Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04985-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04985-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04985-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04985-00
Accionante: Jhonny Andrés Basto Hernández
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional –
Se pretende emplear la tutela como una instancia adicional y reproches carecen de
carga argumentativa.
Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 12 de agosto de 2025, el señor Jhonny Andrés Basto Hernández promovió acción
de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo
del Meta, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, participación política y acceso a cargos públicos.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del 3 de abril de 2025 emitida dentro
del proceso de pérdida de investidura2 iniciado por el señor Carlos Alberto González
Gutiérrez en su contra, con fundamento en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136
de 1994, en concordancia con el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 671 del 2000.
3.
Mediante la providencia cuestionada, el Consejo de Estado confirmó la decisión
adoptada el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta, que decretó
la pérdida de investidura del señor Basto Hernández, en su calidad de concejal del
municipio de Acacías – Meta, para el periodo 2020 – 2023. Se encontró acreditado que
participó en la aprobación del Acuerdo 592 del 23 de noviembre de 2022, en el que se
prorrogaron las facultades del alcalde para adjudicar subsidios de vivienda hasta el 30
de junio de 2023 – definidas mediante el Acuerdo 576 de 2022-, a pesar de que el 1 de
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela”.
2 Expediente 50001-23-33-000-2024-00009-00/01
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noviembre de ese año, se publicó en la cartelera de la alcaldía el listado de
preseleccionados para obtener la ayuda estatal, en el cual figuraba su prima, Leidy
Georgina Basto Herrera. Ello denotó su falta de diligencia en cuanto a su deber de
verificación de no estar incurso en un conflicto de intereses.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico por las siguientes
razones: (i) no hay sustento probatorio para sostener que el concejal accionante tenía
conocimiento de la participación de su prima en la convocatoria, desde el momento en
que el alcalde fue facultado para conceder los subsidios; (ii) no se otorgó mérito
probatorio alguno a las certificaciones expedidas por la Secretaría General del Concejo
Municipal y la Secretaría de Planeación y Vivienda de Acacías, que daban cuenta de
que el Acuerdo 592 de 2022 no tuvo como anexo la lista de postulantes con fecha del
1 de noviembre de 2022; (iii) el artículo 3 del Acuerdo 592 de 2022 expresamente
dispuso que las facultades otorgadas al alcalde mediante el Acuerdo 576 del mismo
año, se mantendrían por el plazo inicialmente considerado, esto es, hasta el 31 de
diciembre de 2022, no obstante el Consejo de Estado obvió esta cláusula y consideró
que el referido acuerdo fue un instrumento jurídico mediante el cual se prorrogó la
potestad del alcalde para conceder los subsidios, error que implicó una indebida
formulación del problema jurídico a resolver en el fallo de segunda instancia; y, (iv) no
se valoró debidamente lo dispuesto en los artículos 6 y 14 del Decreto 211 de 2022, en
los que se regularon las etapas del proceso de selección de los subsidios de vivienda,
con lo cual, hubiera podido advertirse que al momento en que se debatió y aprobó el
Acuerdo 592 de 2022, quienes figuraban como inscritos, apenas estaban en la etapa
de postulación.
5.
Se configuró defecto sustantivo y una violación directa a la Constitución, pues
se aplicó una causal de conflicto de intereses haciendo una lectura parcial y contraria
a los principios de legalidad, culpabilidad, favorabilidad, pro homine y pro reo que rigen
la declaratoria de pérdida de investidura. Sumado a que, se desconoció lo dispuesto en
los artículos 1, 29 y 40 de la Carta Política, al imponerse la sanción más grave del
régimen político-electoral sin cumplir con los estándares constitucionales y
convencionales. Se omitió hacer un análisis del factor subjetivo para haber endilgado
responsabilidad al demandante.
6.
Se incurrió en desconocimiento del precedente, en la medida que se inobservaron
decisiones de la Sección Primera del Consejo de Estado en las que, en casos similares,
se aplicó la excepción de responsabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la
Ley 617 de 20003. Específicamente, hizo mención a la sentencia del 20 de enero de
20234, en la que se hizo extensivo el análisis de un caso con iguales circunstancias
3 Consejo de Estado, Sección Primera: (i) sentencia del 11 de diciembre de 2006, Rad. 15001-23-31-000-2005-
03429-01, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón, (ii) sentencia del 19 de diciembre de 2018, Rad. 25000-23- 37-000-2017-
00003-01, y (iii) sentencia del 24 de agosto de 2006, Rad. 23001-23-31-000- 2005-00294-01, M.P. Camilo Arciniegas
Andrade.
4 Sentencia del 20 de enero de 2023, Rad. 05001-23- 33-000-2022-00968-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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fácticas y jurídicas, esto es, el fallo del 30 de enero de 20245, en el que se descartó que
un concejal de Guatavita, quien intervino en el trámite de proyectos de acuerdo que
autorizaron al alcalde otorgar subsidios de vivienda de interés social, hubiera
transgredido el régimen de conflicto de intereses por ser partícipe del trámite de esa
normatividad local, cuando dos de sus hermanas eran postulantes para el beneficio.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
7.
Mediante auto de 15 de agosto de 20256, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al señor Carlos Alberto González
Gutiérrez, en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y
requerir al Tribunal Administrativo del Meta para que remitiera copia digital del
expediente 50001-23-33-000-2024-00009-00/01.
(i) Sección Primera – Consejo de Estado
8.
Sostuvo que no vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, pues la decisión que adoptó se sustentó en el marco normativo aplicable al
asunto, así como en todas las pruebas obrantes en el plenario, contrastadas, a su vez,
con las inconformidades planteadas en el recurso de apelación. Descartó que se
hubiera configurado el desconocimiento del precedente alegado, pues las sentencias
que se señalan como desconocidas no fueron alegadas dentro del proceso ordinario
como decisiones judiciales aplicables al caso concreto. Reiteró el análisis efectuado en
el fallo objeto de tutela y pidió declarar improcedente la solicitud de amparo o, en todo
caso, negar las pretensiones del accionante.
(ii) Tribunal Administrativo del Meta
9.
Se remitió al análisis del caso efectuado en la sentencia de primera instancia y pidió
declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, al evidenciar que se impetró a fin
de surtir una instancia adicional al proceso de pérdida de investidura. El accionante
sustentó su dicho, en la simple inconformidad con el estudio probatorio y normativo del
asunto.
10.
El tercero interesado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
5 Cita original: “Sentencia sección (sic) primera 30 de enero de 2004, radicado: 25000-23-15- 000-2003-01190-
01(pi), cp: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”
6 Notificado el 21 y 22 de agosto de 2025.
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11. La tutela deviene en improcedente, al no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional. La parte actora pretende que se acoja la manera como se debió haber
zanjado lo referente a la declaración de responsabilidad por la causal de pérdida de
vestidura alegada en su contra, para cuyo efecto presentar inconformidad con el
proveído atacado, en cuanto a la aplicación normativa y jurisprudencial y la valoración
probatoria efectuadas por la autoridad judicial accionada.
12. La comparación entre lo alegado y analizado a lo largo del proceso ordinario y los
argumentos propuestos en la solicitud de amparo, evidencian que estos son invocados
para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por la autoridad judicial
accionada.
13. Los puntos en que se sustenta el defecto fáctico fueron puestos de presente por el
demandante al momento de contestar la demanda ordinaria y reiterados al interponer
el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia,
14. El accionante contestó a la solicitud de pérdida de investidura, alegando que no
debió declararse impedido para participar en la ponencia y votar en las sesiones
ordinarias en donde se tramitó el Acuerdo 592 del 23 de noviembre de 2022, ya que
no existía interés directo sobre la aprobación de dicho acto administrativo, ante la falta
de prueba de que tuvo conocimiento de la lista de postulados antes y durante el trámite
de debate de dicho acto administrativo.
15. Enfatizó en que, si bien el señor González -demandante en el proceso ordinario-
alegó que ese listado donde se encontraba inscrita su prima le fue notificado al concejal
desde el 16 de noviembre de 2022, no se allegó la documentación que soporte su
dicho, sumado a que, aunque se menciona que se publicaron avisos el 1 y 28 de
noviembre de 2022 en la página web del municipio y las carteleras de la Secretaría de
Planeación y Vivienda municipal, estos no fueron remitidos como copia al Concejo
Municipal de Acacías. Para el efecto, aportó certificaciones expedidas por la Secretaría
General del Concejo y la Secretaría de Planeación y Vivienda, en las que consta que
ese registro no se allegó como anexo al proyecto de Acuerdo 592 de 20227.
16. A su turno, alegó que debía aplicarse a su favor la causal excluyente de
responsabilidad consagrada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
porque en su caso concreto no se encontró acreditado el interés real y directo del
concejal al aprobar el referido acuerdo, sino que por el contrario, actuó en pro del
interés general de la población, al permitir el avance en la implementación de un
subsidio estatal a nivel territorial. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia
SU-379 de 2019, al resolver un caso similar, determinó que no era factible colegir el
interés actual y real del político implicado por el solo hecho de que aprobó un Acuerdo,
ya que su decisión no implicaba la implementación inmediata del plan de renovación
7 Fls. 8 a 10, del archivo:
“019CONTESTACION_CONTESTADEMANDAAPODYHONYANDRESBASTOCONEXCEPCIONESPDF” a índice
11, SAMAI.
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urbana del cual se vería beneficiado su hermano. Esto dependía de otras instancias y
autoridades.
17. De esta manera, solicitó tener en cuenta que en el Decreto 211 de 2022, se
definieron las 5 etapas que debían cumplirse para hacer efectivo el subsidio de
vivienda. La familiar del concejal demandado, al momento en que se suscribió el
Acuerdo 592 de 2022, se encontraba apenas en la segunda fase, esto es, la de
postulación, por lo que solo contaba con una mera expectativa hipotética aleatoria de
ser beneficiaria de la ayuda estatal. Afirmó que el procedimiento debía continuar
cumpliendo con lo previsto en el Reglamento de Subsidios del municipio de Acacías,
los Decretos Municipales 046 de 2021 y 148 de 2022, y en lo no previsto en estas
normas, se aplicaría lo dispuesto en las Leyes 3 de 1992, 1537 de 2012, 1955 de 2019,
2079 de 2021 y demás concordantes.
18. Esdecir, la actuación del concejal no tenía injerencia real en la asignación del
subsidio a favor de su prima, por lo que no se acreditó el interés real y directo para
proceder a perder la investidura.
19. Advierte esta Subsección que a diferencia de lo que se alega en la solicitud de
amparo, al contestar la demanda ordinaria, el accionante no sostuvo que el Acuerdo
592 de 2022 no fuera una prórroga de las facultades otorgadas al alcalde municipal en
el Acuerdo 576 de ese mismo año; por el contrario, consta a folios 13 y 15 de dicho
escrito que sostuvo que constituyó una prórroga que permitió entregar los inmuebles a
quienes resultaron elegidos.
20. Con todo, cabe precisar que al igual que en la tutela, se alegó que el Acuerdo 592
de 2022 no tuvo efectos jurídicos reales sobre el proceso de asignación de ayudas
estatales, ya que la Resolución 1372 del 30 de diciembre de 2022, por la cual se
estableció el listado de beneficiarios al programa Balcones de Camino Real, fue
expedida con base a las facultades otorgadas en el Acuerdo 576 de 2022, sin hacer
mención del otro acto administrativo.
21. Queda evidenciado que el accionante sustentó el defecto fáctico, en apreciaciones
probatorias puestas en conocimiento del juez ordinario, las cuales iban dirigidas a
denotar que el interés real y actual no fue acreditado y, por ende, era improcedente
declarar la pérdida de investidura.
22. A igual conclusión se llega respecto al defecto sustantivo y la violación directa de la
Constitución. En el escrito de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia
que declaró su pérdida de investidura, el señor Basto Hernández alegó que debía
hacerse una lectura restrictiva de la causal alegada en su contra para denotar la
presunta violación al régimen de conflicto de intereses, respetando en todo caso los
principios pro homine, pro reo, de legalidad y favorabilidad, entre otros8.
8 Fls 2 a 12, pdf “060Memorial_RECURSO DE APELACION”, índice 11, SAMAI.
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23. Además, encuentra la Sala que la Sección Primera del Consejo de Estado en la
sentencia objeto de tutela abordó los cuestionamientos del accionante y elaboró un
estudio completo del material probatorio, dando aplicación a la normatividad vigente
para la época, lo que evidencia que la acción de tutela se interpuso a fin de cuestionar
la interpretación del caso adelantada por dicha autoridad judicial, sustentada en la
simple inconformidad del actor.
24. El problema jurídico a resolver se centró en determinar si el concejal de Acacías
incurrió o no en la causal de pérdida de investidura prevista en los numerales 2 del
artículo 55 la Ley 136 de 1994 y 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por haber
infringido el régimen del conflicto de intereses, al haber participado en el trámite y
aprobación del Acuerdo 592 de 2022, mediante el cual “se prorrogaron” las facultades
otorgadas al alcalde municipal para adjudicar subsidios de vivienda hasta el 30 de junio
de 2023 en el municipio de Acacías para el proyecto de vivienda Balcones del Camino
Real.
25. Esa afirmación sobre el Acuerdo 592 de 2022, contrario a lo que se expone en la
solicitud de amparo, tiene sustento en lo que el propio demandante alegó al contestar
la demanda, luego no se entiende por qué se alega lo contrario en sede constitucional.
26. Acorde al estudio del caso que se propuso el fallador de segunda instancia, pasó a
referir los requisitos decantados legal y jurisprudencialmente para declarar el conflicto
de intereses como causal de pérdida de investidura, los cuales eran: (i) que la persona
señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de conflicto de intereses
ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista, (ii) la existencia de un interés
directo, particular y actual de dicho funcionario, ya fuere de orden económico o moral,
en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso; y, (iii) que a
pesar de ello, el Congresista participe de forma activa en el respectivo trámite, sin haber
manifestado impedimento alguno.
27. Acto seguido, pasó a analizar las pruebas aportadas al proceso dentro de las cuales
hizo mención expresa a: (i) la copia del Decreto 211 de 2022 en la que se regularon
las etapas del proceso de asignación de la referida ayuda estatal, (ii) aviso del 1 de
noviembre de 2022 por medio del cual el municipio de Acacías publicó el listado de
hogares que se postularon para adquirir subsidio familiar de vivienda, en los que
constaba que la señora Leidy Georgina Basto Herrera estaba inscrita, (iii) la copia de
la Resolución 1299 del 15 de diciembre de 2022, por medio de la cual se ordenó
publicar en orden descendente, los postulantes preseleccionados para obtener el
subsidio en comento, en el que figuró la prima del concejal accionante, (iv) la
Resolución 1371 del 30 de diciembre de 2022, por medio de la cual el alcalde municipal
otorgó 194 subsidios de vivienda de interés social en modalidad de adquisición de
vivienda, listado dentro del cual aparecía el nombre de Leidy Basto, y (v) certificaciones
del 23 de enero y 2 de mayo de 2023, expedidas por la Secretaría General del Concejo
Municipal y la Secretaría de Planeación y Vivienda de Acacías, en las que constaba
que la administración no dio a conocer al concejo, el listado de hogares postulados
para obtener el subsidio de vivienda.
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28. Luego, entró a estudiar el elemento objeto de la causal de pérdida de investidura.
Precisó que se acreditó la condición de concejal electo del señor Jhonny Andrés Basto,
y la existencia de un interés directo, actual, particular e inmediato, en la deliberación o
decisión del Acuerdo 592 de 2022, en razón a que su prima, se había postulado para
percibir el subsidio de vivienda municipal sobre el cual versaba dicho acto
administrativo.
29. Acorde a los registros civiles aportados al plenario y un oficio efectuado por ese
despacho judicial a la Registraduría Municipal del Estado Civil de Cáqueza, encontró
probado el vínculo de parentesco en cuarto grado de consanguinidad existe entre el
concejal y la señora Leidy Georgina Basto. Seguidamente, encontró demostrado que
el señor Basto Hernández tenía un interés directo, particular y actual que le impedía
participar en el trámite y aprobación del Acuerdo 592 de 2022, que tuvo lugar en las
sesiones de 17 y 23 de noviembre del año 2022. Expuso que este acto administrativo
tenía por objeto ampliar las facultades otorgadas al alcalde municipal mediante el
Acuerdo 576 de 10 de marzo de 2022, hasta el 30 de junio de 2023, a prevención, y
para que hiciera los correspondientes actos de transferencia, a pesar de que, para esa
fecha, la lista de postulantes había sido publicada por la Secretaría de Planeación y
Vivienda mediante el Aviso No. 1 de 1° de noviembre de 2022, y en la cual aparecía
incluido el nombre de su prima.
30. Concluyó que el interés resulta directo, actual e inmediato y viene determinado por
el hecho de que para la fecha en que participó y votó el Acuerdo 576 de 10 de marzo
de 2022, por medio del cual se ampliaron las facultades al alcalde del municipio para
otorgar subsidios de vivienda de interés social, su prima tenía la condición de
postulante. Precisó que, contrario a lo sostenido por el apelante, el interés resulta
directo, particular y actual no se confunde con el que les asiste a todas las personas o
a la comunidad en general, pues para el momento en que participó en el trámite y
aprobación del Acuerdo 576 de 2022, ya se había publicado el listado de
preseleccionados, por lo que era esperable que el accionado pusiera en conocimiento
esa circunstancia ante el pleno de la corporación para evitar que se comprometa “[…]
el interés general, la justicia y el bien común, principios y elementos […] fundantes del
Estado (artículo 1)[…]”, principios que se buscan preservar justamente con la
consagración del régimen de conflicto de interés como constitutivo de pérdida de
investidura. Por ende, el subsidio de vivienda de interés familiar dejó de cobijar a la
generalidad de las personas para abarcar a un conglomerado determinado.
31. Al respecto, citó lo dispuesto por la Sección Primera del Consejo de Estado en un
caso similar en sentencia del 15 de diciembre de 20239.
9 Cita original: “3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2023, MP: Oswaldo Giraldo López, radicado núm.: 50001-23-33-000-2023-00007-01. En idéntico
sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2023, MP: Oswaldo Giraldo López, radicado núm.: 50001-23-33-000-2023-00006-01”
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32. Seguidamente, efectuó el estudio del elemento subjetivo de la causal invocada en
su contra, y determinó que el concejal no obró con diligencia al participar en la
deliberación y votación del Acuerdo 592 de 2022, por cuanto para dicha fecha era
público el listado de preseleccionados, en el cual figuraba su prima y, por ende, desde
ese momento se produjo una colisión entre el interés general con el particular, en favor
de terceros. Esta culpa corresponde a la grave que según el Código Civil consiste en
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Estimó que tampoco se
demostró que el accionado hubiera solicitado la asesoría de un abogado de cara a
averiguar la situación en la que se encontraba, ni se evidenció que existieran
interpretaciones disímiles en la jurisprudencia respecto del alcance de la conducta
reprochada, y de los elementos concurrentes para su configuración.
33. Finalmente, dispuso que si bien era cierto que, según lo ratificaron las certificaciones
expedidas por la Secretaría General del concejo municipal y la Secretaría de
Planeación y Vivienda, no se radicó el listado de postulantes o de posibles beneficiarios
al programa de vivienda Balcones de Camino Real, el propio artículo 291 de la Ley 5ª
de 1992 señala que dicha circunstancia constituye tan solo un criterio o guía a fin de
que los congresistas adopten una determinada decisión, sin perjuicio de que estos
adviertan la existencia de otras circunstancias constitutivas de conflicto de interés.
34. La Sala no pasa por alto que el demandante alegó un presunto desconocimiento del
precedente judicial, al no aplicarse los mismos criterios de decisión adoptados por la
Sección Primera del Consejo de Estado en casos similares y en los que se ha
decantado la causal de eximente de responsabilidad que pretendía fuera aplicada a su
favor, a saber: (i) sentencia del 20 de enero de 2023, Rad. 05001-23- 33-000-2022-
00968-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, en la cual se cita el fallo del 30 de
enero de 2004, Rad. 25000-23-15- 000-2003-01190-01, (ii) sentencia del 11 de
diciembre de 2006, Rad. 15001-23-31-000-2005-03429-01, M.P. Martha Sofía Sanz
Tobón, (iii) sentencia del 19 de diciembre de 2018, Rad. 25000-23- 37-000-2017-
00003-01, y (iv) sentencia del 24 de agosto de 2006, Rad. 23001-23-31-000- 2005-
00294-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.
35. Adviértase que el accionante no alegó ante el juez ordinario en las respectivas
instancias que estas decisiones fueran precedente aplicable a su caso concreto.
Solamente pidió la aplicación de lo dispuesto en el fallo del 11 de diciembre de 2006,
Rad. 15001-23-31-000-2005-03429-01. Al respecto, en el fallo demandado se descartó
que esta decisión judicial constituyera precedente aplicable porque en aquella
oportunidad se negó la pérdida de investidura por considerar que la participación del
concejal acusado en el proyecto que tuvo como finalidad conferir autorización al alcalde
para la adquisición de un crédito de vivienda de interés social se hizo en igualdad de
condiciones a la de la ciudadanía en general, mientras que, en el presente caso, se
analiza la situación del accionado de cara a su participación en el proyecto de acuerdo
mediante el cual se prorrogaron las facultades otorgadas al alcalde municipal para
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adjudicar subsidios de vivienda, momento en el cual era público el listado de personas
postuladas, entre las cuales figuraba el nombre de la pariente del acusado.
36. Se considera por parte de esta Subsección que en esa decisión judicial, al acogerse
un criterio jurídico que se reitera en los demás fallos enlistados como precedente, se
buscó reforzar la presunta existencia de una postura jurisprudencial aplicable a su caso
concreto que no fue alegada debidamente ante el juez ordinario y sobre la que hubo
un pronunciamiento de fondo, respecto del cual, en el escrito de tutela no se expuso
mayor argumentación a fin de desvirtuar el análisis que sobre el particular se hizo en
el fallo que confirmó la pérdida de investidura del actor.
37. Es así como, esta Sala advierte que lo pretendido por el tutelante bajo la causal de
defecto fáctico es imponer la manera como debió valorarse el material probatorio
recaudado, al no compartir el modo en que lo hizo el Tribunal accionado, frente a lo
cual cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el grado de certeza
que se les debe otorgar a las pruebas obrantes en el proceso ordinario. Tal actuación
escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de avalarse ello se
usurparía la función del juez natural de la controversia.
38. Conforme al anterior recuento, las inconformidades en las que el tutelante
fundamenta los defectos sustantivo y fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución invocados, comportan su desacuerdo con la
decisión judicial objeto de censura para que se acoja la tesis que pregona sobre la
oportunidad para incoar la demanda de reparación directa, como si esta acción fuera
una instancia adicional al proceso ordinario. Es decir, no basta que se manifieste un
descontento, sino que este debe involucrar la afectación constitucional alegada, lo cual
no se acredita en el sub-lite.
39. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional. La acción de tutela
no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con el propósito
de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe desarrollar
uno de validez.
40.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04985-00
Accionante: Jhonny Andrés Basto Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
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