Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04919-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04919-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04919-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04919-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
25 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Tema: Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
electoral. Requisitos generales de procedibilidad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por el
señor Alcides Florido Pabón contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de agosto de 2025, el señor Alcides Florido Pabón presentó acción de tutela
contra la referida autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la participación política y, los
principios pro homine, pro libertatis, pro damato, legalidad y confianza legítima. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales a la participación, en su
versión de elegir y ser elegida y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, a
la igualdad, confianza legítima, acceso a la administración pública y debido proceso, a mi
apoderado ALCIDES FLORIDO PABÓN, desconocidos por la SECCIÓN QUINTA –
CONSEJO DE ESTADO, con ocasión de la sentencia fecha veintiocho (28) de noviembre
de 2024, proferida dentro del proceso de la referencia, por la Sección Quinta del Honorable
Consejo de Estado, con ponencia del Honorable Magistrado LUIS ALBERTO ÁLVAREZ
PÁRRA, notificada personalmente a mi mandante mediante mensaje de datos el día
viernes veintinueve (29) de noviembre de 2024 dentro del proceso con número de radicado
15001-23-33-000-2023-00472-01.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se deje sin efectos la decisión tomada
SECCIÓN QUINTA – CONSEJO DE ESTADO, con ocasión de la sentencia fecha
veintiocho (28) de noviembre de 2024, proferida dentro del proceso de la referencia, por
la Sección Quinta del Honorable Consejo de Estado, con ponencia del Honorable
Magistrado LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PÁRRA, notificada personalmente a mi mandante
mediante mensaje de datos el viernes veintinueve (29) de noviembre de 2024 con numero
de radicado 15001-23-33- 000-2023-00472-01.
3. Que como consecuencia de la anterior determinación, se ordene a la Sección Quinta
del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo de
tutela, se profiera una nueva sentencia de única instancia en el referido proceso de nulidad
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
electoral, que acoja las consideraciones de ésta y, por consiguiente, mantenga la vigencia
de la elección.
4. Cualquier otra medida que el despacho judicial considere adecuada para restablecer
los derechos vulnerado».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Actuaciones previas al proceso de nulidad electoral
Mediante Resolución 2857 de 2018, el Consejo Nacional Electoral estableció el
procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía. En desarrollo de esa competencia, expidió tres actos
administrativos en los que determinó la inscripción irregular de 103 cédulas en el
municipio La Victoria (Boyacá), así: (i) Resolución 6061 de 2 de agosto de 2023, dejó
sin efecto la inscripción de cédulas de 38 personas; (ii) Resolución 7376 de 24 de
agosto de 2023, dejó sin efecto 35 inscripciones y, (iii) Resolución 9795 de 12 de
septiembre de 2023, dejó sin efecto 30 inscripciones.
Contra la anterior decisión 17 personas interpusieron recursos de reposición, los
cuales fueron resueltos en la Resolución 11733 de 2023, en la que se reincorporó al
censo electoral la inscripción de 11 cédulas y confirmó la decisión respecto de otras
6, por lo que quedó en firme la decisión sobre la inscripción irregular de 92 personas.
Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil cerró el censo electoral el 26
de septiembre de 2023 a las 12 m., por ende, solo pudo ser tenida en cuenta la
Resolución 6061 de 2023 y no las demás, que se comunicaron con posterioridad, lo
cual se pudo verificar con la prueba documental allegada al expediente, pues la
Resolución 7376 de 2023 se comunicó el 10 de octubre y la Resolución 9795 de 2023
el 26 de octubre.
En las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, en el municipio de La Victoria
se instalaron tres puestos de votación así: i) puesto cabecera municipal con 5 mesas;
ii) Chapón o Guadualito con una mesa y iii) Santa Helena con una mesa.
Según la información reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 53
ciudadanos incluidos en las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral
en las que se dejó sin efecto la inscripción de la cédula sufragaron en las elecciones
de autoridades territoriales1.
En la referida contienda electoral, para alcalde del municipio de La Victoria se
presentaron: Alcides Florido Pabón, por la coalición del Partido Verde y Cambio
Radical, denominada «Unidos somos más», y César Eduardo Palacios Florido por la
coalición de las colectividades Liberal y Centro Democrático, denominada «Juntos a
reconstruir La Victoria».
1
La Resolución 7376 de 2023 que había dejado sin efecto la inscripción de 35 cédulas, efectivamente votaron 28 personas de
las allí relacionadas; y, la Resolución 9795 de 2023 que había dejado sin efecto la inscripción de 30 cédulas, votaron 25 personas.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
De acuerdo con el Formulario E-24 ALC los resultados del escrutinio general arrojaron
como vencedor al señor Florido Pabón, con diferencia de 14 votos respecto del señor
Palacios Florido. Por lo tanto, mediante Formulario E-26 ALC del 30 de octubre de
2023, se declaró la elección del señor Alcides Florido Pabón.
Medio de control de nulidad electoral
El señor César Eduardo Palacios Florido presentó medio de control de nulidad
electoral el 13 de diciembre de 2023, en contra del Acta de Escrutinio Municipal,
Formulario E-26 ALC del 30 de octubre de 2023, mediante la cual se declaró la
elección del señor Alcides Florido Pabón, como alcalde de La Victoria (Boyacá),
periodo 2024- 2027.
Mediante sentencia del 23 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los 53 votos que se marcaron
como irregulares no incidieron en los resultados de la elección, pues, al aplicar el
sistema de distribución ponderada, concluyó que el demandado continuaba con la
mayor votación (657 votos) respecto del segundo candidato, esto es, el demandante,
a quien le corresponden 644 votos.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al
considerar que, la proporción entre los votos de personas sin residencia electoral y la
diferencia entre el primer y el segundo candidato era suficiente para tener como
alterado el resultado electoral, pues se demostró que 53 personas declaradas
trashumantes votaron en el municipio de La Victoria y la diferencia entre los candidatos
fue de solo 14 votos, es decir, que los votos espurios representan 3.7 veces la
distancia entre los dos aspirantes.
Además, señaló que la fórmula de afectación ponderada no debía aplicarse en los
casos en que la diferencia de los votos espurios es mayor a la distancia entre el primer
y segundo candidato, pues no expresa la verdadera voluntad del pueblo; a su juicio,
pudo usarse otra metodología para evaluar el grado de afectación de la elección con
los votos de personas no residentes. Que, en la oportunidad debida puso de presente
la trashumancia a los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin
embargo, se permitió la votación irregular.
Que, ello demostró la buena fe del actor y su genuina preocupación por cuanto
asistirían a las urnas personas no residentes del municipio, con los cuales no tenía
vínculo alguno.
El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 28 de noviembre de 2024,
revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto
de elección del señor Florido Pabón como alcalde de La Victoria (Boyacá), periodo
2024- 2027; y, conminó al Consejo Nacional Electoral para que, «(…) en lo sucesivo,
realicen un esfuerzo interinstitucional para depurar el censo electoral dentro de los términos
previstos y de esta manera evitar la votación transeúnte. Si no es posible notificar dentro del
término legal los actos administrativos mediante los cuales se dejan sin efecto las
inscripciones de ciudadanos no residentes, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su
labor de mantener la transparencia del proceso, deberá adoptar las medidas necesarias para
que se ejecuten esas decisiones el día de los comicios».
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora aseguró que, la decisión acusada incurrió en violación al debido
proceso y en los defectos sustantivo y por violación directa a la Constitución,
pues aseguró que, aunque la declaratoria de nulidad del acto de elección del alcalde
de La Victoria se sustentó en la aplicación de la formula jurisprudencial preestablecida
de reparto de los votos trashumantes consagrada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, la autoridad judicial de forma arbitraria cambio las reglas de interpretación
jurisprudencial a discrecionalidad propia de la Corporación en perjuicio de las
garantías procesales y constitucionales de la accionante.
Afirmó que, la Sección Quinta del Consejo de Estado modificó de manera intempestiva
y sin previo anuncio su criterio jurisprudencial sobre la fórmula de distribución de votos
irregulares en casos de trashumancia electoral. Que, ese cambio, introducido en la
sentencia del 28 de noviembre de 2024, se aplicó retroactivamente a una elección ya
consolidada, alteró las reglas del proceso en detrimento de la parte demandada y de
los electores que ejercieron su derecho bajo la interpretación vigente al momento de
los comicios. Que, la ausencia de «jurisprudencia anunciada» y la omisión de
cualquier traslado o debate previo sobre esta nueva regla configuraron un defecto
procedimental absoluto que vulneró el derecho al debido proceso y los principios de
legalidad y confianza legítima.
Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al inaplicar
el precedente vinculante de la propia Corporación e interpretar de forma restrictiva y
sin sustento normativo la causal de nulidad electoral, que desconoció la fórmula
ponderada que distribuía de manera equitativa los votos irregulares. Y que, además,
se aplicó un criterio de responsabilidad objetiva, lo cual desconoció que en asuntos
de esta naturaleza se deben tener en cuenta las garantías al debido proceso y el
principio de culpabilidad consagrados en la Constitución y en la Convención
Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, consideró que como alcalde elegido
de La Victoria, se le impuso una sanción sin establecer si hubo dolo o culpa en su
actuar, lo cual es un requisito esencial para garantizar la legitimidad y justicia en un
proceso electoral.
Considera que la decisión, además, incurrió en defecto procedimental porque le
impidió ejercer la debida defensa dentro del proceso, pues se le sorprendió con la
aplicación de una regla nueva que no pudo ser cuestionada dentro del proceso, la cual
no pudo controvertir probatoriamente.
4. Trámite previo
En auto del 19 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo de Boyacá, en calidad de demandados, y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y al señor César Eduardo
Palacios Florido, en calidad de terceros con interés en el proceso.
5. Oposiciones
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
El Consejo de Estado, Sección Quinta pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela, porque no cumple con los requisitos generales de relevancia
constitucional e inmediatez.
Al respecto señaló que, las pretensiones de la acción de tutela están orientadas a
revivir el debate jurídico y probatorio que fue zanjado dentro del medio de control de
nulidad electoral.
Sostuvo que no se acreditaron los defectos alegados y precisó que el proceso de
nulidad electoral no es un juicio sancionatorio, por lo que no debe observar un análisis
subjetivo de culpabilidad; en efecto, se trata de un juicio meramente objetivo de
legalidad sobre las causales que prevé el artículo 275 del CPACA o, aquellas
genéricas del artículo 137 de la misma codificación.
Aseguró que, la sentencia acusada se notificó el 29 de noviembre de 2024. A su vez,
la parte demandada presentó una solicitud de aclaración, la cual fue resuelta mediante
auto del 30 de enero de 2025 y, la constancia de ejecutoria de esa decisión se expidió
por la Secretaría de la Sección Quinta, el 7 de febrero de 2025. Que, en esa medida,
el término para presentar la acción de tutela, en este caso, estaba dado hasta el 7 de
agosto de 2025. Sin embargo, fue presentada el 8 de agosto de 2025, es decir, por
fuera del plazo previsto para ello.
Indicó que, en la sentencia acusada trajo a colación el cambio jurisprudencial sobre la
incidencia de la trashumancia electoral sobre elecciones de cargos uninominales,
desarrollado en la sentencia del 10 de octubre de 2024. Que, por lo tanto, el cambio
de precedente no comportó el desconocimiento de las garantías fundamentales, por
cuanto, la referida causal es de carácter objetivo y, ante su comprobación, el juez
electoral debe determinar su incidencia.
Finalmente, señaló que en la providencia cuestionada aplicó la tesis jurisprudencial
vigente para el momento de proferir la decisión y explicó suficientemente las razones
por las cuales, los votos trashumantes en las elecciones del alcalde de La Victoria
tuvieron una incidencia de tal magnitud, que debían repetirse los comicios, para evitar
que personas ajenas al municipio, decidieran sobre la designación del primer
mandatario local.
6. Intervenciones
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se le desvinculara del
presente trámite de tutela, porque carece de legitimación en la causa por pasiva, pues
señaló que el recurso de amparo se promueve contra el medio de control de nulidad
electoral, dentro del cual no ha tenido injerencia.
Señaló que carece de competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la
acción de tutela, toda vez que la Constitución y la Ley le asignó como misionalidad «la
dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las
personas», y la expedición de autos y sentencias está a cargo de los Jueces de la
República y, de acuerdo con cada proceso, le corresponde al titular del derecho
ejercer el derecho de defensa y contradicción según sea el caso.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Alcides Florido Pabón pretende
que se deje sin efecto la sentencia del 28 de noviembre de 2024, mediante la cual la
Sección Quinta del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, declaró la nulidad de su elección como alcalde del municipio de La Victoria
(Boyacá), dentro del medio de control de nulidad electoral 15001-23-33- 000-2023-
00472-01, al considerar que incurrió en defectos sustantivo, procedimental y violación
directa de la Constitución.
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
Al respecto, la Sala anticipa que, sería del caso entrar a estudiar los defectos
invocados por la parte actora, de no ser porque la acción de tutela no cumple con el
requisito general de inmediatez.
De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación por pasiva invocada por
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Falta de legitimación en la causa por pasiva
En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se aclara que dicha entidad
estaba vinculada al presente trámite constitucional en calidad de terceros con interés,
porque obró como parte en el proceso de nulidad electoral en el cual se emitió la
sentencia cuestionada, lo que justifica su vinculación en esta instancia constitucional.
Por lo tanto, se negará la solicitud.
(i) Requisito general de procedibilidadde la acción de tutela de inmediatez
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir de la fecha
de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la naturaleza del acto
jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la necesidad de
que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda5, en la medida en que la naturaleza misma de este medio
de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad
jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de
la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría
causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una
decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno
5
Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados. Circunstancias que
en el caso concreto no se acreditaron.
Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.
(ii) Caso concreto
A juicio de la parte demandante el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la participación política,
al revocar el fallo de 23 de agosto de 2024 y, en su lugar, declarar la nulidad del acto
de elección del señor Florido Pabón como alcalde de La Victoria (Boyacá), periodo
2024- 2027, decisión con la cual, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo,
procedimental y por violación directa de la Constitución.
Revisado el expediente, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia
incumple con el requisito general de procedencia de inmediatez, porque la sentencia
de segunda instancia –del 28 de noviembre de 2024-, que fue objeto de solicitud de adición
y/o aclaración, la cual se resolvió en auto del 30 de enero de 2025, fue notificado por
estado del 3 de febrero del mismo año6. Por lo tanto, a la fecha de presentación de
esta acción, 8 de agosto de 20257, han transcurrido 6 meses y 5 días.
Por lo anterior, la acción de tutela de la referencia no procede por falta de cumplimiento
del requisito de inmediatez y, en esa medida, no hay lugar a hacer estudio en relación
con el fondo del asunto.
De acuerdo con lo expuesto, se impone declarar improcedente la acción de tutela que
ejerció el señor Alcides Florido Pabón, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, de conformidad a lo expuesto.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Alcides Florido
Pabón, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6
Índice 32 de SAMAI del expediente de nulidad electoral.
7
Del mismo modo, consultado el sistema de información Samai y de los reportes de radicación que obran en el expediente
magnético, en el índice 1.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04919-00
Demandante: Alcides Florido Pabón
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.