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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04923-00

Fecha
26 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04923-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del abogado Gildardo Cárdenas Morales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04923-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

26 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: GILDARDO CÁRDENAS MORALES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Abogados
deben aportar poder especial que los faculte para presentar una solicitud de amparo
constitucional; el poder, además de ser especial, debe ser específico / FALTA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir la discusión definida y se pretende convertir la acción de tutela
en una instancia adicional del proceso de reparación directa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la acción de tutela instaurada por el
abogado Gildardo Cárdenas Morales contra el Tribunal Administrativo del Meta, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los
artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 6 de agosto de 2025, el abogado Gildardo Cárdenas Morales, quien actúa en
nombre propio y en representación de los ciudadanos Guillermo González Morales,
Ingrid Katherine Rodríguez González, Edison Fernando González Rodríguez,
Yolima González Morales y Diego Alejandro Mora González, presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta. Esa solicitud se presentó con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad humana y a “la libertad
personal”2.

Hechos relevantes

2. El 11 de julio de 2016, la señora Gloria Aracely Martínez Niño presentó denuncia
penal ante la Fiscalía General de la Nación porque estaba siendo objeto de una
extorsión.

1 Que ingresó para fallo el 8 de septiembre de 2025.
2 Ver pág. 6 del escrito de tutela.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3. El 12 del mismo mes y año, el Gaula de Ariari de la Policía Nacional capturó en
flagrancia a los señores Yinfer Alexis Sánchez Ladino y Guillermo González
Morales. De manera posterior, al señor Gabriel Ricardo Pinzón Jaramillo.

4. El 13 de julio de 2016, la Fiscalía 18 Especializada ante el Gaula, en audiencia
ante el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Granada con funciones de control de
garantías, imputó a todos los capturados la autoridad del delito de extorsión
agravada en modalidad de tentativa.

5. El 11 de octubre de 2016 (radicado el 12 del mismo mes y año), se presentó el
escrito de acusación contra los procesados. Pero, el 23 de agosto de 2016, se
presentó una ruptura procesal porque los señores Yinfer Alexis Sánchez Ladino y
Gabriel Ricardo Pinzón Jaramillo suscribieron acta de preacuerdo.

6. El 24 de agosto de 2017, el Fiscal 4 Local de Granada radicó ante el Juzgado 1°
Promiscuo Municipal de Granada un oficio, a través del cual informó que los
imputados Gabriel Ricardo Pinzón Jaramillo y Yinfer Alexis Sánchez Ladino habían
realizado un preacuerdo, por lo que se debía ordenar una ruptura procesal respecto
del imputado Guillermo González Morales. A su vez solicitó la preclusión de la
investigación respecto de este último sujeto.

7. El Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Granada con funciones de conocimiento
declaró extinta la acción penal por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de
inocencia del señor Guillermo González Morales para el día de los hechos. Por lo
que, el 25 de agosto de 2017, la autoridad judicial competente expidió la boleta de
libertad No. 4893 a favor del mismo.

8. Con base en lo anterior, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
los ciudadanos Guillermo González Morales, Ingrid Katherine Rodríguez González,
Edison Fernando González Rodríguez, Yolima González Morales y Diego Alejandro
Mora González, a través del abogado Gildardo Cárdenas Morales, presentaron
demanda en contra de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación con el fin
que: (i) se declarara responsable administrativa y patrimonialmente de los daños y
perjuicios materiales y morales ocasionados por esas entidades. Lo anterior como
consecuencia de la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Guillermo
González Morales de 13 meses y 13 días3; (ii) se condenara a la Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación
a pagar al señor González Morales el valor de los daños y perjuicios patrimoniales
por concepto de lucro cesante, en aplicación de la presunción de que toda persona
en edad productiva devenga. A lo cual se le debía adicionar el 25% de las
prestaciones sociales; (iii) se reconociera y pagaran los perjuicios morales en la
suma de 100 SMLMV para cada uno de los demandante excepto un hermano que
equivalía a 50 SMLVM; (iv) se reconociera y pagara por concepto de daño a bienes
convencional y constitucionalmente protegidos la suma de 100 SMLMV para el
señor Guillermo González Morales y para los demás demandantes el valor de 50

3 Estuvo privado de la libertad desde el 12 de julio de 2016 hasta el 25 de agosto de 2017.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

SMLMV; y (v) se actualizarán los valores de las condenas al ejecutoriarse la
sentencia.

9. La demanda fue conocida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
de Villavicencio, quien mediante sentencia del 29 de octubre de 2021 adoptó las
siguientes determinaciones: (i) declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Rama Judicial; (ii) declaró administrativa y
patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios
causados a la parte demandante con ocasión de la privación de la libertad del señor
Guillermo González Morales; (iii) condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar
por concepto de perjuicios morales a los demandantes (iv) negó las demás
pretensiones de la demanda, (v) determinó que la entidad demandada iba a dar
cumplimiento del fallo en los términos establecidos de los artículos 192 y 195 del
CPACA; (v) no condenó en costas, (vi) entre otras decisiones.

10. Inconforme con esta decisión, la Fiscalía General de la Nación y la parte
demandante interpusieron recurso de apelación. Este fue conocido por el Tribunal
Administrativo del Meta, quien a través de decisión del 20 de febrero de 2025,
determinó lo siguiente: (i) revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar
negó las pretensiones de la demanda promovida por los ciudadanos Guillermo
González Morales, Ingrid Katherine Rodríguez González, Edison Fernando
González Rodríguez, Yolima González Morales y Diego Alejandro Mora González;
(ii) condenó en costas en ambas instancias, a la parte demandante y a favor de la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Estas debían ser liquidadas por el
A quo; (iii) ordenó que en firme la providencia, se devolviera el expediente al
juzgado de origen.

Pretensiones

11. La parte accionante solicitó lo siguiente:

“1. Que se tutelen los derechos fundamentales de GUILLERMO GONZÁLEZ
MORALES, INGRID KATHERINE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EDISON
FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, YOLIMA GONZÁLEZ MORALES, y
DIEGO ALEJANDRO MORA GONZÁLEZ, al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, libertad y dignidad humana de los
afectados, y todos aquellos derechos fundamentales que en consideración del
Juez hayan sido vulnerados.

2. Que se deje sin efectos la sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso de reparación directa
referenciado.

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Meta emitir una nueva decisión,
con observancia de las reglas jurisprudenciales expuestas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, valorando adecuadamente los efectos
jurídicos de la preclusión penal por falta de dolo, en armonía con la sentencia
de primera instancia”4.

4 Ver pág. 3 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Fundamentos de la demanda de tutela

12. El abogado manifestó que intentó contactar a los demandantes mediante los
datos aportados, sin obtener respuesta, lo que considera relevante para justificar su
legitimación en la acción de tutela. Además, señaló que la providencia cuestionada
le atribuye responsabilidades procesales que vulneran sus derechos
fundamentales, a pesar de haber actuado bajo un poder general otorgado por los
demandantes y conforme a los deberes profesionales establecidos en la Ley 1123
de 2007.

13. Además, el profesional en derecho criticó que el Tribunal Administrativo del Meta
se limitó a aspectos procesales sin analizar las razones de la preclusión penal,
desconociendo el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
También, argumentó que el Tribunal vulneró el derecho al debido proceso y al
acceso a la justicia al apartarse del precedente jurisprudencial que establece la
responsabilidad objetiva del Estado en casos de absolución penal por atipicidad
subjetiva o aplicación del principio del indubio pro reo. Citó sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado para sustentar que la preclusión se basó en
la ausencia de dolo, lo que excluye responsabilidad penal5. A su vez, el abogado
denunció un desconocimiento del precedente judicial vinculante sin motivación
suficiente, especialmente las sentencias C-037 de 1996, T-775 de 2014, SU-072 de
2018 y SU-363 de 2021, lo que afecta la seguridad jurídica y el derecho a la
igualdad. Finalmente, reiteró la contradicción con el artículo 228 de la Constitución
y reforzó la existencia de atipicidad subjetiva con citas jurisprudenciales pertinentes.

Trámite en primera instancia

14. Inicialmente, el despacho sustanciador requirió al abogado Gildardo Cárdenas
Morales, dado que el relato fáctico no resultaba claro respecto de la vulneración de
sus derechos, así como de la representación que ejercía frente a los ciudadanos
Guillermo González Morales, Ingrid Katherine Rodríguez González, Edison
Fernando González Rodríguez, Yolima González Morales y Diego Alejandro Mora
González. El abogado había mencionado que la acción de tutela se presentaba en
causa propia al atribuirse responsabilidades en contravía de sus derechos
fundamentales, sin que se explicara la razón de dicha infracción. Adicionalmente,
junto con la solicitud de amparo, no se encontraba un poder especial que lo
acreditara como abogado para presentar la acción de tutela en nombre de los
ciudadanos anteriormente mencionados. Cuando la Corte Constitucional ha
sostenido que, para ejercer la acción de tutela a título de otro, es necesario contar
con poder especial para legitimar su interposición. Motivo por el cual a través de
auto del 12 de agosto de 2025 resolvió lo siguiente:

“REQUERIR al abogado Gildardo Cárdenas Morales para que, dentro del
término de 3 días contados a partir de la comunicación efectiva de esta decisión,
lleve a cabo lo siguiente: (i) ACLARE las presuntas afectaciones a sus derechos
fundamentales que, según afirma, causó la autoridad judicial demandada, e
indique los motivos por los cuales esta vulneración se produjo; y (ii) ALLEGUE

5 En este punto, se señaló la sentencia SU-072 de 2018.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

el poder que lo faculta para ejercer la representación judicial de los señores los
señores Guillermo González Morales, Ingrid Katherine Rodríguez González,
Edison Fernando González Rodríguez, Yolima González Morales y Diego
Alejandro Mora González en el asunto de la referencia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En caso de no contar con dicho
documento, PRECISE la forma en que ejerce la representación o agencia de
los derechos de las personas mencionadas”6.

15. El 14 de agosto de 2025, la anterior decisión fue notificada al abogado Gildardo
Cárdenas Morales y a través de memorial del 19 del mismo mes y año respondió
dos aspectos. Primero, que las afirmaciones del Tribunal accionado afectan de
manera directa su dignidad humana y profesional, así como su honra y buen
nombre, al transmitir erróneamente la idea de que actuó con falta de integridad,
honestidad, respeto y competencia. En su criterio, la autoridad judicial demandada
cuestionó la actividad del profesional, ya que incurrió en un aparente descuido.
Resulta imposible otra oportunidad procesal para controvertir la decisión. Sumado
a ello, indicó que sus honorarios profesionales dependen del resultado de fondo en
el proceso de reparación directa.

16. Segundo, pese a que desde la presentación de la demanda de reparación
directa han transcurrido 6 años, lo cierto es que hace 2 años aproximadamente los
demandantes del proceso ordinario dejaron de responder sus llamadas, lo que le ha
impedido informarles sobre el fallo de segunda instancia e indicarles que otras
opciones legales se tienen. Por ese motivo, el profesional en derecho ha desplegado
las gestiones necesarias para ubicarlos, pero ello no ha sido posible. A su juicio, la
imposibilidad de contactar a sus representados y de obtener un nuevo poder no
puede ser causal de rechazo, en virtud de las obligaciones y facultades expuestas
en la Ley 1123 de 2007.

17. Con base en lo anterior, a través de auto del 28 de agosto de 2025, admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Meta como accionado; a la Nación – Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación,
al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, al Ministerio
Público y a los demás intervinientes del proceso de reparación directa identificado
con el radicado 50001-33-33-007-2019-00102-00/01 como terceros con interés en
las resultas del proceso. A su vez, ordenó al Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito de Villavicencio para que allegara en calidad de préstamo y en medio
digital el expediente de reparación directa identificado con el radicado 50001-33-33-
007-2019-00102-00/01. El despacho sustanciador requirió nuevamente al abogado
Gildardo Cárdenas Morales para que en el término de 3 días contados a partir de la
comunicación acreditara su condición de representante de los ciudadanos Guillermo
González Morales, Ingrid Katherine Rodríguez González, Edison Fernando
González Rodríguez, Yolima González Morales y Diego Alejandro Mora González.
En caso de contar con ese documento, precisara la forma en la que ejercía la
representación o agencia de los derechos de las personas en mención.

6 Ver índice 4 de samai. En la pág. 3.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Intervenciones

18. El abogado Gildardo Cárdenas Morales explicó que la acción de tutela fue
presentada en causa propia y en ejercicio de las obligaciones que impone la Ley
1123 de 2007. Además, informó los ciudadanos Guillermo González Morales, Ingrid
Katherine Rodríguez González, Edison Fernando González Rodríguez, Yolima
González Morales y Diego Alejandro Mora González dentro del proceso de
reparación directa le otorgaron un poder. Adicional a ello, precisó que el poder
originario reposa en el primer folio del expediente digital aportado junto con la
solicitud de amparo, mismo que podría ser verificado por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Villavicencio.

19. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio
remitió copia del expediente de reparación directa identificado con el radicado
50001-33-33-007-2019-00102-00/017.

20. La Fiscalía General de la Nación consideró que no se cumple los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, pues no ha vulnerado derechos fundamentales
ni tiene competencia sobre el proveído cuestionado, el cual fue emitido por una
autoridad judicial. El ente acusador señaló la falta de legitimación en la causa por
pasiva, al no existir relación de causalidad entre sus actuaciones y los hechos
alegados, de acuerdo con el Auto 257 de 2006. También indicó la falta de
legitimación por activa, ya que no se justificó la agencia oficiosa ni se acreditó poder
de representación de los ciudadanos mencionados. Por último, consideró que la
tutela pretende reabrir un debate legal sin evidenciar una vulneración arbitraria de
derechos fundamentales.

21. El Tribunal Administrativo del Meta consideró que no se cumple el requisito
de legitimación en la causa por activa, ya que el abogado accionante no cuenta con
poder especial ni autorización expresa de los titulares del derecho para presentar la
tutela. Además, señaló que la acción pretende reabrir el debate del proceso de
reparación directa, usándola como una tercera instancia, sin que exista una
vulneración constitucional que justifique la intervención del juez de tutela. La
autoridad judicial Indicó que no se satisfacen los requisitos de relevancia
constitucional, pues no se argumentaron razones suficientes desde esa
perspectiva8. Finalmente, concluyó que la medida de aseguramiento fue legal y
fundada en pruebas, conforme a la Ley 906 de 2004, y que no se demostró la
ilegitimidad de dicha medida, ni se cumplió con la carga probatoria exigida al
accionante9.

22. La Coordinadora del Área de Asistencia Legal de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio solicitó que se declarara improcedente

7 El enlace es el siguiente:
https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/j07admvcio_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?i
d=%2Fpersonal%2Fj07admvcio%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00
7%2D2019%2D00102&ga=1&LOF=1
8 Sentencia 11001-03-15-000-2019-01578-01.
9 Sentencia 11001-03-15-000-2019-01578-01.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

la acción de tutela, ya que no constituye una tercera instancia. En otro sentido,
expuso que el accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión
consignado en el artículo 250 del CPACA. Además, explicó cada una de las
actuaciones durante el proceso penal.

23. De otro lado, precisó que el Tribunal Administrativo del Meta efectuó un análisis
minucioso de los medios de prueba obrantes en el proceso, así como tuvo en cuenta
los precedentes judiciales en materia de responsabilidad del Estado. Por ende, la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, contrario a lo manifestado por los
accionantes, no configura ningún defecto.

24. El Ministerio Público10 no intervino pese a estar notificado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

25. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

26. Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela satisface los requisitos
generales de procedibilidad, específicamente la legitimación en la causa por activa
del abogado Gildardo Cárdenas Morales (i) en causa propia y (ii) en representación
de los demandantes del proceso de reparación directa. En segundo lugar, analizará
la relevancia constitucional.

27. Para abordar y resolver los problemas jurídicos planteados, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye (i) un análisis sobre la legitimación en la
causa por activa y su aplicación para el caso concreto; (ii) la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional y (iv) su aplicación en el presente caso.

De la legitimación en la causa por activa

28. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 establecen que uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
es que quien la instaure se encuentre legitimado en la causa por activa para buscar
la protección de sus derechos fundamentales. Es decir, este presupuesto exige que
los derechos objeto de protección estén en cabeza del accionante y no, en principio,
de otra persona.

29. Asimismo, el Decreto 2591 de 1991, señala que los titulares de la acción de
tutela podrán solicitar el amparo constitucional11 (i) bien sea en forma directa, (ii) por

10 El 29 de agosto de 2025, se notificó al correo electrónico
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co. Ver índices 14 y 15 de samai.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-461 de 2021.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover
su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado).

30. De acuerdo con la Corte Constitucional, “cuando la acción de tutela se ejerce a
título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición.
La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional,
no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto
diferente”12. Por tanto, en estas hipótesis, se requiere de un mandato jurídico
específico para perfeccionar la legitimación en la causa por activa.

31. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha explicado que para adelantar el asunto
jurídico a través de un poder en materia de tutela tiene las siguientes características:
i) se trata de un acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado poder,
el cual se presume auténtico; ii) cuando se trata de un poder especial, tiene que ser
específico, de modo que aquel conferido para la promoción o para la defensa de los
intereses en un determinado proceso no se entiende otorgado para la promoción de
procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen
en el proceso inicial; iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un
profesional del derecho y se encuentre habilitado con la tarjeta profesional. Es decir,
que la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela
acredita ser abogado titulado y se anexa el poder especial respectivo, por tal motivo
no se puede hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el
amparo constitucional13.

32. Pues bien, de conformidad con lo anteriormente mencionado, la legitimación por
activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado
titulado y anexa el correspondiente poder especial, es decir que no se puede
pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el
amparo constitucional, porque este se confiere para un fin específico y determinado
con la finalidad de representar los intereses del accionante en punto de los derechos
fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos
hechos concretos que dan lugar a unas pretensiones14. Incluso la Corte
Constitucional ha sostenido de manera expresa, que “cuando la acción de tutela se
ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su
interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo
constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un
asunto diferente”15.

12 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1997.
13 Algunas de las sentencias de la Corte Constitucional en las que se precisa estos argumentos son
la T-020 de 2016, T-417 de 2013, T-531 de 2002, entre otras.
14 Sentencia T-001 de 1997.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997. M.P: Dr. José Gregoria Hernández Galindo.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

33. En el caso bajo estudio, el abogado Gildardo Cárdenas Morales interpuso acción
de tutela, en nombre propio y en representación de los ciudadanos Guillermo
González Morales, Ingrid Katherine Rodríguez González, Edison Fernando
González Rodríguez, Yolima González Morales y Diego Alejandro Mora González.
Lo anterior, por la supuesta vulneración al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad humana y a “la libertad
personal”16, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta.

34. Ahora bien, se advierte que el señor Gildardo Cárdenas Morales no allegó un
poder válido de conformidad con los requisitos establecidos por la Corte
Constitucional. A través de Auto del 12 de agosto de 2025, el despacho sustanciador
lo requirió con el fin de que allegara el poder para ejercer la representación judicial
de ciudadanos Guillermo González Morales, Ingrid Katherine Rodríguez González,
Edison Fernando González Rodríguez, Yolima González Morales y Diego Alejandro
Mora González. Lo anterior debido a que (i) decía actuar en causa propia porque la
sentencia objeto de debate le atribuía responsabilidades procesales. Además, que
estaba en contravía de sus derechos fundamentales; y (ii) no obraba un poder
especial en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional, a través del
cual se hubiera designado como apoderado de la acción de tutela frente a los
demandantes del proceso ordinario.

35. No obstante, pese al requerimiento anteriormente mencionado, el abogado
Gildardo Cárdenas Morales el 19 de agosto de 2025 allegó un memorial en el cual
explicaba lo siguiente:

“Respuesta al primer requerimiento:

La sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Meta, fundamenta en gran medida su decisión en un supuesto descuido de
mi parte, consistente en no haber allegado determinadas actuaciones
procesales dentro de la causa penal adelantada contra el señor Guillermo
González. Se menciona, en particular, la ausencia de los audios de las
audiencias, y se afirma que en el plenario no existen elementos suficientes para
concluir que, al momento de imponerse la medida de aseguramiento, esta
carecía de los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la ley.

Considero que tales afirmaciones del Tribunal afectan de manera directa mi
dignidad humana y profesional, mi honra y mi buen nombre1, al transmitir
erróneamente a mis representados la idea de que actué con falta de integridad,
honestidad, respeto y competencia, y que descuidé sus intereses por una
supuesta omisión de mi parte. En realidad, las pruebas fueron aportadas de
conformidad con la extensa jurisprudencia de los órganos de cierre, en casos
análogos al presente, cuando la persona sindicada resulta ser inocente, al no
haber obrado con dolo ni tener conocimiento del delito por el cual se le privó de
la libertad.

Dado que no tengo otra oportunidad procesal para controvertir las
consideraciones del Tribunal, me vi en la necesidad de acudir al amparo
constitucional en causa propia y en nombre de mis poderdantes originarios, de
quienes se pretende también, el amparo de sus derechos fundamentales al
Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Igualdad, Libertad y

16 Ver pág. 6 del escrito de tutela.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Dignidad Humana de los afectados, y todos aquellos derechos fundamentales
que en consideración del Juez hayan sido vulnerados, como se solicitó en el
escrito de tutela.

Vale la pena destacar que el juez de primera instancia sí valoró adecuadamente
las pruebas aportadas y dio cumplimiento a los lineamientos reiterados por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional en casos semejantes al presente.

Adicionalmente, me asiste un interés directo, toda vez que mis honorarios
profesionales dependen del resultado de la decisión de fondo en el proceso de
Reparación Directa, en atención al ejercicio profesional desplegado durante el
amplio debate jurídico.

Respuesta al segundo requerimiento:

La demanda de Reparación Directa fue presentada en marzo de 2019, es decir,
han transcurrido aproximadamente seis (6) años desde que los demandantes
me otorgaron poder. Durante ese tiempo mantuve comunicación constante con
ellos; sin embargo, desde hace cerca de dos (2) años dejaron de responder a
mis llamados, lo que me ha impedido informarles directamente sobre el fallo de
segunda instancia y exponerles las opciones legales disponibles para la
protección de sus derechos fundamentales, en atención a las irregularidades
que, en mi concepto, contiene dicha providencia.

No obstante, he desplegado las gestiones necesarias para ubicarlos: remití
comunicación a la dirección registrada en San Martín (Meta), envié correo
electrónico a la señora Katherine — el cual fue rechazado— y realicé llamadas
al número telefónico del señor Guillermo González, como lo indiqué en el escrito
de tutela. Todas estas actuaciones resultaron
infructuosas.

Considero que la imposibilidad de contactar a mis representados y de obtener
un nuevo poder no debe erigirse en causa de rechazo del amparo
constitucional. En cumplimiento de las obligaciones que la Ley 1123 de 2007
impone a los abogados, y en virtud de las facultades supralegales que la
Constitución, la ley y la jurisprudencia reconocen al juez de tutela, he
promovido la presente acción con el único propósito de que, bajo el
conocimiento de su Despacho, sea admitida y se garantice el examen de fondo.

Ello permitirá un debate jurídico serio y transparente, en el que el Tribunal
Administrativo del Meta contará con la oportunidad procesal de responder y
defender su decisión. Será entonces el juez de tutela quien determine si los
derechos fundamentales de los demandantes fueron vulnerados y si, en la
sentencia de segunda instancia, sus derechos sustanciales se vieron relegados
frente a los meramente procesales. En caso de no admitirse la acción, la
situación de indefensión se mantendría, en abierta contradicción con la función
garantista que la Constitución atribuye al juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, con el debido respeto solicito se admita la Acción de
Tutela contra la sentencia de segunda instancia del 20 de febrero de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta”17.

36. Con base a lo anterior, es preciso colegir que no se allegó un mandato cuyo
objeto fuera específico y determinado de representación de los intereses de los
demandantes del proceso de reparación directa respecto de los derechos
fundamentales que se alegan en esta ocasión.

17 Ver índice 9 de samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

37. Así las cosas, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la
representación de otra persona, la informalidad propia de este mecanismo de
protección constitucional implica la ausencia de requisitos mínimos de
procedibilidad, como la legitimación en la causa por activa18. Esta exigencia cobra
mayor relevancia cuando quien presenta la solicitud es un abogado, lo que resulta
inexcusable, pues la Ley y jurisprudencia han facilitado el otorgamiento de un poder
a estos profesionales del derecho. Es claro que el poder no se puede entender
conferido sin mandato expreso ni sin el cumplimiento de los requisitos legales y
jurisprudenciales para un proceso determinado, con mayor razón si se trata de una
acción de tutela.

38. Por tal motivo, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa del
abogado Gildardo Cárdenas Morales frente a los tutelantes mencionados.

39. De otra parte, se advierte que el señor Gildardo Cárdenas Morales mencionó
dentro del escrito en el cual subsanó la solicitud de amparo que, la decisión proferida
por el Tribunal accionado afectó de manera directa su dignidad humana y
profesional, así como su honra y buen nombre. Lo anterior basado en que actuó con
falta de integridad, honestidad, respeto y competencia, pues no existió una omisión
de su parte.

40. No obstante, al revisar la sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, no se encontró ningún cuestionamiento respecto
del abogado Gildardo Cárdenas Morales, en el cual se manifestara alguna situación
respecto de la prestación de sus servicios como abogado, así como tampoco un
llamamiento al profesional del derecho por las actuaciones realizadas durante el
proceso de reparación directa. Por tal motivo, no se evidencia que la sentencia
pueda siquiera amenazar, poner en riesgo y menos vulnerar esos derechos
fundamentales en cabeza del actor. En efecto, salta a la vista que el actor carece
de interés en el caso, ya que sus potestades subjetivas de la honra y buen nombre
no son tratadas ni puestas en discusión en el fallo cuestionado.

41. Sin perjuicio de lo anterior, aún y si se considerara satisfecho el requisito de
legitimación en la causa por activa. La Sala estima que la acción de tutela no cumple
con el requisito de relevancia constitucional. En virtud de la garantía del acceso a la
administración de justicia de la parte accionante, se estudiará la relevancia
constitucional y si lo supera en el presente caso, tal como se explicará a
continuación.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

42. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200518, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

18 Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2013.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

43. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar19; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela20, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional21 o el Consejo de Estado22, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-23; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable24 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

44. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

45. La Corte Constitucional indicó25 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una
acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional
en el eventos en que se pretende reabrir el debate26: (i) el debate debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

46. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia27.

Caso concreto

47. La Sala de Subsección considera que la acción de tutela de la referencia carece
de relevancia constitucional, pues el señor Gildardo Cárdenas Morales acudió a la
acción de tutela, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los
ciudadanos Ingrid Katherine Rodríguez González, Edison Fernando González
Rodríguez, Yolima González Morales y Diego Alejandro Mora González. Lo anterior
bajo el argumento de que la sentencia proferida por el Tribunal del Meta vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
a la igualdad, a la dignidad humana y a “la libertad personal”19 al desconocer
reiteradas disposiciones de los órganos de cierre sobre la prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal, sin que se hubiere realizado un análisis adecuado de los
motivos por los cuales se dio lugar a la preclusión de la investigación. Sin embargo,
se advierte que este mecanismo se utilizó como tercera instancia para reabrir el
debate procesal que ya se surtió en dos instancias. Examinada la demanda, se
verifica que los argumentos planteados como cargos de validez de la decisión, en
realidad cuestionan la valoración normativa y probatoria realizada por el Tribunal
Administrativo del Meta.

48. Al respecto, el ad quem encontró que la parte demandante no cumplió con su
carga probatoria y no se logró acreditar la existencia del daño antijurídico, porque
se limitó a aportar actas de audiencias, en las que constan los argumentos que
prima facie sustentaron la imposición de la medida de aseguramiento. Pues a su
juicio no podría el juez relevar de sus obligaciones a las partes y subsanar sus
yerros, cuando lo cierto es que les corresponde a las partes a probar el supuesto de
hecho de sus pretensiones. Además, que con los hechos investigados permitía
concluir que resultaba plausible la imposición de la medida, y que, si bien no
resultaba suficiente para determinar la misma, si contó con pleno respaldo
probatorio.

49. De otra parte, argumentó que, si se tuviera por acreditado el daño, se podría
haber estudiado la responsabilidad de un tercero como causa exclusiva del daño,
porque el señor Yinfer Alexis Sánchez reconoció que instrumentalizó al señor
González Morales. Pero cuando contó con las posibilidades de obtener algún
beneficio con el ente instructor, mencionó la no intervención del demandante en los
hechos investigados.

50. Igualmente, determinó que había pocos elementos de conocimiento aportados
que terminaran por reafirmar la hipótesis de inexistencia de responsabilidad de la
Administración, porque apuntan a la legalidad de las decisiones y actuaciones

19 Ver pág. 6 del escrito de tutela.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

judiciales, destacando el posible hecho generador de un daño a un tercero ajeno al
presente proceso.

51. Señalado lo anterior, en las sentencias SU-033 de 201820, SU-128 de 202121 y
la SU-215 de 202222, la Corte Constitucional indicó que la acción de tutela es
improcedente por falta de relevancia constitucional, cuando se utiliza para
cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de índole legal que ya
fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada
como una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos 34. Se
afirma que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”.

52. La Sentencia SU-128 de 2021 precisó que no es suficiente con que la parte
actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título
de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales”.

53. De esta manera, las providencias de unificación citadas indican que el juez de
tutela debe declarar improcedente la acción cuando: (i) la misma no tiene el alcance
para desarrollar la constitución política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y,
(iii) que no se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales.

54. En el caso de la referencia, la Subsección concluye que la parte actora: (i) se
limita a presentar las razones de disenso normativo con la decisión atacada; (ii) no
muestra la manera en la que se vulneró un derecho fundamental ni cómo esa
interpretación constituyó un defecto que amerite la intervención del juez de tutela; y
(iii) acude a la acción de tutela para ventilar razones que fueron discutidas dentro
de las instancias del proceso, y en esa medida, se utiliza la acción constitucional
como una tercera instancia para cuestionar la conclusión razonable de la autoridad
judicial demandada.

55. En este contexto, la tutela ejercida por la parte accionante busca prolongar el
debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario, situación que
claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no hay argumento

20 M.P. Alberto Rojas Ríos.
21 M.P. Cristina Pardo Schlesinger
22 M.P. Natalia Ángel Cabo

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04923-00
Accionante: Gildardo Cárdenas Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina relevancia
constitucional.

56. Por su parte, en relación con los derechos a la honra y buen nombre, no se
evidencia una carga argumentativa que individualice la vulneración de sus derechos
fundamentales ni las situaciones que constituyen la vulneración de estos. Por ende,
la tutela también carece de relevancia constitucional en este aspecto.

57. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la Subsección declarara la falta
de legitimación en la causa por activa del señor Gildardo Cárdenas Morales y si aún
no fuera suficiente, se declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del abogado Gildardo Cárdenas Morales, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, de acuerdo con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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