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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05015-00

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05015-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones formuladas por los tutelantes, en atención a la parte motiva de esta determinación judicial. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05015-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

25 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05015-00
Demandantes: Edwin García Duque y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 25 de septiembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05015-00
Demandantes: EDWIN GARCÍA DUQUE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA DE
DECISIÓN

Tema: Contra providencia que decidió en segunda instancia demanda de
reparación directa relacionada con lesiones sufridas por conscripto.
Defecto fáctico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Edwin, Luz Ferley, Everledy, Luz Derly
y Luis Eduar García Duque, Luis Eduardo García Uribe y Luz Marina Duque Cifuentes,
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 13 de agosto de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, los
demandantes pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
a la salud.

A juicio de los tutelantes, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 24 de junio de 2025, con la que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión, denegó en segunda instancia las pretensiones de la demanda
de reparación directa 05837-33-33-002-2016-00486-00/01.

2. Pretensiones

Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:

[…]

2. Que se declare que la sentencia No. 078, de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, dictada dentro de la acción [de] reparación directa
[…] 05837333300220160048901, de fecha 24 de junio de 2025, donde figura como demandante Edwin
García Duque y Otros y como demandada: La Nación (Ministerio de Defensa Nacional-Ejército
Nacional), [porque] incurrió en defecto fáctico, al no valorar adecuadamente las pruebas que
demostraban el nexo de causalidad entre las lesiones sufridas por el accionante y las actividades
propias del servicio militar obligatorio.

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia que deje sin efectos la sentencia del 24
de junio de 2025 en el proceso radicado 05837333300220160048901 y profiera una nueva decisión en
la que se reconozca la existencia del nexo causal entre el daño y la actividad estatal, conforme a las
pruebas obrantes en el expediente y al precedente constitucional aplicable y se condene a la
demandada a la indemnización integral del daño causado al actor y a su familia.

1 Índice 1 de Samai.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05015-00
Demandantes: Edwin García Duque y otros

4. Subsidiariamente, que se ordene a la autoridad judicial competente realizar una nueva valoración
probatoria, en garantía del principio de reparación integral y del derecho a una decisión judicial fundada
en la realidad fáctica del caso.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

El señor Edwin García Duque nació el 24 de noviembre de 1993 e ingresó al Ejército
Nacional el 9 de octubre de 2012 para prestar el servicio militar obligatorio. Fue enviado a
la Brigada 17 del Distrito Militar 25, ubicada en Carepa (Antioquia), donde acudió al
dispensario por dolores abdominales y se le diagnosticaron hernias inguinal y umbilical, por
lo que fue trasladado al Hospital Militar de Medellín, en el que el 22 de noviembre de 2014
lo intervinieron quirúrgicamente.

3.2 Proceso de reparación directa

El 13 de septiembre de 2016 los tutelantes promovieron el medio de control de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (al que se le
asignó el número de radicación 05837-33-33-002-2016-00486-00/01), con el propósito de
que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios que les produjeron
las lesiones que sufrió Edwin García Duque durante la prestación del servicio militar
obligatorio y se le ordenara indemnizarlos.

En la demanda se aseveró que Edwin García Duque padecía dolor inguinal y abdominal,
constante inflamación en algunas partes de su cuerpo y no podía realizar actividades
cotidianas, afecciones causadas por las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido.
Además, se indicó que luego de ser desacuartelado no se convocó a la junta médica-
laboral con el fin de determinar su pérdida de la capacidad laboral, a pesar de que la solicitó
reiteradamente, junto con su historia clínica, a la que solo lograron acceder luego de
promover una acción de tutela2.

Del asunto contencioso-administrativo conoció el Juzgado Segundo Administrativo de
Turbo, que (i) el 6 de diciembre de 2016 lo admitió, (ii) el 30 de agosto de 2017 realizó la
audiencia inicial, en la que se decretaron como pruebas los documentos allegados con la
demanda y una prueba pericial orientada a establecer el origen de los presuntos
padecimientos del exconscripto, y (iii) el 18 de julio de 2018 aceptó el desistimiento de esa
prueba. No obstante, al proceso fue aportada el acta del 16 de octubre de 2019 de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en la que se indicó que Edwin García
Duque perdió su capacidad laboral en un 15% y que las lesiones acontecieron «en el
servicio, pero no por causa o razón del mismo».

Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de
Turbo declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional y le ordenó sufragar los perjuicios morales y el lucro cesante,
al considerar que el Estado comprometía su responsabilidad por las lesiones sufridas por
los conscriptos durante la prestación del servicio militar obligatorio, en virtud del título de
imputación objetivo, regla en virtud de la cual se debían indemnizar los padecimientos de
Edwin García Duque, porque las pruebas daban cuenta de que acaecieron mientras
pertenecía a las filas y por cargar elementos pesados.

Contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación, con el
argumento de que los demandantes no probaron que las lesiones sufridas por Edwin García
Duque se causaron por actividades relacionadas con el servicio militar obligatorio y como él

2 Identificada con número de radicación 23001-11-02-001-2016-00042-00, de la que conoció la entonces Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, que el 28 de junio de 2016 accedió a
lo allí pretendido.
2

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no las informó dentro de los 2 meses siguientes, conforme lo disponía el parágrafo del
artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, no era dable asumir que acontecieron en el marco de
funciones castrenses. Además, en el acta del 16 de octubre de 2019 de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Antioquia se indicó que el actor laboraba en la finca de sus
padres, por tanto, es posible que de allí se hubiesen desencadenado los padecimientos.

El fallo de primera instancia también fue apelado por la parte demandante, porque, a su
juicio, el monto de la indemnización reconocida debió ser mayor, pues se causó daño a la
salud de Edwin García Duque por la imposibilidad de realizar actividades cotidianas.

Con sentencia del 24 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
de Decisión, revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda de reparación directa, al estimar que las pruebas no
acreditaban que las lesiones de Edwin García Duque se causaron por las actividades que
desarrolló durante la prestación del servicio militar obligatorio, en consecuencia, no se
probó la existencia del nexo causal como elemento de la responsabilidad extracontractual
del Estado denominado el cual no era dable presumir en el régimen objetivo de
responsabilidad.

Que el acta del 16 de octubre de 2019 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Antioquia no cumplía los requisitos del artículo 231 del Código General del Proceso (CGP),
dado que no fue citada la parte demandada para controvertirlo, sin embargo, era una prueba
sumaria (informe técnico), conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado3 y de la Corte
Constitucional4, y como allí no se determinó que las lesiones de Edwin García Duque se
desencadenaron por tareas militares, no era dable acceder a las pretensiones de la demanda.

4. Fundamentos de la tutela

Los tutelantes no expusieron las razones por las que consideraban que la acción de tutela
cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

Adujeron que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico5, comoquiera que
no advirtió que el acta del 16 de octubre de 2019 de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia era un dictamen pericial y no un informe técnico, ya que el hecho de
que la parte demandada no lo haya controvertido no le quitaba esa condición. Además, la
falta de citación del perito a la audiencia de pruebas no involucraba irregularidad alguna,
pues de ello se colegía que no le generó dudas al Juzgado Segundo Administrativo de
Turbo ni al Ministerio de Defensa Nacional.

Que de las pruebas allegadas se lograba inferir que las lesiones que sufrió Edwin García
Duque acontecieron durante la prestación del servicio militar obligatorio y como
consecuencia de las actividades que adelantó durante su vinculación al Ejército Nacional,
por tanto, se configuró el nexo causal, contrario a lo aseverado en la sentencia cuestionada,
máxime cuando se presume que ingresó al Ejército Nacional por estar en óptimas
condiciones físicas.

5. Trámite procesal

Por auto del 19 de agosto de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
terceros con interés al juez segundo administrativo de Turbo y al Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional.

3 Sección Tercera, sentencia del 11 de diciembre de 2024, expediente 85001-23-31-003-2011-00201-01, M. P. Nicolás

Yepes Corrales.
4 Sentencia T-274 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
5 Si bien los actores no invocaron de manera expresa alguna causal específica de procedibilidad de la tutela, los

argumentos expuestos por ellos comportan una presunta indebida valoración probatoria, por ende, un defecto fáctico.
3

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En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
22 de agosto de 2025.

6. Intervenciones

El Juzgado Segundo Administrativo de Turbo resumió las actuaciones que surtió en
primera instancia dentro del proceso de reparación directa 05837-33-33-002-2016-
00486-00/01 y señaló que no había vulnerado derecho fundamental alguno de los
demandantes, pues sus decisiones se emitieron en atención al ordenamiento jurídico.

El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional pidió declarar improcedente la
acción de la referencia, porque los accionantes no estudiaron los requisitos generales de
procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales ni acreditaron la vulneración de
sus derechos fundamentales. Asimismo, señaló que en la sentencia cuestionada se
realizó un estudio probatorio acorde con el ordenamiento jurídico, lo que permitía dilucidar
que el actor empleaba la tutela como una tercera instancia.

Que en la sentencia cuestionada se negaron las pretensiones de la demanda de
reparación directa 05837-33-33-002-2016-00486-00/01 porque los demandantes no
acreditaron que las lesiones de Edwin García Duque fueron causadas por las actividades
que desarrolló durante el servicio militar obligatorio, de ahí que no aconteciera el elemento
de la responsabilidad extracontractual denominado nexo causal, como lo concluyó
acertadamente la autoridad accionada.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, guardó silencio a
pesar de que se le notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por los
demandantes con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 24 de junio de 2025, con la
que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, denegó en segunda
instancia las pretensiones de la demanda de reparación directa 05837-33-33-002-2016-
00486-00/01.

La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la tutela de la referencia, toda vez que
la providencia cuestionada no incurrió en defecto fáctico.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos

6 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
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específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
demostrarse el defecto fáctico invocado por los accionantes, se afectarían las garantías
superiores señaladas en el escrito de tutela, en especial, el debido proceso, pues la
presunta indebida valoración probatoria podría quebrantar prerrogativas de las partes del
proceso, protegidas por el sistema normativo superior, lo que amerita la intervención del
juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por los accionantes es constitucional
y no netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la garantía superior de
la reparación integral, en virtud de la cual el Estado debe resarcir los perjuicios que cause
por su acción u omisión. Además, no se evidencia que la tutela se utilice como un
instrumento para reiterar argumentos, ya que la providencia cuestionada se emitió en
segunda instancia, por tanto, contra ella no procedía recurso alguno, conforme al artículo
243A8 del CPACA.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del proceso de reparación directa 05837-33-33-002-2016-00486-00/01, el
correo electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 26
de junio de 2025, por lo que se entiende notificada el 1º de julio del año en curso, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 205 9 del CPACA, y la tutela fue presentada el
13 de agosto de 2025 (un mes y 12 días después), es decir, cuando no habían
transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para
formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, los demandantes agotaron los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, dado que promovió la acción de reparación directa y las pretensiones
solo fueron denegadas en segunda instancia, por ende, contra la sentencia cuestionada
no procedía recurso ordinario alguno, como se señaló en precedencia.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto
fáctico.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, los tutelantes atacan una
providencia emitida en un proceso de reparación directa.

4. Análisis del caso concreto

Los demandantes sostienen que la sentencia cuestionada incurre en defecto fáctico,
porque (i) no advirtió que el acta del 16 de octubre de 2019 de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia estableció que Edwin García Duque perdió su
capacidad laboral en un 15% como consecuencia de las lesiones que sufrió durante la

7 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
8 «No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:

1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia […]».
9«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío

del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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prestación del servicio militar obligatorio, experticia que no debió valorarse como un
informe técnico; y (ii) desatendió que las demás pruebas acreditaban que los
padecimientos del exconscripto acontecieron mientras estaba en las filas.

De las pruebas allegadas a este trámite constitucional y que obran el proceso de
reparación directa, se evidencia que el 9 de octubre de 2012 Edwin García Duque ingresó
al Ejército Nacional con el fin de prestar el servicio militar obligatorio y acudió al dispensario
de la unidad militar en la que se encontraba por padecer dolores abdominales, donde se
determinó que tenía 2 hernias y otra afección, que ocasionaron que fuera intervenido
quirúrgicamente en el Hospital Militar de Medellín.

Los tutelantes promovieron la demanda de reparación directa 05837-33-33-002-2016-
00486-00/01 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el
propósito de que se le declarara administrativamente responsable de las lesiones que
sufrió Edwin García Duque durante su vinculación a las filas y se le ordenara resarcir los
correspondientes perjuicios, pues esos padecimientos acontecieron mientras prestaba el
servicio militar obligatorio, de ahí que el Estado comprometiera su responsabilidad
extracontractual en virtud del régimen objetivo de responsabilidad.

Durante el trámite de primera instancia se allegó el acta del 16 de octubre de 2019 de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en la que se indicó que Edwin
García Duque perdió el 15% de su capacidad laboral como consecuencia de las lesiones
por las que fue tratado durante su vinculación al Ejército Nacional. Allí se indicó que
tuvieron origen «en el servicio, pero no por causa o razón del mismo».

Con sentencia del 9 de diciembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo
declaró administrativamente responsable a la parte demandada y le ordenó sufragar los
correspondientes perjuicios morales y el lucro cesante, habida cuenta de que las lesiones
de Edwin García Duque acontecieron mientras prestaba el servicio militar obligatorio, por
ende, el Estado comprometió su responsabilidad en virtud del régimen objetivo. Esa
decisión fue apelada (i) por los demandantes, porque el monto de la indemnización debió
ser mayor, y (ii) por el demandado, ya que no se demostró que las afecciones del
exsoldado sucedieran como consecuencia de actividades castrenses.

Las apelaciones fueron desatadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
de Decisión, a través de sentencia del 24 de junio de 2025, en el sentido de revocar el fallo
de primera instancia para en su lugar desestimar las pretensiones de la demanda de
reparación directa, al considerar que no se probó que las lesiones por las que fue
intervenido quirúrgicamente Edwin García Duque tuvieren relación con las actividades que
realizó mientras estuvo vinculado en el Ejército Nacional, es decir, que se ocasionaran por
el cumplimiento de tareas de conscripto, en consecuencia, no aconteció el elemento de la
responsabilidad extracontractual del Estado denominado nexo causal.

Que como a la parte demandada no se le otorgó la posibilidad de controvertir el acta del
16 de octubre de 2019 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia,
debía considerarse un informe técnico de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado10 y de la Corte Constitucional11, y como aquel no determinó que las afecciones se
causaran por actividades castrenses, no era dable imputarle el daño antijurídico al Estado.

Visto lo anterior, sea lo primero advertir que, de acuerdo con el artículo 16512 del CGP,
el dictamen pericial y el informe técnico son medios de prueba sujetos a formalidades

10
Sección Tercera, sentencia del 11 de diciembre de 2024, expediente 85001-23-31-003-2011-00201-01, M. P. Nicolás
Yepes Corrales.
11 Sentencia T-274 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
12 «Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen

pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles
para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios
semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales […]».
6

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diferentes. La procedencia del primero está regulada en el artículo 226 ibidem y tiene
lugar cuando se requieran «conocimientos científicos, técnicos o artísticos» para dilucidar
algún aspecto fáctico con relevancia en la controversia, el cual puede ser allegado por
las partes y o decretado de oficio por el juez que conoce del proceso.

Por su parte, el informe técnico tiene lugar cuando el juez pide a entidades públicas o
privadas información «sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los
archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal»13, con
incidencia en el proceso.

Siendo así, contrario a lo aseverado por el demandante, el hecho de que la autoridad
accionada haya indicado que el acta del 16 de octubre de 2019, emitida por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, era un informe técnico y no un dictamen
pericial, no involucra alguna omisión probatoria que comporte defecto fáctico, pues ambos
son medios de prueba (como se analizó en procedencia) y, en todo caso, ese elemento
de convicción fue valorado en la providencia cuestionada para concluir que no demostraba
que las lesiones de Edwin García Duque se causaron por las actividades que desarrolló
durante la prestación de su servicio militar obligatorio.

Al analizar esa prueba, la Sala constata que tal como lo señaló la autoridad judicial
demandada, si bien estableció que los padecimientos que motivaron la demanda de
reparación directa acontecieron mientras Edwin García Duque estaba vinculado al Ejército
Nacional, no determinó que hubieran sido causados por las actividades castrenses, pues
allí se consignó que sucedieron «en el servicio, pero no por causa o razón del mismo», premisa
de la que se infiere que, contrario a lo dicho por los demandantes, allí no se indicó que las
lesiones se derivaron de las tareas castrenses, en consecuencia, resulta razonable que el
Tribunal Administrativo de Antioquia concluyera que no se configuró el elemento de la
responsabilidad extracontractual del Estado denominado nexo causal.

Además, cabe advertir que la responsabilidad extracontractual del Estado en casos de
lesiones de conscriptos no se configura con el solo hecho de que el uniformado haya
sufrido alguna afección durante el tiempo en que prestó el servicio militar obligatorio, como
parecen entenderlo los accionantes, sino que para ello es indispensable que hayan sido
causadas por las actividades propia de los militares. Sobre el particular, el alto tribunal de
lo contencioso-administrativo14 indicó:

[…] la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en las lesiones
sufridas por el señor Wilmar Alejandro Gallego Gil en hechos ocurridos el 16 de julio de 2004 en el
municipio de La Virginia.

No obstante lo anterior, considera la Sala que por las lesiones padecidas por el señor Wilmar Alejandro
Gallego Gil no puede serle atribuida responsabilidad patrimonial a la Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional, en atención a que en el expediente no obra prueba alguna que arroje claridad acerca
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrieron las lesiones en comento; es decir,
si bien se encuentra probado el daño alegado por la parte actora, lo cierto es que no están presentes
los demás elementos de la responsabilidad: una conducta –activa u omisiva- de la Administración y el
nexo causal entre esta y el daño, motivo por el cual no es posible proceder a imputar dicho daño a la
entidad pública demandada.

[…] precisa la Sala que si bien en los casos en los cuales se debate la responsabilidad del Estado por
daños padecidos por soldados que prestan el servicio militar obligatorio es posible aplicar un régimen
de imputación objetivo o por falla del servicio en caso de encontrarse acreditada, lo cierto es que ello
no releva a la parte actora de su carga de probar los elementos de la responsabilidad del Estado, es
decir, el daño antijurídico, una conducta –activa u omisiva- desplegada por el ente público demandado
y el nexo causal entre el primero y la segunda, sin los cuales no es posible declarar la responsabilidad
del Estado y proceder así a condenarlo a indemnizar un daño, frente al cual no se hubiere acreditado
relación alguna con este.

13 Artículo 275 del CGP.
14 Sección tercera, Subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2017, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico (E),

expediente 66001-23-31-000-2006-00630-01.
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Por tanto, forzoso resulta concluir que no existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta
o comportamiento del Ejército Nacional para con los actos o hechos que produjeron el daño, por lo que
en el caso que ahora se examina, se torna estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de
responsabilidad, objetivos o tradicionales, pues se está en presencia de una falta absoluta de causalidad
del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado[…] y aquellos encuentran fundamento y razón de
ser solo cuando el daño antijurídico le es imputable a la Administración, cuestión que no se configuró
en el evento sub-examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de análisis […].

En un pronunciamiento más reciente, el Consejo de Estado15 señaló que la omisión de
acreditar que el hecho dañoso padecido por un conscripto tuvo relación con el servicio
militar obligatorio, impedía atribuirle responsabilidad patrimonial a la administración, así:
[…] considera la Sala que, el acta expedida por la junta médica laboral, respecto del soldado regular Gilber
Sánchez Perdomo: i) determinó su lesión como “Paralisis (sic) del nervio septimo (sic) periferico (sic)
derecho de etiologia (sic) viral probablemente tratado con fisioterapia y por neurologia (sic) que deja como
secuela: a) Leve parálisis (sic) facial periferica (sic)”; ii) calificó una incapacidad relativa y permanente,
clasificándolo como no apto para la actividad militar; iii) determinó una disminución de la capacidad laboral
del 11.5%; y, finalmente, estableció que la afección había sido diagnosticada en el servicio pero no por
causa ni razón del mismo […].

En consecuencia, de las pruebas documentales aportadas y recaudadas en el curso del proceso, no
encuentra esta Subsección que el daño padecido por el soldado Gilber Sánchez Perdomo sea imputable
a la entidad demandada, máxime cuando no se discutió por el interesado en el marco de la actuación
administrativa el origen viral de la afección presentada […].

Por consiguiente, como se ha dilucidado en el presente asunto, no existen elementos de juicio que
permitan atribuir la lesión y secuelas sufridas por el soldado regular a la entidad pública accionada, se
confirmará la decisión de primera instancia [que negó las pretensiones de la demanda].

Así las cosas, se constata que el Consejo de Estado ha indicado que para que se
comprometa la responsabilidad extracontractual de la administración en las lesiones de un
conscripto, debe acreditarse que acontecieron durante el desarrollo de actividades
castrenses, y como las pruebas que reposan en el proceso de reparación directa 05837-
33-33-002-2016-00486-00/01 no demostraron que las afecciones por las que fue
intervenido quirúrgicamente Edwin García Duque se causaron en ejercicio de tareas
propias del servicio militar obligatorio, no era dable acceder a las pretensiones allí
formuladas, tal como se indicó en la providencia cuestionada.

En este punto, es de advertir que el hecho de que el accionado no haya valorado los medios
de convicción que reposaban en el expediente 05837-33-33-002-2016-00486-00/01 como
lo pretendían los demandantes, no se traduce en la configuración del defecto fáctico, dado
que el juez natural tenía la autonomía de brindarle el grado de certeza que considerara
adecuado, siempre que atendiera los criterios de la sana crítica.

Además, las conclusiones del juez natural sobre la omisión de probar que las lesiones de
Edwin García Duque acontecieron con ocasión del servicio militar obligatorio se
fundamentaron en una valoración razonable de las pruebas obrantes en el proceso, en
especial, del acta del 16 de octubre de 2019 de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional16, que sobre el particular indica:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse
ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los
criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al
caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo, sino que sus actuaciones están
amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en

15 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de abril del 2020, M. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas,
expediente 41001-23-31-000-2000-00169-01.
16 Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Varas Silva.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05015-00
Demandantes: Edwin García Duque y otros

principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél
es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].

Así las cosas, la Sala constata que la providencia cuestionada no adolece de defecto
fáctico, pues la afirmación del tribunal demandado de que en el proceso de reparación
directa 05837-33-33-002-2016-00486-00/01 no se probó que las lesiones de Edwin García
Duque se causaron por actividades castrenses, se funda en una deducción razonable de los
elementos de convicción que allí reposan, en especial, del acta del 16 de octubre de 2019
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

En ese orden de ideas, como la sentencia censurada no incurre en defecto fáctico, se impone
denegar las pretensiones de los tutelantes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones formuladas por los tutelantes, en atención a la parte motiva
de esta determinación judicial.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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