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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04916-01

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04916-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, conforme a los argumentos expuestos en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04916-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04916-01
Accionante: Raúl Botero Soto
Accionados: Tribunal Administrativo de Córdoba

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos

Decisión: Confirmar la decisión judicial de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 25
de septiembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la
cual se declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Raúl Botero Soto instauró acción popular contra la Presidencia de la
República y otros 1, por la presunta vulneración de derechos colectivos 2, a fin de que
se les ordenara a dichas entidades desplegar las acciones necesarias para
garantizar la adecuada construcción, mantenimiento y señalización de la vía del
municipio de Puerto Libertador que conduce de “Pica Pica” a “Gecelca 3”. Asimismo,
solicitó que se adoptaran medidas para mitigar los riesgos existentes, regular el

1 El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible, la Alcaldía de Puerto Libertador, la Personería Municipal de Puerto Libertador, el Concejo Municipal
de Puerto Libertador, el departamento de Córdoba, la Asamblea Departamental de Córdoba, la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS., la Agencia Nacional de Minería, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Transporte, la Unidad de
Planeación Minero-Energética, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales, el Instituto Nacional de Vías – Invias, la Procuraduría General de la Nación, la Empresa GECELCA
S.A E.S.P., la Empresa FRONTIER COAL S.A.S, la Empresa CARBOMAX S.A.S, la Empresa GEOCOSTA
LTDA y la Empresa TRANSAD S.A.

2 El goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa; la existencia del equilibrio ecológico; el goce del

espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; acceso a una infraestructura de servicios
públicos que garantice la salubridad pública; acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente;
derecho a la seguridad prevención de desastres previsibles; realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos; los derechos de los consumidores y usuarios.

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Accionante: Raúl Botero Soto

tránsito de vehículos pesados y promover una solución integral y definitiva que
velara por el bienestar de la comunidad y el medio ambiente.

3. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante
sentencia del 12 de julio de 2024 negó las pretensiones de la acción popular, pues
no encontró acreditado que los vehículos de las empresas accionadas transitaran
por la vía con exceso de velocidad, sin control de peso, arrojando material
particulado de carbón en la vía, afectando las fuentes hídricas, y generando
vibraciones y ruidos superiores a los máximos permitidos. Por lo tanto, aseguró que
las entidades demandadas no transgredieron los derechos colectivos aludidos. Esta
decisión fue notificada el 15 de julio de la misma anualidad.

4. Por consiguiente, el 25 de julio de 2024 la parte accionante interpuso recurso de
apelación contra la decisión judicial anterior. Sin embargo, la autoridad judicial, a
través de la providencia del 22 de abril de 2025 resolvió no concederlo por
extemporáneo, argumentando que el actor tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho fundamental al debido proceso (contradicción y defensa) hasta el 22 de
julio de 2024, pero no lo hizo.

5. El 23 de abril de 2025 el señor Botero Soto, a través de apoderado judicial,
interpuso recurso de reposición contra el auto proferido el 22 de abril de 2025. No
obstante, el tribunal accionado, mediante providencia del 29 de mayo de 2025
resolvió no reponer su decisión judicial, insistiendo en que la parte accionante
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia del 12 de julio de 2024 de
manera extemporánea.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

• Procedimental absoluto, pues contabilizó el término para interponer
recursos desde el día siguiente a la notificación de la sentencia y no desde
la ejecutoria de la misma, desconociendo el artículo 302 del Código General
del Proceso y la jurisprudencia del Consejo de Estado, en específico las
sentencias proferidas el 9 de febrero de 2023, con radicado 25000-23-42-
000-2014-04339-01 y el 10 de mayo de 2018 con radicado 11001-03-28-000-
2016-00044- 00.

• Sustantivo: al desconocer los artículos 302 y 322 del Código General del
Proceso, en la medida en que realizó el conteo del término para la
interposición del recurso de apelación desde la notificación de la sentencia y
no desde su ejecutoria.

• Violación directa de la Constitución Política al estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia y, al principio de prevalencia del derecho sustancial, los cuales se
encuentran consagrados en los artículos 29, 228 y 229 de la Carta Política,
respectivamente. Ello, en cuanto la autoridad judicial accionada rechazó el

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recurso de apelación interpuesto oportunamente, impidiéndole acceder a una
segunda instancia.

2.3. Pretensiones

7. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procedimental y el acceso a la administración de
justicia tutelados en los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política».

2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos los autos del 22 de abril
de 2025 (que rechazó el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia) y el del 29 de mayo de 2025 (que negó el recurso reposición, frente a
la anterior decisión), proferidos por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro
del proceso de acción popular No. 2300123330002022000490

3. Se obligue al Tribunal Administrativo de Córdoba a que profiera un nuevo auto
(frente al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia del 12 de julio de 2024), que no incurra en los defectos aquí
demostrados». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

8. La acción de tutela objeto de análisis fue admitida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante auto del 22 de agosto de 2025, a través del cual se
ordenó notificar a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba como accionado y a la Presidencia de la República, al Ministerio de Minas
y Energía, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a la Alcaldía de Puerto Libertador, a la Personería Municipal de Puerto
Libertador, al Concejo Municipal de Puerto Libertador, al departamento de Córdoba,
a la Asamblea Departamental de Córdoba, a la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS., a la Agencia Nacional de Minería, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Superintendencia de
Transporte, a la Unidad de Planeación Minero-Energética, a la Agencia Nacional de
Infraestructura, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, al Instituto
Nacional de Vías – INVIAS, a la Procuraduría General de la Nación, a la Empresa
GECELCA S.A E.S.P., a la Empresa FRONTIER COAL S.A.S, a la Empresa
CARBOMAX S.A.S, la Empresa GEOCOSTA LTDA y a la Empresa TRANSAD S.A.
como terceros interesados en el resultado del proceso.

9. El Ministerio de Minas y Energía consideró que la decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada se encuentra ajustada a la ley, por lo que no se
configuró ninguno de los defectos invocados por la parte accionante. En
consecuencia, solicitó que se deniegue el amparo.

10. La Procuraduría General de la Nación manifestó que la acción de tutela se
torna improcedente al incumplir el requisito de subsidiariedad, pues la parte
accionante no interpuso recurso de queja contra la providencia del 22 de abril de
2025, de conformidad con el artículo 352 o 353 del Código General del Proceso.

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Accionante: Raúl Botero Soto

11. La Gobernación de Córdoba sostuvo que el conteo del término para la
interposición de recursos inició luego de que transcurrieran los días 16 y 17 de julio
de 2024, de conformidad con el numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011
y, los días 18, 19 y 22 de julio de 2024, en virtud del artículo 302 del Código General
del Proceso; siendo el lunes 22 de julio de 2024 la fecha en que venció el termino
para interponer el recurso. Por lo tanto, solicitó que se deniegue el amparo.

12. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge
solicitó que se declare la improcedencia del amparo constitucional, por cuanto no
se cumplen con los requisitos de relevancia constitucional, subsidiariedad e
inmediatez; y, de forma subsidiaria, que se nieguen las súplicas de la demanda, por
no advertirse la vulneración de los derechos alegados.

13. La Personería Municipal de Puerto Libertador, Córdoba se limitó a emitir un
pronunciamiento respecto a cada uno de los hechos de la acción de tutela.

14. La Sociedad Geocosta Ltda., y Transad S.A afirmó que las decisiones
cuestionadas se ajustan a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998. Por
consiguiente, solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela.

15. La Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional
de Infraestructura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la Generadora y Comercializadora de Energía del
Caribe S.A. E.S.P. manifestaron que no cuentan con legitimación en la causa por
pasiva en el presente proceso, pues las pretensiones de la acción de tutela no
guardan relación directa o indirecta con dichas entidades. En consecuencia,
solicitaron su desvinculación del proceso.

2.5. Sentencia impugnada

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 25 de
septiembre de 2025 declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no
cumplía el requisito de subsidiariedad, en la medida en que la parte accionante no
agotó todos los instrumentos jurídicos establecidos por el legislador para reprochar
la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Córdoba, en especial,
el recurso de queja contra el auto que negó la concesión de la apelación por
extemporánea.

2.6. Impugnación

17. Además de insistir en los argumentos de la acción de tutela, la parte accionante
manifestó que la exigencia de interponer un recurso de queja contra el auto que
negó la concesión del recurso de apelación desconoce el trámite de la acción
popular y crea una carga procesal inexistente, pues la Ley 472 de 1998 no lo
contempla, así como tampoco la jurisprudencia de esta Corporación.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad para
cuestionar providencias judiciales, en especial, el de subsidiariedad. En el evento
en que así sea, deberá establecerse si el Tribunal Administrativo de Córdoba
incurrió en los defectos procedimental absoluto, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial al proferir las providencias del 22 de abril y 29 de mayo de 2025,
al interior de la acción popular con radicado 23001-23-33-000-2022-00049-00.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 1069 de 2015. Fue creada para
proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando
estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares
en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y
cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales
derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado
todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla
con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en

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sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la
situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

23. Elinciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.

24. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

25. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia 3.

26. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.3.1.1. Análisis del caso concreto

27. La parte accionante cuestionó las providencias expedidas el 22 de abril de 2025,
a través de la cual se negó la concesión del recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia y, el 29 de mayo de 2025, mediante la cual se negó la
reposición de la decisión judicial anterior.

28. En consecuencia, corresponde a esta Subsección determinar si la acción de
tutela cumple el requisito de subsidiariedad, cuya ausencia fue advertida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en primera instancia.

3 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del
Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que
desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

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29. De la información que reposa en el aplicativo SAMAI se tiene que la sentencia
proferida el 12 de julio de 2024, a través de la cual se negaron las pretensiones de
la acción popular fue notificada el 15 de julio de esa anualidad.

30. Con posterioridad, esto es, el 25 de julio de 2024 la parte accionante interpuso
recurso de apelación contra la decisión judicial anterior. Sin embargo, la autoridad
judicial, a través de la providencia del 22 de abril de 2025 resolvió no concederlo
por extemporáneo.

31. Finalmente, el 23 de abril de 2025 el señor Botero Soto, a través de apoderado
judicial, interpuso recurso de reposición contra el auto del 22 de abril de 2025. No
obstante, el tribunal accionado, mediante providencia del 29 de mayo de 2025
resolvió no reponer su decisión judicial, insistiendo en que la parte accionante
interpuso el recurso de apelación de manera extemporánea.

32. En ese orden de ideas, se advierte que la parte demandante únicamente
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de julio de 2024
y el recurso de reposición contra el auto del 22 de abril de 2025, argumentando que
la Ley 472 de 1998, «por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución
Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de
grupo y se dictan otras disposiciones», no contempla el recurso de queja.

33. A pesar de lo anterior, se observa que el artículo 37 ibidem contempla una
remisión especial al Código de Procedimiento Civil, actual Código General del
Proceso, respecto de la forma y oportunidad de interposición del recurso de
apelación.

34. Asimismo, el artículo 44 de la norma precitada establece que en los aspectos no
regulados en los procesos por acciones populares se aplicaran las disposiciones
del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso y, el Código
Contencioso Administrativo, actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

35. Sobre el particular, el artículo 245 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo dispone que el recurso de queja se podrá
interponer ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta
la apelación, conforme a lo previsto en el artículo 353 del Código General del
Proceso.

36. Teniendo en cuenta que el tribunal accionado negó la concesión del recurso de
apelación, resulta evidente que la parte demandante podía interponer el recurso de
queja contra dicha decisión judicial pero no lo hizo.

37. Sobre este punto, se le recuerda al señor Raúl Botero Soto que el mecanismo de
tutela es subsidiario, es decir, reconoce la validez y viabilidad de los medios y
recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes
para la salvaguarda de los derechos, obligando a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva
de sus derechos.

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38. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en reiterar que las
personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el
sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como
vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

39. En consecuencia, esta Subsección considera que la decisión de declarar
improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad es
acertada, máxime cuando no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se argumentó la
existencia del mismo. Luego, se confirmará la decisión judicial proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

40. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, conforme a los
argumentos expuestos en este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

4 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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