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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04960-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04960-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la decisión del 16 de octubre de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado para, en su lugar, negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Sonia Astrid Sanclemente Parrado, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04960-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04960-01
Accionante: Sonia Astrid Sanclemente Parrado
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho

Decisión: Revocar la decisión de primer grado que declaró improcedente la
acción de tutela para, en su lugar, negar el amparo deprecado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada la parte actora contra la providencia del 16 de octubre de
2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 1º de septiembre de 2016, la señora Sonia Astrid Sanclemente Parrado se
vinculó a la Procuraduría General de la Nación en el cargo de procuradora 30
judicial I de restitución de tierras de Bogotá.

3. Con ocasión de lo anterior, el 31 de octubre de 2022 fue enviada en comisión a
Florencia, Caquetá donde sufrió un accidente que le dejó fracturas múltiples en la
pierna derecha, por lo que fue incapacitada por 30 días.

4. Manifestó que en la nómina del mes de diciembre de 2022 solamente le fue
liquidada la bonificación por actividad judicial sobre 150 días, teniendo en cuenta
que se le descontaron los 30 días de incapacidad.

5. El 22 de diciembre de 2022, la accionante requirió el pago de la bonificación por
actividad judicial con el 100%, solicitud que fue negada por la Procuraduría General
de la Nación a través del oficio del 30 de enero de 2023.

6. Así las cosas, la señora Sanclemente Parrado promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que le negó el

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reconocimiento y pago de la bonificación por actividad judicial con un porcentaje del
100% en el mes de diciembre de 2022.

7. El proceso correspondió al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia del 13 febrero de 2024 resolvió
negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la accionante tenía
derecho a que se le pagara proporcionalmente la bonificación, de acuerdo con los
días laborados por el tiempo en que estuvo incapacitada.

8. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D mediante sentencia del 27 de septiembre de 2025 resolvió
confirmar la decisión.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte actora señaló que el Tribunal incurrió en un desconocimiento de
precedente contenido en las sentencias del 28 de enero de 20161 proferida por el
Juzgado Quince Administrativo de Cali, del 20 de noviembre de 20192 expedida por
el Consejo de Estado y del 12 de noviembre de 20243 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca; así como la sentencia de tutela T 088 de 2018
de la Corte Constitucional, en las se contempló la posibilidad de liquidar la
bonificación judicial con un porcentaje del 100 %, al no tratarse de una licencia no
remunerada, o de otra situación administrativa que impidiera el pago de la
mencionada prestación en su totalidad.

10. Asimismo, alegó que la decisión adolece de una violación directa de la
Constitución por vulneración del artículo 29 de la C.P., pues se dejó de aplicar la
norma más favorable.

11. Al respecto, señaló que la incapacidad por enfermedad no suspendía la relación
laboral, al no estar contemplada en el artículo 51 del CST ni en los artículos 92,
109, 152 y 153 del Decreto Ley 262 de 2000, por lo tanto, le asistía el derecho a
continuar percibiendo todas las prestaciones que devengaba de manera habitual.

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de mi poderdante SONIA ASTRID SANCLEMENTE
PARRADO.

SEGUNDO: DECLARAR, que tanto el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, desconocieron su ámbito funcional, así como el principio de
congruencia y, con sus decisiones, vulneraron los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política de Colombia.

1
Radicado 76001-33-33-15-000-2013-00097-00
2 Radicado 47001-23-33-000-2015-00173-01
3 Radicado 76001-33-33-15-000-2013-00097-01

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TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS las sentencias proferidas por el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá el 13 de febrero de 2024, así
como la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 27 de febrero de 2025, mediante las cuales se negaron las
pretensiones de la demanda, en su lugar, se ordene efectuar nuevamente el estudio
de la misma y se acceda a las pretensiones del escrito de la demanda, dentro de
un término no mayor a cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo
respectivo» (Sic)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que, mediante auto del 2 de septiembre en el que ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
como accionados y a la Procuraduría General de la Nación como tercero
interesado.

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D después de hacer un recuento de las actuaciones surtidas manifestó
que la bonificación fue correctamente liquidada, teniendo en cuenta que la
accionante estuvo en licencia por enfermedad, tiempo que no podía tenerse en
cuenta para tal fin.

15. De otra parte, manifestó que no incurrió en un desconocimiento de precedente,
en tanto, la jurisprudencia citada no era de obligatorio cumplimiento, razón por la
que requirió negar el amparo de los derechos invocados.

16. La Procuraduría General de la Nación señaló que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional porque lo que pretende la parte
actora con su interposición es un revivir un debate para obtener un pronunciamiento
favorable a sus pretensiones.

17. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

18. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 16 de octubre
de 2025 resolvió declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional.

19. Al respecto, señaló que la acción de tutela no supera dicho requisito, pues más
allá de advertirse la concreción de los defectos que se alegan de la providencia,
que afectara el derecho al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, lo que se busca es reabrir el debate en relación con la
posibilidad de que se liquide la bonificación por actividad judicial a la actora sobre
180 días y no sobre 150 días, dado el descuento de 30 días por concepto de
incapacidad.

20. De ahí que, manifestó que la simple disparidad de criterio no constituye en sí
misma una vulneración de derechos fundamentales, pues, de aceptar esa
posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales,
como mecanismo excepcional.

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2.6. Impugnación

21. La parte actora después insistir en los argumentos de la demanda de tutela
manifestó que el presente mecanismo cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en la medida que no se puede «pasar por alto hechos, situaciones o
pruebas que puedan conllevar a un desenlace procesal diferente al que generó la
presente tutela, toda vez que, debe velarse en todo momento, por la protección de
los derechos fundamentales de quienes acceden a la administración de justicia»,
razón por la que, solicitó que se revoque la decisión de primer grado, en
consecuencia, se amparen los derechos fundamentales invocados en protección.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, al proferir la sentencia del 25 de abril de 2025, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
al incurrir en los defectos de violación directa de la Constitución y desconocimiento
de precedente.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando

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desborda los límites que la Carta le impone.

26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

27. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el
25 de abril de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 11 de agosto
de la presente anualidad.

3.3.1.4. En cuanto al requisito de relevancia constitucional contrario a lo sostenido
en la providencia impugnada, la Sala concluye que el presente asunto cumple con
dicho requisito, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental del al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad como consecuencia de los defectos de violación directa de la Constitución
y desconocimiento de precedente.

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28. Al respecto, la Sala observa que la parte actora argumenta razonablemente que
la autoridad judicial accionada incurre en desconocimiento de precedente en el que
se indicó la posibilidad de liquidar la bonificación judicial con un porcentaje del 100
%, al no tratarse de una licencia no remunerada, o de otra situación administrativa
que impidiera el pago de la mencionada prestación en su totalidad.

29. Así como también, alega que la decisión adolece de una violación directa de la
Constitución por vulneración del artículo 29 de la C.P., pues se dejó de aplicar la
norma más favorable.

30. De modo que, no es cierto que lo pretendido por el accionante sea la realización
de un nuevo estudio del presente asunto, razón por la que la Sala procederá a
revocar la decisión de primera instancia para, en su lugar resolver el fondo de la
controversia.

3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

31. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18964, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

32. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

33. Respecto del precedente vertical5, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

34. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6.

35. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación7.

4 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
5 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
7 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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36. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.5. El defecto de violación directa como causal de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial

La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto que se
origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según el
cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»8

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto se
configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental necesario
para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del caso se dejó
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c)
el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución9”10.

Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad11.

3.7. Análisis de los presuntos defectos desconocimiento de precedente y
violación directa de la Constitución en el caso concreto

37. La parte actora señaló que el Tribunal incurre en un desconocimiento de
precedente contenido en las sentencias del 28 de enero de 2016 proferida por el
Juzgado Quince Administrativo de Cali, del 20 de noviembre de 2019 expedida por
el Consejo de Estado y del 12 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca; así como la sentencia de tutela T 088 de 2018
de la Corte Constitucional, en las se contempló la posibilidad de liquidar la
bonificación judicial con un porcentaje del 100 %, al no tratarse de una licencia no
remunerada, o de otra situación administrativa que impidiera el pago de la
mencionada prestación en su totalidad.

38. Asimismo, alegó que la decisión adolece de una violación directa de la
Constitución por vulneración del artículo 29 de la C.P., pues se dejó de aplicar la
norma más favorable.

8 SU-336 de 2017, Corte Constitucional
9 Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-

809 de 2010.
10 Sentencia T-369 de 2015.
11 Sentencia SU-198 de 2013.

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39. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D en la providencia cuestionada consideró:

«(…)
Realizado el recuento anterior, se observa que la demandante le fue concedida
licencia de enfermedad del 04 de noviembre de 2022 al 03 de diciembre de 2022,
debido a un accidente de trabajo por el cual estuvo incapacidad durante ese lapso
de tiempo, razón por la cual se encontraba separada temporalmente del servicio,
de acuerdo con el numeral 2.2 del artículo 92 del Decreto 262 de 2000.

Se colige entonces, que las normas que regulan la bonificación por actividad
judicial, son claras en estipular que los Procuradores Judiciales I que hubiesen
desempeñado el cargo en propiedad y que actúen de manera permanente como
Agentes del Ministerio Público y cumplan las metas de calidad y eficiencia, pueden
recibir la bonificación semestralmente, pagadera en junio y diciembre de cada año,
sin embargo, cuando el funcionario no hubiere desempeñado el cargo durante
el semestre completo o haya hecho uso de licencia no remunerada superior a
dos meses dentro del mismo semestre, tiene derecho a percibir la
bonificación en forma proporcional a los días laborados, siempre y cuando
haya prestado el servicio mínimo durante cuatro meses en el respectivo semestre.
(…)
Concuerda la Sala con el juez de primer grado, cuando afirma que la bonificación por
actividad judicial reconocida a la actora para el segundo semestre de 2022, estuvo
correctamente liquidada, toda vez que no puede decirse que prestó el servicio durante
todo el semestre, en tanto estuvo en licencia por enfermedad entre 4 de noviembre de
2022 y el 3 de diciembre de 2022, tiempo que no puede tenerse en cuenta para este
fin, pues en ese lapso estaba separada temporalmente del servicio, pese a que el
vínculo laboral siguió vigente por ese lapso.

Por lo anterior, la entidad debía liquidar la bonificación de manera proporcional sobre
150 días efectivamente laborados en ese semestre, de conformidad con el artículo 7º
del Decreto 3131 de 2005, modificado por el artículo 3º del Decreto 3382 de 2005, tal y
como lo efectuó la entidad.
(…)
En suma, se reitera que para la liquidación de la bonificación por actividad judicial las
normas que regulan la materia condicionan su causación a la prestación efectiva del
servicio, luego entonces, cuando el trabajador, por sus condiciones de salud,
independientemente de su origen, no puede cumplir sus funciones, no se puede concluir
que desempeñó el cargo durante el semestre completo y por ende, no puede adquirir
el pago completo del emolumento, sino que lo procedente era el pago proporcional por
los días efectivamente laborados, como lo señaló el A quo.»

40. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala considera que las conclusiones
a las que llegó la autoridad judicial accionada para confirmar la decisión de negar
las pretensiones de la demanda, al considerar que la entidad debía liquidar la
bonificación de manera proporcional sobre 150 días efectivamente laborados en
ese semestre, no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se fundamentó en
su simple voluntad, sino que, por el contrario, correspondió a un estudio y plausible
del artículo 7º del Decreto 3131 de 2005, modificado por el artículo 3º del Decreto
3382 de 2005.

41. Al respecto, el Tribunal señaló que la bonificación por actividad judicial que
recibió la actora en diciembre de 2022 se liquidó sobre 150 días debido a que la
actora estuvo en licencia por enfermedad. De modo que, al no acreditarse los
presupuestos que exigían dicha disposición normativa para adquirir el pago
completo del emolumento, por lo cual, lo procedente era el pago proporcional por
los días efectivamente laborados, como lo efectuó la entidad.

42. Así las cosas, para Sala no es posible inferir que en el presente asunto se

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incurrió en un desconocimiento del precedente contenido en las sentencias del 28
de enero de 2016 proferida por el Juzgado Quince Administrativo de Cali, del 20 de
noviembre de 2019 expedida por el Consejo de Estado y del 12 de noviembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de la sentencia
de tutela T 088 de 2018 de la Corte Constitucional, en la medida que no constituyen
un precedente de obligatorio cumplimiento, pues, no se trata de una sentencia de
unificación a través de la cuales se fijan unos parámetros.

43. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de
derechos fundamentales.

44. Lo mismo ocurre respecto de la presunta violación a la Constitución Política pues
la decisión cuestionada contiene una carga argumentativa suficiente y razonable
conforme a las disposiciones normativas aplicables al asunto bajo estudio como se
indicó en precedencia que permite inferir que no existió una interpretación
caprichosa en desmedro del derecho fundamental al debido proceso como lo alega
la parte actora en la demanda de tutela que implique vulneración a la Carta Política.

45. En ese sentido, para la Sala no se trata de una decisión irreflexiva o arbitraria
sino, por el contrario, sustentada de manera suficiente, por lo que debe ser
respetada en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial. Por lo
tanto, se negará el amparo constitucional reclamado por la parte accionante, al no
configurarse ninguna vulneración ius fundamental.

46. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

47. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez12, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

48. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
revocar la decisión de primer grado que declaró improcedente el mecanismo
constitucional para, en su lugar, negar el amparo deprecado, por las
consideraciones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

12Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04960-01
Accionante: Sonia Astrid Sanclemente Parrado

FALLA

Primero: Revocar la decisión del 16 de octubre de 2025 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado para, en su lugar, negar las pretensiones de la acción
de tutela presentada por la señora Sonia Astrid Sanclemente Parrado, de acuerdo
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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