensional a extrabajadores que
estaban en su misma situación. Cuestionó que se hubiera exigido haber cumplido la edad
mientras estaba en servicio activo, cuando ese criterio no fue aplicado uniformemente en
otros casos. Por ello, iteró que la Corte Suprema de Justicia desconoció su deber de
unificación jurisprudencial e incurrió en un error judicial.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 18 de septiembre de 2025 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

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Para lo anterior, la Sala limitará su estudio a la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la medida en que fue esta la resolvió los argumentos formulados en la
apelación de la peticionaria y la que puso fin al medio de control de reparación directa.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad8 y de procedencia9 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”10.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 11 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.

8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
9 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
11 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

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Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202212, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

4.2.- En el caso concreto, la tutelante cuestionó, en esencia, que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca: (i) ignoró que la sentencia del 3 de abril de 2019 reiteró
los argumentos de una providencia previamente anulada por la Corte Constitucional; (ii)
omitió examinar el incumplimiento de los parámetros de favorabilidad establecidos en la
SU-113 de 2018; (iii) desconoció el trato desigual frente a otros casos similares en los
que sí se reconoció la pensión a extrabajadores; (iv) pasó por alto que la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la existencia de interpretaciones
alternativas, pese a que estas han sido reconocidas por la jurisprudencia; y (v) no analizó
que esa corte incumplió su deber de unificación jurisprudencial.

4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no haberse
explicado en debida forma, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso No.
11001333603720210015100/01, como si la acción de tutela fuera una instancia adicional
a ese trámite, según se explicará.

4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 13 de febrero de 2025, se
dilucida el siguiente análisis textual:

“78. La Sala recuerda que el planteamiento de la recurrente se basa en que la Corte Suprema de
Justicia vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso al negarle la
pensión convencional, desconociendo el principio de favorabilidad y sus propios precedentes.
Afirmó que, aunque la Corte Constitucional anuló esa decisión que negó la pensión (SU-113/18)
y ordenó dictar un nuevo fallo, la Sala de Casación Laboral reiteró los mismos argumentos
‘anulados’ en la sentencia del 3 de abril de 2019, persistiendo en la negativa de la pensión.

12 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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79. En ese sentido, la Sala precisa que no hubo violación al principio de favorabilidad en materia
laboral con la expedición de la sentencia del 3 de abril de 2019 que, en cumplimiento de un fallo
de tutela, decidió no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, toda vez que
la decisión resaltó que la convención colectiva de la que se quería beneficiar la actora únicamente
aplicaba a los trabajadores activos de Minercol S.A. y no puede extenderse a quienes ya no
ostentaban dicha calidad. (…)

81. En el presente caso, la cláusula 82 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1991, reiterada
en posteriores convenciones, condicionó expresamente el acceso a la pensión convencional a la
permanencia en el servicio activo en el momento de cumplir la edad requerida. Es decir, el
beneficio pensional solo cobijaba a los trabajadores al servicio de la empresa, sin que la
convención reconociera este derecho a extrabajadores o exfuncionarios que hubieran cesado en
sus labores antes de cumplir el requisito de edad.

82. Así, la Sala de Casación Laboral, en la sentencia del 3 de abril de 2019, aplicó el principio de
interpretación gramatical, establecido en el artículo 25 del Código Civil, según el cual las normas
deben interpretarse conforme a su tenor literal cuando su sentido sea claro y no ofrezca
ambigüedad. En este sentido, el texto de la convención resultó por el Órgano de Cierre diáfano
en señalar que el beneficio pensional solo se reconoce a trabajadores al servicio de la empresa,
sin que pueda extenderse a extrabajadores que cumplieran la edad con posterioridad a su
desvinculación.

83. Por lo tanto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que no existía
ambigüedad en la norma convencional que permitiera la aplicación del principio de favorabilidad,
pues para ello es necesario que la disposición presente dudas interpretativas o ambivalencias, lo
cual no ocurrió en este caso. (…)

85. En este sentido, la convención colectiva en cuestión no estableció expresamente la extensión
del derecho pensional a los extrabajadores ni generó ambigüedades que permitieran una
interpretación distinta con el fin de aplicar el principio de favorabilidad que señala la parte actora
que fue desconocido. Por ende, la autoridad judicial no incurrió en error alguno al negar el
reconocimiento de la pensión a la demandante pues aplicó los términos del acuerdo convencional,
en concordancia con el artículo 467 del CST.

86. La sentencia del 3 de abril de 2019 no vulneró el principio de favorabilidad, ya que la
convención colectiva solo aplicaba a los trabajadores activos de Minercol S.A. y no puede
extenderse a extrabajadores. Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia no estaba facultada
para modificar el alcance de la convención colectiva, ni para aplicar una norma que no cobijaba
a la demandante.

87. De otro lado, se indicó que la Sala de Casación Laboral no cumplió con la orden constitucional
contenida en la sentencia SU- 113, en la medida que no reconoció la pensión convencional, al
rehacer el fallo de casación del proceso laboral de la demandante.

88. La Sala no comparte la anterior apreciación, en la medida que la Corte Constitucional, en su
sentencia SU-113 de 2018, resolvió conceder la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad de la señora Rosaura Aguirre Rodríguez, dejando sin efectos la
sentencia del 25 de julio de 2017 proferida por la Sala de Casación Laboral, Sala de
Descongestión No. 2, de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, en ningún momento ordenó
el reconocimiento de la pensión convencional reclamada por la demandante.

89. En su decisión, la Corte Constitucional no definió el fondo del litigio laboral ni estableció que
la demandante tuviera derecho a la pensión convencional. Por el contrario, su pronunciamiento
se basó en anular la decisión de la Sala de Descongestión Laboral No. 2 de la Corte Suprema de
Justicia, del 25 de julio de 2017, por considerar que se había desconocido el precedente

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constitucional en materia de interpretación de normas convencionales y junto con la competencia
de dicha Sala de Descongestión.

90. Al respecto la Corte Constitucional indicó que se debían estudiar los lineamientos establecidos
en la SU-241 de 2015, en la que la misma Corte había reiterado el valor normativo de las
convenciones colectivas, las cuales en sede de casación no podían interpretarse, sino tenerse
como prueba y en caso de variar algún precedente, ello debía hacer la Sala Permanente de
Casación y no la Sala de Descongestión.

91. En ese sentido, ordenó a la Sala de Descongestión Laboral No. 2 de la Corte Suprema de
Justicia que, en un término de 10 días, elaborara un proyecto de sentencia respetando el
precedente constitucional y lo remitiera a la Sala de Casación Laboral Permanente, para que esta
última decidiera si acogía o no la postura planteada, en cumplimiento de la Ley 1781 de 2016.

92. De esta manera, la Corte Constitucional no ordenó el reconocimiento de la pensión
convencional, sino que instó a la Sala de Casación Laboral en Descongestión de la Corte
Suprema de Justicia a proferir una nueva sentencia, en la cual se respetaran los criterios
jurisprudenciales sobre la valoración de las convenciones y en caso de variar algún precedente
o reafirmar alguno, lo efectuara la Sala Permanente.

93. Es por ello, que en cumplimiento de lo ordenado en la SU-113 de 2018, la Sala de Casación
Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia del 3 de abril de 2019, en
la cual se realizó un análisis de la cláusula 82 de la convención colectiva y se determinó que los
requisitos para acceder a la pensión convencional no se cumplían en el caso de la demandante,
pues de conformidad con su literalidad y el artículo 467 del CST, los mismos se debían cumplir
en servicio. En particular, la Sala reiteró que la convención colectiva solo aplicaba a los
trabajadores en servicio activo y que la demandante no ostentaba dicha condición al momento
de cumplir la edad requerida.

94. Por lo tanto, no puede afirmarse que la Sala de Casación Laboral haya desconocido o
desacatado lo dispuesto por la Corte Constitucional (…)

95. Por último, la sentencia del 3 de abril de 2019 no fue una reproducción de la sentencia del 25
de julio de 2017 que fue dejada sin efecto por la Corte Constitucional; si bien ambas concluyeron
en que no se debía casar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó el reconocimiento
de la pensión convencional, lo cierto es que ambas providencias contienen consideraciones
jurídicas diferentes y no pueden ser consideradas equivalentes.

96. Sobre el particular, en la sentencia del 25 de julio de 2017 la Sala de Descongestión Laboral
de la Corte Suprema de Justicia concluyó que, según la interpretación dada la convención, el
beneficio pensional solo aplicaba a las trabajadoras que cumplieran el requisito de edad mientras
se encontraban activamente vinculadas a la empresa. La Sala de Descongestión se basó en
precedentes anteriores, en particular en la sentencia CSJ SL 112944-2014, en la cual se resolvió
un caso similar bajo el mismo criterio interpretativo. Con base en ello, determinó que la conclusión
del Tribunal Superior de Bogotá era razonable y no arbitraria, por lo que desestimó el recurso de
casación y confirmó la negativa de la pensión a la demandante.

97. A diferencia de la sentencia del 25 de julio de 2017, la sentencia del 3 de abril de 2019 fue
emitida en cumplimiento de la sentencia SU-113 de 2018 de la Corte Constitucional, la cual
ordenó la elaboración de un nuevo fallo respetando el precedente constitucional. En este sentido,
la Sala de Casación Laboral Permanente realizó un análisis más amplio y profundo sobre la
interpretación de la cláusula 82 del Convenio, considerando los lineamientos fijados por la Corte
Constitucional.

98. Por lo anterior, la sentencia de remplazo analizó el desarrollo jurisprudencial respecto a la
valoración de las convenciones suscritas por los trabajadores en atención a la sentencia SU-241

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de 2015. Además, examinó si la cláusula 82 generaba ambigüedades y si era aplicable el principio
de favorabilidad en su interpretación, para concluir que la disposición no presentaba
ambigüedades, por lo que no procedía la aplicación del principio de in dubio pro operaro, lo que
marca una diferencia sustancial respecto de la sentencia de 2017, que no realizó este análisis
detallado. (…)

100. Las diferencias sustanciales entre la sentencia del 25 de julio de 2017 y la sentencia del 3
de abril de 2019 desvirtúan la afirmación de que la segunda fue una simple reproducción de la
primera y, por tanto, en flagrante desconocimiento de la SU-113 de 2018. (…)

103. Es por lo anterior, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 9 de
septiembre de 2019 declaró el cumplimiento de la sentencia SU-113 de 2018, al concluir que las
autoridades judiciales llamadas a acatar dicha providencia cumplieron con lo ordenado por la
Corte Constitucional.

104. Al respecto, la Sala de Casación Penal indicó que se siguió lo dispuesto en la Ley 1781 de
2016, por lo que se remitió el expediente a la Sala de Casación Laboral Permanente, que tenía
la responsabilidad de consolidar la interpretación del canon convencional en debate.

105. Por su parte, la Sala de Casación Laboral Permanente, en ejercicio de su función de máximo
órgano de unificación jurisprudencial en la jurisdicción ordinaria, llevó a cabo una aplicación del
texto normativo convencional, fijando su sentido unívoco y concluyendo que no existía
ambigüedad alguna que permitiera aplicar el principio de favorabilidad o in dubio pro operario.

106. En este contexto, la Sala Penal consideró que el cumplimiento del fallo constitucional fue
pleno, pues el nuevo fallo del 3 de abril de 2019 garantizó la seguridad jurídica y observó los
lineamientos señalados por la Corte Constitucional. En consecuencia, determinó que no había
lugar a declarar un desacato, ya que la demandante pretendía un resultado distinto al que
efectivamente ordenó la Corte Constitucional, a saber, el reconocimiento directo de su pensión,
lo que excedía el alcance de la decisión de tutela.

107. Por último, la parte demandante sostiene que la negativa de la pensión convencional a la
señora Rosaura Aguirre Rodríguez vulneró su derecho fundamental a la igualdad, al considerar
que en otros casos similares sí se concedió dicha prestación. Sin embargo, este argumento
resulta infundado, en la medida en que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia ha venido consolidando su jurisprudencia en torno a la interpretación de las cláusulas
convencionales, particularmente en lo que respecta a los requisitos para acceder a la pensión
extralegal. (…)

109. Es así como se reafirmó que la pensión convencional solo cobija a los trabajadores que, al
momento de cumplir la edad exigida, se encuentren en servicio activo. Dicha decisión no
constituyó un trato desigual, sino que responde a la necesidad de unificar la jurisprudencia y
garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de los acuerdos convencionales.

110. Por lo tanto, no puede afirmarse que hubo una violación al derecho a la igualdad (…)

111. En conclusión, no existió ningún tipo de error judicial en la decisión adoptada por Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la sentencia del 3 de abril de 2019. (…)

113. Además, no existió arbitrariedad en la sentencia del 3 de abril de 2019, pues la decisión se
fundamentó en principios de autonomía e independencia judicial, garantizando la seguridad
jurídica y la igualdad en la interpretación de las normas convencionales”13.

13 Afolios 172-178 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 0AB7966F63B7AA80
404C1549935C9E35 B92ADDA6A31B46EE D46C00E918450176.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04882-01
Accionante: Rosaura Aguirre Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

4.5.- La Sala advierte que la corporación judicial convocada analizó de manera detallada
las condiciones particulares del caso y concluyó que no existía error judicial en la
sentencia proferida el 3 de abril de 2019 por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. En primer lugar, señaló que la decisión se emitió en cumplimiento
de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU-113 de 2018, la cual no ordenó el
reconocimiento de la pensión convencional, sino la emisión de un nuevo fallo que respete
el precedente constitucional. La providencia estudiada, además, aplicó el tenor literal de
la cláusula 82 de la convención colectiva y descartó su aplicación a extrabajadores, por
considerar que el beneficio se encontraba limitado a quienes se encontraran en servicio
activo al cumplir la edad. Asimismo, indicó que no se configuró un trato desigual, pues la
línea jurisprudencial posterior se consolidó en el mismo sentido, y que la actora no podía
exigir la aplicación de sentencias posteriores, en tanto no estaban vigentes al momento
del fallo cuestionado. Finalmente, destacó que la diferencia entre la sentencia anulada
de 2017 y la de reemplazo de 2019 impedía afirmar que hubo una reproducción de
argumentos.

4.6.- Resulta claro, entonces, que la peticionaria pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio,
la autoridad atacada revisó con detenimiento los aspectos sobre los que se fundaba el
supuesto error judicial endilgado a la Corte Suprema de Justicia en el expediente y, con
base en ello, determinó que no se podía verificar una falla en el servicio.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04882-01
Accionante: Rosaura Aguirre Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

corrección” de la decisión cuestionada14, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa15.

5.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la solicitud de
amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual el
depreco resulta improcedente en su totalidad. En ese orden, se procederá a modificar la
sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 18 de septiembre de 2025 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedentes todos los
cargos elevados por la parte actora de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado

14 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
15 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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