RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04884-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04884-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04884-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría Distrital de Hacienda. SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la sociedad Mirador El Santuario S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04884-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

18 de septiembre de 2025

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04884-00
Demandante: MIRADOR EL SANTUARIO S.A.S.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 6 de agosto de 2025, la sociedad Mirador El Santuario
S.A.S. presentó solicitud de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, con ocasión de la
sentencia del 2 de diciembre de 2024.

Lo anterior, por cuanto el aludido tribunal, al proferir una decisión de reemplazo
ordenada en sede de tutela, revocó la sentencia del 30 de noviembre de 2022, por
medio del cual el Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá había accedido a las pretensiones del medio de control para, en su lugar,
declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
individualización de pretensiones y, en consecuencia, inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo.

Todo en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó en contra de la Secretaría Distrital de Hacienda (en adelante SDH),
identificado con radicado 11001-33-37-039-2022-00189-00/01.

1.2. Pretensiones
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

Aunque el escrito inicial de la acción de tutela no contiene un acápite de
pretensiones, de su contenido se infiere que lo que persigue la parte actora es que
amparen los derechos fundamentales invocados, se deje sin efecto el fallo del 2 de
diciembre de 2024 y se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A que emita una decisión de reemplazo, en un término
perentorio.

1.3. Hechos

La solicitud de la sociedad Mirador El Santuario S.A.S. se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia:

Señaló que el 29 de mayo de 2020 solicitó a la SDH la devolución de lo pagado en
exceso del impuesto predial unificado de los años 2017, 2018 y 2019.

Indicó que la SDH, mediante Resolución 19513 del 16 de diciembre de 2020, negó
la anterior petición. Añadió que el 7 de mayo de 2021 presentó recurso de
reconsideración en contra de esa determinación.

Aseveró que el 18 de mayo de 2022, mediante radicación 2022ER28703001, allegó
solicitud de declaración del silencio administrativo positivo.

Precisó que el 22 y el 23 de mayo de 2022, la SDH profirió, en su orden, la
Resolución DDI 008077 que resolvió el recurso de reconsideración y la
comunicación 2022EE208271O1 por la cual se negó la declaración del silencio
administrativo positivo.

Explicó que, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa para que se (i) declarara la
nulidad de la comunicación 2022EE208271O1 del 23 de mayo de 2022, suscrita por
la Jefe de Recursos Tributarios, así como el silencio administrativo positivo del
recurso de reconsideración con radicado 2021ER065520O1 del 7 de mayo de 2021;
y se (ii) ordenara como medida de restablecimiento del derecho la devolución de lo
pagado en exceso, demanda que le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y
Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Puntualizó que dicha autoridad judicial, por fallo del 20 de noviembre de 2022, (i)
declaró la nulidad del Oficio 2022EE208271O1 del 23 de mayo de 2022 y la
Resolución DDI 008077 del 20 de mayo de 2022 (último de oficio); y (ii) ordenó, a
título de restablecimiento del derecho, la devolución de $191.692.964 m/cte, así
como la cancelación de intereses de acuerdo con los artículos 863 y 864 del
Estatuto Tributario, desde el 12 de marzo de 2021 hasta la fecha de ejecutoria de la
providencia.

Adujo que la SDH interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión,
porque (i) la comunicación 2022EE208271O1 no contenía una decisión de la

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

administración y, por tanto, no era pasible de control judicial; (ii) el a quo extendió
su estudio a un acto administrativo no enjuiciado (Resolución DDI 008077 del 20 de
mayo de 2022); y (iii) la decisión que resolvió el recurso de reconsideración se emitió
dentro del plazo establecido en la norma (Resolución DDI 008077 del 20 de mayo
de 2022), y para su notificación se expidió la citación 2022EE208209 del 23 de mayo
de 2022.

Evidenció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, a través de la sentencia del 25 de abril de 2024, revocó el fallo del
30 de noviembre de 2022 para, en su lugar, declarar probada la excepción de inepta
demanda y negar las pretensiones de la demanda. Lo anterior, por cuanto:

En este punto esta Sala de decisión determina que no se comparte el análisis efectuado por el
a quo, al considerar que en el acto demandado se decidió declarar improcedente la solicitud del
silencio administrativo positivo, toda vez que, el oficio n°. 2022EE208271O1 de 23 de mayo de
2022 es un acto de trámite, en la medida que no impide continuar con la actuación
administrativa, por consiguiente, no es susceptible de control judicial.

[…] Por las consideraciones expuestas, el argumento de apelación planteado por la parte
demandada tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, la Sala declarará probada la
excepción de inepta demanda sin el cumplimiento de los requisitos legales.

En ese orden, como se advierte que el acto administrativo demandado no es susceptible de
control judicial al no contener una decisión directa o indirecta en cuanto al fondo del asunto, la
Sala se releva de analizar los cargos de justicia rogada y procedencia del silencio administrativo
positivo planteados en el recurso de apelación.

Destacó que el 20 de julio de 2024, presentó una acción de tutela porque consideró
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia con ocasión de la sentencia referenciada.
Añadió que este mecanismo le correspondió al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, instancia que, por fallo del 31 de julio de 2024, «declaró la
improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional».

Puso de relieve que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través
de la sentencia del 19 de septiembre de 2024, revocó la anterior decisión para, en
su lugar, (i) amparar su derecho al debido proceso; (ii) dejar sin efecto el fallo del 25
de abril de 2024 y (iii) ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección C, que profiriera una decisión de reemplazo, por cuanto:

Sin duda, entonces, el acto por medio del cual la autoridad tributaria se niega a declarar la
decisión positiva presunta constituye un acto administrativo definitivo, toda vez que resuelve el
fondo del asunto relativo a la configuración del silencio administrativo positivo. En consecuencia,
se constata que sí está sujeto a control judicial y debe ser el juez de lo contencioso
administrativo quien determine la legalidad de aquella decisión.

[…] De conformidad con lo anterior, se constata que el tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo porque no interpretó razonablemente el artículo 43 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la medida en que su entendimiento
desbordó los criterios mínimos de razonabilidad jurídica y desconoció otras disposiciones
normativas aplicables; puntualmente, el artículo 734 del Estatuto Tributario, que constituye ley
especial para la administración de impuestos.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, profirió la sentencia de reemplazo el 2 de diciembre de 2024, en la
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

que revocó el fallo del 30 de noviembre de 2022 del Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para, en su lugar, declarar probada la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida individualización de
las pretensiones. Lo expuesto, con fundamento en el siguiente resumen:

En primer término, evidenció que el oficio 2022EE208271O1 de 23 de mayo de 2022 solo
«contiene la indicación de la Administración relativa a señalar a la demandante el trámite que
se le dio al recurso de reconsideración interpuesto y la notificación de este acto».

Sin embargo, como en sede de tutela, se dijo que el acto que el acto que «se niega a declarar
la decisión positiva presunta constituye un acto administrativo definitivo», concluyó que el
aludido oficio es pasible de control judicial.

Luego, enfatizó que la sociedad demandante dirigió su pretensión anulatoria específicamente
contra la comunicación 2022EE208271O1, sin incluir en su demanda argumentos o
pretensiones dirigidos a cuestionar la validez de la resolución que fue anulada de oficio por el a
quo [Resolución DDI 008077 del 20 de mayo de 2022]. En esa medida, es evidente que «el juez
de primera instancia excedió el ámbito de su competencia al declarar la nulidad de un acto
administrativo que no fue objeto de demanda, trasgrediendo el principio de justicia rogada».

Por lo expuesto, advirtió «la demanda adolece de ineptitud sustantiva por proposición jurídica
incompleta, toda vez que la parte actora únicamente dirigió su pretensión contra el oficio que
negó la declaratoria del silencio administrativo positivo, omitiendo demandar conjuntamente los
actos de determinación del tributo, los cuales, conforme al artículo 88 del CPACA, gozan de
presunción de legalidad hasta tanto no sean anulados o suspendidos por esta jurisdicción»

Finalmente, enfatizó que el anterior pronunciamiento fue objeto de un salvamento
de voto.

1.4. Sustento de la petición

La sociedad Mirador El Santuario S.A.S. consideró que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en el fallo del 2 de diciembre de
2024, incurrió en defecto procedimental absoluto por desconocimiento de las
normas procesales rectoras, entre ellas el artículo 328 del CGP, que delimita las
facultades del juez en segunda instancia.

En su criterio, esta norma «consagra una manifestación del derecho al debido
proceso y al principio de congruencia, al garantizar que alguna de las partes no se
vea sorprendida por decisiones que excedan el marco del recurso interpuesto y que
no fueron objeto de controversia.»

Destacó que la autoridad judicial accionada decidió «sobre aspectos no apelados e
introdujo [de oficio] causales no debatidas por las partes, como el aparente
incumplimiento de los requisitos de la demanda o la indebida acumulación de
pretensiones por no solicitarse pronunciamiento respecto de los autos que se me
mencionaron a lo largo del proceso, decisión que evidencia falta de congruencia»
entre lo dispuesto por el tribunal y lo decidido por el Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Reiteró que «este defecto compromete la legitimidad del proceso judicial en su
integridad y habilita la intervención del juez constitucional por la vía de la acción de
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

tutela, ya que se traduce en una violación directa y grave del derecho fundamental
al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política».

Insistió en que «la decisión del Tribunal no solo desnaturaliza el recurso de
apelación, sino que frustra la posibilidad material del accionante de obtener una
solución judicial efectiva frente a la actuación ilegal de la administración tributaria».

1.5. Actuación procesal

Mediante auto del 13 de agosto de 2025, el ponente inadmitió la demanda para que
el señor John Maxwel Vaughan acreditara su condición de representante legal de
la sociedad Mirador El Santuario S.A.S., requerimiento que fue atendido, por cuanto
el antes nombrado aportó el certificado de existencia y representación de la
empresa.

En consecuencia, a través de proveído del 13 de agosto de 2025 se admitió la
acción de tutela y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A.

Además, se vinculó a la SDH y al Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, en calidad de terceros con interés en las resultas del
presente asunto.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. El Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá aportó el link del proceso ordinario 11001-33-37-039-2022-00189-00/01.

1.5.2. La Secretaría Distrital de Hacienda pidió ser desvinculada porque no tiene
ninguna relación jurídico – procesal con el accionante en relación con los hechos
de la tutela de la referencia.

1.5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A. solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por
cuanto no cumple los requisitos generales de procedibilidad.

Consideró que la sociedad accionante se limitó a propiciar un debate meramente
legal frente a la interpretación de las normas aplicables, para efectos de que se
concluya que no debió declararse probada la excepción de inepta demanda,
«aspecto que a priori no tiene relevancia constitucional y no atañe a la vulneración
de derechos fundamentales».

Afirmó que su decisión no es arbitraria ni ilegítima; por el contrario, está sustentada
en razonamientos válidos y en las pruebas obrantes en proceso. En esa medida, la
tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales, como lo pretende la sociedad accionante.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

La SDH solicitó su desvinculación del trámite tutelar dada su falta de legitimación
en la causa por pasiva. Sin embargo, esta solicitud se negará pues fue vinculada
como tercero con interés y no como accionado, en la medida que los hechos
narrados por la sociedad accionante involucran su participación en el trámite
ordinario.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica, el material probatorio recaudado y los
informes presentados, la Sala deberá determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y a la defensa de la sociedad Mirador El Santuario S.A.S. con
ocasión de la sentencia del 2 de diciembre de 2024, proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-37-039-
2022-00189-00/01.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales;
(ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, (iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha
acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

1
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente, (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de
tutela debe incoarse en un plazo razonable2, el cual debe ser ponderado por el juez
en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el

2
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Rad. 11001-03-15-000-2008-01018-
01(AC), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de protección actual, inmediato
y efectivo.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha declarado la improcedencia de las
acciones de tutela contra providencias judiciales, después de haber transcurrido un
lapso considerable desde la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de la misma, sin que medien razones
suficientes que justifiquen el retardo.

De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-439 del 13 de julio de
2017, manifestó sobre las reglas de este requisito de procedibilidad adjetiva lo
siguiente:

48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de conformidad con el
presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término prudencial,
esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los hechos que se dicen
violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud de
amparo pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de
protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad
de protección constitucional3.

49 En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de procedibilidad, el juez
de tutela simplemente debe comprobar si resulta razonable el tiempo comprendido entre el día
en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la amenaza de un derecho
fundamental y, el día en que el derecho de acción se ejerció mediante la formulación de la
acción de tutela4.

Por consiguiente, la finalidad de la acción de tutela como vía judicial es la protección
inmediata de los derechos fundamentales, por lo tanto, la autoridad judicial está
obligada a tomar en cuenta el tiempo que transcurre entre el hecho generador de la
violación de los derechos presuntamente transgredidos y la solicitud de amparo, lo
anterior en virtud a que un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la medida
que se reclama no se requiere con prontitud.

En el asunto sub judice la sociedad Mirador El Santuario S.A.S. presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, porque en la sentencia del 2 de diciembre de 2024, de oficio declaró
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
individualización de pretensiones, lo cual desborda la fijación del litigio y el marco
del recurso de apelación interpuesto por la SDH, y sorprende a las partes.

En relación con el requisito de inmediatez, la Sala advierte que en la presente
solicitud de amparo no se cumple por las razones que a continuación se explican:

Para esta corporación, dicho requisito se entiende acreditado cuando el interesado
ejerce el mecanismo constitucional dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia atacada.

3
Al respecto, consultar, entre otras, la Providencia SU-961 de 1999.
4
«Fallo T-135 de 2015».
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

En tal sentido, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada –que da lugar
a la solicitud de protección y la presentación de la misma–, y cuando este es
excesivo se declara su improcedencia.

De conformidad con lo anterior, en el caso objeto de estudio se observa que: (i) la
sentencia censurada fue proferida el 2 de diciembre de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A; (ii) se notificó por
correo electrónico en la misma fecha y quedó ejecutoriada el 9 de diciembre del
mismo año 5, y (iii) la acción de tutela se radicó el 6 de agosto de 2025, esto es, casi
ocho meses después.

Ahora bien, la sociedad accionante aduce que el fallador de segunda instancia
estudió oficiosamente asuntos no debatidos por las partes, como la indebida
acumulación de pretensiones, lo cual pone en evidencia una falta de congruencia,
defecto que, en su criterio, (i) compromete la legitimidad del proceso ordinario; (ii)
transgrede de forma grave los derechos fundamentales invocados; (iii)
desnaturaliza el recurso de apelación; y (iv) frustra la posibilidad material de obtener
una solución judicial efectiva.

Para la Sala, dichos argumentos no justifican la tardanza en la interposición de la
acción de tutela, ni evidencian circunstancias que le hayan impedido promover el
amparo constitucional dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la
providencia dictada el 2 de diciembre de 2024, lo cual hubiese permitido flexibilizar
dicho término.

Por tanto, el debate gira en torno a una sentencia judicial que se encuentra
ejecutoriada hace más de 7 meses, así que si la parte actora consideraba que con
ella se desconocieron sus derechos fundamentales pudo haber acudido en un
término razonable para plantear las inconformidades que presentó en el presente
trámite constitucional.

Es necesario recordar que, controvertir una providencia judicial, supone cuestionar
principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que el juicio sobre
el requisito de la inmediatez en este tipo de asuntos resulta ser estricto, máxime
cuando solo se requiere que la decisión cuestionada se encuentre ejecutoriada para
que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus
derechos, por lo que se impone al interesado que lo haga en un plazo pertinente,
salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte accionante,
la cual se echa de menos en el presente caso.

En ese orden de ideas, en el sub examine no existe una explicación válida para el
ejercicio de la acción de tutela fuera del tiempo proporcional y razonable adoptado
por la corporación.

5
En los términos del artículo 205 del CPACA, la notificación de la providencia se entenderá realizada
una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje, esto es, 3 y 4 de diciembre
de 2024, más 3 días de ejecutoria que transcurrieron, el 5, 6 y 9 siguientes.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mirador El Santuario S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04884-00

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría
Distrital de Hacienda.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la
sociedad Mirador El Santuario S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.