Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04910-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04910-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04910-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04910-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE
DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y A ELEGIR Y
SER ELEGIDO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante la Sección Quinta.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04910-00
Actor: JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a elegir y
ser elegido y a los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA, al
haber proferido las providencias de 26 de junio y 17 de julio de 2025,
dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el
número único de radicación 2024-00284-01.
I.2. Hechos
Indicó que se inscribió ante la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL como candidato a la ALCALDÍA DEL DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ2, para el período 2024-2027, por el grupo
significativo de ciudadanos “Con toda por Bogotá”.
Señaló que una vez surtidos los comicios electorales mediante
formularios E-26 ALC y E-26 CON fue designado como concejal del
DISTRITO, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 112 de
la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley 1909 de 9 de julio
de 20183.
Adujo que el señor LUIS HUMBERTO GUIDALES GARCÍA
2
En adelante Distrito.
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“Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes”.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04910-00
Actor: JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral contra su acto de elección como concejal del DISTRITO,
para el período constitucional 2024-2027, por presuntamente estar
inhabilitado para ejercer el cargo al haber celebrado un contrato de
arrendamiento de un bien inmueble con el FONDO NACIONAL DE
GARANTÍAS, el 20 de junio de 2023.
Manifestó que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 2024-00284-00 y le correspondió por reparto en primera
instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 6 de febrero de
2025, declaró la nulidad de su acto de elección como concejal del
DISTRITO, para el período constitucional 2024-2027, por el grupo
significativo de ciudadanos “Con toda por Bogotá”.
Aseveró que inconforme con la anterior decisión formuló recurso de
apelación ante la SECCIÓN QUINTA que, en sentencia de 26 de
junio de 2025, confirmó la decisión del a quo.
Aseguró que presentó solicitud de adición y aclaración de la sentencia
ante la SECCIÓN QUINTA que, mediante providencia de 17 de julio
de 2025, la resolvió de manera desfavorable.
I.3. Fundamentos de la solicitud
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04910-00
Actor: JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
violación directa de la Constitución al desconocer sus derechos
al debido proceso, a la igualdad, a elegir y ser elegido, a la seguridad
jurídica y a la confianza legítima, postulados que resultaron
claramente vulnerados con las providencias cuestionadas.
Aseguró que la sentencia incurrió en defectos sustantivo y
procedimental en la medida que la causal de inhabilidad empleada
por la SECCIÓN QUINTA, no le era aplicable, ya que la misma
corresponde al régimen de inhabilidades para los que se inscriben
como candidatos a las alcaldías, cargo que nunca ostentó.
Indicó que la SECCIÓN QUINTA erró en la fijación del litigio, por
cuanto aplicó una causal que no fue invocada por el actor en la
demanda, desconociendo el carácter rogado de la jurisdicción y los
derechos al debido proceso y defensa.
Argumentó que en los argumentos de providencia cuestionada “[…]
no se probó que hubo beneficio alguno, no hubo afectación a la
contienda electoral, el Fondo Nacional de Garantías S.A. ofrece un
servicio en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, por lo
que sus servicios y los que se deriven de ello están excluidos del
régimen de inhabilidad para acceder a cargos públicos, y es una
actividad regida por el derecho privado […]”.
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I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia, solicitó:
“[…] 4.1. AMPARAR la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso - Artículo 29 Superior-, seguridad jurídica y
confianza legítima -Artículo 83 Superior-, derecho a la igualdad -
Artículo 13 Superior-, derecho de la participación política de las
minorías y oposición -Artículo 40 y 112 Superior-, esto es, violación
directa a la Constitución Política, así como por defecto
procedimental y defecto material o sustantivo.
Y, en consecuencia, 4.1.1. Se REVOQUE la Sentencia de Segunda
Instancia proferida el 26 de junio de 2025 por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta -
Magistrado Ponente Dr. PEDRO PABLO VANEGAS GIL en el
marco del proceso de nulidad electoral con radicado No. 25000-23
41-000-2024-00284-01, en la cual se declaró la nulidad del acto
de “elección” de mi poderdante como Concejal de Bogotá D.C. para
el periodo 2024-2027 […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA sostuvo que la solicitud de amparo
carece del requisito general de la relevancia constitucional,
comoquiera que el actor pretende convertir el mecanismo
constitucional en una instancia adicional a fin de controvertir un
asunto de mera legalidad que fue decidido por el juez natural.
Afirmó que los argumentos del actor están encaminados a cuestionar
el análisis que efectuó en su momento, en relación con el régimen de
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inhabilidades aplicable a quienes acceden a una curul a través de la
prerrogativa personal derivada del estatuto de la oposición, aspecto
que fue ampliamente desarrollado en la decisión objeto de reproche.
I.5.2.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, luego de desarrollar un breve
recuento de las actuaciones realizadas en primera instancia, sostuvo
que la solicitud de amparo carece del requisito general de la
relevancia constitucional, comoquiera que el actor pretende utilizar
la acción de tutela como una tercera instancia.
Adujo que los argumentos del actor fueron debidamente estudiados
en la decisión cuestionada, pues del análisis probatorio se logró
concluir la configuración de la causal de inhabilidad en que incurrió,
teniendo en cuenta la suscripción del contrato de arrendamiento con
el Fondo Nacional de Garantías el cual se ejecutó en el DISTRITO.
Aseguró que “[…] ha actuado con observancia al debido proceso y les
ha garantizado a las partes su derecho de defensa y contradicción
[…]”.
I.5.3.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,
vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del
proceso, solicitó la desvinculación del trámite constitucional en razón
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a la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Recalcó que la entidad en el contexto de sus competencias y
funciones no tiene injerencia en las decisiones que profieren los
jueces y magistrados de la República, por lo tanto no podría reparar
los perjuicios invocados por la actora.
I.5.4.- El CONCEJO DISTRITAL DE BOGOTÁ, vinculado en calidad
de tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que
el juez de tutela debería determinar si en el proceso existe prueba
del contrato celebrado y la participación del actor, a fin de establecer
si dicha circunstancia podría romper el equilibrio en la contienda
política.
Aseguró que “[…] el juez de tutela debe evaluar si un contrato de
arrendamiento de una oficina por menos de $6’000.000 mensuales
pueda vulnerar el interés general, producto de la aspiración política
de un ciudadano al que abiertamente varios sectores en el país
habían reconocido su gestión como Director del DANE, sin ningún tipo
de aspiración electoral previamente conocida y por el contrario con
una trayectoria académica amplia en la Universidad del Rosario, perfil
que permitió recoger sufragantes que no se sentían representados
por la llamada “política tradicional” […]”.
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I.5.5.- Los señores SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ MANCIPE y
LUIS HUMBERTO GUIDALES GARCÍA, vinculados en calidad de
terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser
notificados del presente trámite, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
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Actor: JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
La Sala advierte que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL formuló petición de desvinculación de la presente acción de
tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL fue parte accionada dentro del medio de control de nulidad
electoral objeto del presente estudio, la Sala concluye que le asiste
interés directo en la decisión de la acción constitucional de la
referencia, razón por la que se denegará la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
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contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
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sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
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En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto las providencias de 26 de junio y 17 de julio de
2025, proferidas por la SECCIÓN QUINTA, mediante las cuales,
respectivamente, se confirmó la decisión del TRIBUNAL, que declaró
la nulidad del acto de elección del actor como concejal del
DISTRITO, para el período constitucional 2024-2027, y se resolvió
de manera desfavorable la solicitud de adición y aclaración, dentro
del proceso de nulidad electoral identificado con el número único de
radicación 2024-00284-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a elegir y ser elegido
y a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, habida
cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió
en violación directa de la Constitución al desconocer tales
derechos fundamentales, los cuales resultaron claramente
vulnerados con la sentencia cuestionada.
Aseguró que la sentencia incurrió en defectos sustantivo y
procedimental, en la medida que la causal de inhabilidad empleada
por la SECCIÓN QUINTA, no le era aplicable, ya que la misma
corresponde al régimen de inhabilidades para los que se inscriben
como candidatos a las alcaldías, cargo que nunca ostentó.
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Indicó que la autoridad judicial accionada erró en la fijación del litigio,
por cuanto aplicó una causal que no fue invocada por el actor en la
demanda, desconociendo el carácter rogado de la jurisdicción y los
derechos al debido proceso y defensa.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia
de segunda instancia4 vulneró los derechos fundamentales invocados
e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
4
Teniendo en cuenta que los reparos expuestos en el escrito de tutela se dirigen solamente a
controvertir la sentencia de segunda instancia que declaró la nulidad del acto de elección y no la que
resolvió la solicitud de adición y aclaración contra aquella.
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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
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circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto
que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir
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una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos
en el escrito de tutela, están dirigidos a demostrar que no se
configuró la causal de inhabilidad que sirvió de argumento para
declarar la nulidad de su nombramiento como concejal de Bogotá.
En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae el accionante a esta sede
constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por la
SECCIÓN QUINTA, al realizar el análisis del asunto así:
“[…] 48. Por lo expuesto, corresponde a esta Sección resolver si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia proferida
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, conforme los
precisos términos de los recursos de apelación propuestos por el
demandado y el Concejo de Bogotá en sus recursos de alzada,
precisión que se sustenta en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso (CGP)52, que prescriben que dicho medio
de impugnación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por la parte recurrente.
49. En ese orden se advierte que los reparos de los apelantes se
centran en cuatro aspectos principales:
i. Al accionado no le era aplicable el régimen de inhabilidades
previsto para los concejales y, además, dicho aspecto no hizo
parte de la fijación del litigio ni fue planteado por la parte
demandante, quien alegó la vulneración del régimen de
inhabilidades de los alcaldes respecto de la celebración de
contratos.
ii. No se consideró la condición especial del accionado, quien
ocupa el cargo de concejal en virtud del derecho personal
declarado por el estatuto de la oposición y, por el contrario, se
le impusieron mayores cargas y restricciones, tales como las
establecidas en el régimen de inhabilidades de los cargos de
elección popular. Adicionalmente, al no tratarse de una elección
indirecta para garantizar el control político, no es factible
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predicar criterios de inhabilidad. […]
70. En atención a lo expuesto y en orden a resolver los dos
primeros reparos de apelación planteados, se debe precisar, en
primer lugar, que el accionado cuestiona que el fallo de primer
grado «aplicó y desarrolló un régimen de inhabilidades de
alcaldes -que no tiene que ver con la curul de mi defendido- y,
de manera extralimitada, trajo a la controversia el régimen de
inhabilidades de concejales sin que el demandante haya elevado
tal cargo y sin que se haya fijado en el litigio».
71. No obstante, para la Sala no existe duda de que cuando el
accionado se inscribió como candidato para ser alcalde de
Bogotá D.C., esto es, a un cargo uninominal, tuvo conocimiento
pleno de la existencia del eventual derecho personal consistente
en que si quedaba en segundo lugar en votaciones tendría la
opción de ocupar una curul en la corporación pública
correspondiente, circunstancia que abrió para aquel la
posibilidad de incurrir en las inhabilidades del cargo al que se
inscribió (alcalde) o en las del que podría ocupar con ocasión del
derecho personal establecido en el artículo 112 de la
Constitución (concejal).
72. En otras palabras, la circunstancia de que la norma
constitucional y legal consagren el derecho personal del
candidato segundo en votación a ocupar una curul en la
respectiva corporación, se traduce en la exigencia para el
candidato de no incurrir en ninguna prohibición aplicable al cargo
en el que eventualmente puede ser elegido o designado.
73. En el expediente se encuentra debidamente acreditado que
el señor Juan Daniel Oviedo Arango fue inscrito como candidato
al cargo de alcalde mayor de Bogotá D.C. para el periodo
constitucional 2024-2027, por el grupo significativo de
ciudadanos denominado «Con toda por Bogotá», para la jornada
de elección de autoridades territoriales del 29 de octubre de
2023.
74. También obra copia del formulario E-26 ALC, en el que se
declara electo como alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. al
candidato Carlos Fernando Galán Pachón del partido Nuevo
Liberalismo y se deja constancia de que, en concordancia con el
artículo 25 de la Ley 1909 del año 2018, el candidato Juan Daniel
Oviedo Arango tendría derecho personal a ocupar una curul en
el Concejo Distrital de la ciudad de Bogotá D.C.
75. De igual forma, se aportó copia del formulario E-26 CON, en
el que consta la designación como concejal de Bogotá D.C. de
Juan Daniel Oviedo Arango, quien manifestó por escrito la
decisión de aceptar la curul en la corporación pública, de
conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 25 de la Ley
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1909 de 2018.
76. De esta manera, se precisa que el régimen de inhabilidades
aplicable en el asunto concreto es el que contempla las
prohibiciones para el cargo de concejal, curul a la que finalmente
accedió el accionado después de la aceptación que manifestó en
ocupar el puesto en el concejo municipal que obtuvo en virtud
de la prerrogativa establecida en el estatuto de la oposición y en
el artículo 112 constitucional.
77. En el orden expuesto, se observa que, en la decisión de
primer grado, el tribunal realizó una aproximación comparativa
entre la causal de inhabilidad alegada por el accionante, esto es,
la del numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y la
establecida para el cargo de concejal, es decir, la prescrita en el
numeral 3 del artículo 43 del mismo cuerpo normativo y llegó a
la conclusión de que este régimen también resultaba aplicable.
Así lo señaló: […]
78. Ahora bien, lo cierto es que la controversia que debe
dilucidarse en este proceso se delimitó a establecer si el señor
Oviedo Arango estaba incurso en la inhabilidad por la celebración
de contratos con entidades públicas en interés propio o de
terceros dentro del año anterior a la elección y, como
consecuencia de ello, determinar si el acto electoral contenido
en el formulario E-26 CON, en el que consta la designación de
Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D.C., es
nulo.
79. La Sala observa que, si bien la disposición invocada
en la demanda y que sirvió como sustento del análisis de
la inhabilidad que estudió el tribunal para resolver el
caso, se refiere a las inhabilidades aplicables a los
alcaldes, lo cierto es que la controversia que se buscaba
desatar, claramente, es la relacionada con la designación
del accionado como concejal de Bogotá D.C., así quedó
definido en la fijación del litigio que realizó el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca: […]
80. Para la Sala se descarta cualquier asomo de duda en relación
con el cargo de nulidad estudiado, esto es, el relacionado con la
elección de un servidor por encontrarse inhabilitado al haber
celebrado un contrato con una entidad pública dentro del
término de la prohibición. Este aspecto medular, contenido en el
auto del 7 de noviembre de 2024 y que definió el debate a
dilucidar en el proceso, no fue objeto de reproche o discusión
alguna por parte del accionado o alguna de las partes
intervinientes en el desarrollo de este, de manera que no se
advierte algún desconocimiento a su derecho de defensa.
81. Aparejado a lo anterior, debe señalarse que la causal
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analizada por el tribunal y la que el legislador estableció en el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, guardan
identidad en su contenido y alcance, como se ilustra a
continuación: […]
83. De esta forma, en este caso particular, la Sala considera,
como lo ha hecho en otros procesos de nulidad electoral en los
que ha admitido la aplicación de un texto normativo derogado
que se ha reproducido literalmente en una norma posterior
vigente por la identidad que existe en todos su elementos, que
pese a que el tribunal de primer grado se refirió a la disposición
contenida en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
el juicio realizado en la sentencia de primera instancia se
encuentra razonable y compatible con el análisis que se
desprende del contenido material de la disposición prevista en el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, en la medida
en que su contenido guarda identidad en todos su elementos, tal
como se deduce de sus ingredientes normativos textuales.
84. Por tal motivo, no le asiste razón al apelante cuando alega
la extralimitación del juez de primer grado al referir el régimen
de inhabilidades de concejales, el cual, como se señaló en
precedencia es el que resulta aplicable en este caso. Además, no
se pierde de vista que el derecho de defensa se ejerció sobre el
mismo contenido material de la causal, la cual, como se anotó,
posee una identidad textual o literal, tanto para alcalde como
para concejal, en lo que respecta a la celebración de contratos.
De igual forma, en la fijación del litigio se señaló que la cuestión
jurídica se estudiaría a partir de la elección como concejal del
accionado.
85. Tampoco encuentra asidero el reparo sobre el hecho de que
esta circunstancia le impuso mayores cargas y restricciones al
accionado, por no considerar su condición especial de haber
optado al cargo en virtud de la prerrogativa que le brindó el
estatuto de la oposición.
86. La Sala no pierde de vista la prerrogativa derivada del
estatuto de la oposición tiene un origen de naturaleza popular,
toda vez que, pese a que la designación no se surte por efecto
del voto directo si es la consecuencia indirecta que prevé la
Constitución y la ley para garantizar que la votación obtenida
por las fuerzas que obtienen el segundo puesto en una elección
uninominal no sea desconocida en la realidad política.
87. Sin embargo, como se explicó antes, la jurisprudencia de
esta corporación ha sido clara al señalar que los candidatos a
cargos uninominales, tienen un régimen de inhabilidades más
restrictivo en la medida en que les corresponde velar por el
cumplimiento de las prohibiciones que se establecen para los dos
cargos a los que podrían acceder, bien sea por resultar
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victoriosos en la elección o por aceptar la curul en la respectiva
corporación en virtud del derecho personal establecido en el
estatuto de la oposición.
88. Así, esta circunstancia no puede ser entendida como una
carga excesiva o contraria a los derechos de los elegidos o
designados que desconozca o contraríe la condición del
designado concejal, sino como una condición propia del
mecanismo por el cual accedió a la curul, que no es otro que la
prerrogativa derivada del resultado electoral que materializa la
voluntad de la ciudadanía en el ejercicio legítimo del derecho a
elegir y, por tanto, los reparos de apelación que se plantearon
en este sentido no están llamados a prosperar.
89. Adicionalmente, no se pierde de vista que el apelante insistió
en señalar que la designación del demandado como concejal fue
una «circunstancia indirecta que se estableció para garantizar
control político, el respeto de las ideas disimiles con el gobierno,
la participación de las minorías opositoras y el equilibrio de
poderes» y, por tanto, no se podía predicar que los criterios de
inhabilidad establecidos para los cargos de elección popular
[alcaldes y concejales] les fueran aplicables, en tanto no fue
prevista esa circunstancia en esos regímenes.
90. No obstante, dicha argumentación se desvirtúa con lo
referido en precedencia respecto a que quienes acceden a las
curules en las corporaciones públicas, en virtud de la
prerrogativa personal que otorga el Estatuto de la Oposición,
tienen un régimen de inhabilidades más restrictivo, en la medida
en que deben observar no solo las prohibiciones relacionadas
con el cargo de elección popular al cual aspiran sino también
aquellas que se predican de la curul que podrían aceptar al
obtener la segunda votación en la respectiva elección.
91. Una interpretación diferente implicaría relevar a los
candidatos que se benefician con dicha prerrogativa del
cumplimiento de los requisitos, deberes, prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades dispuestos para el cargo al
cual acceden en virtud del mencionado derecho personal,
contrariando las previsiones constitucionales y legales que las
establecen.
92. La Sala reafirma que el derecho personal reconocido en el
artículo 112 de la Constitución no tiene carácter absoluto68 y,
en ese orden, las inhabilidades que obran como uno de los
mecanismos que el ordenamiento jurídico ha instituido para
garantizar los principios de moralidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de la función pública, representan
una limitación a la referida garantía personal que debe ser
acatada por todos los ciudadanos y en particular, aquellos que
aspiren a ejercer cargos de elección popular o curules obtenidas
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en virtud del derecho personal derivado del Estatuto de la
Oposición […]”. (Destacado pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que la SECCIÓN QUINTA realizó un análisis de la situación fáctica
y jurídica del asunto y, coligió que, se había configurado la causal de
inhabilidad contenida en los numerales 3º del artículo 43 y 3º del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, por la celebración de contratos
con entidades públicas en interés propio o de terceros dentro del año
anterior a la elección, por lo que el acto de elección del actor como
concejal de DISTRITO, era nulo.
En efecto, la Sala observa que la decisión cuestionada estudió el
material probatorio aportado al expediente y de allí corroboró que: i)
el actor celebró un contrato con una entidad pública dentro del
término de la prohibición y; ii) la disposición invocada como causal
de nulidad si estaba relacionada con la designación del cargo,
circunstancia que quedó debidamente dilucidada dentro del trámite
del medio de control de nulidad electoral cuestionado.
Asimismo, la autoridad judicial accionada concluyó que quienes
acceden a las curules en corporaciones públicas, tienen un régimen
de inhabilidades más restrictivo en virtud de la prerrogativa personal
del Estatuto de la Oposición, esto en la medida que no son sólo
prohibiciones relacionadas con el cargo de elección popular al cual
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aspiran, sino que también se predican de la curul que podría aceptar
el candidato con la segunda votación.
Así las cosas, al encontrar configurada la causal de inhabilidad, la
SECCION QUINTA dispuso confirmar la decisión que anuló el acto
de elección, no obstante que fuera diferente a la descrita y/o alegada
en la demanda, como lo estima el actor, pues dicha autoridad judicial
encontró que la controversia que se busaca desatar era claramente
la relacionada con la designación del actor como concejal del
DISTRITO, por lo que podía bien podía analizarse en la sentencia
cuestionada.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCION QUINTA decidió el asunto sometido a su
consideración.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la parte actora por falta del requisito de relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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