Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04925-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04925-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04925-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04925-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
13 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04925-01
Demandante: Adolzaida Rentería Abadía
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 13 de noviembre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04925-01
Demandante: ADOLZAIDA RENTERÍA ABADÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sustitución pensional. Improcedencia
de la acción de tutela. Requisito general de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 15
de septiembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que declaró improcedente la presente acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 8 de agosto de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Adolzaida Rentería Abadía pidió la protección de sus derechos fundamentales
a la seguridad social, al debido proceso y a la igualdad, así como la aplicación del
principio a la confianza legítima.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 28
de mayo de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de
Decisión, que revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
27001-33-33-001-2020-00037-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso, igualdad,
protección reforzada a sujetos especiales y el principio de confianza legítima de la señora ADOLZAIDA
RENTERÍA ABADÍA, de conformidad con las razones expuestas en el libelo accionante vulnerados por
la SALA PRIMERA DE DECISIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL CHOCÓ y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.
SEGUNDO: DEJAR sin efecto la sentencia número 76 del 28 de mayo de 2025, proferida por la SALA
PRIMERA DE DECISIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CHOCÓ y en consecuencia ORDENARLO que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la
providencia que ponga fin a la acción constitucional, profiera Sentencia de remplazo en la cual atienda
lo expresado y se ajuste al ordenamiento jurídico, reconociendo y ordenando pagar la pensión de
sobrevivientes a la señora ADOLZAIDA RENTERÍA ABADÍA, en calidad de cónyuge del señor LUIS
ENRIQUE PARRA MURILLO. (Q.E.P.D.)
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04925-01
Demandante: Adolzaida Rentería Abadía
Manifestó la tutelante que convivió en matrimonio con el señor Luis Enrique Parra Murillo
desde el 9 de febrero de 1979 hasta el 15 de enero de 2019, fecha de su fallecimiento.
Que el señor Parra Murillo nació el 20 de septiembre de 1944 y prestó sus servicios como
docente en el departamento del Chocó, por lo que el 20 de septiembre de 1994 cumplió
20 años de servicio.
Que al señor Luis Enrique le había sido reconocida una pensión a través de la Resolución
014874 del 13 de diciembre de 1995, expedida por la extinta Caja Nacional de Previsión
Social (CAJANAL). Que, igualmente, se le había reconocido otra pensión a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la Resolución 0536
del 22 de noviembre de 1999.
El 15 de febrero de 2019, la señora Rentería Abadía pidió a la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales (UGPP) que le reconociera la sustitución de la pensión otorgada
al señor Parra Murillo en la Resolución 0148874 del 13 de diciembre de 1995.
Mediante la Resolución RDP 014410 del 10 de mayo de 2019, la UGPP denegó la
solicitud relacionada en el párrafo anterior, al considerar que al causante no le asistía
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, debido a que había sido reconocida con
la inclusión de tiempos de orden nacional y, en consecuencia, tampoco había lugar al
reconocimiento de la sustitución pensional pretendida.
Por otro lado, la tutelante, el 29 de abril de 2019, solicitó que se le reconociera la
sustitución de la pensión reconocida al señor Luis Enrique en la Resolución 0536 del 22
de noviembre de 1999 (que consideró la tutelante que se trataba de una pensión gracia).
Luego, el 13 de diciembre de 2019, a través de la Resolución 3354, la Secretaría de
Educación del departamento del Chocó reconoció esa prestación.
3.2. Actuación judicial
La señora Adolzaida Rentería Abadía promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), para que se
declarara la nulidad de la Resolución RDP 014410 del 10 de mayo de 2019. A título de
restablecimiento del derecho pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes desde la fecha en que se suspendió el pago de las mesadas
del causante y en una cuantía del 75% de la totalidad de los factores devengados durante
el año anterior a la fecha en que adquirió el status pensional.
La demanda se adelantó bajo el radicado 27001-33-33-001-2020-00037-00 y
correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó que, por auto del 18 de febrero
de 2020, la admitió y ordenó notificar a la UGPP.
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) contestó la demanda e insistió
que el causante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión objeto de controversia,
porque, segundo dijo, el señor Parra Murillo laboró la mayor parte del tiempo bajo un
nombramiento de carácter nacional y no acreditaba el tiempo de servicio requerido en el
orden departamental o distrital.
Por sentencia del 28 de junio de 2024, el mencionado juzgado accedió a las pretensiones
de la demanda, al estimar que, en primer lugar, la prestación reconocida por la UGPP no
era una pensión gracia y, por el contrario, se trataba de una pensión ordinaria de
jubilación.
En segundo lugar, que se encontraban probados los requisitos para el reconocimiento
pretendido, debido a que se había acreditado el vínculo matrimonial y la convivencia por
43 años, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que, según
dijo, resultaba aplicable porque el fallecimiento del causante había ocurrido en vigencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04925-01
Demandante: Adolzaida Rentería Abadía
de esa ley y la pensión reconocida no se encontraba dentro de las excepciones
establecidas en el artículo 279 ibidem.
Que, si bien la demandante gozaba de una sustitución pensional reconocida por la
Secretaría de Educación del departamento del Chocó, lo que en principio sería contrario
a los postulados constitucionales que prohíben recibir doble remuneración del erario, lo
cierto era que esa asignación estaba exceptuada expresamente de esa prohibición, de
acuerdo con el literal c) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992.
Inconforme, la entidad demandada apeló y manifestó que la pensión reconocida al
causante a través de la Resolución 014874 del 13 de diciembre de 1995, expedida por la
extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) era una pensión gracia y que el
señor Luis Enrique Murillo no tenía derecho a esa prestación porque no había acreditado
20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado.
Por sentencia del 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera
de Decisión, revocó la decisión apelada, para, en su lugar, denegar las pretensiones de
la demanda.
Explicó que, contrario a lo afirmado por el a quo, la pensión cuya sustitución se pretendía
sí se trataba de una pensión gracia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, que precisaba que la pensión gracia solo era reconocida por la
Caja Nacional de Previsión Social.
Que el causante no cumplió el requisito de 20 años de servicio con tipo de vinculación
nacionalizado o territorial para que fuera beneficiario de esa prestación, que, en
consecuencia, no había lugar al reconocimiento y pago de la pensión post-mortem en
favor de la demandante.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada << incurre en los
defectos fáctico, material o sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
y violación directa de la Constitución, y se avala el actuar irregular de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, que desconoció el principio de
confianza legítima, seguridad social y debido proceso, igualdad y protección reforzada a sujetos
especiales,(…)>>.
Dijo que la autoridad judicial demandada desconoció cual era la finalidad de la pensión
de sobreviviente, que, según dijo, va dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo
económico que brindaba el causante y evita que su deceso se convierta en un cambio
sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de
esa prestación.
Que se debía acudir a la sentencia T-136 de 2019 dictada por la Corte Constitucional
para resolver la controversia, porque el tribunal demandado se había extralimitado en sus
funciones, puesto que solo debía analizar el cumplimiento de los requisitos para
reconocer la sustitución pensional y no revisar el reconocimiento de la pensión
reconocida al causante.
Que la sentencia T-779 de 2014, proferida por la Corte Constitucional, señalaba que la
pensión gracia era un derecho de carácter especial y autónomo frente al régimen
pensional ordinario, por su condición de derecho adquirido. Que, de acuerdo con la
sentencia T-411 de 2016 dictada por la Corte Constitucional, la UGPP debió acudir ante
la jurisdicción ordinaria a pedir la nulidad de la pensión decretada al causante, pero que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04925-01
Demandante: Adolzaida Rentería Abadía
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió no era el escenario
para debatir la legalidad de la prestación reconocida al señor Luis Enrique Murillo.
Que es un sujeto de especial protección constitucional, debido a que tiene 73 años.
5. Intervenciones
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela y que se ordenara su desvinculación o que se denegara
el amparo deprecado.
Señaló que la acción de tutela se utilizaba como una instancia adicional del proceso
ordinario, para cuestionar decisiones del juez natural de la causa. Que no existió
vulneración de los derechos fundamentales reclamados y que, por el contrario, a la parte
actora en el proceso ordinario se le garantizaron sus derechos de defensa y
contradicción. Que existía cosa juzgada y que no era la entidad competente para
modificar decisiones judiciales
El Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó remitió el enlace del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-33-001-2020-00037-00/01, pero
nada dijo sobre el fondo del asunto.
Los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó no se pronunciaron, pese a
que fueron debidamente notificados.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la solicitud
de amparo, al estimar que incumplía el requisito de relevancia constitucional, porque no
se desplegó una carga argumentativa suficiente, tendiente a demostrar yerros
constitucionales.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia,
para, en su lugar, decretar el amparo deprecado.
Argumentó que sí se satisfacía el requisito de relevancia constitucional, puesto que la
autoridad judicial demandada omitió el análisis de la norma aplicable al caso concreto,
porque el debate propuesto tenía importantes repercusiones para los derechos
fundamentales reclamados y el asunto no constituía una simple reiteración de
argumentos.
Que el tribunal demandado había incurrido en: i) defecto fáctico porque valoró de forma
incorrecta los elementos de juicio, que indicaban que existía un procedimiento para la
revocatoria directa de los actos dictados por la UGPP. Manifestó que lo procedente era
estudiar los requisitos para el reconocimiento de la sustitución pensional y que si la UGPP
consideraba que no se cumplían las condiciones para el reconocimiento de la pensión
gracia del causante se debía acudir al procedimiento previsto en el artículo 97 del
CPACA.
ii) Defecto sustantivo porque la decisión acusada se fundamentó en normas inexistentes,
debido a que, a su juicio, en el proceso objeto de tutela no era dable revocar la pensión
del causante.
iii) Decisión sin motivación porque el tribunal demanda no explicó el fundamento jurídico
de la decisión adoptada. Dijo que en la providencia acusada no se señaló porque la UGPP
podía desconocer el procedimiento establecido en el artículo 97 del CPACA y lo dispuesto
en la sentencia T-779 de 2014, T-411 de 2016 y T-136 de 2019 dictadas por la Corte
Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04925-01
Demandante: Adolzaida Rentería Abadía
iv) Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia T-779 de 2014, T-411 de 2016
y T-136 de 2019 proferidas por la Corte Constitucional, debido a que en el proceso
ordinario solo se debían estudiar los requisitos para decretar la sustitución pensional
pretendida y no los presupuestos que debió acreditar el causante para el reconocimiento
de su pensión.
Finalmente, dijo que cuando se pretenda controvertir las pensiones ya reconocidas, la
Ley 2381 de 2024 establecía que el derecho de acción debía ejercerse dentro de los
cinco años siguientes contados a partir de la concesión de la prestación, porque de lo
contrario se aplicaría el fenómeno jurídico de la caducidad.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, porque no satisface
el requisito general de relevancia constitucional. La parte actora no cumplió con la carga
mínima de argumentación respecto a las razones por las que la discusión que platea
reviste una clara, marca e indiscutible relevancia constitucional, ni cuestiona de manera
directa las razones de la decisión de la providencia cuestionada.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04925-01
Demandante: Adolzaida Rentería Abadía
El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.
En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta
de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».
Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que
motivó la solicitud de protección».
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por
qué el asunto reviste relevancia constitucional».
Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.
4. Análisis del caso concreto
La Sala empieza por precisar que alegaciones propuestos en la impugnación,
relacionados con la acreditación de los defectos fácticos, sustantivos, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y con la configuración del fenómeno jurídico
de la caducidad para controvertir pensiones ya reconocidas, se trata de argumentos
nuevos que no fueron expuestos en el escrito de tutela y, por lo tanto, la Sala no está
habilitada para pronunciarse al respecto, porque de hacerlo se afectaría el derecho de
defensa y contradicción de la parte demandada.
Ahora bien, la parte actora adujo que el tribunal demandado vulneró sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y a la igualdad al proferir la
sentencia de segunda instancia del 28 de mayo de 2025, que revocó la decisión de
primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-33-001-2020-00037-00/01.
A partir de los escasos argumentos presentados por la parte actora y conforme con lo
expuesto en el capítulo anterior, la Sala advierte que, tal como lo afirmó la decisión de
primera instancia, la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la demandante no cumplió con la carga mínima de
argumentación, respecto a por qué la discusión que platea reviste una clara, marcada e
indiscutible relevancia constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04925-01
Demandante: Adolzaida Rentería Abadía
Para la Sala, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa de explicar por qué
su solicitud de amparo trasciende las inconformidades que percibe de las decisiones
adoptadas por Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, en el
proceso ordinario. No presentó motivos suficientes dirigidos a evidenciar que la
providencia cuestionada afecta de manera grave sus derechos fundamentales.
El simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente para
tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es necesario, se
itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales alegados, pues <<la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel>>4.
Si bien, la parta actora en el escrito de tutela señaló que la autoridad judicial demandada
había incurrido en defecto fáctico, sustantivo, en decisión sin motivación, en
desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución, lo cierto es que
no presentó ningún argumento dirigido a evidenciar la configuración de esos vicios de
fondo. Además, se advierte que con ellos tampoco cuestiona de manera directa las
razones de la decisión que ahora cuestiona.
En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia de
primera instancia, porque la solicitud de amparo no cumple el requisito de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
4 Corte Constitucional, sentencia Su- 573 de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.