Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04897-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04897-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04897-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04897-01
Accionante: Empresa de Tecnología y Servicios Alborada E.I.C.E.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04897-01
Accionante: Empresa de Tecnología y Servicios Alborada E.I.C.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela
Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Legitimación en la causa.
Subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 18 de septiembre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado que declaró improcedente el amparo por falta de legitimación en la causa
por activa.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La Empresa de Tecnología y Servicios Alborada E.I.C.E., quien concurrió a través
de apoderada judicial1, presentó escrito de tutela en el que solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad y “al libre comercio y autonomía territorial”,
los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de
Decisión Oral 2, con ocasión de la providencia proferida el 30 de enero de 2025 en
el trámite de la acción de validez2 identificada bajo el radicado número 50001-23-
33-000-2024-00329-00.
1 Índice 00002 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 1877B35FCB5E0500
1823C7A37C055CAA 1B08D21469B5762D D3DAB085E9836167.
2 Como la acción de validez no es un medio de control reconocido en el CPACA ni común, se aclara que es una
atribución otorgada a los gobernadores, de conformidad con el contenido del artículo 305 de la Constitución
Política “Son atribuciones del gobernador: (…) 10. Revisar los actos de los concejos Municipales y de los
Alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para
que decida sobre su validez”.
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Accionante: Empresa de Tecnología y Servicios Alborada E.I.C.E.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica3:
2.1. Para el 1° de septiembre de 2024, el Concejo Municipal de Villavicencio expidió
el Acuerdo Municipal 628 de 2024 “Por medio del cual se modifican los Acuerdos
515 de 2021; 546 de 2022 y 600 de 2023, y se dictan otras disposiciones en materia
de estampillas y tasas municipales”, el cual se aprobó mediante sesiones
extraordinarias y sancionado por el alcalde de Villavicencio el 5 de septiembre
siguiente.
En el aludido Acuerdo fueron establecidas exenciones en retenciones a las
empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, entre otras,
bajo ciertas condiciones, respecto de las tasas y estampillas pro-deporte y
recreación para la justicia familiar.
2.2. En ese orden, la gobernadora del Meta solicitó declara la invalidez parcial del
Acuerdo, en específico, el contenido de los parágrafos 14 y 25 del artículo 5°, el
inciso 26 del artículo 7° y el inciso 2 del parágrafo7 del artículo 7°, bajo las siguientes
consideraciones:
3 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=50001233300020240032900500
0123
4 Acuerdo Municipal 628 de 2024. Artículo 5°. Parágrafo 1°. No se tendrán como hechos generadores para
efecto del cobro de la tasa Pro-Deporte y Recreación, los convenios y contratos de condiciones uniformes de
los servicios públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales, educativos y
los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la deuda pública. De igual manera, tampoco se
tendrán como hechos generadores de esa estampilla los contratos y convenios de talento humano de
trabajadores de la salud de manera directa o indirecta a través de sus organizaciones en calidad de personas
naturales o jurídicas, asociativas sin ánimo de lucro, cuya vinculación con el municipio de Villavicencio o sus
entidades descentralizadas sea la prestación de servicios de atención o cooperación en salud, los convenios
interadministrativos de cofinanciación y de cooperación con entidades públicas o privadas nacionales o
internacionales, ni los convenios y contratos suscritos con las Empresas Industriales y Comerciales de orden
municipal, los convenios y contratos suscritos con Juntas de Acción Comunal de Municipio de Villavicencio, los
Clubes Deportivos legalmente constituidos de Villavicencio, con personería jurídica reconocida por la entidad
competente (IMDER), el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil Colombiana, las juntas de defensa civil, la Cruz
Roja, los establecimientos de educación pública, entidades de beneficencia, entidades deportivas y culturales,
sindicatos, asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro. A su vez, no se constituyen como
hechos generadores de la tasa Pro-Deporte y Recreación, los contratos o convenios que celebren las empresas
industriales y comerciales del estado del orden municipal con terceros, cuando se trate de recursos que no
provengan de la administración central del Municipio de Villavicencio.
5 Acuerdo Municipal 628 de 2024. Artículo 5°. Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo consignado en el último inciso
del parágrafo anterior, a las entidades que se les transfieran recursos por parte de la Administración Central del
Municipio de Villavicencio y/o las Empresas citadas en el presente artículo, a través de convenios
interadministrativos, deben aplicar la Tasa Pro-Deporte al recurso transferido cuando contrate con terceros».
6 Acuerdo Municipal 628 de 2024. Artículo 7°. No constituyen hecho generador de esta estampilla los
convenios o contratos interadministrativos celebrados por el municipio con las empresas industriales y
comerciales del estado u otra entidad de carácter estatal.
7 Acuerdo Municipal 628 de 2024. Artículo 7°. Parágrafo. Igualmente quedan excluidos como hecho
generador de esta estampilla los contratos de cualquier naturaleza que celebren las empresas industriales y
comerciales del estado del orden municipal con terceros, cuando se trate de recursos que no provengan de la
administración central del Municipio de Villavicencio.
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➢ De conformidad con los artículos 150, 151 y 297 de la Carta Política le
corresponde al Congreso, a través de las leyes, establecer los tributos; pero
no podrá conceder exenciones, ni tratamientos preferenciales en relación con
los tributos de propiedad de las entidades territoriales, tampoco está
facultado para imponer recargos sobre los impuestos, salvo lo señalado en
el artículo 317 ibidem.
➢ La competencia de las corporaciones territoriales para fijar los tributos señaló
que les corresponde a estas entidades establecer, reformar, eliminar tributos,
contribuciones, impuestos o sobretasas conforme a la ley que determina los
parámetros del respectivo tributo.
➢ El Concejo Municipal de Villavicencio no contaba con la facultad para
incorporar exenciones y exclusiones, respecto de los tributos tasa pro-
deporte y recreación y de la estampilla para la justicia familiar, invadiendo las
competencias reconocidas por la Constitución Política al Congreso de la
República.
2.3. En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 305 de la Constitución,
numeral 108, y el artículo 119 del Decreto 1333 de 19869, el 10 de septiembre de
2024, el Acuerdo fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta para decidir sobre
su validez.
2.4. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral 2, en fallo del 30 de
enero de 2025 resolvió declarar la invalidez parcial de los parágrafos 1 y 2 del
artículo 5 y la invalidez del inciso 2 del artículo 7 y del parágrafo del mismo artículo
del Acuerdo Municipal 628 de 2024. Esto, en razón a que el Concejo Municipal de
Villavicencio excedió su competencia para fijar los elementos de los tributos en el
caso de la estampilla pro-deporte y recreación, la tasa pro-deporte y recreación y la
estampilla para la justicia familiar, dado que el órgano no podía crear exenciones no
previstas en la ley.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales a la igualdad y “al libre comercio y autonomía territorial”. Como
consecuencia de ello pidió dejar sin efectos los artículos primero y segundo del fallo
proferido el 30 de enero de 2025 por la autoridad judicial accionada.
8 Constitución Política de Colombia. Artículo 305. Son atribuciones del gobernador: 10. Revisar los actos de
los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad al Tribunal
competente para que decida sobre su validez.
9 Decreto 1333 de 1986. Artículo 119. Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la
Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo
haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez.
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3.2. Como fundamento de la acción de tutela, manifestó que la parte accionada
incurrió en un defecto sustantivo en razón a que aplicó erróneamente el derecho
material al sostener que los municipios no pueden establecer exenciones o
modificar hechos generadores de tributos locales. Argumentó que no existe norma
legal que prohíba tales exclusiones, y que la jurisprudencia ha reconocido la
competencia de los concejos y asambleas para definir esos aspectos dentro de los
límites de la ley.
En consecuencia, adujo que el Tribunal interpretó de manera restrictiva la
autonomía fiscal territorial, de manera contraria a lo dispuesto en el artículo 338 de
la Constitución Política.
3.3. Agregó que se configuró un desconocimiento del precedente judicial, al
apartarse sin motivación de los criterios jurisprudenciales reiterados de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre la coexistencia entre la potestad
impositiva del Estado y la autonomía tributaria local, disposiciones contenidas en
las sentencias C-538 de 2002, C-227 de 2002, C-7422 de 2009 proferidas por la
Corte Constitucional, las cuales afirman que los concejos municipales sí pueden
establecer exenciones o límites dentro del marco legal.
4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia
4.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta, profirió auto el 22 de agosto de 202510,
mediante el cual admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación como terceros
con interés al alcalde municipal de Villavicencio, a la personera municipal de
Villavicencio, al concejo municipal de Villavicencio, al departamento del Meta y al
Procurador Judicial delegado ante el Tribunal Administrativo del Meta, requirió al
Tribunal Administrativo del Meta para que remitiera el expediente identificado con el
radicado núm. 50001-23-33-000-2024-00329-00 y reconoció personería a la
abogada Ana Victoria Monzón Cifuentes como apoderada de la parte accionante.
4.2. El Tribunal Administrativo del Meta11 advirtió que el accionante no logró
demostrar la presunta vulneración de sus garantías fundamentales con la sentencia
censurada, toda vez que, no sustentó en debida forma como se materializó ello.
De otro lado, sostuvo que la parte actora no concurrió durante el trámite de la acción
de validez, escenario en el cual tuvo la oportunidad de exponer los argumentos que
planteó en el presente escenario constitucional. A su juicio, esto demostró una falta
de diligencia, pues pretendió subsanar mediante amparo constitucional lo que debió
alegar en el trámite del proceso.
10Índice 00004 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 72FCD1D692096485
13A5CF7991A4AD45 441D38392E0AEFA4 684202C5227DF736.
11 Índices 00010, 00011 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificados núm.
15BA3DA9F8F12156 C681ECA32C5F330B B606571A9D42D2AB 4C947BC497B9E615.
DA729F84A56F262D CE1AF214D31A55E3 F165D329B9E444FC 06770F32859588A8.
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Finalmente, consideró que la providencia atacada no adolece de ninguno de los
defectos mencionados por la empresa accionante, toda vez que la decisión se basó
en la norma que rige la materia, en observancia del precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado y la sana crítica de los medios de prueba.
4.3. El Departamento del Meta12 indicó que su actuación se ciñó estrictamente a
las funciones que constitucionalmente les corresponden a los gobernadores, por lo
que presentó de forma sustentada la acción de validez, sin que represente una
actuación que afecte las garantías fundamentales de la empresa accionante.
4.4. El Concejo Municipal de Villavicencio13 se limitó a establecer el marco legal
bajo el cual profirió el Acuerdo demandado, por lo que consideró que su actuar no
vulneró derecho fundamental alguno de la parte actora.
4.5. La Alcaldía de Villavicencio14 declaró que la solicitud de amparo no cumplió
con los requisitos necesarios para atacar una providencia judicial, en específico, el
de relevancia constitucional, pues no expuso una carga argumentativa suficiente
que la sustentara.
En ese orden, solicitó su desvinculación de la acción, en razón a que las
pretensiones de la parte accionante se dirigieron al actuar de un órgano judicial.
5. Sentencia de tutela de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Quinta profirió sentencia el 18 de septiembre de
202515, en la que declaró la improcedencia de la acción por falta de legitimación en
la causa por activa.
Como fundamento de su decisión, afirmó que con base en el contenido de los
artículos 1°, 10°, 46 y 49 del Decreto 2591 de 1991, los cuales precisan que esta
acción constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii) a través de
representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular
de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa.
También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los
personeros municipales.
12 Índice 00012 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 570A47EE9D39E767
6A5DC98CE9F38C47 DFA78E0711CBA6D9 05EC41A9AAB915B4.
13 Índice 00013 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. EAB563783B61F8B6
3C6C08C01356BE95 75C6E854DB33FE3D FE6A73A64B026D9A.
14 Índice 00014 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 0C2FF47EC05F37BF
87E42553D58FE20C C1C2C8B85BE8635A D0F7706FD5BEC2BB.
15 Índice 00017 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. F1CFE1A49265D554
738E77DC3236D249 80B89C61CCD4BBD2 22E743EBFA9625AD.
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Bajo este entendido, concluyó que, en principio, solo los sujetos procesales se
encuentran legitimados para controvertir a través de la acción de tutela las
decisiones o actuaciones que se dicten en el curso de un proceso, razón por la cual,
al no encontrar que la empresa accionante haya sido integrante de los extremos de
la litis, no evidenció que sea titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, pues la acción en cuestión es pública, por lo que cualquier persona
podía participar, sin embargo, la tutelante no lo hizo.
Adicionalmente, destacó que una de las obligaciones propias de los encargados de
los temas jurídicos en las empresas es que deben estar al tanto de las actuaciones
judiciales que se surtan en los asuntos de su interés para así poder intervenir de
manera oportuna en defensa de los intereses de sus representados, a través de los
mecanismos legales dispuestos para el efecto en forma oportuna e idónea.
Por lo anterior, rechazó el argumento bajo el cual la parte accionante pretendió
fundamentar su legitimación, pues el hecho de que la providencia de la autoridad
judicial accionada afectara sus intereses, no significaba que no tenía el deber de
acudir a la instancia judicial correspondiente para hacerse parte y discutir el asunto
en el escenario idóneo. Por lo tanto, consideró que su falta de agotamiento de los
medios que tenía a su disposición, no lo avala para acudir al presente escenario y
conceder su legitimación.
6. Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación16 en el que solicitó revocar la
decisión del a quo constitucional, al considerar que se debe analizar de fondo los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo, pues, a su juicio, el a quo
constitucional se limitó a un análisis meramente formal sobre la legitimación.
En tal sentido, consideró que al limitar el acceso a la protección constitucional
desconoce el carácter general de las normas sometidas a control en este tipo de
acciones y vulnera su derecho de defensa, pues en su sentir, resultó afectado con
la determinación contenida en la providencia atacada.
La magistrada ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de
auto del 1° de octubre de 202517, concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante.
16 Índices 00022, 00023 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm.
3BFBFCF3A9AA2D7C E17318DC8FAD8CB2 339FB58C2E833187 316121427CDBBC47.
17 Índice 00025 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. BB42E00AC8F99C94
D374B3B4DF8DFA34 3A5CB8F782D69B04 BA5581992DA42A7D.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
El artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “Toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este
Decreto”.18
Por su parte, el artículo 10 del mismo decreto establece que la acción de tutela
podrá ser interpuesta directamente por la persona que se considera vulnerada, o a
través de apoderado judicial. Al respecto, la Corte Constitucional19 ha indicado que
se encuentra legitimado por activa quien promueva la solicitud de amparo siempre
que se presenten las siguientes condiciones: i) que la persona actúe a nombre
propio, a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante
agente oficioso; y ii) procure la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales.
En esta línea, la Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200320, manifestó
que la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de
todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona
afectada, quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre.
Por consiguiente, no se “[…] requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos,
ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad
alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial
presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda
incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o
sea menor de edad […]”.21
18 Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C018 de 1993,
M.P. Alejandro Martínez Martínez.
19 Sentencias T-435 de 2016, T-511 de 2017 y T-165 de 2020.
20 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
21 «Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto
2591 de 1991».
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A partir de este marco normativo, en el caso en concreto es preciso señalar que,
conforme a la jurisprudencia constitucional, cuando la tutela se dirige contra
providencias judiciales, están legitimados por activa no solo quienes hayan sido
parte en el proceso en el que se profirió la decisión, sino también quienes
demuestren un interés directo y particular en él22, así como aquellos que no fueron
parte, pero acrediten que la decisión cuestionada les genera efectos lesivos en sus
derechos fundamentales23.
Adicionalmente, el Consejo de Estado ha indicado que “en los casos en los que se
ataque por vía de tutela una providencia judicial, el accionante debe ser parte del
proceso o, de no serlo, acreditar que se podrían ver transgredidos sus derechos
fundamentales por las órdenes o determinaciones adoptadas en la providencia que
se controvierte”24.
2.1. En el presente caso, la Empresa de Tecnología y Servicios Alborada E.I.C.E.,
por conducto de apoderada judicial, solicitó dejar sin efectos las providencia dictada
el 30 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, en el trámite de la
acción de validez, identificado con radicado núm. 50001-23-33-000-2024-00329-00;
mediante la cual declaró la invalidez parcial del Acuerdo 608 de 2024, en específico,
el contenido de los parágrafos 1 y 2 del artículo 5°, el inciso 2 del artículo 7° y el
inciso 2 del parágrafo del artículo 7°, pues a su juicio, el contenido de la decisión
que ataca vulneró sus garantías fundamentales, pues ello implicó un pago desigual
respecto de los tributos, pues los artículos mencionados implicaban su exoneración
del pago de ciertos impuestos
En este punto, la Sala recuerda que la legitimación en la causa es un elemento
esencial para el ejercicio de la acción de tutela, no solo por constituir un requisito
que permite vislumbrar la afectación directa y clara frente a los derechos del
accionante y que justifican el ejercicio de la acción constitucional, sino, además,
porque está intrínsecamente relacionada con el cumplimiento de las exigencias
generales de procedibilidad.
Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por
activa de la Empresa de Tecnología y Servicios Alborada E.I.C.E. al ser la titular de
los derechos que afirmó fueron vulnerados, dada su condición de afectada de forma
directa con la decisión proferida en el trámite de la acción adelantada bajo el
radicado núm. 50001-23-33-000-2024-00329-00.
22 Sentencias T-019 de 2023 y T-034 de 2014.
23 Sentencia T-256 de 2023.
24 Sección Cuarta, en sentencia de tutela de 18 de junio de 2015, expediente No. 2015-0758-00. Sección Quinta,
en sentencia del 21 de abril de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03250-01(AC).
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2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Meta, por cuanto actuó como juez dentro del mencionado
proceso, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de
sus garantías constitucionales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente el amparo.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200525 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general
que habilitan la interposición de la tutela26, y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto27.
25 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
26 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
27 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”28.
4.1. Subsidiariedad
El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al
establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.
Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se
debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten
idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida
de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren
o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial23.
Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia
judicial por no superar el requisito de subsidiariedad:
“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).
Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear
para “obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias
ordinarias de la respectiva jurisdicción”24, los tutelantes no pueden pretender que el
juez constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el
conflicto.
En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta
improcedente cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por
28 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente
resuelto. En tal sentido, desde los primeros pronunciamientos de la Corporación
Constitucional, se ha indicado:
“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a
la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo.
En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial
ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional.” 25
Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues
la acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir
términos de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y
desvirtuaría su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos
fundamentales debe haber agotado previamente los mecanismos de defensa
previstos en la ley. Esto responde al principio de subsidiariedad, que impide que la
tutela se convierta en una instancia adicional del proceso judicial o en un medio para
corregir omisiones y errores de las partes.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó que las
autoridades accionadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto al omitir
su vinculación como litisconsortes necesarios en el trámite ordinario.
5.2. Como fundamento de la acción de tutela, manifestó que la parte accionada
incurrió en un defecto sustantivo en razón a que aplicó erróneamente el derecho
material al sostener que los municipios no pueden establecer exenciones o
modificar hechos generadores de tributos locales. Argumentó que no existe norma
legal que prohíba tales exclusiones, y que la jurisprudencia ha reconocido la
competencia de los concejos y asambleas para definir esos aspectos dentro de los
límites de la ley.
En consecuencia, adujo que el Tribunal interpretó de manera restrictiva la
autonomía fiscal territorial, de manera contraria a lo dispuesto en el artículo 338 de
la Constitución Política.
5.3. Agregó que se configuró un desconocimiento del precedente judicial, al
apartarse sin motivación de los criterios reiterados de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado sobre la coexistencia entre la potestad impositiva del Estado y
la autonomía tributaria local, disposiciones contenidas en las sentencias C-538 de
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2002, C-227 de 2002, C-7422 de 2009 proferidas por la Corte Constitucional, las
cuales afirman que los concejos municipales sí pueden establecer exenciones o
límites dentro del marco legal.
5.4. Ahora bien, una vez revisado el expediente del proceso ordinario 29, la Sala
avizoró que, la secretaría general del Tribunal Administrativo del Meta, en
cumplimiento al auto del 22 de octubre de 202430 fijó en lista por el término de diez
(10) días el mencionado proceso, durante los cuales el Ministerio Público o cualquier
otra persona podía intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o
legalidad del Acuerdo Municipal No. 628 del 1° de septiembre de 2024, así como
solicitar la práctica de pruebas31, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1333 de 1986 y la Ley 136 de 1994.
5.5. Sin embargo, pese a la fijación en lista mencionada y lo consignado en el
expediente, la empresa accionante guardó silencio, situación que permite concluir
que incumplió el requisito de subsidiariedad.
Lo anterior, debido a que la parte actora pretendió suplir la inactividad presentada
en el trámite del proceso ordinario con el presente mecanismo constitucional, por lo
que sería inapropiado que la Subsección se apartara de la jurisprudencia
constitucional, la cual establece que, antes de pretender la defensa por vía de tutela,
el interesado debió buscar la protección a través del mecanismo judicial que
resultaban eficaz y disponible, cuanto la acción de tutela no tiene la virtud de
desplazar los mecanismos previstos en la normatividad vigente; de lo contrario, se
haría un uso indebido de este mecanismo, lo que conllevaría el desgaste
innecesario de la justicia constitucional y una paulatina desarticulación de las
competencias asignadas a autoridades jurisdiccionales.
Por tanto, la presente acción de tutela se torna improcedente, pues aceptar lo
contrario implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios previstos por el
legislador para la protección de los derechos.
Debe recordarse que la solicitud de amparo constitucional es de carácter supletorio
y residual, lo que implica que no debe ser utilizada como un elemento alternativo de
aquellos a los que el legislador ha determinado para solución de conflictos, dado
que estos mecanismos establecen las pautas conforme a las cuales deben
debatirse y solucionarse las controversias que se deriven de procesos ordinarios.
5.6. Además de ello, tampoco se torna procedente la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio de protección, ya que la parte actora no acreditó la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que permitiera una flexibilización de la regla de
29 Expediente identificado con radicado núm. 50001-23-33-000-2024-00329-00.
30 Visible en el índice 00004 del expediente radicado núm. 50001-23-33-000-2024-00329-00, con certificado
núm. 6FB9FE6036FAA8E5 386BE30F20A5E9AE C1D2BC1BA8E89D24 2504A986323616DC.
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subsidiariedad, pues no basta con la sola mención de este, sino que debe
demostrarse, situación que en el presente caso no ocurrió.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad. En consecuencia, confirmará la decisión adoptada en primera
instancia, pero por las razones expuestas ut supra.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela
de la Empresa de Tecnología y Servicios Alborada E.I.C.E. en contra del Tribunal
Administrativo del Meta pero por no cumplir con el requisito de subsidiariedad,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por
el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
LMMT
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