Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04984-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04984-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04984-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04984-00
Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco
(2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04984-00
Demandante: Karen Milena Parra Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera –
Subsección “C”
Tesis: Se declara improcedente la solicitud de amparo, al no acreditarse los
elementos que habilitan la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales dictadas dentro de otra tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la señora Karen
Milena Parra Mosquera contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Primera – Subsección “C”.
I. LA SOLICITUD
La ciudadana Karen Milena Parra Mosquera interpuso acción de tutela contra
la Subsección “C” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a “obtener decisiones
judiciales motivadas”, los cuales consideró vulnerados con las providencias
judiciales de 31 de marzo y 23 de abril de 2025, proferidas dentro de la acción
de tutela bajo radicado 11001-33-35-026-2025-00039-01.
En su escrito de tutela, formuló las siguientes pretensiones:
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Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
“(...) 1. Que se tutele mi derecho fundamental al debido proceso y a
obtener una decisión judicial motivada y fundada en pruebas legalmente
aportadas.
2. Que se deje sin efectos la providencia del 31 de marzo de 2025 y el
auto de 23 de abril de 2025 proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
3. Que, en su lugar, se ordene proferir una nueva decisión en la que se
valoren exclusivamente las pruebas obrantes en el expediente y se dé
respuesta motivada a las pretensiones de la acción de tutela, referidas
a la valoración de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
Profesional - Técnico en Criminalística; y al numeral 2.3 del acápite de
pretensiones. (...)” (Destaca la accionante)
La accionante manifestó que interpuso acción de tutela contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre de Colombia, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la
igualdad, de acceso a cargos públicos y al mínimo vital, con ocasión del
proceso de selección No. 2503 de 2023 convocado por la Superintendencia
Nacional de Salud, relacionado con el OPEC 191278, en el cual la actora
participó como aspirante.
Señaló que la solicitud de amparo fue conocida por el Juzgado 26
Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C., quien mediante sentencia de
primera instancia de 21 de febrero de 2025 declaró improcedente la acción de
tutela, decisión que impugnó.
Indicó que el Tribunal, mediante providencia del 31 de marzo de 2025, revocó
la declaratoria de improcedencia y, en su lugar, negó el amparo con
fundamento en una prueba obtenida de manera oficiosa, consistente en una
consulta realizada en la página web de una institución educativa distinta a la
que expidió el título del interesado.
Afirmó que, respecto de la anterior sentencia, presentó solicitud de nulidad y
adición, por la indebida valoración probatoria y omisión de pronunciamiento
sobre pretensiones específicas, solicitud que fue negada mediante auto del 23
de abril de 2025, sin que, a su juicio, se resolvieran de fondo los argumentos
expuestos.
2
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Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
Manifestó que presentó solicitud de selección del expediente por parte de la
Corte Constitucional; sin embargo, la Sala de Selección No. 6 decidió no
escoger el expediente T-11.166.980 para revisión, habilitándola para acudir a
la presente acción de tutela contra providencia judicial.
Alegó que las anteriores decisiones incurrieron en defecto fáctico, en razón a
que el Tribunal fundamentó su decisión en una prueba obtenida de oficio, que
no hacía parte del expediente y que no fue puesta en conocimiento de las
partes, impidiendo su contradicción y vulnerando el derecho de defensa.
Así mismo, aseguró que incurre en falta de motivación, toda vez que las
providencias enjuiciadas carecieron de una motivación suficiente, pues no se
pronunció sobre pretensiones y argumentos esenciales de la tutela, omitió
justificar la no valoración de ciertos estudios, además de que no analizó de
fondo la indebida práctica de pruebas de oficio, limitándose a invocar la
inmodificabilidad de la sentencia.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto de 15 de agosto de 2025, el Despacho sustanciador admitió
la acción de tutela, vinculó al Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de
Bogotá, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad Libre de
Colombia, ordenó notificar a las partes y se pronunció sobre las pruebas.
2.2. La Universidad Libre de Colombia1 presentó informe en el que solicitó
ser desvinculada de la presente acción de tutela, al considerar que se configura
una falta de legitimación en la causa por pasiva.
Tras exponer los antecedentes del proceso de selección No. 2053 de 2023,
indicó que, respecto del reproche relacionado con la validación del título
Técnico en Criminalística y Ciencias Forenses, otorgado por la Escuela de
Capacitación Laboral José Celestino Mutis, se reitera que:
“(...) en la Prueba de Valoración de Antecedentes se procedió a realizar el
análisis pertinente, efectuando la comparación entre el documento aportado, con
1
Ver índice SAMAI nro. 10 del proceso de la referencia.
3
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Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
las funciones del empleo para el que concursa, denotando que, no fue posible
evidenciar similitud alguna que permita inferir que la formación adquirida,
guarde relación con la OPEC para la cual concursaba (...)”
Sostuvo que el título en criminalística está orientado a la investigación criminal
y al análisis forense, mientras que el cargo ofertado se enfoca en la tramitación
y resolución de controversias jurídicas en materia de seguridad social en salud,
por lo que ambos tienen perfiles y funciones diferentes.
Afirmó que la decisión de negar el amparo solicitado en el expediente de tutela
2025-00039-01 se encuentra ajustada a las disposiciones contenidas en el
anexo a los acuerdos del proceso de selección.
Indicó que la Universidad Libre de Colombia carece de responsabilidad y
competencia para responder por la inconformidad planteada, dado que el
análisis realizado corresponde a un pronunciamiento judicial, ajeno a su
participación o intervención.
2.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil2 presentó informe en el que
solicita se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto,
a su juicio, no se configura vulneración de derecho fundamental alguno
respecto de la accionante.
Tras exponer el trámite del proceso de selección que dio origen a la presente
controversia, indicó que lo pretendido por la ciudadana excede las funciones
de la Comisión, toda vez que el desarrollo de la actividad judicial y de los
procesos constitucionales corresponde exclusivamente a los operadores
judiciales; por tanto, la CNSC carece de competencia y control para
pronunciarse sobre dicho asunto.
2.4. El Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá y el Tribunal
guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados en debida forma. No
obstante, el Tribunal remitió el expediente de tutela 2025-00039-01, sin que
se allegara informe alguno respecto de la presente solicitud de amparo3.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2
Ver índice SAMAI nro. 11 del proceso de la referencia.
3 Ver índice SAMAI nro. 9 del expediente de la referencia.
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Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
3.2. Cuestión previa
En sus informes se observa que tanto la Universidad Libre de Colombia como
la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitaron su desvinculación al estimar
que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Para resolver las anteriores solicitudes, es preciso indicar que el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991 establece, respecto a la legitimación en la causa por
pasiva, lo siguiente:
“Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes.
La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en
él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien
se hubiere hecho la solicitud. (...)”
De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
4 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.
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Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
“(…) En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el
actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción.
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales
del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la
violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño (…)”. (Destaca la
Sala)
Pues bien, la Sala advierte que no procede la desvinculación solicitada por la
Universidad Libre de Colombia y la Comisión Nacional del Servicio Civil, toda
vez que de la lectura de los hechos de la demanda y del acervo probatorio
obrante en el expediente, se observa que las providencias judiciales
censuradas fueron proferidas dentro de la acción de tutela con número único
de radicación 11001-33-35-026-2025-00039-00/01, trámite judicial en el que
dichas autoridades actuaron como entidades accionadas.
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Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
En ese orden de ideas, la vinculación al presente trámite constitucional se
realizó con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales al debido
proceso, contradicción y defensa de dichas entidades, en tanto que las
decisiones que aquí se adopten pueden afectar sus intereses.
3.3. Hechos Relevantes
3.3.1. La accionante se inscribió dentro del proceso de selección 2503 de 2023
(Superintendencia Nacional de Salud), aspirando acceder al empleo
identificado con la OPEC No.191278 denominada “dirección de procesos
jurisdiccionales” de la Superintendencia Nacional de Salud.
3.3.2. La parte actora interpuso la acción de tutela núm. 11001-33-35-026-
2025-00039-00 contra la Comisión Nacional de Servicio Civil y la Universidad
Libre de Colombia, al estimar que dentro de proceso de selección 2503 de
2023 se presentaron diferentes irregularidades, específicamente, que no se
tuvo en cuenta en la valoración de antecedentes, la carrera técnica en
criminalística y ciencias forenses.
3.3.3. Mediante sentencia de primera instancia del 21 de febrero de 2025, el
Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá declaró improcedente la
solicitud de amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
3.3.4. Contra la anterior decisión, la parte actora presentó impugnación, la
cual fue decidida por el Tribunal aquí accionado, quien mediante sentencia del
31 de marzo de 2025 revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó
la acción de tutela. Como fundamentó de su decisión señaló que la valoración
a la prueba de antecedentes realizada por la Universidad Libre no es
irrazonable ni desproporcionada, en vista de que se ajustó al Acuerdo rector,
norma imperativa para la administración y los concursantes.
3.3.4. Respecto de la anterior decisión, la accionante solicitó aclaración y
adición, la cual fue negada mediante auto del 23 de abril de 2025.
3.3.5. En providencia de 26 de junio de 2025 la Corte Constitucional negó la
solicitud de revisión del expediente T-11.166.980 presentada por la parte
actora.
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Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
3.3.6. La accionante interpuso la presente solicitud de amparo contra las
providencias judiciales del 31 de marzo y 23 de abril de 2025, indicadas supra.
3.4. Análisis de la Sala
Corresponde a la Sala determinar si, en el presente asunto, se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a “obtener
decisiones judiciales motivadas”, que la parte actora considera conculcados
con las providencias judiciales del 31 de marzo y 23 de abril de 2025 proferidas
dentro de la acción de tutela con número único de radicación 11001-33-35-
026-2025-00039-01.
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma
naturaleza
Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente cuando se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a
otra sentencia de tutela.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Corte
Constitucional ha establecido que “no se trate de sentencias de tutela”5; lo
anterior, debido a que, “conforme con el procedimiento establecido para
adelantar este tipo de procesos –artículo 86 de la Constitución Política y
Decreto Estatutario 2591 de 1991− los errores en que incurren los jueces de
instancia y que afectan el derecho al debido proceso, pueden ser conocidos y
corregidos por la Corte Constitucional en sede de revisión”6.
En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo es
improcedente para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la sentencia
SU – 627 de 2015 la Corte Constitucional unificó jurisprudencia respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y actuaciones
de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia, así:
“[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
5 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional. T - 286 del 23 de julio de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto)
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Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 20197, precisó que, al analizar
la procedencia de una acción de tutela contra una providencia judicial proferida
en un proceso de tutela, corresponde al juez constitucional identificar, en
primer lugar, el escenario procesal en el que se dictó la decisión cuestionada,
para así verificar el cumplimiento de los parámetros excepcionales previstos
para cada caso.
En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de tutela
contra una sentencia de tutela, debe acreditarse de manera clara y suficiente
que la providencia cuestionada fue producto de una situación de fraude en los
parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional.
La Sala considera que esta acción de amparo es improcedente porque no se
cumplen los criterios definidos en la sentencia SU-627 de 2015, como se pasa
a explicar.
En efecto, en el presente asunto, el accionante sustenta la petición de amparo
en la consideración que el fallo de tutela incurrió en los defectos fáctico y
decisión sin motivación, pues, en su criterio, se valoró una prueba decretada
de oficio que no fue objeto de contradicción y se dejaron de analizar
argumentos que fueron expuestos en el escrito de tutela, por lo que solicita se
profiera una nueva decisión; sin embargo, de la revisión de la presente
solicitud de amparo no se observa que el accionante alegue o acredite
mínimamente que las providencias censuradas hubiesen sido adoptadas por la
autoridad judicial como consecuencia de una actuación con fines ilegales o
como resultado de un fraude a la ley. En atención a lo expuesto, la Sala
declarará improcedente la presente solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 14 de
marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550 01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04984-00
Accionante: Karen Milena Parra Mosquera
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Universidad Libre de Colombia y la Comisión Nacional del Servicio Civil, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por
las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de estado (E)
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con
la ley.
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