Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05007-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05007-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05007-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05007-01
Accionante: LUZ HELENA LEÓN ROSAS Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – Los accionantes acudieron a la acción de tutela
con el propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por Luz Helena León Rosas y otros 1 contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 13 de agosto de 20252, la señora Luz Helena León Rosas y otros, quienes
actúan a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró su
derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad.
Hechos relevantes
2. El señor Norbert George Reinhart, gerente y propietario de Terramundo Drilling
Inc., ordenó presentar sin pago la declaración de IVA del período 06 de 2008 por
$34.323.000 de pesos, ante la falta de recursos. El 19 de enero de 2009, la señora
Luz Helena León Rosas, subgerente suplente, presentó dicha declaración a nombre
de la empresa.
3. El 20 de agosto de 2013, la Fiscalía 250 Seccional de Envigado presentó
acusación contra la señora León Rosas por omisión de agente retenedor o
recaudador, con base en una denuncia de la DIAN.
1 Los señores: Flor María Rosas, Edgar Mauricio Vega León, Flor Alba León Rosas, Nohora Isabel
León Rosas, Esperanza León Rosas, José Gregorio León Rosas, Diego Andrés León Rosas y Luis
Carlos León Rosas.
2 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
miércoles, 13 de agosto de 2025 con secuencia: 8058 - Cuad.:1”.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05007-01
Accionante: Luz Helena León Rosas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
4. El 29 de julio de 2015, el Juzgado Único Penal del Circuito de Envigado3 la
condenó a 48 meses de prisión domiciliaria y a pagar una multa de $68.646.000 de
pesos, al hallarla responsable del delito. Pese a la medida domiciliaria, permaneció
17 días en la Cárcel El Pedregal antes de ser trasladada a Bucaramanga.
5. La tutelante interpuso recurso de apelación, al considerar el fallo injusto y alegó
que el juez omitió valorar los testimonios del señor Reinhart y el suyo, los cuales
demostraban que no era autora del delito y que el responsable era el representante
legal de la empresa.
6. Mediante Sentencia del 3 de mayo de 2016, el Tribunal Superior de Medellín
revocó la decisión y absolvió a la señora Luz Helena León Rosas, de ahí que dejó
sin efectos la medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata e
incondicional. Argumentó que la señora Luz Helena León Rosas no era la autora de
la conducta punible. Además, expidió copia de la sentencia a la Fiscalía General de
la Nación, para que se investigara al señor Reinhart.
7. La señora Luz Helena León Rosas y su familia presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura, por la privación injusta de la libertad derivada del proceso penal.
8. Mediante Sentencia del 11 de noviembre de 2021, el Juzgado 28 Administrativo
de Oralidad del Circuito de Medellín4 acogió parcialmente las pretensiones de la
demanda y declaró responsable a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de
la Judicatura, al considerar que el juez penal omitió valorar el testimonio del señor
Reinhart, lo que vulneró el debido proceso y configuró una vía de hecho. Concluyó
que dicha omisión ocasionó una privación injustificada de la libertad y perjuicios
materiales y morales a la demandante.
9. La Rama Judicial interpuso recurso de apelación. Mediante Sentencia del 3 de
marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo de primera
instancia al considerar que no se demostró error judicial ni se acreditó que en la
privación de la libertad se hubiese configurado una falla del servicio o un daño
especial, dado que la condena penal cumplió los requisitos legales y el testimonio
del señor Reinhart sí fue valorado en el proceso.
Pretensiones
10. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1.1 Amparar a los accionantes sus derechos al debido proceso y a la
igualdad.
1.2 Dejar sin efecto la Sentencia No. 29 del 03 de marzo de 2025, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA QUINTA DE
DECISIÓN, M.P. Rodrigo Vergara Cortés, dentro del proceso administrativo
de reparación directa, Rdo No. 028 2018 00266 01.
3 Identificada bajo el radicado: 05266600020320100757701.
4 Identificado bajo el radicado: 05001-33-33-028-2018-00266-00/01.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05007-01
Accionante: Luz Helena León Rosas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Dejar en firme la sentencia No. 81 del 11 de noviembre de 2021, proferida
por el JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN dentro del proceso administrativo de reparación directa, Rdo
No. 028 2018 00266 00”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. En primer lugar, los accionantes señalaron que la providencia judicial
impugnada desconoció el precedente vinculante, al apartarse sin justificación de la
línea jurisprudencial consolidada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.
Sostuvieron que el Tribunal aplicó erróneamente un régimen subjetivo de
responsabilidad, pese a que la jurisprudencia exige la aplicación del régimen
objetivo en estos casos.
12. En segundo lugar, indicaron que la decisión cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo, puesto que la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior de
Medellín demostró que la señora Luz Helena León Rosas no cometió el delito que
originó su condena. Tal circunstancia, a su juicio, evidenció el carácter injusto de la
privación de su libertad y la consecuente obligación del Estado de reparar el daño
causado bajo un régimen de responsabilidad objetiva, conforme a lo previsto en el
artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y
los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996.
13. Por último, afirmaron que la autoridad judicial incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al imponer a los demandantes una carga
argumentativa propia del régimen subjetivo de error judicial, pese a que su
pretensión se fundaba en la aplicación del régimen objetivo. Sostuvieron que dicha
exigencia formalista vulneró el núcleo esencial de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad.
Trámite en primera instancia
14. Mediante Auto del 15 de agosto de 20256, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia, dispuso
notificar a las partes demandante y demandada, y ordenó vincular a la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, así como al Juzgado Veintiocho
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, por su posible interés en las resultas
del proceso. Finalmente, reconoció personería al abogado Marco Eudes Reyes
Medina para actuar en representación judicial de la parte actora.
Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 manifestó que los defectos alegados
por la parte accionante no superan el requisito general de relevancia constitucional.
En particular, señaló que no desconoció el precedente en materia de privación
5 Índice electrónico 02 de SAMAI. 5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
6 Índice electrónico 04 de SAMAI. 7Autoqueadmite_20250500700Autoadmit(.pdf) NroActua 4.
7 Índice electrónico 011 de SAMAI. 21RECIBEPRUEBAS_RespuestaTutela11001(.pdf) NroActua 11.
3
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Accionante: Luz Helena León Rosas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
injusta de la libertad. La decisión se fundó en un análisis razonado del caso, en el
que concluyó que no se acreditó error judicial, falla del servicio ni daño especial.
Agregó que tampoco se configuró un defecto procedimental por exceso de
ritualidad, pues la exigencia de acreditar los elementos de la responsabilidad estatal
respondió a la aplicación estricta de la Ley 270 de 1996 y de la jurisprudencia
vigente. En consecuencia, manifestó que profirió una decisión motivada y ajustada
a derecho.
16. El Juzgado 28 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín8 indicó
que la sentencia de primera instancia se sustentó en la valoración del material
probatorio incorporado al expediente y en la aplicación de la normativa vigente al
momento de su emisión. En ese sentido, consideró que la decisión no vulneró
derecho fundamental alguno de los actores. No obstante, señaló que acataría la
posición adoptada por el ponente en el fallo de tutela.
17. La directora ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de
Medellín9 solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que los
argumentos expuestos por los accionantes ya fueron debatidos ante el juez natural,
lo que desconoce los principios de subsidiariedad y excepcionalidad que rigen este
mecanismo cuando se dirige contra providencias judiciales.
18. Sostuvo que la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia se
fundamentó en el principio iura novit curia y aplicó el régimen de imputación
correspondiente al error judicial, dentro del marco de la autonomía judicial
consagrada en el artículo 228 de la Constitución Política. Agregó que dicha decisión
fue debidamente motivada, razonada y sustentada en la jurisprudencia vigente,
circunstancia que excluye la existencia de una vía de hecho o de un defecto
sustantivo.
19. La Rama Judicial guardó silencio a pesar de haber sido notificada10.
Sentencia de primera instancia
20. Mediante providencia del 4 de septiembre de 202511, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al concluir que no
cumplía el requisito general de relevancia constitucional. Señaló que la parte actora
pretendía reabrir un debate previamente resuelto dentro del proceso ordinario, lo
cual excede el ámbito de competencia del juez constitucional.
21. La Sala precisó que la controversia planteada se limitaba a la inconformidad de
la parte tutelante frente al régimen de responsabilidad aplicable al caso, asunto que
corresponde exclusivamente al juez natural del proceso. En consecuencia,
8Índice electrónico 09 de SAMAI. 12RECIBEPRUEBAS_Memorial_003RespuestaTutela(.pdf)
NroActua 9.
9Índice electrónico 010 de SAMAI. 17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 10.
10 Índice electrónico 07 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 7.
11 Índice electrónico 013 de SAMAI. 23Sentencia_Samai20250500700LuzH(.pdf) NroActua 13.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
determinó que no existía fundamento constitucional que justificara la intervención
del juez de tutela.
Impugnación12
22. Los peticionarios reiteraron los argumentos expuestos en la demanda de tutela
y manifestaron que contrario a lo sostenido en la primera instancia, los derechos
invocados sí revisten relevancia constitucional. En ese sentido, invocaron el artículo
29 de la Constitución Política, que consagra el derecho fundamental al debido
proceso como norma de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades.
23. Alegaron la vulneración de dicho derecho, al considerar que en la acción de
reparación directa interpuesta por la señora Luz Helena León Rosas debía aplicarse
el régimen objetivo de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
24. Señalaron que mientras la juez de primera instancia aplicó correctamente dicho
régimen, el Tribunal Administrativo de Antioquia lo modificó injustificadamente al
adoptar el régimen subjetivo de error judicial, exigiendo una carga probatoria ajena
al marco jurídico correspondiente.
25. A su juicio, tal actuación desconoció el debido proceso y configuró un exceso
ritual manifiesto, al imponer formalidades innecesarias que restringieron el acceso
efectivo a la justicia y contrariaron los principios de igualdad, seguridad jurídica y
prevalencia del derecho sustancial.
CONSIDERACIONES
Competencia
26. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201913.
Problema jurídico y metodología de la decisión
27. La señora Luz Helena León Rosas y otros promovieron acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia. En el proceso ordinario de reparación
directa, el Juzgado 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante
Sentencia del 11 de noviembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones y
declaró responsable a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura, al considerar que el juez penal omitió valorar el testimonio del señor
Reinhart. El Tribunal Administrativo de Antioquia, al resolver la apelación, revocó
12 Índice electrónico 017 de SAMAI. 25_MemorialWeb_Recurso-APELACIONDELATUTELA(.docx)
NroActua 17.
13 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
dicha decisión al concluir que no se acreditó error judicial, falla del servicio ni daño
especial, pues la condena penal se profirió conforme a los requisitos legales.
28. Los tutelantes sostuvieron que el Tribunal incurrió en el defecto sustantivo,
exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente, al apartarse
injustificadamente del régimen objetivo de responsabilidad patrimonial del Estado,
el cual según afirman resultaba aplicable al caso concreto, lo que vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
29. En primer lugar, la Sala debe establecer si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedencia, en particular el de relevancia
constitucional. Ello resulta necesario, en tanto el actor ya contó con la posibilidad de
acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario, lo que permite advertir
que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate previamente resuelto por el
juez natural de la controversia.
30. En caso de superar dicho examen preliminar, en segundo lugar, será
procedente estudiar si ¿incurrió El Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir
la decisión del 3 de marzo de 2025, en un defecto sustantivo, exceso ritual
manifiesto y desconocimiento del precedente?
31. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional; y, (iii) análisis
del caso concreto.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
32. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200514, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
33. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar15; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela16, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
14 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
15 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
16 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional17 o el Consejo de Estado18,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-19; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable20 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
El requisito de relevancia constitucional
34. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
35. La Corte Constitucional indicó21 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
36. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate22: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
18 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
20 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
37. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia23.
Análisis del caso concreto
38. Luz Helena León Rosas y otros presentaron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al considerar que la Sentencia del 3 de marzo de 2025,
incurrió en un defecto sustantivo, exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente. En su criterio, dicha autoridad judicial vulneró su derecho fundamental
al debido proceso y a la igualdad.
39. Mediante Sentencia del 11 de noviembre de 2021, el Juzgado Veintiocho
Administrativo Oral del Circuito de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones
y declaró responsable a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura, al considerar que el juez penal omitió valorar el testimonio del señor
Reinhart, lo que vulneró el debido proceso y ocasionó una privación injustificada de
la libertad.
40. La Rama Judicial apeló la decisión. En providencia del 3 de marzo de 2025, el
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo al concluir que no se acreditó
error judicial, falla del servicio ni daño especial, y que el testimonio del señor
Reinhart sí fue debidamente valorado en el proceso penal.
41. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo
lugar, verificará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
42. En primer lugar, Luz Helena León Rosas y otros24 cuentan con legitimación en
la causa por activa, dado que ostentan la titularidad de los derechos fundamentales
cuya vulneración invocan. En tal condición, actúan como las personas directamente
afectadas por la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
providencia que, según afirman, transgredieron sus garantías constitucionales.
43. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que emitió la providencia a la que se
le atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por los
accionantes.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
24 Los señores: Flor María Rosas, Edgar Mauricio Vega León, Flor Alba León Rosas, Nohora Isabel
León Rosas, Esperanza León Rosas, José Gregorio León Rosas, Diego Andrés León Rosas y Luis
Carlos León Rosas.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Relevancia Constitucional
44. La Sala considera que los defectos alegados no superan el requisito general de
relevancia constitucional, pues la acción de tutela es utilizada para reiterar
argumentos que ya fueron resueltos en las dos instancias del proceso de reparación
directa25.
45. En primer lugar, el defecto sustantivo no supera el requisito de relevancia
constitucional. Los actores fundamentaron su inconformidad en la interpretación del
artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y
los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996; sin embargo, no explicaron de qué
manera esa interpretación o la supuesta inaplicación legal vulneraban derechos
fundamentales ni cuál era su incidencia en el caso concreto. Tampoco acreditaron
cómo la autoridad judicial aplicó indebidamente las disposiciones mencionadas. En
realidad, el debate se circunscribió a cuestionar los criterios jurídicos utilizados por
el juez ordinario, en particular el régimen de responsabilidad patrimonial aplicable al
caso concreto, lo que revela una simple inconformidad con la decisión adoptada,
insuficiente para habilitar la intervención del juez constitucional.
46. Frente al presunto desconocimiento del precedente, los demandantes afirmaron
que la autoridad judicial accionada aplicó de manera errónea un régimen subjetivo
de responsabilidad, pese a que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
sostenido que, en los casos de privación injusta de la libertad, debe aplicarse un
régimen objetivo. Sobre el particular, la Sala considera que dicha discrepancia no
configura por sí sola una vulneración de derechos fundamentales. La diferencia
interpretativa encuentra respaldo en el principio iura novit curia26, conforme al cual
el juez tiene la potestad de realizar la subsunción jurídica de los hechos a las normas
que estime aplicables, con independencia de la calificación jurídica propuesta por
las partes. En ejercicio de esa autonomía, el fallador puede aplicar el régimen de
responsabilidad que considere ajustado al material probatorio y a las circunstancias
del caso concreto, siempre que motive su decisión de manera razonada y suficiente.
47. Respecto del alegado defecto por exceso ritual manifiesto, la Sala recuerda que
este se configura cuando el funcionario judicial, en una adhesión irreflexiva a las
formas procesales, sacrifica la efectividad del derecho sustancial y adopta
decisiones desproporcionadas o manifiestamente contrarias al ordenamiento
jurídico27. En el presente caso, los accionantes fundaron esta acusación en el hecho
de que el Tribunal les habría impuesto una carga argumentativa propia del régimen
subjetivo, a pesar de que su pretensión se sustentaba en la aplicación del régimen
objetivo.
48. Al respecto, la Sala advierte que la determinación del régimen de
responsabilidad aplicable no implica, por sí misma, un acto de formalismo excesivo
ni una renuncia al deber de protección del derecho sustancial. Por el contrario,
25 Identificado bajo el radicado: 05001 33 33 028 2018 00266 00/01.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 06 de
agosto de 2020. radicado 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947). M.P: José Roberto Sáchica
Méndez.
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-061 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05007-01
Accionante: Luz Helena León Rosas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
constituye una manifestación legítima de la autonomía judicial, orientada a definir el
título de imputación conforme a las pruebas obrantes y al marco normativo vigente.
49. Adicionalmente, la Corte Constitucional28 ha precisado que la Constitución no
consagra un título específico de imputación en materia de responsabilidad del
Estado. Estos criterios son de desarrollo jurisprudencial y el juez tiene el deber de
emplear el que resulte pertinente, aun cuando las partes no lo invoquen
expresamente, en atención al principio iura novit curia y al deber de aplicar el
derecho de oficio.
50. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante no solo identifique un derecho fundamental presuntamente
afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y suficiente la forma
en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El
razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la transgresión
de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión la forma en
que estos han sido afectados, lo que evita la utilización de la tutela como un
mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.
51. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con
el único propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-
administrativa, donde las objeciones del actor fueron ampliamente examinadas a la
luz del acervo probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene
recordar que la tutela no constituye un recurso alternativo frente a sentencias
desfavorables, especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un
análisis dentro del proceso ordinario.
52. En particular, la tutelante insiste en indicar que el Tribunal aplicó el régimen
subjetivo, cuando era su caso en particular debió aplicar el régimen objetivo. No
obstante, el a-quo concluyó que no se demostró error judicial ni se demostró que en
la privación de la libertad se hubiese configurado una falla del servicio o un daño
especial, dado que la condena penal cumplió los requisitos legales y el testimonio
del señor Reinhart sí fue valorado en el proceso.
53. Adicionalmente, no se configura vulneración del derecho al debido proceso en
su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que dicho derecho
solo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías
esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir
pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo
estudio, toda vez que el accionante intervino de manera activa en el proceso
ordinario, ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En
efecto, el Juzgado 28 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en decisiones del 11 de noviembre de 2021 y
3 de marzo de 2025, respectivamente, resolvieron la controversia.
28 Corte Constitucional, Sentencia SU- 018 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05007-01
Accionante: Luz Helena León Rosas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
54. En esa misma lógica, no se advierte vulneración al derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El actor
dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente,
así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que
se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado
el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades
procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el
expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron respetadas,
lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.
55. La Sala concluye que los defectos alegados por los accionantes no superan el
requisito general de relevancia constitucional. La acción de tutela se utilizó para
reiterar argumentos previamente debatidos y resueltos dentro del proceso ordinario
de reparación directa.
56. La discrepancia en torno al régimen de responsabilidad aplicable constituye una
diferencia interpretativa amparada por la autonomía judicial y el principio iura novit
curia, que faculta al juez para aplicar el marco normativo que considere pertinente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por Luz Helena León Rosas, Flor María Rosas, Edgar Mauricio
Vega León, Flor Alba León Rosas, Nohora Isabel León Rosas, Esperanza León
Rosas, José Gregorio León Rosas, Diego Andrés León Rosas y Luis Carlos León
Rosas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05007-01
Accionante: Luz Helena León Rosas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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