Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04893-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04893-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04893-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-04893-001
Demandantes : Floresmiro Muñoz Hoyos, Mirieyi Bolívar Ospina, David
Felipe Álvarez Bolívar y Janer Fabián, Zully Selena y
Liyibeth Muñoz Bolívar
Demandado : Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de
Decisión
Vinculados : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
y Juzgado Primero (1°) Administrativo de Florencia
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad
Tema : Tutela contra providencia, perjuicios por aspersión con
glifosato
Decisión : Sentencia de primera instancia - niega
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Floresmiro Muñoz Hoyos, Mirieyi Bolívar Ospina, David Felipe Álvarez
Bolívar y Janer Fabián, Zully Selena y Liyibeth Muñoz Bolívar contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
Floresmiro Muñoz Hoyos, Mirieyi Bolívar Ospina, David Felipe Álvarez Bolívar y
Janer Fabián, Zully Selena y Liyibeth Muñoz Bolívar, quienes actúan a través de
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04893-00
Demandantes: Floresmiro Muñoz Hoyos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión
apoderada judicial, interpusieron el presente recurso de amparo con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia e igualdad presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión.
Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la sentencia de 29 de enero de 2025,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de
Decisión2 revocó la providencia de 24 de enero de 2020, en la que, el Juzgado
Primero (1°) Administrativo de Florencia accedió parcialmente3 a las pretensiones
formuladas en la demanda de reparación directa promovida contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 18001-33-33-00-
2016-00010-01), para negarlas. En su lugar, pidieron que se ordene a la autoridad
accionada emitir una nueva decisión en la que se acceda a las súplicas formuladas
en el aludido asunto contencioso administrativo.
Hechos4.
Relatan los accionantes que, el 18 de diciembre de 2015, acudieron ante la
jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional (expediente 18001-33-33-00-2016-00010-01), encaminado a que se le
declarara administrativamente responsable de los agravios originados «al predio
de su propiedad denominado «La Esperanza» ubicado en la vereda Las Palomas
del municipio de El Paujil - Caquetá, como consecuencia de la aspersión con
glifosato realizada los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2014».
Que, del asunto ordinario conoció el Juzgado Primero (1°) Administrativo de
Florencia que, el 24 de enero de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas, al estimar que «se demostró la existencia de los elementos
configurativos de la responsabilidad estatal, partiendo del actuar legal de la policía,
tales como el daño, el cual se concretó en el deterioro y posterior necropsia de las
pasturas mejoradas que se encontraban en [su] predio […] causad[o] por el
glifosato, el cual es empleado […] en el Plan de Erradicación de Cultivos [i]lícitos, y
el nexo causal se materializó con la comprobación de la aeroaspersión para la fecha
2
M. P. Ana María Lozada Vásquez.
3
Comoquiera que, aunque declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional de los perjuicios derivados de la fumigación con glifosato a los cultivos lícitos de los demandantes, condenó en
abstracto los daños materiales y negó los morales.
4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04893-00
Demandantes: Floresmiro Muñoz Hoyos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión
[por ellos] indicada».
Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, desatado el 29 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Segunda de Decisión, en el sentido de revocarla, con fundamento
en que «valoradas las pruebas en conjunto, no existe medio de convicción alguno
que acredite con grado de certeza que la causa eficiente del daño en los cultivos
de [los] demandante[s] fue la aspersión con glifosato realizada los días 8, 9 y 10 de
septiembre de 2014».
Argumentan que, la providencia objeto de censura incurre en (i) defecto fáctico,
porque, «no valoró de manera adecuada y completa el acervo probatorio obrante
en el expediente», puesto que, «[s]e ignoraron pruebas relevantes, como
testimonios de los afectados, dictámenes técnicos que acreditan el daño, y
documentos oficiales que evidencian la realización de aspersiones aéreas en la
zona rural en cuestión»; y (ii) desconocimiento del precedente, en tanto, «se apartó
injustificadamente del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado[5]
en cuanto a la responsabilidad objetiva del Estado por riesgo excepcional, sin
brindar razones suficientes, lo cual vulnera el principio de seguridad jurídica, el
principio de igualdad y el derecho a ser juzgado conforme a estándares judiciales
previamente establecidos».
Asimismo, en (iii) defecto procedimental absoluto, comoquiera que, el dictamen
pericial «aportad[o] válidamente y que cumplía con los requisitos legales de
idoneidad, relevancia y conducencia, fue desechad[o] de forma arbitraria, sin una
contraexperticia ni un análisis técnico que justificara tal decisión»; y (iv) violación
directa de la Constitución Política, «al desconocer derechos fundamentales que
gozan de protección reforzada y que han sido ampliamente desarrollados por el
sistema interamericano de derechos humanos».
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 11 de
agosto de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión; y (ii)
dispuso vincular a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y
5
Sentencia de 20 de febrero de 2014, expediente 41001-23-31-000-2000-02956-01, C. P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04893-00
Demandantes: Floresmiro Muñoz Hoyos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión
al Juzgado Primero (1°) Administrativo de Florencia, en los términos del artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión6
señaló que «la acción de tutela no puede ser utilizada para reabrir debates propios
de las instancias ordinarias de los procesos judiciales, y que ello es lo que se
advierte en el presente caso, en el que, para sustentar una supuesta violación a
sus derechos fundamentales, se limita[n los actores] a repetir los argumentos con
base en los cuales pretendi[eron] se declarara la responsabilidad de la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pues en su sentir no se analizaron en
debida forma las pruebas obrantes dentro del plenario».
2.1.2 El Juzgado Primero (1°) Administrativo de Florencia7 indicó que, «[l]as
providencias emitidas por parte del Despacho fueron tomadas bajo la perspectiva
legal y jurisprudencial correspondiente al caso analizado, respetando los
presupuestos procesales y constitucionales».
1.2.3 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional8 adujo que
«la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de
Decisión, permite concluir que, las pruebas allegadas por [los] demandante[s] no
fueron idóneas ni suficientes para demostrar con certeza la existencia de un daño
cierto, personal y atribuible a las aspersiones con glifosato, pues las inconsistencias
en fechas, la ausencia de queja formal oportuna, la falta de valor probatorio del
dictamen pericial y la debilidad de los testimonios impidieron acreditar la relación
causal entre la actuación estatal y la afectación alegada», de modo tal que, «al no
haberse demostrado el nexo de causalidad […], se impone la imposibilidad jurídica
de declarar su responsabilidad patrimonial, así como de acceder a la
correspondiente reparación de perjuicios».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
6
Índice 00008 de Samai.
7
Índice 00009 de Samai.
8
Índice 00010 de Samai.
4
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Demandantes: Floresmiro Muñoz Hoyos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión
333 de 2021.
3.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 29
de enero de 2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Segunda de Decisión revocó la providencia de 24 de enero de 2020, en la que, el
Juzgado Primero (1°) Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa promovida por los
tutelantes contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
(expediente 18001-33-33-00-2016-00010-01), para negarlas; y, en caso afirmativo,
si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04893-00
Demandantes: Floresmiro Muñoz Hoyos y otros
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contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
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término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del
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Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de disponer que, la
acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que,
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos11.
3.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que, recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de los tutelantes; (ii) contra la decisión objeto
de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que, la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 17 de febrero de 202512 y la solicitud de amparo se
presentó el 6 de agosto siguiente, es decir, dentro de un plazo prudencial (5 meses
y 20 días); y (v) el fallo acusado no es de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente, comoquiera que, pese a que los actores alegaron
también el defecto procedimental absoluto y la violación directa a la Constitución
Política, en cuanto al primero, su fundamento está relacionado con supuestos
9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
12
Según constancia de ejecutoria emitida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04893-00
Demandantes: Floresmiro Muñoz Hoyos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión
yerros en la valoración probatoria del proceso ordinario, específicamente, del
dictamen pericial aportado; y, en el segundo, no se agotó la carga argumentativa
mínima para abordar su estudio, dado que, solo hizo énfasis en la presunta
vulneración de derechos fundamentales. Por tanto, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela debe interpretar de manera extensiva
el escrito inicial13, resulta procedente analizar este trámite a partir de las aludidas
causales de procedencia de tutela contra providencia judicial.
3.5.1 Defecto fáctico.
Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»14.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para
ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude
a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos
en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente
material probatorio que lo demuestra15.
En el presente caso, los demandantes sostienen que, la decisión reprochada
incurre en defecto fáctico, porque «no valoró de manera adecuada y completa el
acervo probatorio obrante en el expediente», puesto que, «[s]e ignoraron pruebas
relevantes, como testimonios de los afectados, dictámenes técnicos que acreditan
el daño, y documentos oficiales que evidencian la realización de aspersiones
aéreas en la zona rural en cuestión».
No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite
13
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04893-00
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constitucional, debe advertirse que, el artículo 9016 de la Constitución Política se
constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, porque
es su «cláusula general»17, teniendo en cuenta que, prevé los elementos que deben
concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un
perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u
omisión de los servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones;
y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de
aquellos.
En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a declarar
la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento
de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no
debe resistirlo.
Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe
mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, de manera que, si
se pretende la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración, es
indispensable que esta haya causado el daño18.
Ahora bien, esta Corporación19 ha indicado que solo hay lugar a atribuirle un daño
antijurídico a la Administración, cuando las pruebas demuestran que su acción u
omisión fue determinante en la producción de aquel, porque, de lo contrario, se
incumpliría la carga de la prueba y, en consecuencia, resulta imperioso negar las
pretensiones indemnizatorias. Al respecto, dijo:
«[…] la Sala estima que se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación,
puesto que no hay prueba que lleve a la convicción de que el daño resulta atribuible a la
entidad demandada, carga que le correspondía a la parte actora […]».
De acuerdo con el análisis realizado en precedencia, se concluye que, el Consejo
de Estado ha sostenido que para que se comprometa la responsabilidad patrimonial
de la Administración, se debe acreditar que una acción u omisión de sus agentes
fue determinante en la ocurrencia del daño antijurídico, por cuanto si ello no
16
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
17
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana Marín, expediente
25000-23-26-000-2004-02010-01.
19
Sección tercera, subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021, C. P. María Adriana Marín, expediente 76001-23-31-
000-2011-00388-01.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04893-00
Demandantes: Floresmiro Muñoz Hoyos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión
acontece, tampoco es dable atribuírselo.
Por su parte, la Ley 30 de 198620, concretamente en su artículo 91 literal g,
establece, entre otras, como función del Consejo Nacional de Estupefacientes:
«[d]isponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca, y demás plantaciones de
las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los
medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados
de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema
del país», lo anterior, con el fin de combatir el problema social que la producción y
tráfico de drogas le estaban ocasionando al país, razón por la cual, se autorizó la
aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato a cargo del Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos como estrategia para el control y la eliminación de
las plantaciones de coca y amapola.
Sin embargo, esta Corporación21 ha sostenido que, cuando al proceder a la
fumigación por aspersión aérea de cultivos ilícitos, la entidad causa un daño, dado
el riesgo que produce o que puede producir por considerarse una actividad
peligrosa para el medio ambiente, es su obligación repararlo, así:
«la fumigación aérea con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el
ambiente, por lo cual al Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo
de sustancias que opera, obligación que se origina del poder de instrucción, dirección
y control del cual está investido; en consecuencia, es pertinente analizar el sub lite a
partir del título de imputación del riesgo excepcional, el cual se enmarca en la
responsabilidad objetiva del Estado».
Ahora bien, se tiene que, la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
«El señor Floresmiro Muñoz Hoyos tenía un predio rural denominado La Esperanza,
ubicado en la vereda Las Palomas del municipio de El Paujil, Caquetá, y dentro de este
inmueble estaba desarrollando el proyecto empresarial «Hato Ganadero La Selena
S.A.S.», en marco del contrato de cooperación Empresarial Derivado N. 2131032
celebrado con Fonade en apoyo con el SENA.
Como acompañamiento a la empresa del demandante, el 17 de septiembre de 2014 el
SENA realizó una visita al referido predio, de la cual se dejó constancia en el Acta N.
010. En dicha Acta, el empresario dejó la observación de que el predio había sido
fumigado con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos y por parte de la entidad
se indicó que «debe informar esto por escrito al SENA y a la personería de la Alcaldía,
para iniciar el proceso jurídico. Se le comunicó al gestor técnico Ing. Ramón Ramos
quien le realizó recomendaciones y se programó al gestor técnico médico veterinario
Luis Eduardo Neira para realizar la visita a la empresa.»
El 29 de septiembre de 2014 se realizó una nueva visita por parte del SENA para la
verificación del daño ocasionado por la posible fumigación en las áreas realizadas, de
20
«Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones».
21
Sentencia de 20 de febrero de 2014, expediente 41001-23-31-000-2000-02956-01, C. P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
11
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la cual se suscribió el Acta N. 011. En esta acta se concluyó que, para esa fecha, había
un 20% menos de alimento disponible en los potreros debido al daño ocasionado, razón
por la cual se sugirió al empresario considerar la posibilidad de arrendar un predio cerca
de la empresa y retirar las vacas. Sin embargo, se indicó que en general la empresa
había cumplido con todas las inversiones descritas en el plan de negocio.
Asimismo, todas las actas diligenciadas en el año 2015, es decir, el año siguiente a los
hechos, indican que la empresa del señor continuó progresando adecuadamente. Para
el informe de diagnóstico realizado en abril de 2015, se registró un 65.43% de avance
en el desarrollo del proyecto. En ningún momento se menciona que las fumigaciones
con glifosato hayan afectado negativamente al proyecto Hato Ganadero La Selena
S.A.S. a tal punto de generar un daño de gran proporción.
Tal es así que, según el oficio de fecha 10 de julio de 2018, mediante el cual el Director
del SENA dio respuesta al requerimiento probatorio en primera instancia, se informa
que, durante los años 2015, 2016 y 2017 el contrato suscrito con el señor Floresmiro
Muñoz Hoyos estuvo vigente. Además, se menciona que, incluso para la fecha del
oficio, el señor Muñoz Hoyos continuaba vinculado mediante el contrato de cooperación
empresarial N. 2131032.
Ahora bien, pese a que el señor Floresmiro Muñoz Hoyos manifiesta haber sufrido
daños por las fumigaciones con glifosato, no presentó una queja formal ante la Alcaldía
de El Paujil en los términos de la Resolución 0008 de 2007.22 Esto a pesar de haber
sido asesorado por el SENA el 17 de septiembre de 2014 y haber recibido información
al respecto por parte del municipio de El Paujil mediante el oficio N. 505.10.45.585 de
fecha 6 de noviembre de 2014, que en respuesta a un derecho de petición le precisaron
que la administración estaba dispuesta a recibir las quejas interpuestas por los
productores o propietarios afectados por presuntos daños causados en actividades
agropecuarias lícitas generadas en el marco del programa de erradicación de cultivos
ilícitos con el herbicida glifosato, y de esta manera realizar los trámites y diligencias
pertinentes, diligenciando y enviando al área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la
Policía Nacional en Bogotá el respectivo formulario de recepción de quejas.
Según el oficio N. S-2017-055322 ARECI-GRUAQ-29.25 del 3 de agosto de 2015 de
la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el señor Floresmiro Muñoz Hoyos
no interpuso ninguna reclamación por presuntos daños a cultivos lícitos derivados de
las operaciones de aspersión dentro del marco del Programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos con el Herbicida Glifosato. Por esta razón, no se adelantó un
procedimiento administrativo del cual se hubiera podido obtener soportes
documentales, tales como actas, polígonos y órdenes de servicio con los que cuenta
la entidad, y con los que se hubiera podido establecer con certeza que el daño alegado
por el accionante fue consecuencia del actuar de la demandada.
Si bien dentro del referido oficio del 3 de agosto de 2015 se puso en conocimiento que,
según la base de datos, archivos estadísticos, actas y poligramas que reposan en el
Área de Erradicación Cultivos Ilícitos, se pudo establecer que solo se realizaron
operaciones de aspersión los días 9 y 10 de septiembre de 2014 en la vereda Las
Palomas Baja del municipio de El Paujil departamento de Caquetá, hasta ese momento
no habían aportado las coordenadas del predio para la verificación correcta de la base
de datos estadísticos. Una vez se suministraron las coordenadas del predio objeto de
este asunto la Dirección de Antinarcóticos precisó que «revisados los registros de
operaciones de aspersión, mediante sistemas de información geográfico, se evidenció
que para la fecha en mención no se realizaron operaciones de aspersión aérea, en
las coordenadas 01°22'30.2" N 075°08’36.7", las cuales fueron relacionadas en el
comunicado oficial No. S-2017-019541 del 12 de mayo de 2017.». (Negrita fuera del
texto).
En estos eventos, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre los elementos
probatorios bajo los juicios de imputación del daño ambiental consecuencial derivado
de una actividad peligrosa, como lo es la erradicación aérea con glifosato de cultivos
de uso ilícito, indicando que la prueba del daño no impone la necesaria elaboración de
22
"Por la cual se modifica la Resolución número 0017 del 04 de octubre de 2001 que establece un procedimiento para la
atención de quejas derivadas de los presuntos daños causados por la aspersión aérea con el herbicida glifosato, dentro del
marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos".
12
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un dictamen científico-técnico, siendo aplicable para el efecto el principio de libertad
probatoria, por lo que el convencimiento del juez puede llegar incluso a partir de
elementos probatorios idóneos, pertinentes y concurrentes que estructuren pruebas
indiciarias en favor de las pretensiones.23
[…]
Punto sobre el cual, se advierte, que la primera instancia edifica la existencia del daño
sobre: i) el oficio N. S-2017-055322 ARECI-GRUAQ-29.25 del 3 de agosto de 2015 que
como ya se dijo no tiene certeza de la información, toda vez que para ese momento no
se habían aportado las coordenadas del predio y una vez se arrimó esta información
se desvirtuó la certeza de la fumigación; ii) el Acta N. 010 de acompañamiento del
SENA y la certificación de la Junta de Acción Comunal, que para el Despacho no son
prueba eficiente del daño; y iii) el testimonio del señor Gregorio Rico, única declaración
recaudada dentro del plenario, no se ofrece credibilidad sobre el objeto que se pretende
probar, en tanto se torna muy ambigua e imprecisa y no permite identificar y verificar la
existencia y características concretas del presunto daño cierto y personal alegado en
la demanda. Además de que no es el medio idóneo para acreditar que la causa de la
afectación de un cultivo fue el herbicida, pues sus aseveraciones no ofrecen elementos
técnicos y científicos de los que se pueda obtener con grado de certeza, que los daños
se derivaron del glifosato asperjado por la Policía Nacional.
Si bien estas pruebas podrían ser analizadas en conjunto, no tienen la suficiente fuerza
probatoria para llegar al convencimiento de que la causa eficiente del daño en los
cultivos del libelista fue por la aspersión con glifosato realizada los días 8, 9 y 10 de
septiembre de 2014, pues solo en el dato de las fechas de los hechos se encuentra
contradicción de la información.
Ahora bien, frente a la prueba pericial rendida por el Administrador de Empresas
Agropecuarias Angelino Gualtero Gómez el 09 de marzo de 2015, y aportada con la
demanda, la Sala encuentra algunos reparos […].
[…]
En conclusión, se observa que, tal y como lo indicó el recurso de alzada, valoradas las
pruebas en conjunto, no existe medio de convicción alguno que acredite con grado de
certeza que la causa eficiente del daño en los cultivos del demandante fue la aspersión
con glifosato realizada los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2014. No se aportó el
suficiente material probatorio para acreditar que se está frente a un daño cierto,
personal y directo que no debía ser asumido por el perjudicado, es decir no se probó
el daño antijurídico. Como tampoco se demostró que el presunto daño alegado haya
sido consecuencia directa del actuar de la administración, es decir, de las operaciones
de aspersión con glifosato, esto es el nexo causal. Por lo tanto, no hay lugar a imputar
responsabilidad a la administración por las pretensiones reclamadas».
Con base en lo expuesto, se observa que, después de efectuar el correspondiente
estudio probatorio, la autoridad accionada estableció, contrario a lo dispuesto por
el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Florencia, que no era dable acceder a
las pretensiones formuladas por los actores dentro del proceso de reparación
directa con radicado 18001-33-33-00-2016-00010-01, dado que, no aportaron
medio de convicción alguno que acreditara con certeza que la causa eficiente del
daño en sus cultivos fue la aspersión con glifosato realizada por la Policía Nacional
23
bidem. “Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba
documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la
prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de
la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que
construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso”.
13
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los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2014.
Lo anterior, porque, si bien es cierto, se allegaron algunas pruebas con las que se
pretendía demostrar el perjuicio reclamado, estas no tenían la entidad suficiente
para acreditar que su causa, se reitera, fuera la aspersión con glifosato, puesto
que, (i) el oficio de 3 de agosto de 2025, dio cuenta que, según la base de datos
del área de Erradicación de Cultivos Ilícitos, se realizaron operaciones de aspersión
los días 9 y 10 de septiembre de 2014 en la vereda Las Palomas Baja del municipio
de El Paujil (Caquetá), sin embargo, para ese momento no se habían aportado las
coordenadas del predio; y (ii) el testimonio del señor Gregorio Rico, presentaba
inconsistencias y, en todo caso, no ofrecía elementos técnicos o científicos.
Aunado a ello, en lo que concierne al dictamen pericial adjuntado, la autoridad
accionada manifestó los siguientes reparos:
«a) En el dictamen se indica que la visita al predio se realizó el 10 de octubre de 2014,
es decir aproximadamente un mes después de los hechos, pero se rindió solo seis
meses después (9-03-15); y tal como lo expone el apelante la visita al predio no
concuerda con el acompañamiento del SENA realizado el 17 de septiembre de 2014
(Acta N. 010) en donde no se muestra ninguna anormalidad en la gestión de mercadeo,
ventas y producción de la empresa.
b) Si bien el perito manifiesta que el día de la visita tomó una muestra de suelo que
arrojó positivo para glifosato, para la Sala no tiene total credibilidad, pues esta muestra
solo se envió al laboratorio hasta el 04 de febrero de 2015, es decir, cinco meses
después de haber sido recogida, y el mismo laboratorio deja la salvedad que «Los
resultados presentados en este reporte solo aplican para la muestra sometida a
análisis.» Es decir que no hay certeza de que la muestra del suelo pertenezca al predio
del demandante.
c) El perito no rindió contradicción del dictamen en audiencia de pruebas conforme lo
dispone el artículo 219 de la Lay 1437 de 2011 «Para los efectos de la contradicción
del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia.», teniendo en cuenta
además que el apoderado de la demanda en la contestación presentó sus objeciones
contra este, en concordancia con el artículo 228 del Código General del Proceso, que
señala que «si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá
valor», por lo tanto, al no haberse sustentado carece de todo valor probatorio.
d) Si bien el documento está académicamente claro y detallado, no permite establecer
con certeza las condiciones específicas de la afectación del predio, ya que mucha de
la información que soporta el dictamen proviene de los mismos demandantes, como
por ejemplo la presunta afectación por las fumigaciones. Además, no comprende
información relativa a si el hecho fue constatado técnicamente a través de una
auscultación detallada realizada por algún profesional experto a las plantaciones.
En suma, este documento no sirve de sustento sobre la causación del daño alegado
en la demanda, en tanto no identifica ni incluye información anexa que sustente la razón
de su dicho, lo cual impide establecer si su contenido realmente obedece a un
fundamento empírico y fáctico, tal como lo ha dicho el Consejo de Estado en sendos
procesos24 […]».
24
Ver sentencias: Consejo de Estado, sentencia 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494), del 14/07/2023, C.P. José
Roberto Sáchica Méndez. Sentencia 54001-23-31-000-2012-00034-01 (54316), del 27/08/2021, C.P. María Adriana Marín.
Sentencia 52001-23-33-000-2014- 00181-00 (AG) del 3/11/2020, C.P., Ramiro Pazos Guerrero.
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Es decir, dicho documento no contenía datos precisos y recientes relacionados con
el daño, pues, inclusive, aquel fue rendido seis meses después de la ocurrencia de
los hechos y el análisis del suelo en el que se fundamentó, también fue
extemporáneo, lo que impidió que se tuviera con certeza que su causa tuvo origen
en la aspersión de glifosato realizada por la Policía Nacional en los días 8, 9 y 10
de septiembre de 2014 y en el predio de los actores, además que, el perito que lo
elaboró no compareció a la correspondiente audiencia de pruebas con el fin de
sustentar y absolver dudas sobre sus conclusiones, pese a que la entidad
demandada había presentado oposición.
Adicionalmente, se expuso que el señor Floresmiro Muñoz Hoyos, aunque fue
asesorado por el SENA el 17 de septiembre de 2014, no formuló queja alguna sobre
los perjuicios alegados ante la alcaldía de El Paujil, para que se llevaran a cabo los
trámites y diligencias pertinentes en el área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de
la Policía Nacional.
En ese orden de ideas, se evidencia que, la providencia objeto de reproche no
adolece del defecto fáctico señalado por los accionantes, comoquiera que, tuvo
como fundamento las pruebas aportadas, de las cuales efectuó un exhaustivo
análisis y les otorgó el mérito probatorio que consideró pertinente en ejercicio de la
sana crítica; por lo que, el hecho que ellos no compartan la tesis allí dispuesta, no
significa que la decisión sea arbitraria.
En ese sentido, resulta oportuno precisar que, aunque la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendían los actores,
no implica que se haya incurrido en la causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, por
cuanto, en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de
examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción
obrantes en el expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza,
siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica,
conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que,
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente
contrarias a las garantías superiores, supuesto que no ocurre en el sub lite. Acerca
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de este aspecto, la Corte Constitucional25 sostuvo:
«Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e
independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto».
3.5.2 Desconocimiento del precedente.
Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene
su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia26, y la segunda,
hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente
horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la
providencia adolece de un defecto sustantivo27 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe28.
En el presente caso, los demandantes sostienen que la decisión reprochada incurre
en desconocimiento del precedente, en tanto, se aparta del criterio de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, planteado en la sentencia de 20 de febrero de
201429, «en cuanto a la responsabilidad objetiva del Estado por riesgo excepcional,
25
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
27
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
28
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
29
Expediente 41001-23-31-000-2000-02956-01, C. P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
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sin brindar razones suficientes».
Sobre el particular, se advierte que, la aludida providencia, que se aduce como
desconocida, no es de unificación, por lo que carece de fuerza vinculante. Además,
no fue aportada a las presentes diligencias, a pesar que, es una carga que le
corresponde a la parte accionante, y, en todo caso, al realizar su búsqueda en la
herramienta electrónica para la gestión judicial del Consejo de Estado denominada
Samai se pudo verificar que, aunque en ella se indicó que el daño ocasionado por
la aspersión aérea con glifosato debe ser indemnizado por el Estado, al ser
considerada como una actividad peligrosa para el medio ambiente, también es
cierto que, es indispensable que se adjunten las pruebas que den certeza del nexo
causal, lo que, se insiste, no ocurrió en el asunto sub examine.
Así lo indicó esta Subsección en reciente pronunciamiento30:
«[…] La Sala encuentra que, en la providencia del 13 de marzo de 2024, […] [el]
Tribunal Administrativo de Caquetá no incurrió en el defecto de desconocimiento del
precedente, pues utilizó la jurisprudencia vigente y aplicable frente al nexo causal entre
el daño y la conducta del Estado. Esto no se opone a la jurisprudencia que afirmó la
parte actora se desconoció que, aunque habla de los efectos del glifosato en el medio
ambiente también hace referencia a los daños individuales que son la consecuencia o
el reflejo de una lesión ambiental conocido como daño impuro. Para ello es obligatorio
demostrar lo siguiente:
6.10. Con observancia de estas reglas que rigen el patrimonio de la prueba, se
debe precisar que para que opere el sistema de responsabilidad objetivo por
riesgo excepcional, es imperativo probar el nexo causal entre el daño y l
conducta del Estado. La actividad de la administración de erradicación de
cultivos de uso ilícito supuso la creación de un riesgo que se concretó en un
daño, y es relevante establecer qué y quién desencadenó el curso causal, todo
esto teniendo en cuenta que se trata de un régimen de responsabilidad objetivo
en el que, a pesar de que es superfluo el dolo o la culpa, se debe establecer
quien adelantó la actividad que implicó la utilización de una sustancia
considerada de riesgo o peligrosa que produjo un daño antijurídico 31.
[…] En ese sentido, la jurisprudencia citada por el señor Nicanor García Calderón y
otros, no es contraria a lo dispuesto en la providencia del 13 de marzo de 2024, pues
reconoce los efectos del glifosato, pero para que pueda imputársele responsabilidad al
Estado, debe demostrarse un daño antijurídico».
Por consiguiente, se concluye que, la providencia censurada no incurre en
desconocimiento del precedente.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
30
Sentencia de tutela de 11 de febrero de 2025, expediente 11001-03-15-000-2024-05292-01, C. P. Elizabeth Becerra
Cornejo.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de febrero de 2014, expediente núm. 1001-
23-31-000-2000-02956-01(29028).
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Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto los
accionantes no acreditaron que la providencia de 29 de enero de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, hubiere
incurrido en defecto fáctico, ni en desconocimiento del precedente. Por tal motivo,
se negará la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad invocados por Floresmiro Muñoz
Hoyos, Mirieyi Bolívar Ospina, David Felipe Álvarez Bolívar y Janer Fabián, Zully
Selena y Liyibeth Muñoz Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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