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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04980-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04980-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04980-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04980-01
Demandante: JUDITH CECILIA RAMOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 26 de septiembre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C declaró la improcedencia de la acción de tutela, por
cuanto el asunto planteado no gozaba de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 12 de agosto de 2025, la señora Judith Cecilia Ramos Rojas,
actuando en nombre propio, entabló acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Magdalena por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, de «seguridad jurídica, primacía
del derecho sustancial ante el procesal, fuero sindical en conexidad con el derecho al
trabajo».

En criterio de la actora, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales tuvo
lugar con ocasión de la providencia del 4 de diciembre de 2024 dictada por la autoridad
judicial accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 47001-33-33-008-2022-00460-00/01, que confirmó la sentencia del 28 de
mayo de 2024 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta, por la cual, se negaron las pretensiones de la demanda.

1 Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

1
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Demandante: Judith Cecilia Ramos Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Rad: 11001-03-15-000-2025-04980-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:

[…]

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO la citada
sentencia de fecha 4 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena; en su lugar, se le ORDENE a dicho operador judicial en un término
prudencial y razonable que su Señoría considere, proferir una nueva decisión de
reemplazo en la cual se tengan en cuenta los lineamientos fijados por este H. Tribunal
Supremo, en especial, se dé estricta aplicación del artículo 46 del Decreto Ley 409 de
2020, y se acoja su debida interpretación en el sub judice, en tanto se verifique si el
motivo de mi retiro se armoniza con lo allí regulado, preservándose la garantía del
fuero sindical que ostento y el respeto de la Constitución Política, el derecho al debido
proceso y acceso a la administración de justicia2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Judith Cecilia Ramos Rojas se desempeñó como empleada pública en
provisionalidad, nombrada mediante la Resolución N.° 100-22-194 del 31 de agosto
de 2018 y posesionada el 3 de septiembre siguiente. Ocupó el cargo de Profesional
Universitario Código 219 Grado 01, adscrito a la Contraloría Auxiliar para las
Investigaciones de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, donde
laboró durante tres años y seis meses, hasta el 24 de enero de 2022.

Señaló que, a través de la Resolución N.° 100-22-035 del 21 de enero de 2022, la
Contraloría General del Departamento del Magdalena dispuso la terminación de su
nombramiento provisional en el referido cargo.

Al estimar que el acto estaba viciado, promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General del
Departamento del Magdalena, con el fin de que se estudiara la legalidad de las
Resoluciones N.° 100-22-035 del 21 de enero de 2022 y 100-22-082 del 21 de febrero
de 2022 y se ordenara el reintegro sin solución de continuidad al cargo que ocupaba
al momento de su desvinculación o a uno de igual o superior categoría, junto con el
reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir.

En primera instancia, el asunto correspondió al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta, que mediante sentencia del 28 de mayo de 2024
negó las pretensiones, al concluir que la desvinculación obedeció al reintegro de la

2 Cita textual del original con posibles errores.

2
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titular en propiedad, quien ostentaba derechos de carrera, circunstancia que dio lugar
a la finalización de la vacancia temporal que sustentaba el nombramiento, sin que a
aquella le asistiera la estabilidad propia del régimen de carrera; igualmente, precisó
que el fuero sindical invocado, conforme a la jurisprudencia, no constituía obstáculo
para la terminación de este tipo de vinculaciones ni confería vocación de permanencia
frente al titular legítimo del empleo.

Inconforme con lo anterior, la demandante interpuso recurso de apelación, al
considerar que el acto de desvinculación adolecía de falsa motivación, por desconocer
las restricciones legales propias de los nombramientos en provisionalidad y omitir su
condición de aforada y madre cabeza de familia, así como la existencia de cargos
equivalentes que permitían su reubicación.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 4 de diciembre de
2024, confirmó la decisión del a quo, al estimar que el acto demandado se fundó en
el retorno de la titular del empleo, cuyos derechos de carrera prevalecían sobre la
estabilidad relativa de quien lo ocupaba en provisionalidad.

El anterior fallo, fue notificado el 13 de febrero de 2025 a las partes e intervinientes de
forma personal mediante correo electrónico3.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La actora sostuvo que la entidad demandada desconoció su condición de aforado
sindical al momento de disponer su retiro del servicio, derivada de su calidad de
miembro de la junta directiva de la Subdirectiva Magdalena del sindicato Asociación
de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia –ASDECCOL–,
circunstancia que, según indicó, fue oportunamente acreditada y reconocida a lo largo
del proceso por las instancias.

Señaló que los proveídos cuestionados omitieron analizar la aplicación del artículo 46
del Decreto Ley 409 de 2020, el cual exige la debida motivación del acto de retiro de
empleados aforados vinculados a contralorías territoriales conforme a causales
taxativas, lo que, a su juicio, configura un defecto sustantivo por inaplicación de dicha
disposición. En igual sentido, afirmó que se desconocieron las causales de retiro
previstas en los artículos 43 y 45 ibidem, que regulan el régimen especial de carrera,
pese a haber sido invocadas en sede de apelación.

De otra parte, adujo que la providencia del tribunal se apartaba de la jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional, en particular de las sentencias T-731 de 2001, T-
1334 de 2001, T-1061 de 2002, T-1046 de 2006, T-123 de 2016 y en especial de la T-
148 de 2013, en la que se señaló la necesidad de autorización judicial previa para el
retiro de servidores públicos amparados por fuero sindical, incluso cuando se
encuentren en provisionalidad, configurándose así desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.

3 Índice 13 de Samai. Radicado 47001-33-33-008-2022-00460-01.

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Asimismo, cuestionó la aplicación de la sentencia del Consejo de Estado del 18 de
mayo de 2018, al considerar que resolvía un supuesto fáctico distinto, relacionado con
la provisión del empleo mediante concurso de méritos, circunstancia que no concurre
en su caso.

Finalmente, indicó que se desconocieron los lineamientos fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-917 de 2010 y C-1119 de 2005, en cuanto al
carácter reglado y taxativo de las causales de desvinculación de servidores
provisionales en condición de aforados.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 9 de agosto de 20254 el a quo avocó el conocimiento de la solicitud de
amparo, ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas5, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado6 en virtud de lo estipulado en el artículo 610
del CGP, y adicionalmente vinculó como tercero con interés en el resultado del
proceso a la Contraloría General del Departamento del Magdalena 7 por ser la parte
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
47001-33-33-008-2022-00460-00/01.

1.6. Intervenciones

Pese a que el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y la Contraloría General de la Nación fueron debidamente
notificadas, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia8

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C dictó sentencia el 26 de
septiembre de 2025, en la que declaró improcedente la acción de tutela, al observar
que no se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

Para sustentar dicha decisión, señaló que los argumentos expuestos se orientaban a
reabrir el debate propio de la jurisdicción ordinaria en torno a la determinación de la
Contraloría General del Departamento del Magdalena de no disponer la
reincorporación de la actora, asunto previamente resuelto por las autoridades

4 Índice 5 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
5 Si bien el actor presentó la tutela contra el tribunal Administrativo del Magdalen, el a quo constitucional

ordenó notificar como autoridad accionada también al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta. Notificación realizada a los correos electrónicos:
stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co. y j10admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6 Notificación realizada a los correos electrónicos: notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y

agencia@defensajuridica.gov.co
7Notificación realizada a los correos electrónicos:
notificacionesjudiciales@contraloriadelmagdalena.gov.co y
ventanillaunica@contraloriadelmagdalena.gov.co
8 Índice 21 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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judiciales competentes. En consecuencia, concluyó que no se configuraba actuación
arbitraria o caprichosa atribuible a las autoridades judiciales accionadas, razón por la
cual no resultaba viable la intervención del juez constitucional para revisar la
interpretación adoptada por el juez natural.

1.8. Impugnación9

La actora sostuvo que la acción de tutela tiene por objeto la protección de sus
derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la sentencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena, y no constituirse en una instancia adicional.

Alegó que en el proceso ordinario no se realizó un análisis integral, en particular por
la omisión en la aplicación del Decreto Ley 409 de 2020, especialmente de su artículo
46, relevante para la garantía de su fuero sindical.

Indicó que, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, tanto en primera instancia ante el Juzgado Administrativo del Circuito de
Santa Marta como en sede de apelación, se omitió examinar la referida disposición,
pese a haber sido oportunamente invocada y a su incidencia directa en la situación
jurídica debatida, en cuanto regula de manera expresa las causales de retiro de
empleados aforados vinculados a contralorías territoriales.

Sostuvo que dicha normativa resultaba determinante para resolver el asunto, en la
medida en que fija parámetros específicos de motivación y limita la facultad
discrecional de la administración en estos eventos, por lo que su inaplicación incidió
de manera sustancial en las decisiones adoptadas.

En esa línea, afirmó que la omisión configura un defecto sustantivo, al dejar de aplicar
una norma específica y pertinente sin justificación, situación que se replicó con el juez
constitucional, por cuanto, también omitió pronunciarse sobre dicho aspecto. Insistió
que el tribunal resolvió la alzada de manera incongruente, al no abordar el argumento
central propuesto.

Finalmente, reiteró los planteamientos expuestos en el escrito inicial en respaldo de
los yerros atribuidos a las providencias cuestionadas.

1.9 Actuaciones en segunda instancia

Mediante auto del 20 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente de esta decisión
dispuso vincular al trámite constitucional a la señora Kady Esther Rocha Ochoa, en
calidad de tercera con interés, en atención a que intervino en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 47001-33-33-008-2022-00460-00/01. No
obstante pese a haber sido debidamente notificada, guardó silencio.

9 Índice 25 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 16 de diciembre de

2025 a través de correo electrónico, mientas que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado
el 15 de enero de 2026. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019 modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 26
de septiembre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, a efectos de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas
jurídicos:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Magdalena transgredió las garantías
invocadas por la parte actora, con ocasión de la sentencia proferida el 4 de
diciembre de 2024 al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 47001-33-33-008-2022-00460-01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) relevancia constitucional y, (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su procedencia.12

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4 Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202213.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico15; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional16.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal17”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales18”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal20. (Resaltado de la
Sala)

Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un

14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-128 de 2021.
19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Ibid.

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derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.

2.5. Caso concreto

La señora Judith Cecilia Ramos Rojas señaló que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
«seguridad jurídica, primacía del derecho sustancial ante el procesal, fuero sindical en
conexidad con el derecho al trabajo», con ocasión de la providencia del 4 de diciembre
de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Se observa que la corporación judicial accionada tuvo en cuenta y analizó la
normatividad aplicable al caso como las orientaciones jurisprudenciales y las pruebas
obrantes en el proceso, para resolver el problema jurídico y adoptar la decisión que
consideró pertinente en el caso concreto. Por ello, esta Sala encuentra, prima facie,
que los argumentos y análisis realizados por la autoridad judicial parten de un
fundamento jurídico y fáctico que no se muestra caprichoso, por lo que resulta claro
que la solicitud de amparo de la referencia carece de suficiencia argumentativa desde
la perspectiva constitucional y se limita a reiterar los planteamientos ya debatidos y
resueltos dentro del proceso ordinario.

Adicionalmente, se advierte que los argumentos expuestos por la parte actora para
sustentar la configuración de un defecto sustantivo se orientan, en realidad, a
cuestionar la sentencia del tribunal accionado, por haber concluido que los cargos de
nulidad alegados no tenían vocación de prosperidad, en la medida en que su
desvinculación obedeció a la finalización de la situación administrativa que dio lugar a
la vacancia temporal, esto es, el reintegro de la señora Kadys Esther Rocha Ochoa,
quien ostentaba derechos de carrera en calidad de titular del empleo.

Por consiguiente, es evidente que la controversia planteada por la accionante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos legales, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima
más acertado, sobre el del operador judicial, lo que denota un desconcierto respecto
al sentido de la providencia. En este orden de ideas, se precisa que la administración
de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e
independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es
procedente reprochar sus decisiones por la vía de la acción de tutela.

De otro lado, respecto del precedente constitucional que, según la actora, fue
desconocido por el tribunal accionado y que fue reseñado en el sustento de la
presunta vulneración; se indica que dicho cargo tampoco supera el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto los fallos citados corresponden a acciones de
tutela, cuyos efectos son inter partes y que, por consiguiente, no constituyen
precedente para el tribunal accionado.

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Por tanto, se resalta que el juez de tutela no puede realizar nuevamente el análisis
que respaldó la providencia proferida por otra autoridad judicial, máxime si se tiene en
cuenta que los jueces están amparados por los principios de autonomía e
independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.

Se precisa que los cargos, al enmarcarse en tutela contra providencia judicial, exige
con mayor énfasis que se ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre de
forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Por las razones expuestas, se confirmará la declaratoria la improcedencia de la acción
de tutela porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional, toda vez que la parte actora pretende que en esta sede constitucional
realice nuevamente el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la
vulneración de los derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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