Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04959-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04959-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04959-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04959-01
Accionante: EDGAR NOVOA TORRES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – El accionante acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.
Inmediatez – No se cumple, en tanto que la acción de amparo constitucional fue
presentada por fuera del plazo que la jurisprudencia ha considerado razonable.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por Edgar Novoa Torres contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 11 de agosto de 20251, el señor Edgar Novoa Torres, quien actúa a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la sentencia del 3 de marzo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, y la providencia del 9 de
marzo 2023 y el Auto del 20 de enero de 2025, emitidas por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. A su juicio, dichas autoridades judiciales
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a los
principios constitucionales de seguridad jurídica, “la irrenunciabilidad de la
seguridad social en materia laboral y al derecho del mantenimiento del poder
adquisitivo del salario”.
Hechos relevantes
2. El señor Edgar Novoa prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el 1º de
noviembre de 1989 hasta el 1º de febrero de 2012, fecha en la que fue retirado en
el grado de teniente coronel.
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
lunes, 11 de agosto de 2025 con secuencia: 7983 - Cuad.:1”.
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Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
3. El 4 de junio de 2018, solicitó el reconocimiento de los incrementos salariales
correspondientes a los años 1992–2004 y su inclusión en la mesada pensional. La
entidad negó la petición mediante el Oficio S-2019-047939 del 19 de agosto de
2019.
4. El 5 de abril de 2021, el señor Edgar Novoa presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, con el propósito de obtener la nulidad del Oficio S-2019-047939 del 19 de
agosto de 2019, por medio del cual la entidad negó la reliquidación de su asignación
mensual y el reconocimiento de cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones
correspondientes al año 2014.
5. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara la reliquidación y
pago del incremento del 2.49%, derivado de la diferencia entre la asignación
mensual de 2004 y el ajuste que correspondía aplicar conforme a la inflación
causada en 2003, con inclusión de todos los factores computables (sueldo básico,
bonificaciones, primas, subsidios y compensaciones) y la reliquidación y pago del
incremento del 52.2543%, correspondiente a la actualización por la inflación
acumulada entre 1992 y 2004, aplicable a la asignación mensual percibida desde
enero de 2005 hasta la fecha de retiro, igualmente con inclusión de los factores
salariales y prestacionales computables.
6. A través de Sentencia del 3 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Casanare2 negó las pretensiones al considerar que los miembros de la Fuerza
Pública tienen un régimen salarial especial, que la actualización por IPC solo operó
hasta el 31 de diciembre de 2004, y que las reclamaciones por salarios y
prestaciones de 1992 a 2004 estaban prescritas.
7. El actor apeló y sostuvo que, entre 1997 y 2004, el Gobierno no ajustó los salarios
conforme al IPC, y que la Sentencia C-931 de 2004 ordenó preservar el poder
adquisitivo real del salario de los servidores públicos.
8. Mediante sentencia del 9 de marzo de 2023, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión porque el actor permaneció en
servicio activo entre 1997 y 2004 y solo adquirió la calidad de pensionado en 2012,
por lo que no estaba cobijado por la Ley 100 de 1993, la Ley 238 de 1995 ni el
Decreto 4433 de 2004.
9. La parte demandante promovió incidente de nulidad el 26 de octubre de 2023, al
considerar que la sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado vulneró el debido proceso por fundamentarse en una interpretación
jurídica contraria a derecho y por omitir el trámite de la solicitud de sentencia de
unificación presentada en tiempo. No obstante, dicha solicitud fue rechazada el 20
de enero de 2025, al estimarse que las inconformidades planteadas no se
enmarcaban en la finalidad propia de la nulidad procesal.
2 Identificado bajo el radicado: 85001-2333-000-2021-00098-00/01.
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Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Pretensiones
10. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“Con base en los hechos, fundamentos, argumentos y de lo probado en el
medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
solicito al señor Presidente del Consejo de Estado, que previo al reparto
de la presente acción de tutela y de conformidad al artículo 2.2.3.1.2.4. del
Decreto 1069 de 2015, para determinar la conformación de la sala de
decisión con la cual se avoque el conocimiento de la presente acción de
tutela que se ejerce contra actuaciones de la propia corporación, y con el
fin de garantizar el debido proceso, y al estar un numero plural de los
Magistrados de dicha corporación en inhabilidades e incompatibilidades por
tener o haber tenido medio de control adelantados por este togado con las
pretensiones antes descritas a favor de mis poderdantes, se conforme y
nombre una sala de conjueces para el presente asunto, en razón a que
hasta la fecha, los magistrados de dicha corporación han omitido
salvaguardar el cumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la
Honorable Corte Constitucional.
De conformidad a lo actuado, solicito se tutelen a favor del señor EDGAR
NOVOA TORRES los derechos a la Seguridad Jurídica, al Trabajo en
Condiciones Dignas y Justas, a la Irrenunciabilidad de la Seguridad Social
en Materia Laboral, al Derecho del Mantenimiento del Poder Adquisitivo del
Salario y su impacto en las Prestaciones Sociales y a la Garantía de
Legalidad y alcance de la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado u otros mandatos de orden
superior fijados por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-
931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
expediente D-5125, por lo cual solicito se declare:
PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la
sentencia del tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022), nueve (9) de
marzo de dos mil veintitrés (2023) y veinte (20) de enero de dos mil
veinticinco (2025), proferidas respectivamente por el Tribunal
Administrativo de Casanare y la Sección Segunda Subsección “B” del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, con Radicación: 85001-2333-000-2021-
00098-00 y 85001-2333-000-2021-00098-01, en consecuencia, disponer
SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en
la pretensión PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de
acuerdo con el libelo del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar que, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la notificación de la providencia de la presente acción
de tutela, la Subsección “B” Sección Segunda del Consejo de Estado,
profiera la sentencia correspondiente en derecho.
TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto
factico, y material o sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin
de garantizar el debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas;
la providencia además en si misma se encuentra fundada en un defecto de
falsa o errónea motivación y en un defecto por violación directa de la
Constitución, además la providencia proferida por el Tribunal
3
Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Administrativo de Casanare y la Sección Segunda Subsección “B” del
Consejo de Estado, en una omisión, resultado de una actuación en contra
de sentencia debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos
vinculantes y resolutivos de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional.
CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C-931
del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente
D- 5125 de la Corte Constitucional, se establezca y declare la pérdida de
poder adquisitivo del valor consagrado como asignación básica y gastos de
representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a
los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo
2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992),
y la consecuente diferencia efectuada en las anualidades de los años 1993
a 2004, ello, como consecuencia del ajuste año a año realizado por parte
del Gobierno Nacional, y la que realmente corresponde por ajustes de la
inflación causada respecto del año inmediatamente anterior, los cuales se
encuentran establecidos en las escalas de asignación básica de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan la de los
Ministros de Despacho, con la expedición de los Decretos 11 de 1993 (Diario
Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No.
41.168, de 11 de enero 1994), 25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13
de enero de 1995), 10 de 1996 (Diario Oficial No. 42.689, de 17 de enero de
1996), 31 de 1997 (Diario Oficial No. 42.960, de 17 de enero de 1997), 1758
de 1997 (Diario Oficial No. 43.083, de 14 de julio de 1997), 40 de 1998
(Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 35 de 1999 (Diario
Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2720 de 2000 (Diario Oficial No.
44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2710 de 2001 (Diario Oficial No.
44.651, de 19 de diciembre de 2001), 660 de 2002 (Diario Oficial No. 44.770,
de 15 de abril de 2002), 3535 de 2003 (Diario Oficial No. 45.397, de 10 de
diciembre de 2003), 4150 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de
diciembre de 2004), pérdida de poder adquisitivo con la que se viene
causando una serie de daños y perjuicios, con la cual se afecta el núcleo
esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del
salario de manera permanente desde el año 2004 a la fecha.
QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-
5125 de la Corte Constitucional, y al existir vicios sustanciales
insubsanables con los cuales el Gobierno Nacional ha expedido los
Decretos 916 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005),
372 de 2006 (Diario Oficial No. 46.177, de 9 de febrero de 2006), 600 de
2007 (Diario Oficial No. 46.558, de 2 de marzo de 2007), 643 de 2008 (Diario
Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 708 de 2009 (Diario Oficial No.
47.283, de 6 de marzo de 2009), 1374 de 2010 (Diario Oficial No. 47.692,
de 26 de abril de 2010), 1031 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de
abril de 2011), 853 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril de
2012), 1029 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013),
199 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1101 de
2015 (Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015), 229 de 2016 (Diario
Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 999 de 2017 (Diario Oficial
No. 50.259, de 9 de junio de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512,
de 19 de febrero de 2018), 1011 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de
4
Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
junio de 2019), 304 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de
2020), 961 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021),
471 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 905 de
2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 301 de 2024 (Diario
Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 611 de 2025 (Diario Oficial No.
53.138, de 4 de junio de 2025), por los cuales se fijan las escalas de
asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados
públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan las de los Ministros
de Despacho y evidenciándose que la pérdida de poder adquisitivo
acumulado en las anualidades de los años 1992 a 2004, no han sido
reconocidas. Decretar la Nulidad de estos en la parte pertinente de
conformidad a las pretensiones inicialmente solicitadas en el medio de
control y/o inaplicar por vía de excepción dichos decretos.
SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-
5125 de la Corte Constitucional, y una vez establecida y declarada la
pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado como asignación básica
y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno
Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461,
de 2 de junio de 1992), y los decretos subsiguientes con los cuales, se han
realizado los ajustes año a año en el periodo comprendido entre los años
1993 a 2025, se declare igualmente, la pérdida de poder adquisitivo al valor
fijado como asignación básica y/o sueldo básico de un oficial en el
grado de General o Almirante, ello consecuentemente de la implicación
directa, material y objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos
de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de
Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un oficial en el grado
de General o Almirante, de que tratan los artículos 14 y 15 del Decreto 921
de junio 2 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y del
artículo 2º de los Decretos 25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de
enero de 1993), 65 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994),
133 de 1995 (Diario Oficial No. 41.676 de 13 de enero de 1995), 107 de
1996 (Diario Oficial No. 42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de 1997
(Diario Oficial No. 42.965, de 23 de enero de 1997), 2072 de 1997 (Diario
Oficial No. 43.113, de 25 de agosto de 1997), 58 de 1998 (Diario Oficial No.
43.212, de 10 de enero de 1998), 62 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de
8 de enero de 1999), 2724 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de
diciembre de 2000), 2737 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de
diciembre de 2001), 745 de 2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de abril
de 2002), 3552 de 2003 (Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de
2003), 4158 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004),
923 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 407 de
2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10 de febrero de 2006), 1515 de 2007
(Diario Oficial No. 46.621, de 7 de mayo de 2007), 673 de 2008 (Diario Oficial
No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 737 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283,
de 6 de marzo de 2009), 1530 de 2010 (Diario Oficial No. 47.698, de 3 de
mayo de 2010), 1050 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de
2011), 842 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1017
de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013), 187 de 2014
(Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1028 de 2015 (Diario
Oficial No. 49.519, de 22 de mayo de 2015), 214 de 2016 (Diario Oficial No.
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Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
49.784, de 12 de febrero de 2016), 984 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259,
de 9 de junio de 2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de
febrero de 2018), 1002 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de
2019), 318 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020),
976 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 466 de
2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 910 de 2023
(Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 305 de 2024 (Diario Oficial
No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 615 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138,
de 4 de junio de 2025), evidenciándose primariamente la pérdida acumulada
de poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las
anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder
adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años
1992 a 2004, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios
a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de
la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.
SÉPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se
declare igualmente, la pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual fijado
como sueldo básico a mi prohijado y que según la Escala Gradual
Porcentual se encuentra establecido en el grado de grado de TENIENTE
CORONEL en un 52.3616%, ello consecuentemente de la implicación de
manera directa, material y objetiva que consagran, la asignación básica y
los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los
Ministros de Despacho, y de la Asignación Básica y/o el Sueldo Básico
de un oficial en el grado de General o Almirante, según lo establece el
artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad al desarrollo contenido
inicialmente en los Decretos 872 y 921 de 1992, con los cuales se estructuro
la base para consolidar una Escala Gradual Porcentual para el personal
de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la
Fuerza Pública; Escala Gradual Porcentual con la cual, se fijan los sueldos
básicos mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública, los cuales
corresponden al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a
la asignación básica del grado de General; Teniéndose que dicha asignación
básica no fue establecida, se ha de tener de presente el desarrollo que sobre
el sueldo básico indicado, conllevó la pérdida acumulada efectuada en las
anualidades de los años 1992 a 2004, lo anterior, como consecuencia de la
forma como el Gobierno Nacional ajusta año a año, la asignación básica y
los gastos de representación de los Ministros de Despacho, lo cual tiene
una implicación directa, material y objetiva sobre el sueldo básico de un
oficial en el grado de General o Almirante; evidenciándose primariamente
la pérdida acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un General
o Almirante, en las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una
pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo
comprendido entre los años 1992 a 2004, aplicable en la Escala Gradual
Porcentual, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios
a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de
la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.
OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de
2011, se realicen las declaraciones, que el despacho judicial llegare a
encontrar debidamente probadas dentro de la presente acción de tutela,
teniéndose como precedente los artículos 4, 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 y
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Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
334 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en las Leyes
42 de 1980, 1 de 1986, 4 de 1992, y al mandato Constitucional ordenado al
Gobierno Nacional y al Congreso de la Republica en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-
5125.
NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y
Crédito Público, al Ministro de Defensa Nacional, al Director del
Departamento Administrativo de la Función Pública, al Director de la Policía
Nacional, al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
y a los funcionarios judiciales que avocaron el conocimiento y profirieron
sentencia en los procesos con radicación 85001-2333-000-2021-00098-00
y 85001-2333-000-2021-00098-01; a que en evento público dé amplia
difusión y publicación se dé a conocer lo resuelto en la presente acción de
tutela, siendo el mismo trasmitido a través de los canales institucionales del
Estado Colombiano, y que en dicho acto las autoridades deberán expresar
sus responsabilidades, y expresen las disculpas por la violación a que fue
objeto el señor EDGAR NOVOA TORRES por parte del Estado Colombiano
desde el año 2005 al no ser restaurado su derecho a mantener mi pensión
acorde al derecho de mantener el poder adquisitivo, tal como quedo
ordenado en sentencia judicial C-931 del veintinueve (29) de septiembre
de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 por la Honorable Corte
Constitucional”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. El peticionario afirmó que la presente acción de amparo satisface los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sostuvo que las decisiones adoptadas por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare incurrieron en un
defecto sustantivo, al omitir la aplicación de los artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217,
218 y 230 de la Constitución Política, así como el desconocimiento del precedente
fijado en la Sentencia C-931 de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional
ordenó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional actualizar los salarios
de los servidores públicos conforme con la inflación causada y acumulada, dentro
del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.
12. Precisó que en dicha providencia la Corte consideró improcedente la
congelación de los ingresos de los trabajadores de rango medio y alto, y advirtió la
obligación de garantizar la actualización plena del poder adquisitivo real del salario.
Adicionalmente, manifestó que a partir del año 2005, el ajuste anual de las
asignaciones de retiro derivado del principio de oscilación con base en el IPC
adquirió carácter permanente. Finalmente, alegó un defecto fáctico, en tanto no se
valoraron las pruebas que demostraban la vulneración sistemática al núcleo
esencial del derecho al salario, generada por la pérdida progresiva de su poder
adquisitivo.
3 Índice electrónico 02 de SAMAI. 1_DemandaWeb_Demanda_1ACCIONDETUTELAEDGAR(.pdf)
NroActua 2.
7
Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Trámite en primera instancia
13. Mediante auto 19 de agosto de 20254, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte
demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como a la
Policía Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR,
en su calidad de terceros con interés en el trámite. Asimismo, la Sala reconoció
personería jurídica al abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas, para que actuara
como apoderado del señor Edgar Novoa Torres.
Intervenciones
14. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional5 solicitó su
desvinculación del trámite, al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva. Sostuvo que las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales
invocados por el actor se dirigen exclusivamente contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare,
autoridades que profirieron las decisiones cuestionadas.
15. La Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional6 Solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela, toda vez que no se evidencia
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Además, afirmó que no se acreditan los presupuestos necesarios para la
configuración de un perjuicio irremediable.
16. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado7 pidió
declarar improcedente la presente acción de tutela, por incumplir el requisito de
relevancia constitucional. El actor limitó su inconformidad con la providencia
cuestionada a un desacuerdo con el resultado, lo que pretende convertir la tutela en
una tercera instancia, figura incompatible con su naturaleza de juicio de validez y
contraria a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
17. Asimismo, manifestó que la tutela incumple el requisito de inmediatez. La
Sentencia del 9 de marzo de 2023 quedó ejecutoriada el 26 de abril de 2023,
mientras que la acción fue presentada el 11 de agosto de 2025, es decir, dos años,
tres meses y quince días después, superando ampliamente el parámetro
jurisprudencial de seis meses.
18. Añadió que el recurso de nulidad interpuesto por el actor no interrumpe dicho
término, porque fue rechazado por improcedente y, conforme a la jurisprudencia,
4 Índice electrónico 06 de SAMAI. 7Autoqueadmite_220250495900EdgarNov(.pdf) NroActua 6.
5 Índice electrónico 011 de SAMAI. 10_MemorialWeb_Respuesta-TutelaNOVOATORRES(.pdf)
NroActua 11.
6 Índice electrónico 012 de SAMAI. 13RECIBEMEMORIAL_GS2025024573SEGEN1(.pdf) NroActua
12.
7 Índice electrónico 013 de SAMAI. 16RECIBEMEMORIAL_Memorial_T20250495900Contesta(.pdf)
NroActua 13.
8
Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
los recursos manifiestamente infundados no pueden utilizarse para dilatar los plazos
de la tutela.
19. En consecuencia, la superación del término razonable y la ausencia de
circunstancias de vulnerabilidad impiden identificar una urgencia constitucional que
justifique el amparo, lo que conduce a declarar la improcedencia de la acción.
20. El Tribunal Administrativo de Casanare no intervino pese a estar notificado8.
Sentencia de primera instancia
21. Mediante providencia del 10 de octubre de 20259, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela, al considerar que no
satisface el requisito de inmediatez. Señaló que según la consulta realizada en el
sistema de gestión judicial SAMAI del expediente 85001-23-33-000-2021-00098-
00/01, las providencias cuestionadas fueron proferidas el 3 de marzo de 2022 y el
9 de marzo de 2023, y notificadas por correo electrónico el 7 de marzo de 2022 y el
19 de abril de 2023, respectivamente. Indicó que la decisión final se entendió
notificada el 21 de abril de 2023, por lo que el término para contabilizar la inmediatez
inició el 24 de abril de 2023. Sin embargo, la acción de tutela fue presentada el 11
de agosto de 2025, lo que implica un transcurso de 2 años, 3 meses y 18 días,
período que excede ampliamente el plazo razonable de seis meses fijado por la
Sala Plena de esta Corporación.
Impugnación
22. El actor afirmó que la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
desconoció dos causales de nulidad en las que incurrieron las sentencias atacadas:
(i) la inaplicación de la jurisprudencia constitucional pertinente y (ii) la omisión en el
estudio de un problema jurídico de relevancia constitucional que incidía en el sentido
de la decisión.
23. Sostuvo además que las providencias de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Casanare
incurrieron en un defecto sustantivo, al omitir la aplicación de los artículos 13, 26,
48, 53, 216, 217, 218 y 230 de la Constitución Política y al desconocer el precedente
de la Sentencia C-931 de 2004, que ordenó la actualización salarial de los
servidores públicos conforme a la inflación causada y acumulada.
CONSIDERACIONES
Competencia
24. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
8 Índice electrónico 09 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf) NroActua 9.
9 Índice electrónico 018 de SAMAI. 21Sentencia_sentencia_7JG20250495900EdgarN(.pdf)
NroActua 18.
9
Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.
Problema jurídico y metodología de la decisión
25. De manera preliminar, la Sala observa que el accionante no expuso los vicios
o defectos en que habría incurrido el Auto del 20 de enero de 2025, mediante el cual
se rechazó la solicitud de nulidad. En consecuencia, no se emitirá pronunciamiento
sobre este aspecto.
26. Edgar Novoa Torres promovió acción de tutela contra la Sentencia del 3 de
marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, y la
providencia del 9 de marzo 2023 y el auto del 20 de enero de 2025, emitidas por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. El actor cuestionó que
entre 1997 y 2004 el Gobierno no ajustó los salarios conforme al IPC, y que la
Sentencia C-931 de 2004 ordenó preservar el poder adquisitivo real del salario de
los servidores públicos. A su juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a los principios
constitucionales de seguridad jurídica, “la irrenunciabilidad de la seguridad social en
materia laboral y al derecho del mantenimiento del poder adquisitivo del salario”.
27. La Sala debe establecer si la presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia, en particular los de relevancia constitucional e
inmediatez, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ello resulta
necesario, en tanto el actor ya contó con la posibilidad de acceder a las dos
instancias dentro del proceso ordinario, lo que permite advertir que la tutela podría
estar orientada a reabrir un debate previamente resuelto por el juez natural de la
controversia. Además, se observa que entre la notificación de la sentencia
cuestionada y la interposición de la presente acción transcurrieron más de dos años,
circunstancia que refuerza la necesidad de verificar el cumplimiento del requisito de
inmediatez.
28. En caso de superar dicho examen preliminar, en segundo lugar, será
procedente estudiar si ¿incurrió la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare, al proferir las decisiones del 9
de marzo 2023 y del 20 de enero de 2025, así como la Sentencia del 3 de marzo de
2022, respectivamente en un defecto sustantivo y fáctico?
29. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional; (iii) la inmediatez
en la acción de tutela contra providencias judiciales; y (iv) reiteración de
jurisprudencia, en relación con la exigencia de una carga argumentativa cualificada
para cuestionar las decisiones de las altas Cortes, análisis del caso concreto.
10 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
10
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La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
30. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200511, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
31. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
El requisito de relevancia constitucional
32. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
11
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reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
33. La Corte Constitucional indicó18 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
34. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate19: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
35. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.
El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales
36. De lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional21 ha entendido que la acción de tutela puede presentarse en
cualquier momento, en la medida que no está sujeta a un término de caducidad.
37. Aunque el Tribunal Constitucional considera que la acción de tutela no está
sujeta a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse dentro
de un plazo razonable, contado a partir del hecho que origina la presunta
vulneración de derecho fundamental. En los casos en que la tutela se dirige contra
providencias judiciales, dicho plazo se computa desde el momento en que la
decisión es notificada, y por ende, conocida por las partes22.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
21 Sentencia T-246 de 2015.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-306 de 2014.
12
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38. En esa línea, en la Sentencia SU-108 de 201823, la Sala Plena estableció que
le corresponde al juez constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada
caso en concreto, con el fin de determinar si la acción de tutela fue interpuesta
dentro del plazo razonable, o si, por el contrario, existe una justificación válida que
permita flexibilizar el requisito de inmediatez. Sobre este punto la Corte precisó que:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir,
su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos
continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o
caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza
o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una
protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente
autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas
fuera del texto original)
39. En ese sentido, el Juez de tutela puede considerar procedente la acción de
amparo constitucional, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre
que existan razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que
haya transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que
debe evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que
expliquen la falta de acción oportuna.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias de las
altas cortes
40. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales emitidas por
una alta Corte debe ser analizada con un criterio de excepcionalidad y estricta
rigurosidad, dado que se trata de decisiones adoptadas por el máximo órgano de la
jurisdicción competente. En consecuencia, su procedencia no puede fundamentarse
en una mera discrepancia con el fallo judicial, sino que exige la demostración clara
y suficiente de que la providencia impugnada ha generado una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, derivada de una actuación arbitraria,
irrazonable o contraria a los principios constitucionales24.
23Así como la Sentencia T-285 de 2019.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2025.
13
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
41. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha enfatizado la necesidad de
restringir la procedencia de la tutela contra providencias judiciales proferidas por
altas cortes, resaltando su importancia en el sistema jurídico. En este sentido, ha
señalado lo siguiente25:
“Así, por ejemplo, en las sentencias SU-072 de 2018, SU-424 de 2021 y SU-
149 de 2021 la Corte hizo énfasis sobre la procedencia más restrictiva de la
tutela contra providencias de las altas cortes, en tanto sus decisiones, como
órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
42. En suma, la acción de tutela contra providencias judiciales de las altas cortes
constituye un mecanismo extraordinario, reservado únicamente para escenarios en
los que se acredite una vulneración clara, grave y actual de derechos
fundamentales, derivada de un defecto protuberante en la decisión judicial
cuestionada.
Análisis del caso concreto
43. Edgar Novoa Torres interpuso acción de tutela contra la Sentencia del 3 de
marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, así como
contra la providencia del 9 de marzo de 2023 y el Auto del 20 de enero de 2025,
dictados por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Sostuvo que dichas decisiones judiciales incurrieron en un defecto fáctico y
sustantivo.
44. El actor afirmó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo. Igualmente, expuso que
desconocieron los principios constitucionales de seguridad jurídica, “la
irrenunciabilidad de la seguridad social en materia laboral y el derecho al
mantenimiento del poder adquisitivo del salario”.
45. Mediante Sentencia del 3 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Casanare negó las pretensiones al concluir que el personal de la Fuerza Pública se
rige por un régimen salarial especial, que la actualización de las asignaciones con
base en el IPC solo estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004 y que, además,
las reclamaciones relativas a salarios y prestaciones causadas entre 1992 y 2004
se encontraban prescritas.
46. A través de providencia del 9 de marzo de 2023, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó esa decisión al advertir que el actor
permaneció en servicio activo entre 1997 y 2004 y solo adquirió la condición de
pensionado en 2012, razón por la cual no le eran aplicables la Ley 100 de 1993, la
Ley 238 de 1995 ni el Decreto 4433 de 2004.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
14
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Accionante: Edgar Novoa Torres
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
47. La Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la causa y, en segundo
lugar, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional e inmediatez.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
48. En primer lugar, Edgar Novoa Torres cuenta con legitimación en la causa por
activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por las decisiones adoptadas por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare, providencias que,
según afirma, transgredieron sus garantías constitucionales.
49. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Casanare, autoridades judiciales que emitieron las providencias a
las que se les atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados
por el accionante.
50. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional solicitó ser desvinculada
del proceso, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Al
respecto, la Sala advierte que funge como parte demandada dentro del proceso
ordinario, razón por la cual se mantendrá vinculada dentro de la presente acción
constitucional.
Relevancia Constitucional
51. La Sala considera que el defecto sustantivo y fáctico no superan el requisito
general de relevancia constitucional, pues la acción de tutela es utilizada para
reiterar argumentos que ya fueron resueltos en las dos instancias del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho26.
52. En primer lugar, la Sala concluye que el defecto fáctico no supera el requisito
general de relevancia constitucional. El accionante se limita a enunciar en términos
generales una indebida valoración probatoria del juez ordinario, sin exponer de
manera concreta y sustentada las razones por las cuales la omisión en la
apreciación de determinados medios de prueba habrían sido determinantes para
modificar el sentido de las decisiones adoptadas por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare y, en
consecuencia, vulnerar sus derechos fundamentales. Tampoco aportó argumentos
de constitucionalidad respecto del juicio valorativo realizado por el fallador, lo que
implicó que la solicitud de amparo se centrara, en realidad, en reproducir
cuestionamientos ya decididos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
26 Identificado bajo el radicado: 85001-2333-000-2021-00098-00/01.
15
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
53. En cuanto al defecto sustantivo, tampoco satisface el requisito general de
relevancia constitucional. El cuestionamiento se centra en la interpretación y
aplicación de los artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217, 218 y 230 de la Constitución
Política, sin evidenciar cómo dicha interpretación vulnera derechos fundamentales
ni como esta tiene impacto sobre estos. Inclusive, el actor omitió demostrar o
explicar la forma cómo las autoridades judiciales atacadas aplicaron de manera
indebida un contenido normativo de la disposición mencionada. Además, el debate
es de índole legal, al restringirse a cuestionar la aplicación de los criterios que utilizó
el fallador para negar el reconocimiento del ajuste salarial conforme al IPC. Lo que
se observa es una inconformidad con la solución jurídica adoptada por el juez
ordinario, lo cual por sí solo, no habilita la intervención del juez constitucional.
54. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante no solo identifique un derecho fundamental presuntamente
afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y suficiente la forma
en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El
razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la transgresión
de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión la forma en
que estos han sido afectados, lo que evita la utilización de la tutela como un
mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.
55. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con
el propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-administrativa,
donde las objeciones del tutelante fueron ampliamente examinadas a la luz del
acervo probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene recordar
que la tutela no constituye un recurso alternativo frente a sentencias desfavorables,
especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un análisis dentro
del proceso ordinario.
56. Adicionalmente, no se configura vulneración del derecho fundamental al debido
proceso. La Corte Constitucional ha señalado que dicho derecho solo resulta
afectado cuando se desconocen sus garantías esenciales, como el acceso al juez
natural, la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad del trámite y
de las decisiones, la imparcialidad judicial o el ejercicio de la defensa. Ninguno de
estos aspectos resultó afectado en el caso bajo estudio, toda vez que el accionante
intervino de manera activa en el proceso ordinario, ejerció su derecho a la defensa
y obtuvo pronunciamientos de fondo. En efecto, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare, al proferir
las decisiones del 9 de marzo 2023 y el Auto del 20 de enero de 2025, así como la
Sentencia del 3 de marzo de 2022, respectivamente, resolvieron sus pretensiones.
57. En esa misma lógica, no se advierte vulneración al derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El peticionario
dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente,
así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que
se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado
16
Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades
procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el
expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron respetadas,
lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.
58. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, al no
acreditarse el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pues el
solicitante pretende reabrir un debate ya resuelto en el proceso ordinario.
Inmediatez
59. La Sala considera que no se cumple el requisito general de inmediatez, dado
que la presente acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la
jurisprudencia ha considerado como razonable.
60. En el caso concreto, la Sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
confirmó la decisión del 3 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare fue notificada a las partes el 21 de abril de 2023 27. Por su parte, el
mecanismo de amparo constitucional fue radicado el 11 de agosto de 2025. Entre
ambos momentos transcurrió un periodo de aproximadamente 2 años, 3 meses y
25 días28. Dicho intervalo resulta excesivo, máxime cuando en el trámite no se
acreditó circunstancia de carácter excepcional que justificara la demora en la
interposición del amparo. En consecuencia, la Sala advierte que la acción resulta
improcedente, por cuanto no satisface la interposición oportuna prevista para la
procedencia excepcional de este mecanismo de protección constitucional.
61. En ese sentido, del análisis del escrito de tutela no se observa la exposición de
ninguna causa extraordinaria que explique de forma razonable la tardanza en la
interposición de la acción, lo cual resulta indispensable para flexibilizar el plazo
referido. La ausencia de justificación impide considerar cumplido este presupuesto
de procedencia.
62. Así las cosas, se concluye que la acción de amparo constitucional fue
promovida por fuera del plazo razonable fijado por la jurisprudencia para efectos de
acreditar el requisito de inmediatez.
27 Índice electrónico 018 de SAMAI de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
28 Conforme al artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, la notificación personal “se entenderá realizada
una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a
contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el
acceso del destinatario al mensaje.”. En el presente caso, aunque el envío de la notificación de la
sentencia cuestionada se efectuó el 19 de abril de 2023, la norma citada dispone que la notificación
solo se entiende surtida dos días hábiles después. En consecuencia, la notificación debe tenerse
como realizada el 21 de abril de 2023.
17
Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias de las altas
cortes
63. En el presente caso, la acción de tutela se dirige contra una providencia
proferida por una alta corte, lo que impone un análisis de procedencia
especialmente riguroso y exige del peticionario una carga argumentativa cualificada.
Dada su naturaleza excepcional, este mecanismo solo resulta procedente cuando
se acredita, de manera clara y suficiente, la existencia de una vulneración directa y
desproporcionada de derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial
arbitraria, caprichosa o manifiestamente contraria al orden constitucional.
64. Del escrito de tutela no se desprende que la decisión cuestionada provenga de
un ejercicio judicial infundado ni que haya producido una afectación de tal magnitud
que justifique la intervención del juez constitucional. Por el contrario, lo que pretende
el accionante es reabrir un debate previamente analizado y resuelto dentro del
proceso ordinario, lo cual desnaturaliza la acción de tutela al convertirla en una
instancia adicional de revisión.
65. En ese orden de ideas, se declarará improcedente la presente acción de amparo
constitucional, en la medida que no se cumplen los requisitos generales de
procedencia. En primer lugar, no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, de manera que el accionante pretende utilizar la tutela como una
instancia adicional para reiterar argumentos que ya fueron examinados en el
proceso ordinario. En segundo lugar, tampoco se acredita el cumplimiento del
requisito de inmediatez, toda vez que la solicitud de amparo fue presentada por
fuera del plazo que la jurisprudencia ha considerado como razonable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 10 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación: 11001031500020250495901
Accionante: Edgar Novoa Torres
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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