República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04982-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reliquidación de horas extras. Subtema
3: defecto sustantivo.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la Universidad del Valle contra la sentencia del 9 de
octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.
1. Síntesis del caso
La Universidad del Valle, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de su derecho fundamental al debido proceso,
que consideró vulnerado por las Salas de Decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca con ocasión de las sentencias dictadas en sede de segunda
instancia en 29 procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. A continuación,
se relacionan las fechas de las providencias y sus correspondientes números de
radicados:
Fecha de la sentencia Número de radicado del expediente
16 de diciembre de 2024 76001-33-33-016-2022-00004-01
16 de diciembre de 2024 76001-33-33-018-2022-00050-01
16 de diciembre de 2024 76001-33-33-014-2022-00050-01
16 de diciembre de 2024 76001-33-33-014-2022-00227-01
19 de diciembre de 2024 76001-33-33-014-2022-00158-01
31 de enero de 2025 76001-33-33-001-2021-00259-01
31 de enero de 2025 76001-33-33-011-2022-00001-01
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
31 de enero de 2025 76001-33-33-009-2022-00085-01
31 de enero de 2025 76001-33-33-005-2021-00262-01
5 de febrero de 2025 76001-33-33-021-2022-00004-01
5 de febrero de 2025 76001-33-33-020-2022-00164-01
19 de marzo de 2025 76001-33-33-017-2022-00169-01
31 de marzo de 2025 76001-33-33-017-2022-00013-01
10 de abril del 2025 76001-33-33-011-2022-00106-01
10 de abril de 2025 76001-33-33-021-2023-00029-01
30 de abril de 2025 76001-33-33-012-2022-00220-01
2 de mayo de 2025 76001-33-33-013-2022-00210-01
2 de mayo de 2025 76001-33-33-003-2022-00003-01
9 de mayo de 2025 76001-33-33-013-2022-00084-01
9 de mayo de 2025 76001-33-33-013-2022-00004-01
9 de mayo de 2025 76001-33-33-018-2022-00224-01
29 de mayo de 2025 76001-33-33-017-2022-00009-01
29 de mayo de 2025 76001-33-33-014-2022-00153-01
29 de mayo de 2025 76001-33-33-013-2022-00214-01
3 de junio de 2025 76001-33-33-013-2022-00153-01
3 de junio de 2025 76001-33-33-020-2022-00001-01
12 de junio de 2025 76001-33-33-004-2022-00217-01
27 de junio de 2025 76001-33-33-018-2022-00225-01
23 de julio de 2025 76001-33-33-018-2022-00090-01
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2.
El 21 de junio de 2021, un grupo de celadores, empleados públicos de la
Universidad del Valle, solicitó a dicha institución la reliquidación de los recargos
devengados por horas extras y trabajo suplementario teniendo como base la jornada
laboral de 190 horas mensuales, así como el reajuste de los demás factores
salariales y prestacionales.
3.
La Universidad del Valle negó la petición, al considerar que el factor aplicable
para determinar el valor de la hora correspondía a 220 horas mensuales.
4.
De manera individual, varios empleados1 presentaron demandas en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad
1 Luis Alberto Palacios Alegría, Edinson Suárez Bautista, John Jaime Domínguez Santacruz, Henry Hernán
Estrada Ortíz, Wilson Pai Rubiano, Hernán Mauricio Serna Linares, Fidencio Harvey Ruiz Erazo, Leonte Muñoz
Artunduaga, Carlos Arturo Morales Zorrilla, Francisco Polanco Tenorio, Jaime Alberto Marín Méndez, Gustavo
Cantor Marroquín, Wilson Enrique Ceballos, Hernán Piñeros Pérez, Ramon Antonio Maquilon, Juan Carlos
Rivera, Hugo Orlando Figueroa Ortiz, José Hernán Guzmán Serrano, Carlos Alberto Pérez Giraldo, Luis
Fernando Cifuentes Centro, Edinson Sánchez Castro, Elber Edison Rialpe Guaspud, Fabian Abadía Martín,
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
del Valle, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la reliquidación de las
horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos laborados, tomando
como base para liquidar el valor de la hora laboral una jornada ordinaria de 190
horas mensuales.
5.
El conocimiento de las demandas correspondió a los juzgados administrativos
de Cali2, que, en decisiones de primera instancia, en su mayoría3 accedieron
parcialmente a las pretensiones, al considerar que la jornada ordinaria de trabajo de
los empleados públicos del orden territorial está regulada por el Decreto 1042 de
1978, que corresponde a 44 horas semanales y 190 mensuales, por lo cual, la
liquidación de los recargos debía efectuarse bajo ese parámetro y no sobre 220
horas.
6.
En uno de los procesos4, el juez de primera instancia negó las pretensiones al
estimar que los celadores contaban con jornada de hasta 66 horas semanales,
razón por la cual la fórmula de liquidación, consistente en dividir el salario entre 220
horas, se ajustaba al Decreto 085 de 1986.
7.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sus distintas Salas,
confirmó las decisiones que accedieron a las pretensiones y, en el caso en el que
estas fueron negadas, revocó el fallo para, en su lugar, acceder a ellas.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela5 lo siguiente:
PRIMERA: Sírvase amparar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa
de la Universidad del Valle, vulnerados por los yerros en que incurrieron los
Magistrados Sustanciadores de las Salas 1 a 5 de Decisión del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, cuyas providencias de segunda instancia en los 27
procesos de nulidad y restablecimiento que tienen como parte demandada a la
Universidad y como objeto común la reliquidación de horas extras, incurrieron en un
defecto sustantivo, al fundamentarse en una indebida interpretación de la normativa
aplicable al cálculo de la asignación mensual, excluyendo de manera errónea el
descanso remunerado y conduciendo así a una aplicación inadecuada de las normas
rectoras de la materia.
SEGUNDA: Dejar sin efectos las sentencias de segunda instancia proferidas dentro de
los 27 procesos de nulidad y restablecimiento referidos, y ordenar a las Salas
José Leonardo Ruiz Tumiña, Jorge Orley Yusti Montero, Jorge Enrique Basto Carrillo, Aimer Peña Giraldo,
Jimmy Geovani Barreto Salamanca y John Alexander Chalarca Cardona
2 Juzgados Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Noveno, Once, Doce, Trece, Catorce, Dieciséis, Diecisiete,
Dieciocho, Veinte y Veintiuno Administrativos del Circuito de Cali.
3 76001-33-33-016-2022-00004-01, 76001-33-33-018-2022-00050-01, 76001-33-33-014-2022-00050-01,
76001-33-33-014-2022-00227-01, 76001-33-33-014-2022-00158-01, 76001-33-33-001-2021-00259-01, 76001-
33-33-011-2022-00001-01, 76001-33-33-009-2022-00085-01, 76001-33-33-005-2021-00262-01, 76001-33-33-
021-2022-00004-01, 76001-33-33-020-2022-00164-01, 76001-33-33-017-2022-00169-01, 76001-33-33-017-
2022-00013-01, 76001-33-33-011-2022-00106-01, 76001-33-33-021-2023-00029-01, 76001-33-33-012-2022-
00220-01, 76001-33-33-013-2022-00210-01, 76001-33-33-003-2022-00003-01, 76001-33-33-013-2022-00084-
01, 76001-33-33-013-2022-00004-01, 76001-33-33-018-2022-00224-01, 76001-33-33-014-2022-00153-01,
76001-33-33-013-2022-00214-01, 76001-33-33-013-2022-00153-01, 76001-33-33-020-2022-00001-01, 76001-
33-33-004-2022-00217-01, 76001-33-33-018-2022-00225-01, 76001-33-33-018-2022-00090-01.
4 76001-33-33-009-2022-00009-01.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 2.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
accionadas dictar nuevas decisiones ajustadas a la Constitución, al bloque de
constitucionalidad y a la normatividad interna, reconociendo en el cálculo de la
asignación mensual la inclusión del descanso remunerado como parte integrante de la
misma, a fin de restablecer el derecho fundamental al debido proceso vulnerado a la
Universidad del Valle.
TERCERA: Ordenar a los Magistrados accionados, adoptar todas las medidas que en
derecho correspondan a efecto de que desaparezca la vulneración de los derechos
Constitucionales violados, ya invocados en el presente escrito 6.
9.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en las decisiones objeto de tutela,
realizó una interpretación errada del régimen aplicable, al adoptar como base de
liquidación el factor de 190 horas mensuales, pese a que la normativa vigente y la
jurisprudencia reconocen el cómputo de 220 horas, que incluye el descanso
remunerado.
10.
En consecuencia, sostuvo que se configuró un defecto sustantivo, al suprimirse
de la fórmula para determinar el valor de la hora, los días de descanso remunerado,
sin justificación o análisis. Arguyó que esa circunstancia no tuvo en cuenta que la
legislación nacional no estableció la asignación por hora trabajada, sino por mes,
de ahí la expresión «asignación básica mensual».
11.
Además, porque la interpretación del Tribunal se fundó únicamente en el
Decreto 1042 de 1978, desconociendo lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio
Internacional 106 de la OIT, aprobado mediante la Ley 23 de 1967, conforme con el
cual en la asignación mensual se incluye el factor de descanso remunerado. En este
punto sostuvo que los jueces están obligados a interpretar los derechos conforme
al bloque de constitucionalidad en el que se incluyen los tratados de derechos
humanos ratificados por Colombia.
12.
Consideró que excluir el descanso remunerado implicaba una disminución
indirecta del valor real de la hora de trabajo y, en la práctica, constituía castigar al
trabajador por ejercer un derecho que el mencionado convenio protege. En ese
sentido, estimó que se desconocieron los principios de favorabilidad e in dubio pro
operario.
13.
Finalmente, expuso que el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia
del 24 de enero de 2024, dictada en un caso análogo, aplicó el factor de 220 horas,
reconociendo la inclusión del descanso semanal remunerado como parte integrante
de la asignación mensual.
2.3. Trámite procesal
14.
El despacho ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
auto del 8 de septiembre de 20257, admitió la solicitud de amparo, ordenó la
6 Se transcribe incluso con errores
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 10.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
notificación a la autoridad accionada, esto es, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y vinculó, en calidad de terceros con interés, a Luis Alberto Palacios
Alegría, Edinson Suárez Bautista, John Jaime Domínguez Santacruz, Henry Hernán
Estrada Ortíz, Wilson Pai Rubiano, Hernán Mauricio Serna Linares, Fidencio Harvey
Ruiz Erazo, Leonte Muñoz Artunduaga, Carlos Arturo Morales Zorrilla, Francisco
Polanco Tenorio, Jaime Alberto Marín Méndez, Gustavo Cantor Marroquín, Wilson
Enrique Ceballos, Hernán Piñeros Pérez, Ramon Antonio Maquilon, Juan Carlos
Rivera, Hugo Orlando Figueroa Ortiz, José Hernán Guzmán Serrano, Carlos Alberto
Pérez Giraldo, Luis Fernando Cifuentes Centro, Edinson Sánchez Castro, Elber
Edison Rialpe Guaspud, Fabian Abadía Martín, José Leonardo Ruiz Tumiña, Jorge
Orley Yusti Montero, Jorge Enrique Basto Carrillo, Aimer Peña Giraldo, Jimmy
Geovani Barreto Salamanca y John Alexander Chalarca Cardona y a los Juzgados
Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Noveno, Once, Doce, Trece, Catorce, Dieciséis,
Diecisiete, Dieciocho, Veinte y Veintiuno Administrativos del Circuito de Cali.
2.4. Intervenciones
15.
La magistrada integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca8,
ponente del fallo dictado en el proceso con radicado núm. 76001-33-33-014-2022-
00227-01, sostuvo que dicha decisión se fundó en las pruebas válidamente
aportadas, los lineamientos jurisprudenciales vigentes y en las normas aplicables al
caso, con respeto a la garantía del debido proceso. En consecuencia, solicitó que
se declarara improcedente la solicitud de tutela.
16.
El magistrado integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9,
ponente de los fallos dictados en los procesos con radicación 76001-33-33-017-
2022-00169-01, 76001-33-33-003-2022-00003-01 y 76001-33-33-018-2022-00224-
01, rindió informe en el que afirmó que en las providencias cuestionadas se dejó
claro que para los empleados que desempeñan labores de celadores se estableció
una jornada de trabajo correspondiente a 44 horas semanales, posición que
encontraba sustento en la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado. Por lo
anterior, afirmó que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.
17.
El Juzgado Trece Administrativo de Cali10 relacionó el trámite impartido en los
procesos radicados bajo los núm. 76001-33-33-013-2022-00210-00, 76001-33-33-
013-2022-00004-00, 76001-33-33-013-2022-00214-00, 76001-33-33-013-2022-
00153-00, y 76001-33-33-013-2022-00084-00, a partir del cual afirmó que no
vulneró los derechos fundamentales de la Universidad del Valle y pidió negar el
amparo.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 16, certificado núm. 35F4716AFE321BF3
3D6BEB0D7AA72D84 56788632A19A0F7A BAA72FCF4A49CBED.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 19, certificado núm. C6B8CCFC91E08DCE
EF2A0F326B843915 BC2F66B17409F9DC AA8FC54736F6FD3C.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 20, certificado núm. 0B83CCE3E78F460C
E1EAE6E84A94D03E EE7E74DC85EF7215 01460E8F3292EE32.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
18.
El Juzgado Doce Administrativo de Cali11 se limitó a relacionar el trámite
procesal del proceso radicado núm. 76001-33-33-012-2022-00220-00 y enviar el
enlace de acceso al expediente digital.
19.
El magistrado integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 12,
ponente de las sentencias del 16 de diciembre de 2024, dictadas en los procesos
núm. 76001-33-33-016-2022-00004-01, 76001-33-33-018-2022-00050- 01 y 76001-
33-33-014- 2022-00050-01; del 31 de enero de 2025, proferidas en los procesos
núm. 76001-33-33-001-2021-00259-01, 76001-33-33-011-2022-00001-01, 76001-
33-33-009-2022-00085-01 y 76001-33-33-005- 2021-00262-01, y del 29 de mayo
de 2025, dictadas en los procesos núm. 76001-33-33-017-2022-00009-01, 76001-
33-33-014-2022-00153-01 y 76001-33-33-013-2022-00214-01, indicó que no
evidenciaba la vulneración de los derechos invocados por la accionante y que las
providencias cuestionadas no configuran el defecto alegado, toda vez que no se
apartaron de manera abierta, irrazonable o caprichosa de la normativa aplicable.
Sostuvo que, por el contrario, las decisiones respondieron a una interpretación
fundada en la legislación especial vigente para los empleados públicos y en
precedentes judiciales relevantes.
20.
El Juzgado Veintiuno Administrativo Cali13 relacionó las actuaciones de los
procesos núm. 76001-33-33-021-2022-00004-00 y 76001-33-33-021-2023-00029-
00, y remitió los correspondientes enlaces para acceder a los expedientes digitales.
21.
El Juzgado Quinto Administrativo de Cali14 solicitó que se declarara
improcedente la acción constitucional o, en su defecto, se negaran las pretensiones,
dado que, en su criterio, no se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante. Para el efecto, informó que la decisión que dictó en el proceso con
radicado núm. 76001-33-33-005-2021-00262-00 siguió los lineamientos de la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que fija los parámetros
bajo los cuales se deben liquidar las horas extras y el trabajo suplementario de
acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1042 de 1978.
22.
El Juzgado Noveno Administrativo de Cali15 indicó que conoció el proceso con
radicado núm. 76001-33-33-009-2022-00085-00 en el que dictó sentencia que
accedió a las pretensiones de la demanda, cuya motivación se encontraba en tal
decisión. Manifestó que la acción de tutela no podía convertirse en una tercera
instancia para las partes, pues ello desvirtuaba su carácter subsidiario.
23.
El Juzgado Catorce Administrativo de Cali16 relacionó el trámite procesal de los
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 22, certificado núm. D9E9F1EB62EFD8E6
98E652AFAE9ED05C 56F368E60C54DAE4 8D8F526683CC19F4.
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 23.
13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 25, certificado núm. E301EDEF52B7E423
0405F69C16CC9C8B 5130A27A3E564D98 E0D66B535EF66D72.
14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 27, certificado núm. 76EF44725C8FECA0
5D940A1A66CEDD63 A069E20B9B5E33FD BF81D849654A901C.
15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 30, certificado núm. ABC5E9093ED7F554
5FB0462FA3B64537 96706C5ABD8492C7 EC8C33938835F7EA.
16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 31, certificado núm. 450B968A4FDF6135
7404B7B3D20DA434 5B31E9B119387684 4D9A183F81CBF156.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
expedientes con radicados núm. 76001-33-33-014-2022-00050-00, 76001-33-33-
014-2022-00153-00, 76001-33-33-014-2022-00158-00 y 76001-33-33-014-2022-
00227-00, a partir del cual consideró que no se evidenciaba la transgresión de
garantías fundamentales de las partes y que, en todo caso, de acuerdo a la
discusión planteada por la parte actora, correspondía al juez constitucional
determinar si había lugar a estudiar el fondo del asunto.
24.
El magistrado integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 17,
ponente de las sentencias de segunda instancia dictadas en los procesos núm.
76001-33-33-021-2022-00004-01 y 76001-33-33-012-2022-00220-01 solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, se negara el
amparo ante la ausencia de los defectos fáctico y sustantivo. Afirmó que en las
providencias se aplicó el precedente judicial sin apartarse de la norma superior,
además, resaltó que el Convenio 106 de 1957 se refirió a un estándar sobre el tema
de descanso, pero no de cómputo salarial.
25.
Los señores Luis Alberto Palacios Alegría, Edinson Suárez Bautista, Jhon Jaime
Domínguez Santacruz, Henry Hernán Estrada Ortíz, Wilson Pai Rubiano, Hernán
Mauricio Serna Linares, Fidencia Harvey Ruiz Erazo, Leonte Muñoz Artunduaga,
Carlos Arturo Morales Zorrilla, Francisco Polanco Tenorio, Jaime Alberto Marín
Méndez, Gustavo Cantor Marroquín, Wilson Enrique Ceballos Arcos, Hernán
Piñeros Pérez, Ramón Antonio Maquilón, Juan Carlos Rivera, Hugo Orlando
Figueroa Ortiz, José Hernán Guzmán Serrano, Carlos Alberto Pérez Giraldo, Luis
Fernando Cifuentes Centeno, Edinson Sánchez Castro, Elber Edison Rialpe
Guapud, Fabian Abadía Martín, José Leonardo Ruiz Tumiña, Jorge Orley Yusti
Montero, Jorge Enrique Basto Carrillo, Aimer Peña Giraldo, Jimmy Geovani Barreto
Salamanca y John Alexander Chalarca Cardona pidieron que se declarara
improcedente la acción de tutela, por cuanto consideran que lo pretendido es reabrir
un litigio ya decidido, trasladando al juez constitucional la función de revisar de
nuevo aspectos probatorios y jurídicos resueltos por el juez natural.
26.
Los Juzgados Primero, Cuarto, Once, Dieciséis y Dieciocho Administrativo de
Cali, se limitaron a remitir el expediente digital requerido en el auto admisorio.
27.
Los demás vinculados guardaron silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
28.
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 9 de octubre
de 202518 declaró improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.
17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00, índice 32, certificado núm. 5055F3C11C616EE4
52862F87975AFF9A A69D8EE1015B6B76 D4748D85FC102273.
18 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-00 índice 39, certificado núm. 7A062820646D5389
9050C1625104E3AB 750D935A60367B0B 78C2E2E9EEA4252B.
7
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29.
Al respecto, indicó que el debate propuesto no se planteó desde una óptica
constitucional, pues, aunque la parte accionante alegó la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, no desarrolló argumentos que sustentaran dicha
afirmación y, por el contrario, reiteró los expuestos en el recurso de apelación
presentado en los procesos ordinarios.
30.
En ese sentido, advirtió que la parte accionante no expuso que las providencias
cuestionadas incurrieran en una arbitrariedad judicial, sino que su inconformidad se
limitaba a que las decisiones de segunda instancia confirmaron acceder a las
pretensiones de la demanda.
31.
Destacó que el Tribunal accionado aplicó la jurisprudencia del Consejo de
Estado19, en la que se precisó que «[…] el sistema de cálculo empleado por la
entidad, basado en 240 horas como denominador constante, resulta errado y va en
detrimento de los intereses del demandante, toda vez que reduce el valor del
recargo, teniendo en cuenta que el mismo debe partir de la asignación básica
mensual sobre una jornada de 190 horas mensuales […]» y, en consecuencia,
estableció que las horas de trabajo para los empleados públicos corresponden a 44
horas semanales que equivale a 190 horas mensuales y no a 240 horas y/o 220.
32.
En esa línea, encontró que, para el caso concreto, la autoridad judicial
accionada determinó que la Universidad del Valle utilizaba como denominador la
constante de 220 horas mensuales, en lugar de las 190 horas que resultaban de
aplicar la jornada máxima ordinaria por el factor 4,33 correspondiente al número de
semanas del mes. En consecuencia, confirmó las decisiones de primera instancia
que accedieron al reconocimiento de horas extras y recargos nocturnos de los
celadores de esa institución.
33.
En ese orden de ideas, concluyó que el debate planteado en sede constitucional
fue analizado por el juez contencioso y que no se observaba en las decisiones que
dictó que estas hubieran sido arbitrarias o que desconocieran derechos
fundamentales de la parte accionante.
2.6. Impugnación
34.
La parte actora presentó impugnación20 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Primera. Arguyó que la decisión de primera instancia erró al
calificar el asunto como de mera legalidad, pues ignoró que la controversia se
centraba en la vulneración del debido proceso por un defecto sustantivo derivado
del desconocimiento del bloque de constitucionalidad, específicamente del
Convenio Internacional 106 de la OIT.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de febrero de 2023. Proceso radicado
núm. 23001-23-33-000-2015-000-227-01.
20 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06977-00, índice 17, certificado núm. BFD6FB08C1421306
D68BBE6B5C501224 D17B8F50112E7E99 209A286A1FA72DDB.
8
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35.
Afirmó que la tutela no pretendía convertirse en tercera instancia, sino que se
corrigiera lo que considera una vía de hecho judicial, pues, insistió en que la
autoridad judicial accionada suprimió de la fórmula para determinar el valor de la
hora, los días de descanso remunerado sin justificación o análisis.
36.
Indicó que, si bien el debate tiene un componente económico, su trasfondo era
de orden constitucional, por lo cual el juez de tutela no podía desconocer la
incorrecta liquidación de horas extras en numerosos procesos judiciales, que
generaba un impacto desproporcionado sobre el patrimonio de la universidad, de
ahí que el debido proceso estaba ligado a la defensa del erario.
37.
Por lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.
2.7. Trámite de segunda instancia
38.
Por auto del 30 de enero de 2026, se declaró fundado el impedimento
manifestado por el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera para conocer
de la acción de tutela de la referencia21.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
39.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 9 de
octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
40.
La legitimación en la causa por activa de la Universidad del Valle está acreditada
porque fue la parte demandada en los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho en los que fueron expedidas las sentencias que, a su juicio, desconocieron
sus derechos fundamentales.
41.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, debido a que fue la autoridad que profirió las
providencias objeto de estudio.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
42.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 22, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
21
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04982-01, índice 10.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
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de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional23.
43.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
44.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales24 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
45.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución25.
3.4. Problema jurídico
46.
En atención a que la sentencia de primera instancia declaró la improcedencia
de la acción de tutela, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo
supera el requisito de relevancia constitucional. De ser así, verificará el
cumplimiento de los demás requisitos de procedibilidad. Superado lo anterior,
deberá establecer si: ¿el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el
derecho al debido proceso de la Universidad del Valle, al proferir las sentencias que
accedieron a la reliquidación de las horas extras de los celadores vinculados a dicha
institución?
23
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
25 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
47.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional26 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
48.
Así pues, la Corte Constitucional27 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»28 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»29;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
49.
Contrario a lo resuelto por el juez de tutela de primera instancia, la Sala
considera que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez
que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus
derechos fundamentales, indicó expresamente que en las decisiones cuestionadas
se configuró un defecto sustantivo que, a su juicio, impidió que se expidiera una
decisión ajustada a derecho. En específico, alegó que desconocieron el Convenio
Internacional 106 de la OIT.
50.
Respecto del requisito de inmediatez, el artículo 86 de la Carta Política
establece que la acción de tutela se puede presentar en cualquier momento y lugar,
pues su finalidad es la protección inmediata de los derechos fundamentales,
también es cierto que se debe ejercer dentro de un plazo razonable, según las
condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto, para asegurar la protección
oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la urgencia y la necesidad de
intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11
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51.
Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
52.
Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado30 explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación,
como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se
efectuara en un plazo razonable, se debía presentar la tutela dentro de los seis
meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.
53.
Al examinar la totalidad de los expedientes ordinarios en el Sistema de Gestión
Judicial SAMAI, la Sala encuentra que la acción de tutela no cumple el requisito de
inmediatez respecto de las sentencias: (i) del 16 de diciembre 2024, dictadas en los
procesos núm. 76001-33-33-016-2022-00004-01, 76001-33-33-018-2022-00050-
01, 76001-33-33-014-2022-00050-01 y 76001-33-33-014-2022-00227-01, por
cuanto cobraron ejecutoria el 27 de enero de 202531, y (ii) del 19 de diciembre de
2024, expedida en el proceso núm. 76001-33-33-014-2022-00158-01, que quedó
ejecutoriada el 21 de enero de 202532. A su turno, el escrito de tutela fue presentado
el 12 de agosto de 202533.
54.
Lo dicho da cuenta que entre la ejecutoria de las sentencias que, según la
accionante vulneraron su derecho al debido proceso, y el ejercicio de la acción de
tutela, transcurrieron más de 6 meses y 15 días, de manera que se superó el plazo
razonable para acudir ante el juez constitucional.
55.
En este punto, es pertinente advertir que, en lo que respecta a la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, el análisis del requisito de la inmediatez
debe ser estricto, con el fin de no desconocer los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, pues las decisiones judiciales no pueden mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente, por lo que resulta necesario establecer un plazo
razonable para su interposición. En este sentido, la jurisprudencia es diáfana al
determinar que la eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando
la parte tiene conocimiento de esta, lo que resulta identificable desde el trámite en
que se perfecciona su notificación y ejecutoria.
56.
La Sala pone de presente que la parte actora, en el escrito de tutela, no
manifestó ningún motivo o hecho concreto que le haya impedido ejercer
oportunamente este medio de defensa judicial, y que se convierta en
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
31 Samai, exp. 76001-33-33-016-2022-00004-01, índice 20.
Samai, exp. 76001-33-33-018-2022-00050-01, índice 19.
Samai, exp. 76001-33-33-014-2022-00050-01, índice 19.
Samai, exp. 76001-33-33-014-2022-00227-01, índice 18.
32 Samai, exp. 76001-33-33-014-2022-00158-01, índice 20.
33 Samai, exp. 11001-03-15-000-04982-00, índice 2.
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desproporcionada la exigencia del agotamiento de este requisito de procedencia de
la acción constitucional. En tal sentido, no se encuentra justificada la interposición
tardía de la solicitud de amparo constitucional.
57.
En consecuencia, la acción de tutela es improcedente respecto de las
sentencias del 16 de diciembre 2024, dictadas en los procesos núm. 76001-33-33-
016-2022-00004-01, 76001-33-33-018-2022-00050-01, 76001-33-33-014-2022-
00050-01 y 76001-33-33-014-2022-00227-01, así como la sentencia del 19 de
diciembre de 2024, expedida en el proceso núm. 76001-33-33-014-2022-00158-01.
58.
Respecto de las demás providencias cuestionadas34, la tutela cumple el
requisito de inmediatez, en tanto fue presentada dentro del término razonable de los
seis meses posteriores a su ejecutoria.
59.
También se satisface el requisito de subsidiariedad respecto de dichas
providencias, porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o
extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las
instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se profirieron las demás decisiones objeto de tutela.
60.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
61.
Finalmente, las providencias reprochadas no fueron emitidas dentro de un
trámite de tutela, sino que se dictaron al interior de procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho.
62.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación al defecto sustantivo y, en ese orden,
continuará con las generalidades del defecto invocado y el análisis de fondo en los
términos que lo planteó la parte actora.
3.4.2. El defecto sustantivo
63.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
34 Dictadas en los procesos núm. 76001-33-33-001-2021-00259-01, 76001-33-33-011-2022-00001-01, 76001-
33-33-009-2022-00085-01, 76001-33-33-005-2021-00262-01, 76001-33-33-021-2022-00004-01, 76001-33-33-
020-2022-00164-01, 76001-33-33-017-2022-00169-01, 76001-33-33-017-2022-00013-01, 76001-33-33-011-
2022-00106-01, 76001-33-33-021-2023-00029-01, 76001-33-33-012-2022-00220-01, 76001-33-33-013-2022-
00210-01, 76001-33-33-003-2022-00003-01, 76001-33-33-013-2022-00084-01, 76001-33-33-013-2022-00004-
01, 76001-33-33-018-2022-00224-01, 76001-33-33-017-2022-00009-01, 76001-33-33-014-2022-00153-01,
76001-33-33-013-2022-00214-01, 76001-33-33-013-2022-00153-01, 76001-33-33-020-2022-00001-01, 76001-
33-33-004-2022-00217-01, 76001-33-33-018-2022-00225-01, 76001-33-33-018-2022-00090-01.
13
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una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado35.
64.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
65.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]36.
66.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
67.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).37
3.5. Caso concreto
68.
En el asunto bajo estudio, la Universidad del Valle cuestionó las providencias
dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en sede de segunda
35
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
36 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
14
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instancia, accedieron a las pretensiones de reconocimiento y pago de la
reliquidación de la horas extras y prestaciones sociales de empleados públicos que
desempeñan el cargo de celador en dicha institución.
69.
A juicio de la parte actora, las decisiones dictadas por la autoridad judicial
accionada incurrieron en defecto sustantivo, por desconocimiento del Convenio 106
de la OIT, al excluir de la fórmula para determinar el valor de la hora el descanso
remunerado, lo cual, en su criterio, implica que el cálculo debía realizarse sobre 220
horas y no sobre 190.
70.
Pues bien, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sus
distintas Salas, en las sentencias del 31 de enero, 5 de febrero, 19 y 31 de marzo,
10 y 30 de abril, 2, 9 y 29 de mayo, 3, 12 y 27 de junio y 23 de julio, todas de 202538,
coincidió en señalar que la jornada de trabajo de los empleados públicos se rige por
el artículo 3339 inciso primero del Decreto 1042 de 1978 el cual prevé, como regla
general, una jornada de 44 horas semanales y, para empleos cuyas funciones
implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple
vigilancia, dispuso que puede fijarse una jornada de trabajo de 12 horas diarias, sin
que exceda el límite de 66 horas.
71.
Explicó que el anterior artículo fue modificado por el Decreto 85 de 1986, que
determinó que la asignación mensual establecida por la escala de remuneración
para los empleos de celadores correspondía a 44 horas semanales.
72.
Asimismo, precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado40 ha definido el
criterio para determinar el valor base de liquidación de las horas extras y de los
recargos, a partir de dicha jornada ordinaria. Así se ha considerado:
[…] el sistema de cálculo empleado por el Distrito de Bogotá, sobre 240 horas como
denominador constante, resulta errado y va en detrimento de los intereses del actor,
toda vez que reduce el valor del recargo, teniendo en cuenta que el mismo debe partir
de la asignación básica mensual sobre una jornada de 190 horas mensuales. En ese
orden, hay lugar a ordenar el reajuste de los recargos nocturnos laborados por el actor,
teniendo en cuenta que se debe emplear para el cálculo de los mismos, el número de
horas mensuales de la jornada ordinaria laboral en el sector público (190) y no la
38 Dictadas en los procesos núm. 76001-33-33-001-2021-00259-01, 76001-33-33-011-2022-00001-01, 76001-
33-33-009-2022-00085-01, 76001-33-33-005-2021-00262-01, 76001-33-33-021-2022-00004-01, 76001-33-33-
020-2022-00164-01, 76001-33-33-017-2022-00169-01, 76001-33-33-017-2022-00013-01, 76001-33-33-011-
2022-00106-01, 76001-33-33-021-2023-00029-01, 76001-33-33-012-2022-00220-01, 76001-33-33-013-2022-
00210-01, 76001-33-33-003-2022-00003-01, 76001-33-33-013-2022-00084-01, 76001-33-33-013-2022-00004-
01, 76001-33-33-018-2022-00224-01, 76001-33-33-017-2022-00009-01, 76001-33-33-014-2022-00153-01,
76001-33-33-013-2022-00214-01, 76001-33-33-013-2022-00153-01, 76001-33-33-020-2022-00001-01, 76001-
33-33-004-2022-00217-01, 76001-33-33-018-2022-00225-01, 76001-33-33-018-2022-00090-01.
39 Artículo 33. De la jornada de Trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se
refiere el presente Decreto corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas
funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá
señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas.
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de
trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho
tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras. El trabajo realizado en día sábado
no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se
aplicará lo dispuesto para las horas extras.
40 Sentencia del 16 de febrero de 2023, dictada en el proceso 23001-23-33-000-2015-00227-01.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
constante de 240 […]
73.
Ahora bien, es pertinente señalar que el Convenio 106 de la OIT 41 invocado por
la parte actora, reconoce el derecho de los trabajadores a un descanso semanal
remunerado, como una garantía mínima de protección laboral. No obstante, dicho
instrumento no regula la fórmula para determinar el valor de la hora laboral ni
establece un criterio específico para el cálculo de las horas extras o del trabajo
suplementario.
74.
En ese sentido, no se advierte del contenido del Convenio una regla de cómputo
salarial que imponga la obligación de calcular el valor de la hora ordinaria bajo la
adopción de un factor de 220 horas mensuales.
75.
De manera que, a juicio de la Sala, la controversia planteada no recae sobre el
reconocimiento del derecho al descanso remunerado, el cual, valga decir, no ha sido
desconocido por las providencias cuestionadas, sino sobre la fórmula para la
liquidación de las horas extras. Al respecto, el Tribunal acogió el precedente de esta
Sección, previamente citado, conforme al cual el cálculo del valor de la hora se
efectúa con base en la equivalencia de 190 horas mensuales, derivada de la jornada
ordinaria de 44 horas semanales prevista en el Decreto 1042 de 1978.
76.
Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de la norma aplicable al asunto, lo que excluye
la configuración de un defecto sustantivo. Por estos motivos, si bien las providencias
objeto de tutela no resultaron favorables a la tutelante, esto no significa que se
hayan desconocido sus garantías constitucionales.
77.
De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de las demandas de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener pronunciamientos
que se acomoden a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusiones
78.
Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela no cumple el requisito de
inmediatez respecto de las sentencias del 1642 y 1943 de diciembre de 2024, por lo
cual se declarará improcedente respecto a estas decisiones.
41 Artículo 6. 1. Todas las personas a las cuales se aplique el presente Convenio, a reserva de las excepciones
previstas en los artículos siguientes, tendrán derecho a un período de descanso semanal interrumpido de
veinticuatro horas, como mínimo, en el curso de cada período de siete días. 2. El período de descanso semanal
se concederá simultáneamente, siempre que sea posible, a todas las personas interesadas de cada
establecimiento. 3. El período de descanso semanal coincidirá, siempre que sea posible, con el día de la semana
consagrado al descanso por la tradición o las costumbres del país o de la región. 4. Las tradiciones y las
costumbres de las minorías religiosas serán respetadas, siempre que sea posible.
42
Dictadas en los procesos núm. 76001-33-33-016-2022-00004-01, 76001-33-33-018-2022-00050-01, 76001-
33-33-014-2022-00050-01 y 76001-33-33-014-2022-00227-01.
43 Proferida en el proceso núm. 76001-33-33-014-2022-00158-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
79.
Por otro lado, encuentra que las providencias del 31 de enero, 5 de febrero, 19
y 31 de marzo, 10 y 30 de abril, 2, 9 y 29 de mayo, 3, 12 y 27 de junio y 23 de julio,
todas de 202544, dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no
vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante.
80.
En consecuencia, se modificará la sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En
su lugar, quedará así:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la
Universidad del Valle respecto de las providencias 16 de diciembre 2024,
dictadas en los procesos núm. 76001-33-33-016-2022-00004-01, 76001-33-
33-018-2022-00050-01, 76001-33-33-014-2022-00050-01 y 76001-33-33-
014-2022-00227-01, así como la sentencia del 19 de diciembre de 2024,
expedida en el proceso núm. 76001-33-33-014-2022-00158-01, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Negar el amparo solicitado por la Universidad del Valle en contra
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respecto de las sentencias
del 31 de enero, 5 de febrero, 19 y 31 de marzo, 10 y 30 de abril, 2, 9 y 29
de mayo, 3, 12 y 27 de junio y 23 de julio, todas de 2025, dictadas en los
procesos núm. 76001-33-33-001-2021-00259-01, 76001-33-33-011-2022-
00001-01, 76001-33-33-009-2022-00085-01, 76001-33-33-005-2021-00262-
01, 76001-33-33-021-2022-00004-01, 76001-33-33-020-2022-00164-01,
76001-33-33-017-2022-00169-01, 76001-33-33-017-2022-00013-01, 76001-
33-33-011-2022-00106-01, 76001-33-33-021-2023-00029-01, 76001-33-33-
012-2022-00220-01, 76001-33-33-013-2022-00210-01, 76001-33-33-003-
2022-00003-01, 76001-33-33-013-2022-00084-01, 76001-33-33-013-2022-
44 Dictadas en los procesos núm. 76001-33-33-001-2021-00259-01, 76001-33-33-011-2022-00001-01, 76001-
33-33-009-2022-00085-01, 76001-33-33-005-2021-00262-01, 76001-33-33-021-2022-00004-01, 76001-33-33-
020-2022-00164-01, 76001-33-33-017-2022-00169-01, 76001-33-33-017-2022-00013-01, 76001-33-33-011-
2022-00106-01, 76001-33-33-021-2023-00029-01, 76001-33-33-012-2022-00220-01, 76001-33-33-013-2022-
00210-01, 76001-33-33-003-2022-00003-01, 76001-33-33-013-2022-00084-01, 76001-33-33-013-2022-00004-
01, 76001-33-33-018-2022-00224-01, 76001-33-33-017-2022-00009-01, 76001-33-33-014-2022-00153-01,
76001-33-33-013-2022-00214-01, 76001-33-33-013-2022-00153-01, 76001-33-33-020-2022-00001-01, 76001-
33-33-004-2022-00217-01, 76001-33-33-018-2022-00225-01, 76001-33-33-018-2022-00090-01.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04982-01 (11423)
Accionante: Universidad del Valle
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
00004-01, 76001-33-33-018-2022-00224-01, 76001-33-33-017-2022-00009-
01, 76001-33-33-014-2022-00153-01, 76001-33-33-013-2022-00214-01,
76001-33-33-013-2022-00153-01, 76001-33-33-020-2022-00001-01, 76001-
33-33-004-2022-00217-01, 76001-33-33-018-2022-00225-01, 76001-33-33-
018-2022-00090-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
Con impedimento
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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