Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04944-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04944-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04944-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04944-00
Accionante: Gustavo Adolfo Ordóñez Gutiérrez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro.
Temas: Derechos debido proceso y trabajo en condiciones dignas.
Reliquidación de la asignación básica y de retiro de miembro de la
fuerza pública, según Sentencia C 931 de 2004. NEGAR
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Gustavo Adolfo Ordóñez
Gutiérrez, mediante apoderado, en contra del Juzgado 54 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.
ANTECEDENTES
El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo en condiciones dignas, a la seguridad social, al «[m]antenimiento
del Poder Adquisitivo del Salario» y a la seguridad jurídica, los cuales estima
vulnerados con las sentencias del 24 de mayo de 2024 y el 30 de enero de 2025,
proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-42-054-2023-00028-00 [01].
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Manifestó el actor que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación- Fuerza Aérea Colombiana y la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, a fin de que se ordene la reliquidación, el reajuste y el pago de lo siguiente:
• En el año 2004 del incremento equivalente a 2.49% resultado de la diferencia entre
la asignación mensual «según lo establecido en el Decreto de 4158 (sic) de 2004, y
la que realmente corresponde por ajustes de actualización conforme a la inflación
causada del año 2003».
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• Al 52.2543% «resultado de la diferencia entre la asignación mensual (Salario)
pagada por la entidad a partir del mes de enero del año 2005 y hasta la fecha de
retiro de la Institución del actor, conforme a los decretos de salarios expedidos por
el Gobierno Nacional».
Que el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá en sentencia del 24 de mayo de 2024
negó las pretensiones de la demanda; decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en providencia
del 30 de enero de 2025.
Que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos: sustantivo,
fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, por
no tener en cuenta los criterios objetivos definidos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C 931 del 29 de septiembre de 2004 expediente D-5125, por medio de la
cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2º de la Ley 848 de 2003,
y tampoco explicó por qué se apartó del precedente.
Además, citó el Auto núm. 291 de 2017 de la Corte Constitucional, el cual refiere
que hay ciertas órdenes que imparte dicha corporación que no solo determinan la
exequibilidad o inexequibilidad de una disposición legal, sino que constituyen una
obligación de hacer.
Que la Sentencia C 931 de 2004 «no solo se basa en la cuantía del correspondiente
rubro de gastos de funcionamiento propuesto por el Gobierno y aprobado por el
Congreso de la República al expedir el presupuesto anual, sino que hizo extensiva
la providencia, también a los decretos que, en desarrollo de tal estatuto del trabajo
y de la ley marco, profiere anualmente el Gobierno para fijar el reajuste del salario
de los servidores públicos».
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos las sentencias
del 24 de mayo de 2024 y el 30 de enero de 2025, proferidas, respectivamente, por
el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-054-
2023-00028-00 [01] y, en su lugar, ordenar al Tribunal que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación del fallo, profiera una nueva decisión, conforme a
derecho.
Adicionalmente, pide que 1) se declare la pérdida del poder adquisitivo al valor
porcentual fijado como sueldo básico del actor y que según «la Escala Gradual
Porcentual se encuentra establecido en el grado de grado (sic) de TENIENTE
CORONEL en un 52.3616%» y, 2) se ordene al ministro de Hacienda y Crédito
Público, al ministro de Defensa, al director del Departamento Administrativo de la
Función Pública, al director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y «a los
funcionarios que avocaron conocimiento y profirieron sentencia» en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, que:
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«(…) en evento público dé amplia difusión y publicación se dé a conocer
lo resuelto en la presente acción de tutela, siendo el mismo trasmitido a
través de los canales institucionales del Estado Colombiano (sic), y que
en dicho acto las autoridades deberán expresar sus responsabilidades, y
expresen las disculpas por la violación a que fue objeto el señor
GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ GUTIERREZ (sic) por parte del Estado
Colombiano (sic) desde el año 2005 al no ser restaurado su derecho a
mantener mi pensión acorde al derecho de mantener el poder adquisitivo,
tal como quedo ordenado en sentencia judicial C-931 del veintinueve (29)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 por la
Honorable Corte Constitucional».
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 12 de agosto de 2025 se dispuso su admisión y vincular como terceros
interesados a la Nación- Ministerio de Defensa- Fuerza Aérea Colombiana y Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) y se ordenó la notificación a las
autoridades judiciales accionadas.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá señaló que la sentencia
objeto de discusión se fundó en normas legales vigentes y en jurisprudencia
consolidada, en especial, se aplicaron los criterios establecidos por el Consejo de
Estado en relación con la competencia del Gobierno Nacional, para fijar los salarios
del personal activo de la Fuerza Pública mediante decretos ejecutivos.
En cuanto a la Sentencia C 931 de 2004 de la Corte Constitucional dijo que se
refiere a la actualización del poder adquisitivo de los salarios de los servidores
públicos, pero que no modifica el régimen especial de los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo, no establece un derecho automático al reajuste conforme
al IPC para quienes devengan más de 2 salarios mínimos legales mensuales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
adujo que es pertinente remitirse a la sentencia controvertida, en la cual se efectuó
el estudio detallado y razonado del acervo probatorio obrante en el expediente, así
como de las normas y jurisprudencia aplicables para decidir el asunto, incluida la
sentencia C-931 de 2004 que menciona el actor, por lo anterior, pidió negar el
amparo invocado.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL alegó que las providencias
cuestionadas no transgreden los derechos invocados por el actor, ya que el
demandante tuvo a su disposición los medios judiciales de defensa y se benefició
de todas las etapas procesales, por lo que, el hecho de no acceder a las
pretensiones de la demanda no necesariamente quiere decir que se esté incurriendo
en vía de hecho.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
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que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
Alega el accionante que el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D le
transgreden los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo en
condiciones dignas, a la seguridad social, al «[m]antenimiento del Poder Adquisitivo
del Salario (sic)» y a la seguridad jurídica, con ocasión de las sentencias del 24 de
mayo de 2024 y el 30 de enero de 2025.
A su juicio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos: fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución,
por inadvertir los criterios que impartió la Corte Constitucional en la Sentencia C 931
de 2004 y no acceder a las pretensiones de reliquidación de la asignación básica y
de retiro.
Téngase en cuenta que la providencia que será objeto de análisis por parte del juez
constitucional es la sentencia del 30 de enero de 2025, pues fue la decisión que
puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-42-054-2023-00028-00 [01].
Observa la Sala que la acción de tutela contra la providencia del 30 de enero de
2025 cumple los requisitos de procedencia, pues a) tiene relevancia constitucional
en la medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por incurrir en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, el
demandante argumentó suficientemente la solicitud; b) el accionante no cuenta con
otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito
de inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la providencia, fue notificada el 5 de febrero del año en curso y el 12
de igual mes y año cobró ejecutoria y la tutela se interpuso el 11 de agosto de 2025
y d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal en la sentencia cuestionada señaló que el problema jurídico a resolver
era determinar si la asignación básica mensual que el demandante percibió en
actividad, debe ser reajustada con el índice de precios al consumidor certificado por
el DANE, y además, todas las prestaciones percibidas y liquidadas posteriormente
con esa base, desde el año 1992 hasta el retiro del servicio, y no conforme al
principio de oscilación, y si como consecuencia de ello se tiene que reajustar su
asignación de retiro.
La autoridad judicial accionada adujo que la Constitución Política le otorgó al
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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Congreso de la República la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional de
las Fuerzas Militares, tal y como lo dispone el literal e del numeral 19 del artículo
150. El Congreso mediante la Ley 4 de 1992 delegó dicha función en cabeza del
Gobierno Nacional; en razón de ello, éste cada año expidió los decretos de reajuste
salarial «(122 de 1997; 058 de 1998; 62 de 1999; 2724 de 2000; 2737 de 2001; 745
de 2002; 3552 de 2003; 4158 de 2004…), mediante los cuales se liquidan los
salarios del personal en actividad de las Fuerzas Militares y de Policía, con sujeción
a la escala gradual porcentual, es decir, tomando como base el porcentaje de la
asignación básica del grado de General».
Por lo anterior, manifestó el Tribunal que al encontrarse la asignación básica de los
oficiales y los suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, sujeta a una escala
gradual, no es posible modificarla por decisión judicial.
Con respecto, a la pretensión del reajuste de la asignación mensual del actor, con
base en el aumento del IPC conforme a la Ley 100 de 1993, el Tribunal citó los
artículos 147 y 2798 de dicha ley para señalar que:
• Los miembros de la Fuerza Pública gozan de un régimen especial, razón por la
cual, el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993 no aplica para éstos.
• Los pensionados de las Fuerzas Militares no eran acreedores del reajuste de sus
pensiones, teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al
consumidor certificado por el DANE, sino como lo establece el Decreto 1211 de
19909, bajo el principio de la oscilación de las asignaciones y pensiones de los
miembros de la Fuerza Pública.
Trajo a colación la Sentencia C 432 de 2004 de la Corte Constitucional para indicar
que es procedente el reajuste de las asignaciones de retiro del personal de las
Fuerzas Militares, con base en el IPC, siempre y cuando:
«(…) el porcentaje de variación de que trata el principio de oscilación
fuere inferior al IPC, reajuste que operó durante los años siguientes a la
expedición de la Ley 238 de 1995 y hasta la expedición del Decreto 4433
de 2004, el cual corrigió el desequilibrio en el reajuste anual de las
asignaciones de retiro según el principio de oscilación, y en adelante
prohibió acogerse a normas que regulen ajustes para la Administración
Pública, a menos que así lo establezca expresamente la Ley (sic)».
De lo expuesto, concluyó que el incremento anual con base en el IPC, aplica
únicamente a las asignaciones de retiro o pensiones, y no a la asignación salarial
del personal activo.
7 «Artículo 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de
invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones,
mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada
año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal
mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho
salario por el Gobierno».
8 «Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros
no remunerados de las Corporaciones
Públicas»
9 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
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Descendiendo al caso concreto, adujo que se encuentra probado que el actor estuvo
vinculado como: 1) alumno oficial entre el 12 de enero de 1993 y el 30 de noviembre
de 1996 y 2) oficial de la Fuerza Aérea Colombiana desde el 1º de diciembre de
1996 hasta el 31 de julio de 2017, fecha para la cual fue retirado por solicitud propia.
Que mediante Resolución núm. 171 del 10 de noviembre de 2017 al actor se le
reconoció asignación mensual de retiro equivalente al 82% del sueldo básico
devengado en actividad.
Seguido a lo anterior, el Tribunal consideró que no le asiste razón al actor de solicitar
el reajuste de su asignación mensual conforme al IPC, ya que dicha asignación en
actividad debe ser reajustada conforme a los decretos anuales de aumento salarial
expedidos por el Gobierno Nacional para la Fuerza Pública.
El Tribunal precisó que acceder a lo pedido por el demandante implica extender lo
dispuesto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, es decir, que «ordena el
incremento anual de las pensiones, de conformidad con el IPC, a los miembros de
la Fuerza Pública y personal civil que se encontraban en actividad, sin que exista
ningún fundamento jurídico, ni legal que así lo disponga».
Adicionalmente, expuso que entre el periodo 1997 y 2004 el actor no fue afectado
con el desequilibrio del reajuste anual de las asignaciones de retiro «que se
presenta al aplicar el principio de oscilación y comparar los resultados teniendo en
cuenta el IPC», dado que dicho derecho le fue reconocido el 31 de enero de 2018
y, tampoco le es aplicable lo dispuesto en la Ley 238 de 1995, que adicionó el
parágrafo 4° del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, porque en esa fecha no estaba
percibiendo asignación de retiro.
El Tribunal citó las sentencias C- 815 de 1999, C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001
de la Corte Constitucional que se refieren sobre el poder adquisitivo del salario y
que el IPC no es la única variable económica que se debe tener en cuenta para
establecer el aumento anual de los servidores públicos, pues también es un
referente «la situación real del país, las finalidades de la política macroeconómica,
la ponderación racional del gasto público entre otra»10.
De igual forma, trajo a colación providencia del Consejo de Estado11 donde se
abordó un asunto similar, esto es, el reajuste salarial y de la asignación de retiro,
con fundamento en lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-931
de 2004.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal decidió confirmar la sentencia del 24 de
mayo de 2024 proferida por el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá, que negó
pretensiones de reajuste de la asignación básica devengada en actividad en los
años 1997 a 2004 con el IPC.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B". Radicación
No. 25000-23- 42-000-2015-06050-01(3602-17) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B". Sentencia del
30 de mayo
de 2024. Radicación: 25000-23-42-000-2021-00570-01. M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Al respecto, encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D en la providencia cuestionada mencionó decisión
de esta corporación, donde se concluyó que no era procedente el reajuste salarial
y de la asignación de retiro, con fundamento en lo establecido por la Corte
Constitucional en la Sentencia C 931 de 2004, en la medida que:
• Los miembros de las Fuerzas Públicas tienen un régimen especial, los incrementos
salariales se efectúan de acuerdo con lo que determine el Gobierno Nacional en
cada anualidad, tal y como lo consagra el artículo 13 de la Ley 4 de 1992.
• La Corte en dicha providencia estudió la constitucionalidad de la Ley 848 de 2003,
por medio de la cual se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para
el año 2004, por lo que no podría aplicarse siquiera a las vigencias anteriores, como
lo pretende el actor para los años 1997 a 2004.
Así las cosas, es claro para la Sala que la autoridad judicial accionada no incurrió
en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, ya que no desatendió los parámetros que estableció la Corte
Constitucional en la Sentencia C 931 de 2004, sino que el Tribunal analizó el caso
concreto y determinó que en el asunto no era aplicable la reliquidación de: 1) la
asignación mensual, con base en el IPC, dado que se trata de miembros de la
Fuerza Pública, quienes tienen un régimen especial y el incremento es de acuerdo
al principio de oscilación y, 2) la asignación de retiro, pues para la fecha en que el
actor adquirió dicho estatus, esto es, año 2018, ya no había desequilibrio, es decir,
que el incremento ordenado en los decretos del Gobierno fuera menor al IPC.
En cuanto al defecto fáctico la Sala advierte que el actor se limitó a mencionarlo,
pero no argumentó cuáles fueron las pruebas que el despacho omitió valorar o
decretar o sobre las cuales realizó una valoración defectuosa o contraevidente.
En consecuencia, se negará el amparo invocado por no configurarse los defectos
alagados ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor Gustavo Adolfo
Ordóñez Gutiérrez, en contra del Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
10
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