Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04954-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04954-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04954-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04954-00
Accionante: NELSON ISAZA SUÁREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN D Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – El accionante acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 11 de agosto de 20251 por Nelson
Isaza Suárez, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Juzgado 53
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda, Subsección D, al proferir las Sentencias del 31 de enero de
2022 y del 6 de febrero de 2025, respectivamente. A su juicio, dichas autoridades
judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad
jurídica, “al trabajo en condiciones dignas y justas, a la irrenunciabilidad de la
seguridad social en materia laboral, al derecho del mantenimiento del poder
adquisitivo del salario”.
ANTECEDENTES
1. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia
judicial, por lo que tendrá el siguiente orden en la exposición de los antecedentes:
(i) los hechos que dieron origen al proceso ordinario y el trámite de este; y (ii) los
argumentos que fundamentaron la interposición de la acción de amparo
constitucional, así como las pretensiones formuladas por el demandante.
Antecedentes del proceso ordinario
2. El tutelante manifestó que ingresó a la Policía Nacional en calidad de Subteniente
el 1 de noviembre de 1989. Posteriormente, el 8 de junio de 2014, se le reconoció
la asignación de retiro en el grado de coronel.
3. El demandante solicitó al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional el
reajuste de la asignación básica devengada durante el período comprendido entre
1992 y 2004. Mediante el acto administrativo S-2019-046982 del 13 de agosto de
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
lunes, 11 de agosto de 2025 con secuencia: 7977”
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Radicación número: 11001031500020250495400
Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
2019, la entidad negó la petición, argumentando que no existía decreto expedido
por el Gobierno Nacional que ordenara la reliquidación y reajuste de la asignación
mensual con base en la inflación causada.
4. Posteriormente, el solicitante elevó una solicitud similar ante la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional2, orientada a la reliquidación de su asignación de
retiro. Sin embargo, esta fue rechazada mediante el acto administrativo 496492 del
2 de octubre de 2019, bajo el fundamento de que entre los años 1992 y 2004, el
actor se encontraba en servicio activo, percibiendo sueldo y no asignación de retiro,
por lo cual no existía obligación de pago por concepto de reajuste de la asignación
básica mensual en función del índice de precios del consumidor3.
5. En consecuencia, el actor promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional y contra CASUR, al solicitar la nulidad de los actos administrativos
del 13 de agosto y 2 de octubre de 2019. Como efectos del restablecimiento del
derecho, elevó las siguientes peticiones: (i) Reajustar el incremento equivalente al
2,49%, correspondiente a la diferencia entre la asignación mensual efectivamente
pagada en los meses de enero a diciembre de 2004 y la que, en su criterio, debía
reconocerse con fundamento en la inflación causada durante el año 2003, (ii)
reajustar en un 52,2543% el salario reconocido a partir de enero de 2005 y hasta la
fecha de su retiro, porcentaje que afirma resulta de la aplicación acumulada del IPC
causado entre los años 1992 y 2004, (iii) Corregir la hoja de servicios del
demandante, de conformidad con los reajustes reclamados , (iv) liquidar y pagar las
diferencias prestacionales derivadas de los valores dejados de percibir, en particular
por concepto de cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones sociales y, (v)
adelantar las gestiones ante CASUR para que realice los trámites pertinentes en
materia de seguridad social, en atención a los reajustes que, en su criterio, le
corresponden.
6. El Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia del 31
de enero de 2022, negó las pretensiones de la demanda. La Sala concluyó que,
para las anualidades reclamadas, el actor ya había recibido los reajustes salariales
determinados por el Gobierno Nacional en aplicación de la Ley 4 de 1992 y de los
decretos expedidos en desarrollo de la política macroeconómica y fiscal.
7. El despacho resaltó lo dispuesto en la Sentencia C-1433 de 2000, según la cual,
el Gobierno no puede fijar incrementos salariales inferiores al IPC para quienes
devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo,
constató que el señor Nelson Isaza Suárez no cumplía esta condición, pues en
todas las anualidades su remuneración superaba ampliamente dicho umbral.
8. En consecuencia, el juzgado negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que el reajuste con base en el IPC para los años 1992 a 2004 opera sobre las
2 En adelante: CASUR.
3 En adelante: IPC.
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Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
asignaciones de retiro reconocidas antes o durante dicho periodo, y no sobre los
salarios devengados por el personal activo, como ocurre con el demandante.
9. El apoderado del actor apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su
revocatoria, al considerar que desconoció el precedente fijado en la sentencia C-
931 de 2004 de la Corte Constitucional, que ordena garantizar el poder adquisitivo
del salario de los miembros de la Fuerza Pública mediante su actualización con base
en la inflación causada y acumulada. Sostuvo que, conforme a dicho mandato, el
Estado debe realizar incrementos salariales iguales o superiores al IPC, por lo que
la decisión del Tribunal debía ajustarse a este criterio jurisprudencial.
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección D,
mediante providencia del 6 de febrero de 2025, confirmó la decisión de primera
instancia. La Sala concluyó que entre 1997 y 2004 el actor no resultó afectado por
el desequilibrio en el ajuste anual de las asignaciones de retiro derivado de la
aplicación del principio de oscilación con base en el IPC, toda vez que su asignación
de retiro solo le fue reconocida a partir del 8 de junio de 2014.
11. En esa medida, determinó que no le era aplicable la Ley 238 de 1995, que
adicionó el parágrafo 4° del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, pues dicha norma
protege exclusivamente a quienes percibían asignación de retiro durante el período
del desequilibrio esto es, de 1997 a 2004 condición que el demandante no cumplía.
12. Asimismo, citó la Sentencia C-931 de 2004, con el objetivo de señalar que el
derecho al mantenimiento del poder adquisitivo del salario no es absoluto y puede
ser limitado según el monto de los ingresos de los trabajadores. Afirmó, que en el
caso concreto desde el año 1992 el accionante tuvo derecho al incremento
porcentual decretado anualmente por el Gobierno Nacional en aplicación de la Ley
4 de 1992. En consecuencia, concluyó que resultaba improcedente acceder a la
reliquidación solicitada, toda vez que el actor no demostró que su asignación básica
o salario no hubiese sido objeto de dichos aumentos año tras año, por el contrario,
el salario del actor fue objeto de reajuste anual conforme al régimen aplicable y a la
escala salarial porcentual, por lo que no se configuró la vulneración alegada.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. El tutelante afirmó que la presente acción de amparo satisface los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sostuvo que las decisiones adoptadas por el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá
y por la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrieron en un defecto sustantivo, al omitir la aplicación de los
artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217, 218 y 230 de la Constitución Política, así como el
desconocimiento del precedente fijado en la Sentencia C-931 de 2004, mediante la
cual la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República y al Gobierno
Nacional actualizar los salarios de los servidores públicos conforme con la inflación
causada y acumulada, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.
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Radicación número: 11001031500020250495400
Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
14. Precisó que en dicha providencia la Corte consideró improcedente la
congelación de los ingresos de los trabajadores de rango medio y alto, y advirtió la
obligación de garantizar la actualización plena del poder adquisitivo real del salario.
Adicionalmente, manifestó que a partir del año 2005, el ajuste anual de las
asignaciones de retiro derivado del principio de oscilación con base en el IPC
adquirió carácter permanente. Finalmente, alegó un defecto fáctico, en tanto no se
valoraron las pruebas que demostraban la vulneración sistemática al núcleo
esencial del derecho al salario, generada por la pérdida progresiva de su poder
adquisitivo.
Pretensiones
Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“Con base en los hechos, fundamentos, argumentos y de lo probado en el medio
de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, solicito al
señor Presidente del Consejo de Estado, que previo al reparto de la presente
acción de tutela y de conformidad al artículo 2.2.3.1.2.4. del Decreto 1069 de
2015, para determinar la conformación de la sala de decisión con la cual se
avoque el conocimiento de la presente acción de tutela que se ejerce contra
actuaciones de la propia corporación, y con el fin de garantizar el debido
proceso, y al estar un numero plural de los Magistrados de dicha corporación
en inhabilidades e incompatibilidades por tener o haber tenido medio de control
adelantados por este togado con las pretensiones antes descritas a favor de
mis poderdantes, se conforme y nombre una sala de conjueces para el
presente asunto, en razón a que hasta la fecha, los magistrados de dicha
corporación han omitido salvaguardar el cumplimiento de la sentencia C-931
del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-
5125 de la Honorable Corte Constitucional.
De conformidad a lo actuado, solicito se tutelen a favor del señor NELSON
ISAZA SUAREZ los derechos a la Seguridad Jurídica, al Trabajo en
Condiciones Dignas y Justas, a la Irrenunciabilidad de la Seguridad Social en
Materia Laboral, al Derecho del Mantenimiento del Poder Adquisitivo del Salario
y su impacto en las Prestaciones Sociales y a la Garantía de Legalidad y
alcance de la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado u otros mandatos de orden superior fijados por
la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-931 del veintinueve (29)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125, por lo cual
solicito se declare:
PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia
del treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022) y seis (06) de
febrero de dos mil veinticinco (2025), proferidas respectivamente por el
Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá D.C. y la Sección
Segunda Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con
Radicación: 1100113334-053-2020-00149 00 y 1100113334-053-2020-00149-
01, en consecuencia, disponer
SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la
pretensión PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con
el libelo del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
impetrado, y en consecuencia, ordenar que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de la providencia de la presente acción de tutela, la
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Radicación número: 11001031500020250495400
Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Sección Segunda Subsección “D” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, profiera la sentencia correspondiente en derecho.
TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto factico,
y material o sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de garantizar
el debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas; la providencia
además en si misma se encuentra fundada en un defecto de falsa o errónea
motivación y en un defecto por violación directa de la Constitución, además la
providencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de
Bogotá D.C. y la Sección Segunda Subsección “D” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en una omisión, resultado de una actuación
en contra de sentencia debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos
vinculantes y resolutivos de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional.
CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125
de la Corte Constitucional, se establezca y declare la pérdida de poder
adquisitivo del valor consagrado como asignación básica y gastos de
representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los
Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2
del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y la
consecuente diferencia efectuada en las anualidades de los años 1993 a 2004,
ello, como consecuencia del ajuste año a año realizado por parte del Gobierno
Nacional, y la que realmente corresponde por ajustes de la inflación causada
respecto del año inmediatamente anterior, los cuales se encuentran
establecidos en las escalas de asignación básica de los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan la de los Ministros de Despacho,
con la expedición de los Decretos 11 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7
de enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994),
25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13 de enero de 1995), 10 de 1996
(Diario Oficial No. 42.689, de 17 de enero de 1996), 31 de 1997 (Diario Oficial
No. 42.960, de 17 de enero de 1997), 1758 de 1997 (Diario Oficial No. 43.083,
de 14 de julio de 1997), 40 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero
de 1998), 35 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2720
de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2710 de 2001
(Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 660 de 2002 (Diario
Oficial No. 44.770, de 15 de abril de 2002), 3535 de 2003 (Diario Oficial No.
45.397, de 10 de diciembre de 2003), 4150 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761,
de 13 de diciembre de 2004), pérdida de poder adquisitivo con la que se viene
causando una serie de daños y perjuicios, con la cual se afecta el núcleo
esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario
de manera permanente desde el año 2004 a la fecha.
QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del veintinueve
(29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional, y al existir vicios sustanciales insubsanables con los cuales el
Gobierno Nacional ha expedido los Decretos 916 de 2005 (Diario Oficial No.
45.865, de 31 de marzo de 2005), 372 de 2006 (Diario Oficial No. 46.177, de 9
de febrero de 2006), 600 de 2007 (Diario Oficial No. 46.558, de 2 de marzo de
2007), 643 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 708 de
2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1374 de 2010 (Diario
Oficial No. 47.692, de 26 de abril de 2010), 1031 de 2011 (Diario Oficial No.
48.032, de 4 de abril de 2011), 853 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de
abril de 2012), 1029 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013),
199 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1101 de 2015
(Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015), 229 de 2016 (Diario Oficial
No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 999 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259,
de 9 de junio de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero
de 2018), 1011 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 304
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Radicación número: 11001031500020250495400
Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 961 de 2021
(Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 471 de 2022 (Diario Oficial
No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 905 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414,
de 2 de junio de 2023), 301 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo
de 2024) y 611 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de junio de 2025), por
los cuales se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean
desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales
se fijan las de los Ministros de Despacho y evidenciándose que la pérdida de
poder adquisitivo acumulado en las anualidades de los años 1992 a 2004, no
han sido reconocidas. Decretar la Nulidad de estos en la parte pertinente de
conformidad a las pretensiones inicialmente solicitadas en el medio de control
y/o inaplicar por vía de excepción dichos decretos.
SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125
de la Corte Constitucional, y una vez establecida y declarada la pérdida de
poder adquisitivo del valor consagrado como asignación básica y gastos de
representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los
Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2
del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y los
decretos subsiguientes con los cuales, se han realizado los ajustes año a año
en el periodo comprendido entre los años 1993 a 2025, se declare igualmente,
la pérdida de poder adquisitivo al valor fijado como asignación básica y/o
sueldo básico de un oficial en el grado de General o Almirante, ello
consecuentemente de la implicación directa, material y objetiva que consagran,
la asignación básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno
Nacional a los Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de
un oficial en el grado de General o Almirante, de que tratan los artículos 14
y 15 del Decreto 921 de junio 2 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio
de 1992), y del artículo 2º de los Decretos 25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711,
de 7 de enero de 1993), 65 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero
1994), 133 de 1995 (Diario Oficial No. 41.676 de 13 de enero de 1995), 107 de
1996 (Diario Oficial No. 42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de 1997 (Diario
Oficial No. 42.965, de 23 de enero de 1997), 2072 de 1997 (Diario Oficial No.
43.113, de 25 de agosto de 1997), 58 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10
de enero de 1998), 62 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de
1999), 2724 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000),
2737 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 745 de
2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de abril de 2002), 3552 de 2003 (Diario
Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de 2003), 4158 de 2004 (Diario Oficial
No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), 923 de 2005 (Diario Oficial No.
45.865, de 31 de marzo de 2005), 407 de 2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10
de febrero de 2006), 1515 de 2007 (Diario Oficial No. 46.621, de 7 de mayo de
2007), 673 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 737 de
2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1530 de 2010 (Diario
Oficial No. 47.698, de 3 de mayo de 2010), 1050 de 2011 (Diario Oficial No.
48.032, de 4 de abril de 2011), 842 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de
abril de 2012), 1017 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013),
187 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1028 de 2015
(Diario Oficial No. 49.519, de 22 de mayo de 2015), 214 de 2016 (Diario Oficial
No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 984 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259,
de 9 de junio de 2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero
de 2018), 1002 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 318
de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 976 de 2021
(Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 466 de 2022 (Diario Oficial
No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 910 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414,
de 2 de junio de 2023), 305 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo
de 2024) y 615 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de junio de 2025),
evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del
sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992
a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada
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Radicación número: 11001031500020250495400
Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, con la que se viene
causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y
posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable
Corte Constitucional.
SÉPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se declare
igualmente, la pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual fijado como
sueldo básico a mi prohijado y que según la Escala Gradual Porcentual se
encuentra establecido en el grado de grado de CORONEL en un 67.1283%, ello
consecuentemente de la implicación de manera directa, material y objetiva que
consagran, la asignación básica y los gastos de representación fijados por el
Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, y de la Asignación Básica
y/o el Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante, según
lo establece el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad al desarrollo
contenido inicialmente en los Decretos 872 y 921 de 1992, con los cuales se
estructuro la base para consolidar una Escala Gradual Porcentual para el
personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la
Fuerza Pública; Escala Gradual Porcentual con la cual, se fijan los sueldos
básicos mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública, los cuales
corresponden al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General; Teniéndose que dicha asignación
básica no fue establecida, se ha de tener de presente el desarrollo que sobre el
sueldo básico indicado, conllevó la pérdida acumulada efectuada en las
anualidades de los años 1992 a 2004, lo anterior, como consecuencia de la
forma como el Gobierno Nacional ajusta año a año, la asignación básica y los
gastos de representación de los Ministros de Despacho, lo cual tiene una
implicación directa, material y objetiva sobre el sueldo básico de un oficial en
el grado de General o Almirante; evidenciándose primariamente la pérdida
acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante,
en las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de
poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido entre los
años 1992 a 2004, aplicable en la Escala Gradual Porcentual, con la que se
viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año
2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve
(29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la
Honorable Corte Constitucional.
OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011,
se realicen las declaraciones, que el despacho judicial llegare a encontrar
debidamente probadas dentro de la presente acción de tutela, teniéndose como
precedente los artículos 4, 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 y 334 de la Constitución
Política y las disposiciones contenidas en las Leyes 42 de 1980, 1 de 1986, 4
de 1992, y al mandato Constitucional ordenado al Gobierno Nacional y al
Congreso de la Republica en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125.
NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y
Crédito Público, al Ministro de Defensa Nacional, al Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, al Director de la Policía Nacional, al
Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y a los
funcionarios judiciales que avocaron el conocimiento y profirieron sentencia en
los procesos con radicación 1100113334-053-2020-00149-00 y 1100113334-
053-2020-00149-01; a que en evento público dé amplia difusión y publicación
se dé a conocer lo resuelto en la presente acción de tutela, siendo el mismo
trasmitido a través de los canales institucionales del Estado Colombiano, y que
en dicho acto las autoridades deberán expresar sus responsabilidades, y
expresen las disculpas por la violación a que fue objeto el señor NELSON
ISAZA SUAREZ por parte del Estado Colombiano desde el año 2005 al no ser
restaurado su derecho a mantener mi pensión acorde al derecho de mantener
el poder adquisitivo, tal como quedo ordenado en sentencia judicial C-931 del
7
Radicación número: 11001031500020250495400
Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125
por la Honorable Corte Constitucional”.
Trámite en primera instancia
15. Mediante Auto del 13 de agosto de 20254, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela y, en consecuencia, dispuso la notificación a la parte
demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como
notificar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional, a la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y al Ministerio Público, en calidad
de terceros con interés en las resultas del proceso. Finalmente, se reconoció
personería al abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas, designado por la Sociedad
Soluciones Jurídicas JIREH S.A.S.
Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda,
Subsección D5 solicitó negar el amparo constitucional invocado. Manifestó que el
desacuerdo del accionante se dirige contra el análisis jurídico efectuado en el
proceso ordinario, así como frente a la supuesta inaplicación del precedente
jurisprudencial contenido en la Sentencia C-931 de 2004.
17. No obstante, el Tribunal precisó que el Consejo de Estado ya había examinado
un asunto de naturaleza semejante6, relacionado con el reajuste salarial y de la
asignación de retiro, en el cual se valoró expresamente la mencionada Sentencia
C-931 de 2004. En consecuencia, concluyó que no se configuraba vulneración
alguna de los derechos fundamentales alegados por el accionante, ni por parte de
esta Corporación, circunstancia que se confirma con la revisión de la decisión
adoptada por la Alta Corporación.
18. Finalmente, sostuvo que cursan otras acciones de tutela contra providencias
judiciales por hechos sustancialmente similares, aunque en procesos distintos: una
en el despacho del Magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, bajo el radicado número
2025-04944-00, y otra en el despacho del Magistrado Fredy Ibarra Martínez, con
radicado número 2025-04717-00.
19. La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional7 pidió negar las
pretensiones de la demanda, al considerar que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante. En su criterio, la acción de tutela resulta
improcedente, por cuanto lo que persigue el actor es reabrir un debate jurídico que
ya fue analizado y resuelto dentro del proceso ordinario. Adicionalmente, indicó que
4 Índice electrónico 05 de SAMAI. 7Autoqueadmite_20250495400ADMITENEL(.pdf) NroActua 5.
5 Índice electrónico 010 de SAMAI.
15RECIBEMEMORIAL_Memorial_T202504954OKContesta(.pdf) NroActua 10.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B".
Sentencia del 30 de mayo de 2024. Radicación: 25000-23-42-000-2021-00570-01. M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera.
7 Índice electrónico 011 de SAMAI. 16RECIBEMEMORIAL_GS2025024041SEGEN(.pdf) NroActua
11.
8
Radicación número: 11001031500020250495400
Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional, razón por la cual debe rechazarse la acción
instaurada.
20. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), el Ministerio
Público y Juzgado 53 Administrativo del Circuito Judicial De Bogotá,
guardaron silencio a pesar de haber sido notificados8.
CONSIDERACIONES
21. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el acuerdo 080 de
20199.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
22. En primer lugar, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela satisface
los requisitos formales de procedibilidad establecidos en la jurisprudencia
constitucional para su admisión. En caso de superar dicho examen preliminar, en
segundo lugar, será procedente estudiar de fondo si las decisiones judiciales
proferidas por el Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda, Subsección D, en providencias
del 31 de enero de 2022 y del 6 de febrero de 2025, respectivamente, incurrieron
en un defecto sustantivo10 y fáctico.
23. En particular, la Sala deberá determinar si tales yerros derivaron en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
jurídica, “al trabajo en condiciones dignas y justas, a la irrenunciabilidad de la
seguridad social en materia laboral, al derecho del mantenimiento del poder
adquisitivo del salario”, en la medida en que las autoridades judiciales atacadas
llegaron a la conclusión que el actor no logró demostrar que su asignación básica o
salario hubiese permanecido invariable a lo largo de los años, pues las pruebas
obrantes en el expediente evidenciaban que dicho ingreso se ajustó de manera
periódica, en concordancia con los porcentajes establecidos en la escala salarial
correspondiente al régimen especial al que se encontraba vinculado.
8 Índice electrónico 08 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 8.
9 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
10 En el presente caso, el actor sostuvo que la autoridad judicial incurrió en un desconocimiento del
precedente, en particular la Sentencia C-931 de 2004. No obstante, la Corte Constitucional ha
precisado que el desconocimiento de sentencias de constitucionalidad constituye un defecto
sustantivo. Al respecto, en la Sentencia SU-304 de 2022, la Corporación afirmó: “Así, esta
Corporación introdujo dos elementos adicionales a los supuestos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias. Por una parte, se indicó que el defecto sustantivo, referido a los errores
en la interpretación y aplicación de normas jurídicas, también se configuraba por el desconocimiento
de sentencias con efectos generales que definían el alcance de estas últimas.”
9
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Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
24. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional; y (iii) análisis del
caso concreto, especialmente los requisitos de legitimación en la causa por activa y
relevancia constitucional.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
25. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200511, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
26. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
El requisito de relevancia constitucional
27. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
28. La Corte Constitucional indicó18 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
29. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate19: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
30. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.
Análisis del caso concreto del requisito de relevancia constitucional
31. El señor Nelson Isaza Suárez promovió acción de tutela contra el Juzgado 53
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda, Subsección D, porque consideró que las sentencias dictadas
el 31 de enero de 2022 y el 6 de febrero de 2025 vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica, “al trabajo en condiciones
dignas y justas, a la irrenunciabilidad de la seguridad social en materia laboral, al
derecho del mantenimiento del poder adquisitivo del salario”.
32. El Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de
la demanda y sostuvo que, respecto de las anualidades reclamadas el actor ya
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Accionante: Nelson Isaza Suarez
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
había recibido los reajustes salariales que el Gobierno Nacional dispuso en
desarrollo de la Ley 4 de 1992 y de los decretos expedidos como parte de la política
macroeconómica y fiscal. Precisó que el reajuste con fundamento en el IPC,
correspondiente al periodo comprendido entre 1992 y 2004, únicamente resulta
aplicable a las asignaciones de retiro reconocidas antes o durante esos años, mas
no a los salarios devengados en servicio activo. En esa medida, concluyó que no
era posible acceder a la solicitud del demandante, toda vez que durante el lapso
objeto de debate este permanecía en servicio activo dentro de la institución,
circunstancia que lo excluía de la hipótesis normativa que habilita el reconocimiento
del ajuste reclamado.
33. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección D
confirmó la decisión adoptada en primera instancia y negó las pretensiones
relacionadas con el reajuste de la asignación básica devengada en actividad entre
los años 1992 y 2004 con fundamento en el IPC. La corporación destacó que el
actor no acreditó que su salario hubiese permanecido invariable o carente de
incrementos durante el período discutido, por el contrario, constató que la
remuneración se incrementó anualmente de acuerdo con la escala porcentual fijada
en el régimen especial de la Fuerza Pública. Enfatizó que esos incrementos no solo
se ajustaron al marco legal vigente, sino que también garantizaron la movilidad y
progresividad del salario, principios que reflejan la finalidad de preservar el poder
adquisitivo de la remuneración de quienes prestan el servicio. Con base en lo
anterior, el Tribunal concluyó que el derecho al reajuste no fue desconocido, toda
vez que los aumentos efectuados se respaldaron en la Ley 4 de 1992 y en los
decretos reglamentarios expedidos en su desarrollo, de modo que la pretensión del
tutelante de aplicar adicionalmente el IPC desbordaba el marco normativo y excedía
lo previsto en el régimen salarial especial.
34. A continuación, la Sala estudiará los requisitos formales de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
35. En primer lugar, Nelson Isaza Suarez acredita la legitimación en la causa por
activa, por cuanto actúa como la persona directamente afectada por las decisiones
proferidas por el Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda, Subsección D, providencias
que según afirma, vulneraron sus derechos fundamentales.
36. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el
Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sección Segunda, Subsección D, autoridades judiciales que
dictaron las providencias a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos
fundamentales reclamados por el tutelante.
37. En segundo lugar, la Sala considera que el defecto sustantivo y fáctico no
superan el requisito general de relevancia constitucional, pues la acción de tutela
12
Radicación número: 11001031500020250495400
Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
es utilizada para reiterar argumentos que ya fueron resueltos en las dos instancias
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho21.
38. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante no solo identifique un derecho fundamental presuntamente
afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y suficiente la forma
en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El
razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la transgresión
de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión la forma en
que estos han sido afectados, evitando que la tutela se convierta en un mecanismo
para manifestar una mera inconformidad contra las providencias adoptadas y sea
utilizada como una instancia adicional.
39. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con
el único propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-
administrativa, donde las objeciones del actor fueron ampliamente examinadas a la
luz del acervo probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene
recordar que la tutela no constituye un recurso alternativo frente a sentencias
desfavorables, especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un
análisis dentro del proceso ordinario. Además, el actor persiste en indicar que su
salario no ascendió en el período cuestionado. Sin embargo, en el proceso ordinario
y en la acción de tutela, él jamás demostró que ello sucedió y que su salario no tuvo
ingreso alguno.
40. La situación descrita no evidencia un desconocimiento de las dimensiones
fundamentales de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia. Así, la autoridad judicial demandada permitió al actor presentar y
controvertir pruebas, junto con el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.
Además, facilitó el acceso del actor a la administración de justicia. Por lo tanto, el
actor busca reabrir un debate.
41. En consecuencia, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela, dado
que no se satisface el requisito de relevancia constitucional exigido para su
procedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21 Identificado con número: 1100113334-053-2020-00149-00/01
13
Radicación número: 11001031500020250495400
Accionante: Nelson Isaza Suarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Nelson Isaza Suarez, quien actúa a través de apoderado judicial, por no satisfacer
el requisito general de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
14
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