Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04928-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Nulidad y restablecimiento del derecho: contrato realidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04928-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04928-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04928-01
Accionante: DANNYS PATRICIA RODRÍGUEZ MANJARRES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, entre otros / MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Contrato realidad / DEFECTO
FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se encuentran acreditados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Dannys
Patricia Rodríguez Manjarres, a través de apoderado, contra la sentencia del 25 de
septiembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y los
artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 8 de agosto de 2025, la señora Dannys Patricia Rodríguez Manjarres presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
“estabilidad laboral reforzada y a la primacía de la realidad sobre las formas en las
relaciones laborales”2.
Hechos relevantes
2. La señora Dannys Patricia Rodríguez Manjarres inició la relación laboral el 13 de
julio de 2012 con la Secretaría de Salud departamental del Cesar, a través de
contrato No. 2012-02-0688 suscrito entre el 12 de julio de 2012 y el 27 de diciembre
de 2012. De manera posterior suscribió diferentes contratos:
̶ Del 3 de abril al 31 de diciembre de 2013, a través de contrato No. 2013-02-
0409.
1 Ingresó al despacho para fallo el 5 de noviembre de 2025.
2 Ver pág. 3 del escrito de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04928-01
Accionante: Dannys Patricia Rodríguez Manjarres
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
̶ Del 22 de enero hasta el 21 de agosto de 2014, a través de contrato No.
2014-02-0345 y luego de ser desvinculada en esa fecha, el 2 de octubre de
2014 inició otro contrato identificado con el No. 2014-02-1009 que finalizó el
31 de diciembre de 2014.
̶ Del 15 de abril al 29 de diciembre de 2015, a través de contrato No. 2015-02-
0744.
̶ Del 13 de abril al 12 de diciembre de 2016, a través de contrato No. 2016-02-
0769.
̶ Del 1° de abril al 24 de diciembre de 2017, a través de contrato No. 2017-02-
0800-1 modificado por el No. 2017-02800-1 del 29 de noviembre de 2017.
̶ Del 24 de enero al 23 de julio de 2018 a través de contrato No. 2018-02-0639.
Luego firmó otro contrato del 5 de septiembre al 24 de diciembre del mismo
año a través de contrato No. 2018-02-2137.
̶ Del 5 de marzo de 2019, a través de contrato No. 2019-02-0851, sin
embargo, en noviembre le fue informado de manera verbal la terminación de
su relación contractual, a pesar de que en la certificación emitida por la
entidad demandada se indicó que el negocio jurídico finalizó el 4 de diciembre
de 2019.
3. A partir de una certificación No. 2014-0395-20 expedida por la EPS SANITAS, se
informó que la señora Rodríguez Manjarres sufría de enfermedades como el vitíligo
y el trastorno mixto de ansiedad y depresión como consta en su historia clínica. Esta
situación fue de conocimiento para el empleador, tanto así que para el año 2017
cuando fue contratada, sus cargas laborales fueron reducidas. Adicionalmente en
la actualidad sigue padeciendo de dichas complicaciones.
4. En diciembre de 2019, una vez finalizó el contrato con la señora Rodríguez
Manjarres y la Secretaría departamental de salud del Cesar, se generó su despido.
Esto pese a que no se podía realizar sin la autorización del Ministerio del Trabajo,
dada la condición de discapacidad que presentaba. Por lo que se debía dar visto
bueno a esta situación, lo cual configura un despido sin justa causa. A pesar de la
excusa dada por la entidad sobre la pandemia.
5. El 14 de octubre de 2020, la demandante presentó a través de correo electrónico
una solicitud con el fin de se reconociera un contrato realidad desde el año 2012 a
2019. A su vez, solicitó el pago de los emolumentos prestacionales causados a su
favor. Sin embargo, a través de comunicación del 6 y 11 de noviembre de 2020, la
Secretaría de Salud Departamental del Cesar respondió la misma de manera
negativa. Esto porque la relación contractual se regía por la Ley 80 de 1993, por ello
no se generaban consecuencias prestacionales.
6. Con base en lo anterior, la señora Dannys Patricia Rodríguez Manjarres presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Departamento del Cesar con el fin de (i) obtener la nulidad de los actos
administrativos contenidos en respuesta del 11 de noviembre de 2020 por parte de
la Gobernación del Cesar y el 6 de noviembre de 2020 emitido por la Secretaría de
salud del Departamento del Cesar en las que se negó el reconocimiento del contrato
realidad y el reintegro laboral, las indemnizaciones por despido injusto, daños
morales, aportes prestaciones dejados de cancelar en el periodo laborado y los que
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04928-01
Accionante: Dannys Patricia Rodríguez Manjarres
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
se causarán hasta el reintegro sin solución de continuidad hasta el momento de su
efectividad, (ii) declarar que entre el Departamento del Cesar – Secretaría de Salud
y la demandante existió un contrato de trabajo; (iii) el pago por parte de la
demandada, por los diferentes conceptos dejados de percibir; y (iv) que la condena
de carácter laboral fuera extendida hasta el momento en el que se hiciere efectivo
el pago, entre otros.
7. El proceso correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Valledupar que, mediante sentencia del 22 de agosto de 2022, tomó las siguientes
determinaciones (i) declaró probadas las excepciones denominadas: (a) legalidad
de los actos administrativos contenidos en los oficios del 6 y 11 de noviembre de
2020, emanados de la administración departamental, (b) falta de los elementos
constitutivos de la relación laboral y (c) inexistencia del derecho reclamado; (ii) negó
las pretensiones de la demanda; (iii) no condenó en costas y (iv) entre otros.
8. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue estudiado por el Tribunal Administrativo del Cesar, quien, a
través de providencia del 30 de enero de 2025, resolvió confirmar la decisión de
primera instancia y no condenó en costas.
9. A su juicio, la parte demandante no logró demostrar la configuración del elemento
de subordinación del contrato de trabajo. Asimismo, encontró que no existen
argumentos probatorios suficientes que le permitan formarse un convencimiento
sobre la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente entre las partes.
Pretensiones
10. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la primacía de la realidad sobre las
formalidades y al trabajo en condiciones dignas y justas de la señora DANNYS
PATRICIA RODRIGUEZ MANJARRES.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia
proferida el 30 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro
del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantado
por la señora DANNYS PATRICIA RODRIGUEZ MANJARRES en contra de la
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR y la SECRETARÍA DE
SALUD DEPARTAMENTAL, radicado bajo el número 20-001-33-33-005-2021-
00066-01.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior ORDENAR al Tribunal
Administrativo del Cesar, en un término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas, profiera una nueva sentencia de reemplazo en la que, corrigiendo los
defectos advertidos, aplique el principio de primacía de la realidad, y en
consecuencia el análisis hecho de las probanzas surtidas en el trámite judicial
adelantado por la accionante ante esa Corporación en la que se acojan las
pretensiones por estas indicadas en su escrito de demanda, conforme a las
previsiones aplicables en las normas procesales que rigen el asunto”3
3 Ver en la solicitud de amparo en la pág. 9
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04928-01
Accionante: Dannys Patricia Rodríguez Manjarres
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte demandante sostuvo que cumplió con los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Lo anterior bajo el
argumento que el presente asunto cumplía con (i) la relevancia constitucional, dado
que el tribunal accionado impactó directamente el núcleo esencial de sus derechos
fundamentales. Contra esa decisión (ii) no procede ningún otro medio de defensa;
(iii) la sentencia objeto de cuestionamiento fue notificada el 3 de febrero de 2025
misma que quedó ejecutoriada el 10 del mismo mes y año. Por tanto, el plazo
razonable, tendría como fecha límite para la presentación de la tutela el 14 de
agosto y fue presentada el 8 de agosto de la presente anualidad; (iv) hay una clara
identificación de los hechos y derechos vulnerados, así como los defectos
específicos y (v) no se trata de una sentencia de tutela.
12. En lo que se refiere al defecto fáctico, expresó que el Tribunal incurrió en una
omisión sistemática y una valoración arbitraria del acervo probatorio cuando se
presentaba (i) una evaluación manifiestamente irrazonable y fragmentada de la
prueba testimonial directa que acreditaba la subordinación; y (ii) hay una
subordinación deliberada en el análisis del robusto conjunto de indicios que
confirmaban la existencia de una relación laboral. De igual modo, precisó que
siempre estuvo controlada por los funcionarios de la entidad y no tuvo la autonomía
que caracteriza los contratos de prestación de servicios.
13. De otra parte, respecto del defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional y aplicación de la jurisprudencia de unificación, determinó
que si bien el Tribunal accionado citó la jurisprudencia relacionada, la desnaturalizó
por completo, al escoger una visión más restrictiva y formalista de la posición del
Consejo de Estado. Lo anterior, debido a que aplicó de manera mecánica la regla
de los treinta (30) días de interrupción (SUJ-025-CE-S2-2021). A su vez, reprochó
que la autoridad judicial accionada había ignorado las sentencias de la Corte
Constitucional como las sentencias T-392 de 2017 y T-040 de 2016, relacionadas
con la voluntad del empleador de mantener el vínculo y la naturaleza permanente
de la función.
14. También mencionó las sentencias SU-049 de 2017 y SU-087 de 2022
relacionada con la protección de estabilidad laboral reforzada por razones de salud
pero que se extiende a todas las modalidades de trabajo, incluyendo los contratos
de prestación de servicios. Por último, hizo referencia a la violación de la
Constitución Política en lo que se referencia a los derechos del trabajo, igualdad,
dignidad humana, a la condición de salud, entre otros.
Trámite procesal
15. Mediante auto del 20 de agosto de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Cesar como accionado y al Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar y el Departamento del Cesar, en calidad de terceros con interés en las
resultas del proceso, para que rindieran informe. Asimismo, vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04928-01
Accionante: Dannys Patricia Rodríguez Manjarres
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
interviniera en el presente asunto. A su vez, solicitó al Juzgado Quinto
Administrativo de Valledupar para que remitiera copia del expediente del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 20001-33-33-
005-2021-00066-00/01. Por último, reconoció personería al abogado Álvaro Marino
Pisciotti Hernández como apoderado de la parte accionante.
Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo del Cesar – Secretaría General indicó que, para
efectos del derecho a la defensa, se acogía a los fundamentos establecidos en la
sentencia del 30 de enero de 2025, proferida en ese proceso. De igual modo, allegó
el enlace y una copia del proceso de nulidad y restablecimiento identificado con el
radicado 2021-00066-014.
17. El Departamento del Cesar5 y el Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar6 no intervinieron pese a estar notificados.
Sentencia de primera instancia
18. Mediante providencia del 25 de septiembre de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al concluir que no
cumplía el requisito general de relevancia constitucional. Lo anterior por la falta de
carga argumentativa mínima que se exige en los casos en los que se alega que una
providencia judicial incurrió en un desconocimiento del precedente judicial.
19. La Sala precisó que los argumentos que sustentan el defecto fáctico constituyen
simplemente la reiteración de un debate previamente resuelto dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual excede el ámbito de competencia
del juez constitucional. Pues las pruebas con las que la demandante buscó
demostrar los elementos de existencia de una relación laboral – contrato realidad
con el Departamento del Cesar, demuestran la inconformidad frente a las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto.
20. De igual modo, en la violación directa a la Constitución, si bien la demandante
invoca derechos y principios constitucionales que considera infringidos, estos
argumentos también giran bajo el contexto de la relación laboral, aspectos ya
analizados por la autoridad judicial accionada. Además, pese a que invocó una
situación de salud, no la identificó de ningún modo, así como tampoco manifestó
porque la decisión atacada que denegó el reconocimiento de los salarios y
prestaciones derivadas del contrato de trabajo, desconoció tal precepto.
4 El enlace es el siguiente:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=20001333300520210
0066012000123
5 Se notificó el 21 de agosto de 2025 al correo electrónico notificacionesjudiciales@gobcesar.gov.co.
Ver índice 7 de samai en la primera instancia.
6 Se notificó el 21 de agosto de 2025 al correo electrónico
j05admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co. Ver índice 7 de samai en la primera instancia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04928-01
Accionante: Dannys Patricia Rodríguez Manjarres
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
21. Por último, en lo que se refiere al desconocimiento del precedente, esa Sección
a través de providencia del 19 de noviembre de 20217 sostuvo que cuando se trata
de acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega tal defecto,
como carga argumentativa mínima debe identificarse (i) la providencia desconocida;
(ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la
sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver y (iii) los
problemas jurídicos que en ambos casos deben ser análogos o similares. Sin
embargo, en el presente caso no identificó los problemas jurídicos que se
resolvieron ni tampoco efectuó una comparación entre los hechos estudiados en
esos asuntos para acreditar las reglas y subreglas aplicadas a su caso.
Impugnación
22. La parte accionante dentro de su impugnación explicó que la acción de tutela no
fue buscada como una tercera instancia, sino por el contrario lo que se solicita es
un juicio de validez sobre la decisión impugnada. Contrario a lo expuesto por el a
quo, se cuestionó la valoración probatoria de los testimonios que realizó el Tribunal.
Así como también se cuestionó que dicha Corporación (i) renunció al deber de
aplicar el principio in dubio pro-operario; (ii) omitió un criterio de análisis
jurisprudencial vinculante en la Sentencia C-614 de 2009; y (iii) desnaturalizó el
precedente del propio Consejo de Estado en su sentencia SUJ-025-CE-S2-2021.
23. Igualmente, el Tribunal evadió su deber ineludible de pronunciarse sobre el
argumento de la estabilidad laboral reforzada. Además, que en el escrito de tutela
al exponer la vía de hecho se hizo referencia a la condición de salud del poderdante
que fue acreditado en el proceso ordinario. Mismo en el cual se demostró los
padecimientos de vitíligo y trastorno mixto de ansiedad y depresión, los cuales se
aportó su certificación de la EPS.
24. En otro sentido, advirtió que se presentó un formalismo excesivo como barrera
al amparo judicial, dado que pasó por alto que no todos los precedentes judiciales
establecen reglas casuísticas que dependen de una estricta identidad fáctica.
Además, que exigió una comparación detallada de los hechos para aplicar la
providencia SU-049 de 2017 pese a su esencia misma. Igualmente, respecto de la
sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 el Tribunal aplicó la regla de manera aparente e
hizo lo contrario a la subregla clave de esa unificación del plazo de 30 días de
interrupción y obliga al juez a sopesar todos los elementos del plenario. Sumado a
lo anterior, precisó que la idoneidad para ese juicio no es la del especialista de
contratación estatal, sino la del especialista en la defensa de los derechos
fundamentales.
7 Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-
06983-00(AC).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04928-01
Accionante: Dannys Patricia Rodríguez Manjarres
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
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II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal Administrativo del Cesar, con la expedición
de la sentencia del 30 de enero de 2025, incurrió en un defecto fáctico y un
desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, “estabilidad laboral reforzada
y a la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales”8 de la
parte accionante? Lo anterior, al incurrir en (i) un defecto fáctico por la valoración
arbitraria del acervo probatorio, en especial de los testimonios expuestos por
algunos trabajadores; y (ii) el desconocimiento del precedente en especial la
sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del Consejo de Estado, así como las providencias
de la Corte Constitucional como la T-392 de 2017, T-040 de 2016, T-253 de 2015,
entre otras.
27. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y (ii) el caso concreto.
Requisitos generales de procedibilidad
28. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20059, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
29. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
8 Ibidem.
9 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
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sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional12 o el Consejo de Estado13,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-14; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable15 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en
la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
El requisito de relevancia constitucional
30. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
31. La Corte Constitucional indicó16 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
32. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate: (i) este debe recaer sobre un asunto
constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con
un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
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Referencia: Acción de tutela
la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir
debates exclusivamente legales.
33. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia17.
34. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 30 de enero de 2025, puso fin al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Además, los argumentos que constituyen
los derechos alegados no se encuadran en las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión18 ni unificación de jurisprudencia19; (ii) la acción se
presentó dentro del plazo razonable porque la providencia enjuiciada se notificó por
vía electrónica el 3 de febrero de 202520 y la tutela se interpuso el 8 de agosto del
mismo año; (iii) no se invoca una irregularidad procesal, por lo que este requisito no
es aplicable en esta oportunidad; (iv) se identificaron claramente los hechos
generadores de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, entre otros; y (v) no se trata de una sentencia de tutela, de
una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad por
parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado21 ni de una sentencia
interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la
Paz22.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
18 Conforme con las particularidades que rodean la presente controversia se advierte que este
recurso no resulta apto para restablecer de manera pronta y efectiva los derechos fundamentales
comprometidos. Su marco decisorio no privilegia la prevalencia del derecho sustancial sobre los
formalismos procesales, como sí lo hace la acción de tutela. En consecuencia, en el caso concreto,
dicho mecanismo no es idóneo ni eficaz para evitar la consolidación del perjuicio derivado de la
ausencia de una decisión de fondo, conforme con lo previsto en el artículo 250 del CPACA. Por
último, los defectos alegados por la parte demandante no pueden ser subsanados mediante las
causales previstas para este recurso extraordinario, pues no corresponden con la falta de
congruencia de la sentencia impugnada, los vicios o irregularidades probatorias, la comisión de
un hecho punible que haya hecho inducido en error al juez, los defectos procesales, la existencia de
mejor derecho de un tercero o la contradicción con la cosa juzgada.
19El recurso de unificación consagrado en el artículo 257 del CPACA depende de demostrar una
contradicción jurisprudencial relevante, presupuesto que aquí no es el problema central. En suma,
no es un medio idóneo ni eficaz para restituir el goce efectivo de los derechos invocados en el
asunto bajo examen.
20 Con base en el artículo 8 de la Ley 2213 de la 2022, la notificación se entiende surtida dos días
hábiles después del envío, lo que ocurrió los días 4 y 5 de febrero de 2025. Luego entonces, como
la sentencia fue proferida fuera de audiencia quedó ejecutoriada el 10 de febrero que corresponde a
los tres (3) días después de notificada, es decir los días 6,7 y 10 de febrero de 2025.
21 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
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Accionante: Dannys Patricia Rodríguez Manjarres
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
35. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales.
36. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección23, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con la valoración probatoria para declarar
la existencia de una relación laboral dentro de un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, aspecto que guarda relación con el derecho
fundamental a la seguridad social y al trabajo.
37. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”24 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales25”.
Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
38. La Sala modificará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
solicitud de amparo y en su lugar negará la solicitud de protección de derechos al
no encontrar configurado el defecto fáctico ni el desconocimiento del precedente,
por las razones que se explican a continuación:
39. Por medio de sentencia del 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del
Cesar adoptó las siguientes determinaciones: (i) confirmó las excepciones
propuestas de la legalidad de los actos administrativos acusados; y (ii) declaró la
falta de los elementos constitutivos de la relación laboral e inexistencia del derecho
reclamado. Al respecto, se advierte que la autoridad judicial accionada tuvo en
cuenta lo siguiente:
“(i) Prestación personal del servicio.
En cuanto a la prestación personal del servicio, en el expediente se tiene
acreditado que la señora DANNYS PATRICIA RODRIGUEZ MANJARRES
suscribió las siguientes órdenes de prestación de servicios con el
DEPARTAMENTO DEL CESAR – SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL, tal como consta en las certificaciones expedidas por la
Secretaría de Salud, así26:
23 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
24 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
25 Ibid.
26 Ver págs. 12 y 13 de la sentencia de segunda instancia.
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40. Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial demandada encontró que la
vinculación de la actora con el Departamento del Cesar – Secretaría de Salud
Departamental se dio entre el 13 de julio de 2012 hasta el 27 de noviembre de 2019,
cuando se terminó de forma verbal en el mes de noviembre de esa última anualidad.
De igual modo, en el expediente obra la certificación de la Tesorería General del
Departamento del Cesar en donde se hicieron unos pagos a la accionante entre el
mes de agosto de 2012 y noviembre de 2019, por tanto, el último pago se dio por el
periodo comprendido entre el 1° al 27 de noviembre de 2019.
41. Asimismo, determinó que si bien existía una remuneración, contrario a lo
afirmado por la accionante, no se logró probar el elemento de la subordinación en
la relación contractual, porque la señora Rodríguez Manjarres no actuaba bajo la
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dependencia y directrices del Departamento del Cesar – Secretaría de Salud
Departamental. Esto se debió a que la actora contaba con autonomía para
determinar el tiempo y el modo en el cual ejecutaba las actividades, según la Ley
80 de 1993. A juicio del Tribunal demandado, la demandante ejecutaba actividades
que no implicaban que estuvieran fijadas por el reglamento de la entidad.
42. En el mismo sentido, contrario a lo expuesto por la parte accionante, el Tribunal
demandado fundamentó su decisión bajo los lineamientos de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 202127 sin desconocer el
precedente aplicable. Esto porque analizó de manera directa los indicios de
subordinación, a saber:
(i) El lugar de trabajo El Tribunal Administrativo del Cesar luego de analizar los
contratos de prestación de servicios que obran en el
expediente, se encontró que el lugar de ejecución de estos
era en los 25 municipios del Departamento del Cesar.
Situación que fue afirmada por parte de los testigos, una vez
indicaron que sus funciones eran desarrolladas en
diferentes municipios, donde tenían que trasladarse y en la
oficina de Servicio de Atención a la Comunidad (SAC) de la
Secretaría de Salud Departamental, la cual estaba ubicada
en el Municipio de Valledupar.
(ii) El horario de labores Para referirse al horario de las labores, el Tribunal puso de
presente las manifestaciones de los diferentes declarantes:
a. En primer lugar, explicó que la señora Nerys Camargo
Daza señaló que cumplía horario como cualquier otro
empleado, es decir de 7:00 am a 12:30 pm o de 7:30 am
a 1:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm.
b. El señor Emil de Jesus Namen Carrera precisó que las
funciones de la accionante eran diferentes a las de él.
Además que, la señora Rodríguez Manjarres brindaba
un apoyo en la jornada laboral establecida desde las
8:00 am y la 1:00 pm, e incluso a veces iba de largo de
3:00 pm a 6:00 o 7:00 pm.
c. Lunis Mejía Bustamante afirmó que era contratista como
la demandante. Y como en el SAC28 el horario de
atención al público era de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00
pm a 6:00 pm.
Con base en estos testimonios, el Tribunal los consideró
insuficientes para demostrar la imposición de un horario
laboral, porque no se aportó ningún otro soporte probatorio
que corroborara una estricta exigencia por parte del
Departamento del Cesar – Secretaría de Salud
Departamental.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021.
28 Oficina de Servicio de Atención a la Comunidad de la Secretaría de Salud departamental del Cesar
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(iii) La dirección y Aunque la demandante quería demostrar subordinación con
control efectivo de las declaraciones de los testigos, estas no eran
las actividades a convincentes y ofrecían dudas frente a cómo se dieron los
ejecutar hechos. Pues las respuestas de tales testigos no fueron
precisas para demostrar que la señora Rodríguez Manjarres
se encontraba subordinada a las exigencias del
Coordinador del SAC o del jefe de la Oficina de
Participación Social.
En el mismo sentido, los testigos no hicieron referencia a
las órdenes específicas, llamados de atención o
memorandos que se le hubieran generado a la actora a
consecuencia de la ejecución de la relación laboral. Pues se
limitaron a reiterar que los jefes inmediatos de la señora
Rodríguez Manjarres, no fueron explícitos en quien impartía
las presuntas órdenes en los contextos de modo, tiempo y
lugar.
Sumado a que, los testigos no hablaron sobre un control
efectivo de sus actividades por parte de la supuesta jefe
inmediata. Lo que hace imposible determinar quién ejercía
la subordinación sobre la demandante con respecto a sus
funciones. Lo anterior resulta relevante porque la señora
Nerys Esther Camargo Daza manifestó que existía una jefe
y era la señora Yaneth Esmeral Ariza, mientras que las
demás personas eran coordinadores. Por parte del señor
Namen Carerra hizo precisión que había varios jefes, como
el secretario de Salud Departamental, en la Oficina de
Participación Social, la Dra. Janneth Esmeral Ariza y en el
SAC era el señor Héctor Fernando Moreno López.
Asimismo, Lunis Mejía Bustamante sostuvo que el jefe
inmediato era el señor Fernando Moreno, además que la
señora Janneth Esmeral Ariza lideraba el proyecto.
Luego entonces, estas manifestaciones afirman que
efectivamente se impartían órdenes, pero, estas no pueden
considerarse así. Esto porque se trata de las funciones que
se les asignaba para el cumplimiento de los contratos o la
supervisión de estos. Por lo que, la señora Esmeral Ariza se
puede determinar que es la jefe directa, al exigir
cumplimiento de los horarios y mencionaba lo que debían
hacer en relación de sus actividades. Pero lo anterior, quiere
decir que dicha jefe lo hacía para ejercer sus funciones de
supervisión sobre los contratos de prestación de servicios
profesionales suscritos entre la parte actora y la
administración.
43. Asimismo, en lo que se refiere al término de interrupción de los contratos
estatales de prestación de servicio y la definición del momento en el cual se inicia
el cómputo para determinar si hay una interrupción de la unidad contractual. De ser
así se presenta una prescripción de los derechos reclamados. el Tribunal aplicó el
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criterio unificado de la Sección Segunda del Consejo de Estado29. Allí se determinó
lo siguiente:
“(…) el momento a partir del cual debe computarse la prescripción
extintiva de los derechos derivados del contrato realidad (o relación
laboral encubierta o subyacente), según el cual esta tiene ocurrencia,
exclusivamente, cuando no se presenta la reclamación del derecho, por
parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la terminación del
vínculo develado como laboral, frente al examen de sus interrupciones,
debe acogerse un término de treinta (30) días hábiles como límite
temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios44, así entonces, en cualquier caso, de
establecerse la no solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha
declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo
contractual. En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o
no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos
celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los
derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido
generarse.”30
44. La anterior cita, resulta importante porque el Tribunal lo mencionó para hablar
sobre los periodos de tiempo, objeto y valores de los contratos suscritos entre la
accionante y el Departamento del Cesar – Secretaría de Salud Departamental, así
como la sentencia en unificación en mención, se determinó que entre uno y otro
contrato se presentaron interrupciones. No obstante, se puede ver que la prestación
de servicios no fue de manera permanente y continua desde el año 2012 hasta el
2019. Esto porque hubo interrupción de los contratos superior a 30 días por siete
veces. Es decir que el contrato de prestación de servicios se hizo con apego estricto
a lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993.
45. Por otra parte, en lo referente a las condiciones médicas de la demandante, se
determinó lo siguiente:
“(…) En definitiva, en el sub lite, la parte demandante no logró demostrar que la
prestación del servicio hubiese sido con ausencia de autonomía, pues, se
insiste, el cumplimiento de un horario y la obligación de llevar a cabo ciertas
instrucciones son condiciones válidas para el desarrollo de las funciones
asignadas, por consiguiente no hay lugar al estudio de las condiciones médicas
que coligan que la demandante fue desvinculada de la entidad pública con
ocasión a una estabilidad laboral reforzada siendo “funcionaria o servidora de
la entidad en la realidad”, pues, precedentemente se expusieron las razones
por las cuales no se considera como tal, sino contratista, lo cual no desmerita,
que tenga facultad de reclamar sus derechos fundamentales, tal como el de la
salud o estabilidad laboral reforzada ante el juez constitucional competente.”
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021. Sin embargo, estableció que aun cuando en la actualidad se aplica ese criterio también es
relevante la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sección Cuarta, Magistrado ponente: Dr. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, Bogotá, 16 de diciembre de 2013, Expediente Nº 11001-03-15-000-
2013-01015-01, Demandante: Jesús Bayona Gómez. Sentencia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda, el 23 de enero de 2014, dentro del expediente de tutela (acumulado) N° 2013-
01741
30 Ver pág. 19 de la sentencia de segunda instancia.
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46. En ese sentido, al no haberse demostrado la existencia de una subordinación
continua, requisito esencial para configurar una relación laboral, da cuenta que no
se reunieron todos los elementos necesarios para establecer la existencia de un
vínculo laboral.
47. De esta manera, lejos de acreditarse un desconocimiento del precedente, una
falta de valoración o una indebida valoración probatoria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta evidente que la demanda constituye una inconformidad
de la parte accionante con las conclusiones a las cuales arribó el juez de lo
contencioso administrativo al momento de resolver la segunda instancia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Inclusive, este
cuestionamiento no se relaciona con la desatención de una providencia judicial, por
lo que es inexistente el defecto de desconocimiento del precedente.
48. Sustento de esto, la Sala encontró que el defecto fáctico mencionado por la
parte accionante denota su inconformidad frente a la manera en la cual el tribunal
accionado revisó las pruebas. Mismas con las que se quería demostrar una relación
laboral con el Departamento del Cesar, pero no fue posible, debido a que no se
logró demostrar la configuración del elemento de subordinación del contrato de
trabajo. En cuanto al desconocimiento del precedente, la parte accionante hizo
mención a diferentes sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
Sin embargo, no realizó la respectiva carga argumentativa que fundamente por qué
en su situación jurídica se debía aplicar este precedente.
49. Por lo anterior, esta Subsección no encuentra que la decisión del 30 de enero
de 2025 haya incurrido en alguna de las causales específicas de procedibilidad,
toda vez que la valoración efectuada por el Tribunal Administrativo del Cesar se
basó en las pruebas y los testimonios aportados al plenario. Por ello, cualquier
pronunciamiento que realice el juez constitucional sobre las conclusiones a las que,
en derecho, llegó el juez natural de la causa, sería actuar más allá de su órbita de
competencia que confiere la acción de tutela.
50. En este orden de ideas, se modificará de decisión de la Sección Primera del
Consejo de Estado proferida el 25 de septiembre de 2025 que declaró improcedente
la acción de tutela, y en su lugar se negará el amparo solicitado por la señora
Dannys Patricia Rodríguez Manjarres.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Accionante: Dannys Patricia Rodríguez Manjarres
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Referencia: Acción de tutela
III. R E S U E L V E
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por la señora Dannys Patricia
Rodríguez Manjarres contra el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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