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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05000-00

Fecha
15 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05000-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo propuesto por los tutelantes, por las razones contenidas en la providencia. SEGUNDO: COMUNICAR a las partes por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05000-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

15 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: ANA LAUDELINA VILLALOBOS Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia // Improcedencia por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela promovida, a través de
apoderado judicial, por Ana Laudelina Villalobos, Dinelba Caamaño Villalobos,
Nerys Caamaño Villalobos, Aracelis Caamaño Villalobos, Ruth Amparo Caamaño
Villalobos, Solfanis Caamaño Villalobos, Yomaira Esther Caamaño Villalobos,
Wilman Caamaño Villalobos, Odazzil Caamaño Villalobos, Danelia Isabel Caamaño
Villalobos, Ángel Caamaño Villalobos y María Angelica Caamaño Márquez contra
la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cesar dentro del radicado 20001- 33-33-001-2018-00522-02.
Puesto que se trata de una demanda contra providencia, en primer lugar, se
expondrán los antecedentes del proceso ordinario y, en segundo lugar, se relatarán
los fundamentos del escrito de amparo.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado 20001- 33-
33-001-20218-00522-02.

2. El 20 de noviembre de 2014, en Curumaní, Cesar, en medio de un asalto, Carlos
Alfredo Aguilar Becerra disparó contra Adolfo Rafael Caamaño Villalobos, quien
perdió la vida como resultado de los impactos de arma de fuego. Agentes de la
Policía Nacional capturaron al responsable del homicidio y descubrieron que se
trataba de una persona que, de hecho, se encontraba sometido a una medida de
aseguramiento por cuenta de otro proceso penal. Puntualmente bajo el régimen de
privación de la libertad en su domicilio, y bajo la vigilancia del INPEC.

3. La cónyuge y los hijos de la víctima iniciaron un proceso de reparación directa
contra la Rama Judicial y el INPEC. Respecto de la primera entidad, el apoderado
reprochó que un juez de garantías hubiese otorgado una medida de aseguramiento
de detención domiciliaria sin cumplir los requisitos para proferirla, y cuando debió
dictar esa orden de restricción de la libertad en centro carcelario, dada la gravedad

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

del delito que se había imputado al señor Aguilar Becerra. En relación con la
segunda institución, alegó que había existido una falta de vigilancia adecuada de
Carlos Alfredo Aguilar Becerra, sobre quien recaída una medida de aseguramiento
de detención domiciliaria. Las acciones y omisiones descritas permitieron que este
evadiera su internamiento y causara la muerte de Adolfo Rafael Caamaño. Ese
proceso se adelantó bajo el radicado 2016-0090, y en dos instancias resultó
favorable a la parte actora.

4. Más adelante, la madre y hermanos de la víctima iniciaron un segundo proceso
de reparación directa por los mismos hechos. Este trámite se identificó con número
20001-33-33-001-2018-00522-00/01. En primera instancia fue resuelto por el
juzgado primero administrativo oral del circuito de Valledupar que, en providencia
de 11 de mayo de 2023, declaró extracontractualmente responsable al INPEC por
el homicidio de Adolfo Rafael Caamaño Villalobos. La decisión fue apelada y el
Tribunal Administrativo de Cesar, en providencia de 12 de junio de 2025, revocó la
providencia de primera instancia y negó las pretensiones.

5. El Tribunal sostuvo que la muerte de Adolfo Rafael Caamaño fue resultado del
hecho de un tercero, quien incumplió el compromiso adquirido por la medida de
aseguramiento. En su criterio, el daño careció de nexo causal con la falla en el
servicio que se presentó en la vigilancia que debía prestar el INPEC, dado que el
señor Aguilar Becerra en ejercicio de un acto criminal causó el perjuicio, mientras
que la entidad demandada realizó el control periódico que dispone el artículo 314
de la Ley 906 de 2004.

Escrito de tutela.

6. El apoderado de la madre y hermanos de Adolfo Rafael Caamaño afirmó que
resulta vulnerador del derecho a la igualdad que, respecto de unos mismos hechos,
en el proceso 2016-0090, se haya declarado la responsabilidad extracontractual del
INPEC y se haya condenado al pago de perjuicios, mientras que en el proceso
2018-00522, en sede de segunda instancia, se hubiera revocado la sentencia
condenatoria. Aseveró que no existe justificación para que, en dos procesos
contenciosos basados en los mismos hechos, el Tribunal Administrativo del Cesar
haya tomado dos decisiones opuestas.

7. Adicionalmente adujo que la autoridad judicial no valoró adecuadamente las
pruebas y en que se haya dado prevalencia a las formas sobre el derecho
sustancia1.

8. Puso de relieve que la madre de Adolfo Rafael Caamaño, demandante dentro
del proceso de reparación directa identificado con radicado 2018-00522, es una
persona humilde y de 92 años, sujeto de especial protección constitucional, motivo
por el cual, el Tribunal estaba en la obligación de aplicar enfoques diferenciales
para resolver el asunto. Reiteró que la muerte de Adolfo Rafael se produjo por la
falla en el servicio del INPEC, autoridad que incumplió expresos y prescriptivos
mandatos normativos de manera inexcusable y flagrante, incumpliendo los deberes

1 Folio 3 del escrito de tutela. Índice samai 2.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

legales, como es vigilar y hacer la visita periódica o verificar donde se encontraba
el Alfredo Aguilar Becerra, poniendo en peligro a la sociedad en general y
permitiendo que se cometiera el homicidio de Adolfo Rafael.

9. Señaló que, contrario a lo que concluyó el Tribunal, en casos similares, el
Consejo de Estado ha establecido que el INPEC asume una responsabilidad por
las acciones de las personas sometidas a su custodia, incluso en casos de arresto
domiciliario. Si el INPEC no tomó las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de la medida y ocurre un hecho como un homicidio, se consideró que
había incumplido con su deber y, por lo tanto, resultaba responsable
extracontractualmente. Concluyó que no se configura causal de eximente de
responsabilidad por parte de la entidad demandada, pues existe certeza que Carlos
Alfredo Aguilar se encontraba detenido preventivamente de su libertad en su
domicilio bajo la vigilancia electrónica. Puso de relieve que, el lugar de detención
domiciliaria de Carlos Alfredo Aguilar era Bucaramanga, Santander.

Trámite de la tutela

10. La tutela fue admitida. Se notificó al Tribunal Administrativo de Cesar, a la
Nación-Rama Judicial, Ministerio de Defensa, Policía Nacional e Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario de Colombia, al Ministerio Público y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Valledupar y a los demás intervinientes dentro del
proceso de reparación directa con radicado 2018-00522-02.

11. En índice Samai 9 reposa el informe suscrito por la representante judicial del
INPEC. Sostuvo que la acción de tutela debe ser declarada improcedente, pues no
satisface el requisito de subsidiariedad, en especial, pues la parte actora cuenta
con el recurso extraordinario de revisión.

12. En índice samai 10, el Tribunal Administrativo de Cesar remitió copia digital del
expediente. En índice samai 13 reposa el informe del Juzgado Primero
Administrativo de Valledupar con el enlace del expediente de la reparación directa
en primera instancia. En índice samai 11, la representante de la Policía Nacional
intervino dentro del trámite de tutela y solicitó que se niegue la acción de tutela,
“ante la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se vislumbra la
existencia de vulneración alguna a sus derechos fundamentales”. Recordó que,
respecto a la Policía Nacional, en la sentencia de primera instancia no hubo
condena, y la apelación fue presentada únicamente por el INPEC. En índice samai
14, la representante del Ministerio de Justicia rindió informe solicitando que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no fue condenada en
la sentencia de primera instancia, ni en la de segunda, dentro del proceso de
reparación directa. Agregó que, en su criterio, la acción de tutela de la referencia
busca reabrir debates de índole legal, desarrollados en instancia, motivo por el cual,
se trata de un caso sin relevancia constitucional.

13. En índice samai 17, se recibió informe de la Fiscalía General de la Nación, esto,
pues también fue parte del proceso de reparación directa. Solicitó que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva pues no ha vulnerado ningún derecho
de la parte tutelante. De la misma manera, llama la atención en que la parte actora

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

no invocó ninguna causal específica de procedencia de la tutela. Agregó que el
escrito carece de relevancia constitucional toda vez que, se trata de una discusión
que utiliza la acción de amparo como una tercera instancia.

CONSIDERACIONES
Competencia

14. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela en sede
de segunda instancia conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 y el artículo
13 del acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.

Problema jurídico

15. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela satisface
los requisitos de procedencia formal, pues al tratarse de una petición de amparo
contra providencia judicial de segunda instancia, corresponde examinar si en el
caso concreto se satisfacen las causales genéricas previstas jurisprudencialmente.
En caso de resolver afirmativamente el primer problema jurídico, debe resolverse
un segundo problema jurídico, consistente en determinar

16. Para resolver el problema jurídico planteado, se reiterará el precedente judicial
sobre procedencia de tutela contra providencia judicial.

Causales genéricas y específicas de procedencia de tutela contra
providencia.

17. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20052, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

18. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado, ni se trata del ataque a una providencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz de la JEP; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los

2 Corte Constitucional C-590 de 2005.
3 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de

2022.
4 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias
T-218 de 2012 y T-373 de 2014.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable5 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de relevancia constitucional y la excepcionalidad de las acciones
de tutela contra sentencia

19. La relevancia constitucional es un requisito general de tutela contra sentencias,
el cual busca evitar que el juez de tutela reemplace al funcionario judicial ordinario
o especializado. Además, traslada una carga al demandante de explicar que su
caso tiene una relación directa con derechos fundamentales6, lo que implica
“justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”7. En
este sentido, esa exigencia tiene las siguientes tres finalidades8: (i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional para evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de
mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales; e, (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces. La siguiente tabla recoge los criterios que
la Corte ha utilizado para identificar cuando una demanda de tutela cuenta con
relevancia constitucional:

Criterios que identifican la relevancia Criterios que descartan la relevancia
constitucional de una acción de tutela9 constitucional de un caso de tutela10
(i) La controversia debe versar sobre (i) la discusión se limite a la simple
un asunto constitucional y no meramente determinación de aspectos legales de un
legal o económico. La cuestión debe derecho (v.g. la correcta interpretación o
revestir una “clara”, “marcada” e aplicación de una norma procesal, salvo
“indiscutible” relevancia constitucional; que de esta se desprenden claramente
(ii) el caso debe involucrar algún violaciones de derechos fundamentales).
debate jurídico que gire en torno al (ii) El asunto tiene una notable
contenido, alcance y goce de algún “naturaleza o contenido económico porque
derecho fundamental o la interpretación de se trata de una controversia estrictamente
una norma de la Constitución; y monetaria con connotaciones particulares

5 Corte Constitucional, SU-659 de 2015.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-017 de 2024.
7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-070 de 2025.
9 Corte Constitucional Sentencias SU-070 de 2025, SU-487 de 2024, SU-482 de 2024, SU-215 de

2022, SU-128 de 2021, SU-573 de 2019.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

(iii) la tutela no es una instancia o o privadas ‘que no representen un interés
recurso adicional para reabrir debates general’”12
meramente legales. (iv) la acción de tutela tenga “origen en
hechos adversos ocasionados por el
A su vez, la Sentencia SU-103 de 2022 mismo accionante, carece de relevancia
resumió los escenarios en los que un constitucional.”13 Este último criterio
asunto reviste relevancia constitucional en elimina la relevancia constitucional de los
materia de laudos arbitrales, así: (i) se casos en que el cuestionamiento del actor
desconoce, a priori, el derecho “es una consecuencia jurídica adversa
fundamental al acceso a la administración derivada de una actuación u omisión de
de justicia y al debido proceso en su faceta quien la formula”14.
constitucional11; (ii) no se emplea como una
tercera instancia judicial para reabrir el
proceso; (iii) está orientado a resolver
aspectos que trascienden cuestiones
legales; (iv) no tiene la pretensión de
cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la
falta de aplicación de normas
constitucionales; y (vi) busca evitar la
afectación del patrimonio público cuando
se cumplen determinadas condiciones. Sin
embargo, en las sentencias SU-500 de
2015 y SU-033 de 2018, la Sala Plena
precisó que el análisis de este requisito es
más estricto en los laudos arbitrales.

20. Como ha señalado la jurisprudencia constitucional15, la acción de tutela contra
providencia exige un esfuerzo argumentativo dirigido a mostrar una vulneración
concreta a los derechos fundamentales de las partes. No basta una enunciación
somera de discrepancias con el fallo que ponga fin al proceso. Esto pues las
causales de procedencia de la acción de tutela contra providencia imponen al actor
proponer una cesura que muestre, en un caso concreto, la manera en la que una
decisión judicial vulnera derechos fundamentales de las partes. En el caso sub lite,
el escrito sostiene que la decisión atacada incurrió en inadecuada valoración
probatoria, sin precisar qué medio de prueba fue apreciado en contra de las reglas

11 En la Sentencia T-244 de 2007, recogido por la Sentencia SU-103 de 2022, la faceta constitucional

del debido proceso se relaciona con el desconocimiento de sus elementos esenciales, tales como
el derecho al juez natural, el derecho a presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa,
el principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la decisión judicial, el derecho
a la independencia e imparcialidad del juez o el derecho de defensa. Por su parte, la faceta del
derecho fundamental a la administración de justicia se concreta en la infracción de las siguientes
garantías: el acceso de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el normal
desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la decisión que se adopta dentro del proceso
y su capacidad de ser ejecutada.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-429 de 2024 y SU-103 de 2022.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-429 de 2024.
15 Corte Constitucional, SU-033 de 2018, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022. La SU-128 de 2021

precisó que, no es suficiente con que la parte actora alegue la violación del derecho fundamental al
debido proceso para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional. A título de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como,
por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

de la sana crítica, o fue decretado y practicado en contra de las reglas de la
producción del conocimiento al interior del proceso judicial. Por otra parte, la parte
demandante señala que el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció
precedente del Consejo de Estado, pero no indica algún fallo concreto que, siendo
precedente, haya sido ignorado.

21. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.

Caso concreto.

22. Respecto al caso concreto, esta Subsección encuentra que el escrito de tutela
no planeó un debate de índole constitucional, toda vez que, como lo apuntó la
intervención de la Fiscalía General de la Nación, el escrito de amparo no presenta
una causal específica de procedencia de tutela contra providencia judicial. Por el
contrario, el escrito se limita a proponer discrepancias de índole interpretativo y
probatoria con el fallo cuestionado, a la manera de una tercera instancia.

23. La parte tutelante no presenta razones con la suficiente carga argumentativa
para mostrar que la decisión censurada incurrió en un defecto específico de
procedencia, sino, a la manera de un recurso ordinario, presenta discrepancias de
criterio con el Tribunal Administrativo.

24. Respecto al argumento conforme al cual, la decisión atacada vulnera el derecho
a la igualdad, pues en un fallo anterior, el mismo Tribunal Administrativo había
concedido parcialmente las pretensiones de la esposa e hijos de Adolfo Rafael
Caamaño, y en este, frente a una demanda de la madre y hermanos de la misma
víctima se negó las pretensiones, resulta igualmente una justificación genérica,
vaga e imprecisa, pues no se explicó con un mínimo de concreción las razones por
las cuales las dos situaciones -procesos analizados- son iguales.

25. En este punto, adquiere relevancia lo que hace falta cuando se evidencian tres
aspectos que diferencian el trámite cuestionado por los tutelantes del proceso que
se invoca como similar. Como se indicó en el escrito de amparo, en el año 2016, la
esposa e hijos de Adolfo Rafael Caamaño presentaron demanda de reparación
directa, proceso que se tramitó bajo el radicado 20-001-33-33-002-2016-00090-
00/01. En primera instancia, mediante sentencia de 26 de junio de 2018, el Juzgado
Segundo Administrativo de Valledupar condenó al INPEC por el daño antijurídico
del homicidio citado. En contra de esta decisión, el INPEC formuló recurso de
apelación, en el que argumento que la responsabilidad de la muerte de Adolfo
Caamaño recaía en la rama judicial, en atención a que fue un juez penal quien
determinó que la privación de la libertad de Carlos Alfredo Aguilar Becerra debía
cumplirse en detención domiciliaria. En relación con ese único cargo de apelación,
mediante sentencia de segunda instancia proferida el 20 de mayo de 2021, el
Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia de primera instancia, al
considerar que el argumentó del apelante no tenía la entidad suficiente para
evidenciar un error en la sentencia objeto del recurso de alzada.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
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26. En caso sub-lite, la sala constata que hay elementos diferenciadores con el
proceso anterior, como se muestra a continuación. En primer lugar, en el caso del
expediente de 2016 (fallado en el 2021), los demandantes fueron la esposa e hijos
de la víctima, mientras que en 2018 (fallo de 2025) lo hicieron la madre y otros
familiares. En 2016, el debate se centró en la resistencia del INPEC a aceptar su
responsabilidad, pues pretendía trasladar la imputación a la Rama Judicial bajo el
argumento de que había sido esa autoridad la que concedió la prisión domiciliaria.
En contraste, en 2018 la defensa del INPEC se construyó sobre la tesis del hecho
de un tercero y en la delimitación de sus funciones de vigilancia respecto de quienes
cumplen la medida de aseguramiento en la residencia. En efecto, en la sentencia
censurada en esta ocasión de 12 de junio de 2025, en criterio del Tribunal
Administrativo del Cesar, el cargo de apelación de la entidad pública sí tenía la
vocación de alterar el sentido del fallo de primera instancia, y concluyó que, en la
causalidad natural de la producción del daño antijurídico, la muerte de la víctima la
produjo un tercero: Carlos Alfredo Aguilar. Esto como resultado de la apelación
propuesta por el INPEC.

27. Examinados detalladamente, el antecedente invocado en el escrito de amparo
no es una situación equivalente a la que se resolvió en la sentencia de 12 de junio
de 2025, puesto que los cargos de la apelación del INPEC, en uno y otro proceso
fueron diferentes, razón por la cual, en atención a que eran justificaciones diferentes
debía tener consecuencias jurídicas diferentes.

28. En segundo lugar, dentro del examen de la procedibilidad formal de la acción
de tutela, en el requisito de relevancia constitucional, cobra especial relevancia el
hecho que la demanda que ejercieron la esposa e hijos de la víctima se presentó
en el año 2016, mientras que la demanda promovida por la madre y hermanos, en
el año 2018. Este hecho, adicional a la diferencia entre los argumentos que fueron
esgrimidos por el INPEC, en la segunda instancia de los dos procesos, resulta
relevante a propósito de verificar si en realidad se trata de procesos iguales.
Respecto a estos aspectos el escrito de tutela se limita a hacer aseveraciones
generales que no muestran de manera concreta, la forma en la que, presuntamente,
se vulnera el derecho a la igualdad, por tratarse de condiciones iguales. A juicio de
esta sala no se trata de circunstancias idénticas, y en esa medida, el escrito de
amparo no permite avizorar una tensión con el derecho a la igualdad.

29. En tercer lugar, el marco jurídico objeto de valoración del incumplimiento de los
deberes del Estado también difirió. En 2016, el fallo se refirió a la regulación de la
prisión domiciliaria, particularmente a lo previsto en la Ley 1709 de 2014, la Ley 65
de 1993 y los artículos 38, 38C y 38D del Código Penal (Ley 599 de 2000). En
cambio, la sentencia de 2025 examinó las obligaciones del INPEC frente a las
medidas de aseguramiento en el proceso penal, reguladas en el artículo 314 del
Código de Procedimiento Penal. Ello implica que las obligaciones institucionales
varían según se trate del cumplimiento de una pena/condena, en su subrogado de
domiciliaria, o de una medida aseguramiento, la cual es preventiva. A pesar de esta
diferencia, la tutela no buscó argumentar por qué se desconoció el principio de
igualdad y por qué la sentencia previa obligaba a la decisión impugnada.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

30. En cuarto lugar, estas particularidades repercutieron en el alcance de los
problemas jurídicos. En el fallo de 2021, la discusión giró en torno a la
responsabilidad por la custodia en el marco del cumplimiento de una condena
impuesta judicialmente; en la decisión 2025 se analizó la responsabilidad derivada
del incumplimiento de deberes frente a una medida cautelar que busca garantizar
el proceso y la comparecencia del imputado, junto con el papel determinante del
hecho del tercero (el señor Carlos Alfredo Aguilar Becerra).

31. Ahora bien, esta demanda también resulta diferente de otra decisión adoptada
por esta Subsección, en la cual los demandantes sí argumentaron la similitud entre
el proceso impugnado y uno previo, en el que se discutió una sentencia que negó
la responsabilidad del Estado derivado de una privación injusta16. Al respecto, en la
sentencia del 20 de mayo de 2024, la Subsección A consideró que los actores de
ese entonces presentaron un asunto de relevancia constitucional, al explicar que
se vulneró su derecho a la igualdad porque una sentencia negó la responsabilidad
del Estado por la privación injusta de una persona indiciada en un proceso penal,
mientras que el mismo tribunal había condenado a la administración por la
restricción de la libertad de otra persona acusada en el mismo trámite punitivo.

32. Aunado de la formulación de una carga argumentativa, la similitud entre esos
casos saltaba a la vista, lo que no sucede en la presente tutela. En la providencia
de 2024, la Sala consideró que se vulneró el principio de igualdad porque el juez
de responsabilidad tomó una decisión opuesta en un mismo evento del daño, con
características y pruebas muy similares. En su criterio “dos personas que se vieron
compelidas a comparecer a un mismo proceso penal, y fueron privadas de la
libertad por la misma razón con fundamentos probatorios iguales, acudan a la
jurisdicción y el mismo Tribunal le ofrezca respuestas disímiles a sus súplicas
indemnizatorias, sin ponerles de presente una razón válida para ese trato
diferenciado”17.

33. Como se observa, en el presente caso los actores no cumplieron con la carga
argumentativa correspondiente, y existen elementos que diferencian los procesos.
A partir de estas circunstancias, los demandantes tenían la carga argumentativa de
explicar por qué la autoridad judicial cuestionada vulneró el principio de igualdad de
los actores ante el desconocimiento de la similitud de los procesos mencionados.

34. En conclusión, a juicio de esta Subsección los argumentos planteados por los
tutelantes pretenden usar la acción de tutela como una tercera instancia, para
presentar inconformidades o discrepancias respecto al sentido del fallo del Tribunal
Administrativo de Cesar, mas no presentan una carga argumentativa que evidencie
un debate de índole constitucional referido a un defecto que afecte la validez de la
providencia.

35. Por lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela, por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A,
Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez. Bogotá D.C., Sentencia del veinte (20) de mayo
de dos mil veinticuatro (2024) Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01.
17 Ibid., fundamento jurídico. 30.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05000-00
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo propuesto por los tutelantes, por
las razones contenidas en la providencia.

SEGUNDO: COMUNICAR a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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