Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04993-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04993-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04993-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
18 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, agotamiento de los recursos de la actuación
administrativa. Subtema 2: Decisión sin motivación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del 18 de
septiembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
1. El señor Juan Pablo Gómez Gómez presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia que consideró vulnerados con las providencias del 14 de
junio de 2024 y 30 de enero de 2025, proferidas, respectivamente, por el Tribunal
Administrativo de Caldas y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado en el radicado núm. 17001-23-33-000-2023-00266-00/01.
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
2. A partir escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
Radicado11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
3.
Mediante Auto núm. 001 del 13 de febrero de 2023, la Personería de Manizales
sancionó disciplinariamente al señor Juan Pablo Gómez Gómez con destitución e
inhabilidad general por el término de diez años.
4. El señor Juan Pablo Gómez Gómez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Personería de
Manizales, para que se declarara la nulidad de la decisión disciplinaria contenida en
el Auto núm. 001 del 13 de febrero de 2023.
5. El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Administrativo de
Caldas que, mediante auto del 23 de enero de 2024, concedió al actor un término
de diez días para corregirla, en el sentido de aportar copia los actos demandados
con la correspondiente constancia de notificación; acreditar el cumplimiento del
requisito contenido en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA en concordancia con
el 6 de la Ley 2213 de 2022; y aportar los anexos relacionados en la demanda, así
como el escrito de medidas cautelares.
6. El señor Gómez Gómez presentó escrito de subsanación y el Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante auto del 14 de junio de 2024, rechazó la
demanda al advertir a partir de la documentación aportada, que el accionante no
interpuso el recurso de apelación contra la decisión disciplinaria de primera instancia
que cuestionaba, la cual quedó ejecutoriada el 28 de febrero de 2023. En
consecuencia, concluyó que no cumplió con el requisito de procedibilidad
establecido en el numeral 2 del artículo 151 del CPACA.
7. Inconforme con la anterior decisión, el actor presentó recurso de apelación, con
fundamento en que el apoderado que inicialmente lo representó no recurrió el fallo
disciplinario de primera instancia ni adelantó otras actuaciones en su defensa.
8. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
providencia del 30 de enero de 2025, confirmó el auto recurrido, por las mismas
razones del juez de primera instancia y agregó que la deficiente defensa técnica no
constituía un argumento válido para pasar por alto el requisito de interponer el
recurso que procedía en contra del acto acusado.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. El señor Juan Pablo Gómez Gómez solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
1. Por las razones expuestas, pido respetuosamente a la Sala que ampare los
derechos fundamentales del actor Juan Pablo Gómez Gómez, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, los cuales fueron violados por las
autoridades judiciales accionadas, con ocasión a las providencias (autos del 14 de
junio de 2024 y del 30 de enero de 2025), al interior del proceso 17001-23-33-000-
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04993-00, índice 2, certificado núm. 6D7A80C0EB4AD409
59392416BBE564EF 9213504D8B35BED9 037A599544423847.
2
Radicado11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
2023-00266-01 (5482- 2024). Como consecuencia de lo anterior, pido
respetuosamente al Juez de Tutela que deje sin efectos las decisiones judiciales
accionadas, y, en su lugar, ordene la admisión y trámite de la demanda contenciosa
promovida por el actor2.
10. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante manifestó que la
providencias que rechazaron la demanda incurrieron en una vía de hecho por falta
de motivación, por cuanto partieron de la premisa de que el numeral 2 del artículo
161 del CPACA era de obligatorio cumplimiento y no admitía otra interpretación,
cuando lo cierto era que ante los casos de falta de defensa técnica la aplicación de
dicho requisito procesal no era estricto, dado que esa omisión generaba una
«situación de indefensión».
11. En razón de lo anterior, consideró que las posturas de las autoridades judiciales
accionadas presentaban «falencias lógicas» al no abrir espacio para el análisis de
circunstancias excepcionales.
2.3. Intervenciones
12. El Tribunal Administrativo de Caldas3 solicitó que se negara la acción de tutela,
con fundamento en que no vulneró los derechos fundamentales del actor, por el
contrario, revisó cada uno de los requisitos para admitir la demanda y garantizó la
doble instancia de la decisión de rechazo.
13.
La Personería de Manizales4 pidió que se le desvinculara del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no
existía nexo causal entre sus actuaciones y los derechos cuya protección reclamaba
el accionante. De manera subsidiaria, solicitó que se negaran las pretensiones dado
que no vulneró los derechos fundamentales invocados.
14. El Municipio de Manizales5 rindió informe en el que sostuvo que la acción de
tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad, toda vez que se presentó como una
instancia adicional del proceso ordinario. Además, adujo que la decisión
cuestionada no vulneró los derechos fundamentales del actor, motivo por el que
debía negarse las pretensiones.
15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio.
2
Se transcribe con errores.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04993-01, índice 11, certificado núm. 4E5A18305C1AD866
FB0C338229B2B107 7A8C5808B1112563 2065C70D1EB06B30.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04993-01, índice 13, certificado núm. A2ED984DDBF47D0A
847B9C2D31DCFED6 C70520024BA8093D 60DA3AD28F7870B0
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04993-01, índice 10, certificado núm. 82B07C10D2237D64
5E5DDA4B73C56100 ED33797A850D9945 4609BB6871676E5B.
3
Radicado11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
2.5. Sentencia de primera instancia
16. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de
septiembre de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que
no cumplió el requisito de relevancia constitucional, debido a que el escrito de tutela
carecía de carga mínima argumentativa, en tanto no desarrolló el defecto en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial.
17. A juicio del juez de primera instancia, las circunstancias de hecho y de derecho
que el accionante indicó para sustentar la violación a sus derechos fundamentales
«resultan ser insuficientes para tener por acreditada la carga argumentativa mínima
en el caso objeto de estudio».
18. Resaltó que la simple enunciación de una inconformidad respecto de la decisión
no conducía a que el juez de tutela abordara el fondo del asunto, ya que no actuaba
como instancia adicional o de revisión del proceso.
2.6. Impugnación
19. El actor presentó impugnación6 contra la sentencia del 18 de septiembre de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, con sustento en que
la solicitud de amparo sí reviste relevancia constitucional, debido a que la sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad por diez años impuesta en su contra
generaba un impacto grave y continuado en su proyecto de vida, al limitar su
derecho al trabajo y restringir su acceso a la función pública.
20. Expuso que la sentencia de primera instancia no efectuó un juicio de validez
constitucional de las providencias cuestionadas, pues omitió estudiar los yerros
planteados en la solicitud de amparo, pese a que conforme a la sentencia SU-215
de 2022 de la Corte Constitucional, es un deber del juez constitucional analizarlos.
21. Por último, indicó que la providencia impugnada no valoró adecuadamente la
contradicción existente en el acto de notificación administrativa de la decisión
disciplinaria, en el cual se afirmó que no procedía recurso alguno y, posteriormente,
se mencionó la procedencia del recurso de apelación. Esa inconsistencia, adujo,
tuvo la capacidad real de inducir a error e impedir el agotamiento del recurso.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04993-00, índice 21, certificado C60CF87119852D17
528812982E159B33 2A296D0C2FDFC061 4C67B2E8B9954AC9.
4
Radicado11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 18 de
septiembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
23. La legitimación en la causa por activa del señor Juan Pablo Gómez Gómez
está acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 117001-23-33-000-
2023-00266-00/01, en el que se dictó el auto del 30 de enero de 2025, que estima
vulnerador de sus derechos fundamentales.
24. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, debido a que fue la
autoridad que profirió la providencia del 30 de enero 2025.
3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. La providencia objeto de estudio
25. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas y la
Subsección a de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos
que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se
dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
26. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 30 de enero de 2025 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, toda vez que esta decisión fue la que
puso fin a la actuación judicial promovida por el señor Juan Pablo Gómez Gómez.
3.4. Problema jurídico
27. Deberá la Sala determinar en primer término, si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial. Y, en segundo
lugar, establecer si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en decisión sin motivación y, con ello, vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor.
3.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
5
Radicado11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.
29.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
31. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.
3.5.1 Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
32.
La cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, en la medida en
que la discusión acerca de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia se origina como consecuencia de la decisión
judicial de rechazar la demanda y en ese orden, habilita el estudio.
33. En tal sentido, corresponde modificar la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la acción al no encontrar probado el citado requisito de
procedibilidad.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
6
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Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
34.
También se satisface el requisito de subsidiariedad, porque la parte accionante
no tiene otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus
derechos fundamentales.
35. Elrequisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la providencia
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado objeto
de reparo, es del 30 de enero de 2025, notificada el 12 de febrero de 202511 y la
demanda de tutela se presentó el 12 de agosto de 202512, esto es, dentro del plazo
de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional13 y el Consejo de
Estado14 como razonable.
36. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos no exponen una irregularidad procedimental. Finalmente, la
providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.
37. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas
en los términos que planteó la parte actora.
38. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por cuanto es la autoridad judicial
que dictó la providencia del 30 de enero de 2025, objeto de tutela.
3.6. Decisión sin motivación
39. El deber que tienen las autoridades judiciales de fundamentar sus decisiones
en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de estudio ha dado
lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se considere una causal
autónoma para la procedencia de la tutela en contra de providencia juridiciales.
40. Al respecto, la Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se
configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cuanto no se estructura a partir de la disconformidad
entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido»15.
41.En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional16 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
11
Samai, exp. 17001-23-33-000-2023-00266-01, Índice 7.
12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04993-00, índice 2.
13
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de 2024.
16
Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
7
Radicado11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad».17
42. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia de
la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del derecho
de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de contradicción.
43. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le
exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de
derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer que los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los
jueces, son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia
o deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.
44. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal18.
3.7. Caso concreto
45. En el presente asunto, el señor Juan Pablo Gómez Gómez cuestionó la
providencia del 30 de enero de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que confirmó el auto de primera instancia, que
rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por falta de
agotamiento de los recursos en la actuación administrativa.
46.
A juicio del actor, la providencia acusada incurrió en falta de motivación, porque
la autoridad judicial no debió aplicar de manera estricta el requisito de procedibilidad
en atención a la ausencia de defensa técnica. Además, porque la notificación del
acto acusado contuvo una inconsistencia que indujo a error.
47. Pues bien, en la providencia objeto de tutela, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado recordó que conforme al artículo 161 del CPACA el
agotamiento de los recursos era un presupuesto procesal insubsanable, porque
permitía a la administración revisar sus propias decisiones antes de la intervención
del juez contencioso.
17
Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
18
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024
8
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Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
48. A partir de la revisión del expediente administrativo, verificó que la Personería
de Manizales profirió la decisión disciplinaria contenida en el Auto núm. 001 del 13
de febrero de 2023 y que esta fue notificada electrónicamente al apoderado y al
disciplinado en esa misma fecha. No obstante, advirtió que, pese a que la decisión
era apelable, conforme al artículo 46 de la Ley 2094 de 2021, el interesado no
interpuso el recurso de apelación, razón por la cual el acto quedó ejecutoriado por
el vencimiento del término sin que se hubieran ejercido los medios de impugnación
previstos en la ley.
49. La autoridad judicial indicó que la falta de defensa técnica en sede
administrativa no constituía un motivo válido para obviar el requisito de interponer
el recurso que procedía, en la medida en que no bastaba con la convicción de que
la asistencia del abogado pudo ser mejor o más efectiva, «máxime cuando la
consecuencia jurídica de la norma procesal consagrada en el artículo 161, numeral
2 de la Ley 1437 de 2011 no admite otro tipo de interpretación».
50. En cuanto a la irregularidad advertida en el oficio de notificación, que
inicialmente afirmaba que no procedía recurso alguno y luego refería la procedencia
del recurso de apelación, concluyó que correspondía a un error material en la
manipulación de datos por parte de la administración en la exteriorización de la
declaración, sin capacidad de invalidar el acto ni generar una situación de
indefensión. Ello, porque la decisión disciplinaria propiamente dicha sí incluía la
indicación expresa de que el acto era apelable.
51. Por lo expuesto, concluyó que el señor Juan Pablo Gómez Gómez no agotó el
recurso obligatorio y, por ende, no estaba habilitado para acudir a la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo. De manera textual destacó lo que sigue:
Al no interponerse la apelación contra la decisión de primera instancia que sancionó
disciplinariamente al demandante, no se agotaron debidamente los recursos de la
actuación administrativa y ello imposibilita que el presente asunto pueda estudiarse
de fondo, pues recuérdese que como lo señala el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011,
esta es una exigencia procesal de obligatorio cumplimiento para demandar un acto
particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, además,
es un requisito insubsanable que hace imposible que pueda adoptarse una decisión
en una etapa posterior.
En esa medida, no le asiste razón al recurrente cuando expuso que las normas
procesales debían interpretarse en el sentido que es viable estudiar la demanda, aun
cuando no se agotaron los recursos de la actuación administrativa, porque debía
entenderse por procedimiento administrativo debidamente agotado aquel que culmina
con el trámite de todas sus etapas, respetando las formas propias del juicio y las
garantías del procesado, pues, como se advierte del estudio preliminar de esta, el
demandante contó con defensa técnica, quien tuvo la oportunidad de desplegar las
acciones pertinentes en pro de su defendido.
9
Radicado11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
52.
A juicio de la Sala, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado actuó dentro del marco de su autonomía funcional y aplicó de manera
razonable el artículo 161 del CPACA al rechazar la demanda debido a que el actor no
agotó el recurso de apelación contra la decisión disciplinaria, presupuesto procesal
obligatorio para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. En efecto,
la autoridad judicial aplicó el criterio jurisprudencial de esta Corporación19, que,
frente al tema, ha señalado:
Por este motivo, al no interponerse la apelación contra la decisión de primera instancia
que sancionó disciplinariamente al demandante, no se agotaron debidamente los
recursos de la actuación administrativa y ello imposibilita que el presente asunto se
estudie de fondo, pues recuérdese que como lo señala el artículo 161 de la Ley 1437
de 2011, esta es una exigencia procesal de obligatorio cumplimiento para demandar
un acto particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y,
además, es un requisito insubsanable que hace imposible adoptar una decisión.
53. Además, como se pudo constatar, la autoridad judicial abordó cada uno de los
reproches planteados por el actor, por lo cual, la Sala concluye que la decisión
acusada no incurrió en ausencia de motivación.
54. Bajo este contexto, se advierte que la Subsección A de la Sección Segunda de
esta Corporación realizó un análisis razonable de las actuaciones adelantadas en
el trámite administrativo, en conjunto con la normativa que regula el requisito
procesal insubsanable de agotar debidamente los recursos previo a demandar el
acto particular ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
55. En consecuencia, el estudio que desarrolló la autoridad judicial accionada en la
providencia objeto de tutela, de ninguna manera revela una vulneración de los
derechos fundamentales invocados, como pretende mostrarlo el tutelante.
56.
En este orden de ideas, la Sala considera que la providencia del 30 de enero de
2025 estuvo soportada en un estudio razonable y coherente de los hechos, las
pruebas y las normas aplicables al caso concreto, conforme los principios de
autonomía e independencia judicial y sana crítica. De esta manera, si bien la
providencia objeto de tutela no resultó favorable al actor, esto no significa que se
hayan desconocido sus garantías constitucionales.
57. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que el accionante pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2024, proceso núm.
0272-2020, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicado11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
4. CONCLUSIONES
58. Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela interpuesta por el señor Juan
Pablo Gómez Gómez supera los requisitos de procedibilidad contra providencia
judicial. Sin embargo, la providencia objeto de tutela no incurrió en decisión sin
motivación como lo adujo el accionante señor Juan Pablo Gómez Gómez.
59. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 18 de septiembre de 2025,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela y, en su lugar, negará la solicitud de amparo.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de septiembre de 2025, dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela promovida por Juan Pablo Gómez Gómez para, en su lugar, NEGAR la
pretensión de amparo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
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Radicado11001-03-15-000-2025-04993-01 (10488)
Accionante: Juan Pablo Gómez Gómez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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