Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04941-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04941-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04941-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
14 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04941-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-15-000-2025-04941-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Tutela contra providencia judicial / providencia de la misma naturaleza / requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Francisco Javier
García Londoño en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Francisco Javier García Londoño, en nombre propio, presentó acción de tutela en la que
solicitó la protección del derecho al debido proceso, a la igualdad, a permanecer en
cargos públicos, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
que consideró vulnerado por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado,
con ocasión de la sentencia del 9 de julio de 2025 dictada en el marco de la acción de
tutela identificada con el radicado número 11001-03-15-000-2025-03173-00, mediante la
cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
2. Hechos
La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
2.1. El accionante promovió una solicitud de amparo constitucional en contra del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad,
al “juez natural, a la imparcialidad del juez y, a la tutela judicial efectiva”, con ocasión del
auto dictado por el ponente el 25 de marzo de 2025 mediante el cual, se negó el
impedimento manifestado por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez al interior de
la acción de tutela que se registró bajó el número 11001-03-15-000-2024-07030-01.
1 Ibidem / Actuaciones visibles en el expediente digital de la acción de tutela incorporado a SAMAI, en el siguiente
enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202503173001100103
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
2.2. La acción de tutela fue asignada por reparto a la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado bajo el radicado número 11001-03-15-000-2025-03173-00, autoridad
que profirió sentencia de primera instancia de fecha 9 de julio de 2025, mediante la cual,
declaró improcedente la solicitud del actor.
La autoridad accionada consideró que el asunto debatido no se encontraba previsto en
las excepciones de procedencia excepcional que ha desarrollado la Corte Constitucional
para discutir una sentencia de la misma naturaleza. Asimismo, señaló que en el auto que
resolvió la manifestación de impedimento del doctor Pardo Flórez se indicó que no se
veía comprometida la imparcialidad del consejero, en la medida que no se cuestionaba
la sentencia del 20 de agosto de 2021 de la Sala Especial de Decisión No. 025 del
Consejo de Estado, en la cual el magistrado fue el ponente.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional dejar sin efectos la sentencia del 9 de
julio de 2025 y que, en consecuencia, “se profiera una nueva Sentencia Judicial, en la
cual teniendo en cuenta los argumentos jurídicos planteados en el escrito de acción de
tutela con radicado 2025-03173-00 y el presente escrito de acción de tutela, se amparen
mis derechos fundamentales invocados como vulnerados por la Sección Tercera
Subsección B del Consejo de Estado: i) DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ
NATURAL. ii) DERECHO A LA IGUALDAD. iii) DERECHO DE ACCESO A CARGOS
PÚBLICOS. IV) DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A
UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA”.
Igualmente, solicitó “se me reintegre a la Dian al cargo de carrera administrativa que
tenía, sin solución de continuidad para todos los efectos legales y laborales”.
3.2. Como fundamento de sus peticiones el tutelante indicó que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 270 de 1996 las decisiones que adopten las
corporaciones judiciales requieren del voto de la mayoría de sus miembros. No obstante,
el auto del 25 de marzo de 2025, que decidió la manifestación de impedimento, fue
suscrito únicamente por el Consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez.
En punto de lo anterior, indicó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B “debió verificar, si el Auto de 25 de marzo de 2025, proferido dentro de la acción de
tutela No. 11001-03-15-000-2024-07030-01, mediante el cual se declaró infundado el
impedimento presentado por el magistrado Fernando Pardo Flórez, SE HABÍA
PROFERIDO CUMPLIENDO CON SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 270
DE 1996.; PERO NO APLICÓ LA FACULTAD EXTRA PETITA EN MATERIA DE TUTELA
Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SOLICITADOS”.
3.3. A partir de esto, indicó que el fraude en una sentencia de tutela se puede presentar
cuando el juez adopta una decisión derivada de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial, e indicó
que, para el caso particular, dicho fraude existe dado que el fallo cuestionado desconoció
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que el auto del 25 de marzo de 2025 debía ser dictado por la Sala de Decisión y no por
el magistrado ponente.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto el 19 de agosto del año en curso2 se admitió la acción de tutela y se
ordenó vincular como terceros con interés al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, a la Sección Segunda Subsecciones A y B y a la Sección Quinta.
Asimismo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B3 manifestó que estará
presto a atender la decisión que adopta la Sala de Decisión.
4.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A4 presentó informe en el que
indicó que, si bien no dictó la providencia cuestionada, esta si tiene relación con la
sentencia del 28 de marzo de 2019 mediante la cual se negaron las pretensiones
elevadas en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-03-25-000-2012- 00372-00, en contra de la cual han cursado otros procesos de
tutela.
4.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A5 señaló que no demostró
el fraude en la sentencia cuestionada y, además, que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, dado que el actor no presentó el recurso de impugnación.
4.5. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales6 solicitó que se declare la
improcedencia de las pretensiones, debido a que el actor pretende endilgar una
irregularidad sin fundamento, con el fin de anular la decisión adoptada por los
magistrados de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
4.6. El 5 de septiembre de 20257 se registró el en aplicativo SAMAI el proyecto de fallo
para estudio de la Sala. El Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó 8
impedimento el 14 de octubre siguiente para lo cual invocó la causal prevista en el artículo
56.1 del Código de Procedimiento Penal.
La ponente, a través de auto del 22 de octubre del año en curso declaró infundado el
impedimento9. Finalmente, el expediente ingresó al despacho el 5 de noviembre de 2025
para el trámite pertinente.
2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
3 Índice 00009 del aplicativo SAMAI.
4 Índice 00011 del aplicativo SAMAI.
5 Índice 00013 del aplicativo SAMAI.
6 Índice 00014 del aplicativo SAMAI.
7 Índice 00017 del aplicativo Samai.
8 Índice 00019 del aplicativo Samai.
9 Índice 00022 del aplicativo Samai.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Francisco
Javier García Londoño, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados,
dado que actuó como accionado en el trámite de tutela identificado con el número de
radicado 11001-03-15-000-2025-03173-00.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, puesto que actuó como juez de primera instancia
dentro del proceso mencionado y es su decisión a la que la parte accionante le atribuyó
la vulneración de sus garantías constitucionales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra una providencia de la
misma naturaleza. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente
a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.
4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones de la misma
naturaleza.
La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015 unificó la jurisprudencia al
respecto y, estableció que, por regla general el mecanismo constitucional es
improcedente para tal fin14, no obstante, admitió una forma excepcional de procedencia
cuando “(i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente,
que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación”.
En relación con la cosa juzgada fraudulenta (condición sine qua non para estudiar una
tutela impetrada en contra de otra), la decisión de unificación realizó las siguientes
consideraciones:
“(…) 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de
que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 También indicó que, “esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte
Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.
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principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en
ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del
cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión
del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible
distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden
específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto
de la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos
conforme a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que, respecto de la
orden, “se ha dicho que puede ser complementada para lograr el cabal
cumplimiento del fallo”. En este contexto, es posible que se configure el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido
formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un
negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito
a terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite
de revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104
de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor
jurídico, respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación
en el precepto fraus omnia corrumpit”
(…)
4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden
proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que la cosa
juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un medio para
alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones del Estado Social
de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos, basados
en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir que se
consoliden situaciones espurias15, bajo el argumento de la obediencia ciega a las
situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada
fraudulenta (…)”.
En la referida decisión, el alto tribunal constitucional también estableció la posibilidad de
promover la solicitud de amparo en contra de las actuaciones de los jueces de tutela,
anteriores o posteriores a la sentencia, bajo los siguientes lineamientos:
“(…) 4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en
la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional. (…)”.
15 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.
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4.2. Subsidiariedad
Resulta importante recordar que la subsidiariedad está definida expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela, en
los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º
numeral 1º del Decreto 2591 de 199116.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo
se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previsto para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial17.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no supera el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dictó fallo de primera
instancia de fecha 9 de julio de 2025, al interior del expediente de acción de tutela
identificada con el número de radicado 1001-03-15-000-2025-03173-00, mediante la cual,
declaró improcedente el amparo solicitado por Francisco Javier García Lodoño18.
5.2. Para efectos de notificación, la Secretaría General de esta Corporación envío
mensaje de datos el 23 de julio de 202519.
5.3. Las anotaciones del aplicativo Samai dan cuenta que el actor no presentó la
impugnación. En tal sentido, el expediente digital se remitió el 31 de julio 20 del año en
curso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5.4. A partir de lo anterior, es pertinente recordar que, conforme al artículo 3121 del
Decreto 2591 de 199122, el fallo de tutela podía ser impugnado por el accionante dentro
16“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
17 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
18 Índice 00025 del aplicativo Samai del expediente número 1001-03-15-000-2025-03173-00.
19 Índice 00028 del aplicativo Samai del expediente número 1001-03-15-000-2025-03173-00.
20 Índice 00029 del aplicativo Samai del expediente número 1001-03-15-000-2025-03173-00.
21 Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado
por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin
perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión.
22 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04941-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
de los tres (3) días siguientes a su notificación. No obstante, de la revisión de las
actuaciones registradas en el aplicativo Samai, se constató que el interesado no interpuso
el referido recurso.
5.5. En virtud de lo expuesto, y en atención a que la acción de tutela pretende que se
deje sin efectos la sentencia del 9 de julio de 2025, la Subsección estima que esta resulta
improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad. Aceptar lo contrario implicaría
sustituir los mecanismos establecidos por el legislador para la protección de los derechos
y suplir la omisión o falta de diligencia de la parte interesada, quien no hizo uso de estos
dentro del término correspondiente. Además, la parte actora no demostró la existencia
de un perjuicio irremediable que justifique la flexibilización de la regla de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Francisco
Javier García Londoño en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, por no superar el requisito de subsidiariedad, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
8
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