Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05016-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05016-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05016-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: LUIS HUMBERTO HUÉRFANO FLÓREZ
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / Improcedente porque no cumple el requisito de inmediatez / TEMERIDAD -
Se configuró porque, al tenor del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se constató que el
accionante instauró otra acción de tutela sustentada en los mismos hechos y dirigida al
mismo fin, sin ninguna justificación / MORA ATRIBUIDA A LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES – Se
encuentra justificada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia
del 5 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
que declaró improcedente el amparo solicitado por incumplimiento del requisito de
inmediatez y por haberse configurado la temeridad1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Luis Humberto Huérfano Flórez, a través de demanda presentada el 11
de agosto de 2025, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de defensa, a la legalidad, de acceso a la administración de justicia, a la
dignidad humana y de petición, los cuales considera vulnerados por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes.
Hechos relevantes
2. A partir de la demanda y de su escrito de subsanación, en cotejo con las pruebas
allegadas al plenario, es posible extraer los siguientes supuestos fácticos:
3. En providencia del 13 de abril de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá decretó la terminación anticipada de la actuación disciplinaria que
se surtía en su contra, con fundamento en lo previsto en el artículo 103 de la Ley
1123 de 2007. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación.
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Que ingresó para fallo el 2 de marzo de 2026.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
4. El 28 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con ponencia
del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez resolvió el recurso de apelación,
revocó parcialmente la terminación anticipada del proceso y ordenó continuar con la
investigación.
5. El 19 de enero de 2024 solicitó la terminación anticipada del proceso disciplinario,
con fundamento en el referido artículo y reclamó el cumplimiento de la decisión del
13 de abril de 2023. Expuso que la respuesta fue «meramente formal y condicionada
a una futura “oportunidad procesal”, sin precisar cuándo, posibilidad que se extiende
hasta la sentencia, sin ningún respeto por los derechos fundamentales del suscrito
disciplinable, de la legalidad de la actuación, y del orden constitucional y legal».
6. Expuso que presentó una «queja del 23 de julio de 2024» contra el magistrado
Ramírez Vásquez ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes. Señaló que después de más de un año, no se ha vinculado al
investigado a dicha actuación, a pesar de lo abundante y contundente del acervo de
dicho diligenciamiento.
Pretensiones
7. El accionante solicita lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):
1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolver en 5 días el
derecho de petición del 19 de enero de 2024.
3. Dejan sin efectos la providencia del 28 de agosto de 2023 y ordenar archivo
por prescripción.
4. Ordenar a la Comisión de Investigación y Acusación decidir en 10 días la
denuncia penal presentada el 23 de julio de 2024.
5. Prevenir actuaciones sobre procesos fenecidos por prescripción.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. El accionante afirmó que la providencia del 28 de agosto de 2023, proferida
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en defecto orgánico al haber
sido proferida sin competencia temporal, toda vez que el término de prescripción se
consolidó, en su criterio, el 17 de abril de 2023.
9. Alegó el desconocimiento del defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente porque no se tuvieron en cuenta las Sentencias C-415 de 2002 y T-1109
de 2008.
10. Afirmó que se incurrió en defecto procedimental absoluto al vulnerar el
principio de preclusión procesal y desconocer el artículo 29 de la Constitución
Política.
11. Señaló que la actuación cuestionada es contraria a los artículos 1, 6, 23, 29,
93 y 229 de la Constitución Política.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
12. Por último, expuso que la prolongación de un proceso fenecido por
prescripción y la ausencia de respuesta sustancial generan un daño continuo y
grave a su reputación, ejercicio profesional y seguridad jurídica.
Trámite en primera instancia
13. A través de auto de 24 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador
admitió la tutela y ordenó que se notificara a los magistrados que integran la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como a los miembros de la Comisión
de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Asimismo, vinculó
como terceros con interés a los magistrados que integran la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá.
14. Mediante auto del 30 de octubre de 2025 se dispuso la vinculación de los
señores Jhon Eduard Palacios Salazar y Ángela María Correa Fernández, toda vez
que estos obran como quejosos dentro del proceso disciplinario adelantado contra el
señor Huérfano Flórez.
15. El 26 de noviembre de 2025, los magistrados integrantes de la Sección Quinta
del Consejo de Estado manifestaron su impedimento para conocer del proceso, toda
vez que la tutela estaba dirigida contra la Comisión de Investigación y Acusación de
la Cámara de Representantes y estos tienen múltiples investigaciones adelantadas
por esa autoridad, esa circunstancia podía poner en duda su imparcialidad o
independencia. En auto del 15 de diciembre de 2025, la Sala de Conjueces de la
Sección Quinta del Consejo de Estado declaró infundados los impedimentos
presentados.
Intervenciones
16. La representante a la Cámara María Eugenia Lopera Monsalve manifestó
que una vez revisados los expedientes que son de su competencia, verificó que no
consta alguno que tenga relación con los hechos a los que se refieren los
documentos anexados a la acción constitucional. Por lo anterior, pidió que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
17. La representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral expuso que
el escrito de tutela contiene solicitudes confusas e imprecisas que impiden identificar
con claridad el objeto del amparo reclamado, así como la concreta vulneración de
los derechos fundamentales.
18. Indicó que la tutela no revela una controversia de relevancia constitucional ni
una afectación real, cierta ni actual de derechos, sino que se enmarcó en cuestiones
procedimentales que deben ser subsanadas al interior del proceso, de ahí que, en
su criterio, la tutela sea improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
19. Expuso que tiene asignada una compulsa por competencia de la Procuraduría
General de la Nación relacionada con una solicitud presentada por el accionante
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
contra los magistrados Magda Victoria Acosta Walteros, Alfonso Cajiao Cabrera,
Juan Carlos Granados Becerra, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Mauricio Fernando
Rodríguez Tamayo, Julio Andrés Sampedro Arrubla y Diana Marina Vélez Vásquez
identificado con el expediente 6676, el cual le fue asignado mediante la Resolución
404 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, por los presuntos hechos de
corrupción al interior de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al haber proferido
la providencia del 28 de agosto de 2023.
20. Indicó que la denuncia se encuentra pendiente de revisión por parte de la
representante investigadora, en el término legal, con el fin de determinar su viabilidad
en la Ley 600 de 2000. Adujo que, en relación con la remisión de copias del
expediente, no resulta procedente porque las diligencias adelantadas en esa etapa
gozan de reserva legal conforme lo establece el artículo 330 de la Ley 600 de 2000
«que establece expresamente la prohibición de suministrar copias de la actuación
mientras no se haya superado la fase instructiva, salvo a las partes reconocidas en
el proceso y bajo las condiciones fijadas por la ley».
21. Finalmente, precisó que los hechos y pretensiones del accionante fueron
expuestos de manera confusa y ambigua, lo que impide determinar con claridad el
objeto de su petición, lo cual refuerza la imposibilidad de acceder a lo pedido sin
desconocer la normativa procesal vigente ni vulnerar la reserva legal que protege la
investigación.
22. El representante a la Cámara William Ferney Aljure Martínez expuso que
le fue asignado el radicado 6197 mediante la Resolución 350 del 6 de julio de 2023,
en el cual obra como denunciante el señor Huérfano Flórez. No obstante, expuso
que la tutela hace referencia a una investigación disciplinaria que cursa en contra de
él bajo el radicado 11001250200020210002101.
23. Explicó que sí tiene a su trámite una investigación bajo el radicado
11001080200020210012000, pero en el cual obran como denunciados los
magistrados Julio Andrés Sampedro Arrubla y Magda Victoria Acosta Walteros.
24. El representante a la Cámara Óscar Leonardo Villamizar Meneses pidió
que se desvinculara del presente trámite toda vez que no cuenta con investigaciones
asignadas a su Despacho o con actuaciones de su competencia.
25. El magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, integrante de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial, indicó que la tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, porque la providencia cuestionada se profirió el 28 de agosto de 2023, y
fue notificada en esa misma fecha, por lo que han transcurrido más de 2 años sin
acreditarse ninguna circunstancia que justifique la presentación tardía del escrito de
tutela.
26. Explicó que, en todo caso, se ordenó continuar con el proceso disciplinario
únicamente respecto de la eventual irregularidad en la que pudo incurrir el implicado
al abstenerse de entregar el 50% de la titularidad del predio situado en el Municipio
de Cota, y la supuesta omisión en la entrega de los frutos obtenidos desde 2018 en
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
virtud de la tenencia del inmueble, porque la infracción a evaluarse no es instantánea
sino permanente, de manera que su consumación se extiende hasta el momento en
que se efectúe el reintegro, lo cual no se verificó por la primera instancia pero que
descarta la prescripción para la fecha en que fue expedido el auto.
27. Indicó que no se trató de una reactivación del proceso, dado que la decisión
de primera instancia no había hecho tránsito a cosa juzgada por la interposición del
recurso de apelación que fue desatado por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
28. Por último, señaló que la petición del 19 de enero de 2024 no le correspondía
resolverla, pues su competencia precluyó al resolver la apelación, de ahí que era un
asunto que debía ser tramitado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá.
29. El accionante presentó un memorial en el cual cuestionó las afirmaciones
realizadas en el informe del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
30. En escrito posterior, solicitó que se decretara como medida provisional la
suspensión de la audiencia de pruebas y calificación provisional convocada para el
14 de octubre de 2025.
Fallo impugnado
31. Mediante sentencia del 5 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del
requisito de inmediatez, respecto de los reproches atribuidos a la decisión del 28 de
agosto de 2023, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
32. De otra parte, en relación con el memorial del 19 de enero de 2024, declaró
configurada la temeridad. Lo anterior, toda vez que el accionante ya interpuso acción
de tutela por esos mismos hechos, la cual fue decidida en primera instancia por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y en segunda
instancia por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
33. Explicó que si bien es cierto que la parte actora alegó que los aquí accionados
son la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes, también lo es que esa petición fue
anexada al radicado 11001-25-02-000-2021-00021-00, el cual estaba a cargo de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
34. Por lo anterior, consideró que el accionante pretende que sea la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá la que resuelva en 5 días el derecho de
petición del 19 de enero de 2024, y ese debate ya quedó dirimido «por vía de tutela
como quedó demostrado».
35. Expuso que en ambos escritos de tutela la inconformidad gira en torno a la
supuesta omisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá al no
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
contestar de fondo la petición del 19 de enero de 2019 y la vulneración del derecho
de petición.
36. Sostuvo que se evidenciaba la mala fe del accionante, pues a pesar de
conocer la decisión de segunda instancia proferida por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, lo que da cuenta que su intención era que la discusión
planteada fuera abordada por varias autoridades judiciales.
37. En cuanto a la vulneración por la mora de la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes, consideró que los representantes a la
Cámara de la Comisión de Investigación y Acusación María Eugenia Lopera
Monsalve y William Ferney Aljure Martínez no se encontraban legitimados en la
causa por pasiva, pues no tenían a su cargo el proceso disciplinario
11001250200020210002101.
38. Asimismo, sostuvo que «aunque pueda evidenciarse, en principio, la
existencia de mora judicial por parte de la representante investigadora, en la medida
en que no se ha emitido una decisión desde que fue asignada a su despacho», lo
cierto es que el escrito contentivo de la queja es ambiguo y confuso, de manera que
se encuentra pendiente de dilucidar en qué consiste la acusación y definir si existe
mérito para llamar al denunciante a ratificar o proceder con el archivo de las
diligencias.
39. Asimismo, precisó que el accionante en la denuncia presentada hace
referencias inconexas a fraudes procesales cometidos por el señor Edgar Alexander
Peña Alzate y a retaliaciones de los magistrados Julio Andrés Sampedro Arrubla y
Magda Victoria Acosta Walteros. Así como a otra investigación adelantada por la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con
radicado 5928; a otros procesos disciplinarios (11001080200020230053200,
110011250200020230225700 y 11001110200020190014100); y a una compulsa de
copias contra el señor Sergio Rodríguez Alzate (fiscal 91 Especializado de la
Dirección contra el Crimen Organizado de Bogotá), sin que se hubiera hecho un
señalamiento directo en contra del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez o a
su providencia del 28 de agosto de 2023.
40. Finalmente precisó que el accionante no ha presentado solicitud de impulso
de la actuación, ni mucho menos ha evidenciado circunstancias particulares que
ameriten una rápida resolución.
Impugnación
41. El accionante impugnó la anterior decisión y argumentó que sí se cumple con
el requisito de inmediatez, porque según la sentencia SU-961 de 1999 esta no
constituye un término de caducidad y el análisis exige valorar la naturaleza de la
vulneración, la persistencia del daño y los efectos de actuales del mismo. En su caso,
la afectación alegada no es histórica ni agotada, sino que produce efectos actuales
y prolongados.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
42. Asimismo, sostuvo que los requisitos de procedibilidad no pueden ser
aplicados de manera tal que neutralicen la protección efectiva del derecho al debido
proceso cuando, en su criterio, la vulneración alegada posee naturaleza actual y
continuada y en aquel evento en el cual se discute la prescripción como garantía
sustancial.
CONSIDERACIONES
Competencia
43. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
44. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 5 de febrero de 2026, por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual declaró improcedente la
tutela por inmediatez, declaró configurada la temeridad y negó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
45. Para ello se examinará: (i) si la tutela cumple con el requisito de inmediatez;
(ii) si la vulneración al derecho de petición es temeraria, y (iii) si la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes incurrió en mora judicial
y, por tanto, vulneró los derechos fundamentales del señor Luis Humberto Huérfano
Flórez.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
46. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20052, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
47. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar3: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
2
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
3
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 5 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
De los cargos atribuidos a la providencia del 28 de agosto de 2023:
incumplimiento del requisito de inmediatez
48. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un
plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales6.
49. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido7, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se
desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.
4
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
5
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
6
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y SU-
499 de 2016, entre otras.
7
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
50. La jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional8 como del Consejo de
Estado9, ha considerado que, en algunos casos, un plazo de seis meses desde la
ocurrencia de los hechos puede catalogarse como razonable; mientras que, en otros,
es menester estudiar las circunstancias concretas del asunto para determinar si se
cumplió o no el requisito. En esa medida, la razonabilidad dependerá de las
particularidades del caso concreto, correspondiéndole al juez valorar si existen
motivos válidos que justifiquen la demora en el ejercicio de la acción.
51. Al examinar la solicitud de amparo, la Sala encuentra que no se acredita el
cumplimiento del requisito de inmediatez, por cuanto la providencia cuestionada, esta
es, la proferida el 28 de agosto de 2023 por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial en el proceso con radicado 11001-25-02-000-2021-00021-01, fue notificada
mediante el Oficio S.J.-MFA-31381 de esa misma fecha, enviado al correo
electrónico del señor Huérfano Flórez, tal como se puede observar en las siguientes
imágenes:
8
SU-090 de 2018 y T-367 de 2024, entre otras.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 11001-
03-15-000-2018-03905-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, entre muchas otras. En esa decisión
se consideró que el término debía contarse desde la notificación de la decisión cuestionada o, desde
la ejecutoria, cuando se hubieren realizado trámites adicionales que incidieron en su firmeza.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
52. En consideración a que la providencia se notificó en los términos del artículo
8 de la Ley 2213 de 2022, esta se entiende realizada «una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando
el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso
del destinatario al mensaje». En esas condiciones, la providencia cuestionada quedó
efectivamente notificada el 30 de agosto de 2023.
53. Sin embargo, la parte demandante presentó la acción de tutela el 13 de agosto
de 2025, esto es, pasados casi 24 meses desde que conoció la decisión. Dicho
término no resulta razonable.
54. Ahora, el accionante argumentó para justificar la inmediatez que la afectación
a sus derechos fundamentales continúa produciendo efectos actuales y prolongados,
de manera que si «los efectos de la vulneración persisten» debe superarse ese
requisito.
55. Esta Subsección considera que el argumento del recurrente no está llamado
a prosperar. El hecho de que hubieran transcurrido cerca de veinticuatro meses entre
el momento en que el señor Huérfano Flórez conoció la providencia a la cual atribuye
la vulneración de sus derechos fundamentales y la presentación de la acción de
tutela evidencia que la supuesta transgresión no reviste carácter urgente ni
inminente.
56. Ese largo periodo de tiempo demuestra la falta de diligencia por parte del
accionante para procurar la protección de sus derechos a través de este valioso
mecanismo constitucional. Así pues, la prolongada inactividad del demandante
refuerza la conclusión de que no se configura una situación que amerite la
intervención del juez constitucional.
57. En esos términos, desde el 30 de agosto de 2023 el señor Luis Humberto
Huérfano Flórez pudo conocer y advertir la supuesta vulneración a sus garantías
constitucionales. De manera que no existen razones para contabilizar el término de
inmediatez a partir de un momento diferente a la notificación que se realizó.
58. Finalmente, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse
que no está acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo
vulnerable que justifique concretamente la tardanza; (ii) la existencia de especiales
circunstancias que impidieran acudir al juez de tutela; (iii) el aislamiento geográfico,
(iv) la vulnerabilidad económica; (v) la afectación de derechos de terceros y, por
último, (vi) no se advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por
parte del demandante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria
afectación a la seguridad jurídica.
De la vulneración al derecho fundamental de petición
59. El accionante pretende que se ampare su derecho fundamental de petición,
toda vez que, en su criterio, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no ha dado
respuesta a la solicitud del 19 de enero de 2024 en el proceso con radicado
11001250200020210002100.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
60. En primer lugar, la Sala advierte que el derecho de petición no está previsto
para poner en marcha el aparato jurisdiccional, pues en ese escenario, los usuarios
del servicio de administración de justicia tienen a su disposición los instrumentos
establecidos en la legislación procesal.
61. Las actividades jurisdiccionales del juez están regidas por normas
específicas y, por tanto, las solicitudes de las partes y los intervinientes dentro del
proceso judicial tienen un trámite especial en el que prevalecen las reglas del
proceso. Por ejemplo, los memoriales de impulso del proceso, las solicitudes de
pruebas, de acumulación de proceso y de denuncia del pleito, las solicitudes de
copias y certificaciones de ejecutoria deben tramitarse según las reglas establecidas
por los respectivos ordenamientos procesales, mas no por las normas que regulan
el derecho de petición que se ejerce ante la administración. Es decir, los trámites
ante los despachos judiciales tienen regulación propia y, por ende, el derecho de
petición no es un medio legal para cumplir ese cometido.
62. En esos términos, corresponde a la Sala determinar si, tal como lo afirmó el
a quo, la solicitud de amparo presentada por el señor Huérfano Flórez resulta
temeraria.
63. Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se incurrirá en una conducta
temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales».
64. En la sentencia de unificación 168 de 2017, la Corte Constitucional precisó que
la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad
partes, b) identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) ausencia de
justificación en la presentación de la nueva acción de tutela, vinculada a un actuar
doloso y de mala fe por parte del libelista. Sobre este último elemento, el alto tribunal
manifestó lo siguiente:
(…) [S]e presenta cuando la actuación del actor resulta amañada, denota el
propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa,
deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener
razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas
inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia.
65. La Corte Constitucional10 también ha sostenido que bien puede configurarse la
cosa juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda
tutela, «debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo».
10
Sentencia T-560 de 2009. Criterio reiterado en la sentencia T-280 de 2017.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
66. En línea con lo anterior, la misma Corte11 ha indicado que, desprovisto de la
mala fe de la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando
concurren los siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso existe identidad
jurídica de partes; (ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea,
sobre las mismas pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la misma
causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos, y (iv) que en el
proceso de tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte
Constitucional.
67. En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren de la presentación
de varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos
hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate que quien
ha acudido ante los jueces constitucionales lo hace de mala fe, en forma abusiva o
con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de los jueces,
de suerte que, deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de varios jueces
para propiciar una decisión acorde a sus intereses.
68. Finalmente, la Corte Constitucional ha señalado que, aunque objetivamente se
adviertan los requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se
configure o sea declarada por el juez, como se expone a continuación:
Con todo, se configurará la temeridad solo cuando concurran los siguientes
elementos: (i) identidad fáctica con otra acción de tutela; (ii) identidad de
demandante y de accionado; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción. Esta situación supone un desgaste
al sistema judicial por capricho del accionante y por desconocimiento del
principio de buena fe. Con todo, la temeridad debe ser plenamente acreditada
y no puede ser inferida tras una simple revisión formal de las acciones de tutela
que llevan a suponer que se ha configurado dicha conducta.
Si hay concurrencia de los elementos citados, el juez podrá, rechazar de plano
o decidir negativamente la petición, cuando advierta que la actuación (i)
envuelva una actuación amañada, en la que se reservan para cada acción los
argumentos o pruebas que convaliden las pretensiones; (ii) denote un interés
desleal de alcanzar un beneficio individual al perseguir una interpretación
judicial favorable; (iii) evidencie el abuso del derecho al actuar abiertamente de
mala fe; (iv) pretenda asaltar la buena fe de los administradores de justicia.
Con todo, a pesar de la posible concurrencia de los citados elementos que dan
estructura a la figura de la temeridad, deben verificarse las circunstancias
particulares del caso concreto, en especial cuando se pueda advertir alguna de
las siguientes circunstancias: (i) la condición del actor que lo coloca en estado
de ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales
del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de
la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para
decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
11
Sentencia T-219 de 2018.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
derechos fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede resaltar la
posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace
explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en
igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.
69. La Sala identificó que los argumentos expuestos en la presente solicitud de
amparo también fueron formulados por el señor Huérfano Flórez en el proceso de
tutela con radicado 11001-22-05-000-2024-00434-01:
Proceso 11001-03-15-000-2025-05016-01
(objeto de decisión)
Partes Causa Objeto
Accionante:
Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado:
Comisión Nacional de Disciplina Entre otras, la presunta vulneración del derecho fundamental Que se ampare su
Judicial y Comisión de de petición por la falta de respuesta de la solicitud del 19 de derecho
Investigación y Acusación de la enero de 2024, al interior del proceso disciplinario con fundamental de
Cámara de Representantes. radicado 11001250200020210002100. petición
Vinculado:
Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá
Proceso 11001-22-05-000-2024-00434-01 (tramitado en primera instancia ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá – Sala Laboral)
Partes Causa Objeto
Accionante:
La presunta vulneración de su derecho fundamental de
Luis Humberto Huérfano Flórez Que se ampare su
petición por la falta de respuesta a la solicitud presentada el
derecho
19 de enero de 2024, al interior del proceso disciplinario con
Accionados: fundamental de
radicado 11001250200020210002100.
Comisión Seccional de Disciplina petición
Judicial de Bogotá
70. Lo expuesto evidencia que tanto en el proceso con radicado 2024-00434-01
como en el presente, el señor Huérfano Flórez dirigió su acción de tutela contra la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con el propósito de que el juez
constitucional le ordenara dar respuesta de fondo a la solicitud presentada el 19 de
enero de 2024, en el proceso disciplinario que se surte en su contra con radicado
11001250200020210002100.
71. En el otro proceso se profirió sentencia del 17 de mayo de 2024, en la cual
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la acción
de tutela presentada por el señor Luis Humberto Huérfano Flórez en contra de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Lo anterior, por cuanto la
petición echada de menos versaba sobre aspectos propios al interior del expediente
20210002100, lo cual implicaba que es dentro de ese proceso judicial donde el actor
debe sujetarse a las decisiones, así como a los términos y etapas procesales
previstos para tal efecto. Precisó que, en todo caso, la autoridad judicial accionada
13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
ha llevado a cabo varias actuaciones procesales que han sido puestas en
conocimiento al señor Huérfano Flórez.
72. La anterior decisión fue confirmada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 28 de agosto de 2024. Consideró que
la petición cuya presunta falta de resolución atribuyó a la Comisión accionada no
tuvo por objeto un asunto de carácter netamente administrativo. De manera que la
solicitud presentada debía impartírsele el trámite propio de ese proceso y no el del
derecho de petición.
73. En todo caso, sostuvo que la Secretaría acusó recibo de la comunicación y
dio respuesta informal indicando que la petición se anexaría al expediente y se
tendría en cuenta en la oportunidad procesal pertinente. Posterior a ello, realizó
múltiples actuaciones como la audiencia de pruebas y calificación provisional del 8
de mayo de 2024 en la que se decretaron algunas pruebas documentales, se
dispuso la incorporación de otras allegadas, se decidió la recusación propuesta y se
suspendió la diligencia.
74. Conviene precisar que, si bien en el presente proceso la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial no figura formalmente como parte demandada, lo cierto es que
sí fue vinculada en el auto que admitió la demanda. En todo caso, la Sala advierte
que, más allá de que el accionante le atribuya la vulneración del derecho de petición
a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dicha imputación estaba dirigida, en
realidad, a la primera de las autoridades mencionadas.
75. Visto lo anterior, a pesar de que el accionante tuvo conocimiento de los fallos de
tutela proferidos en el proceso con radicado 2024-00434-01 tramitado ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y ante la Corte Suprema de Justicia, optó por guardar
silencio y no se preocupó por informar las razones por las cuales presentó la misma acción
de tutela ante dos autoridades judiciales distintas.
76. Así las cosas, es evidente la identidad de partes, de causa y de objeto entre la
solicitud de amparo sometida al conocimiento de esta Sala y aquella tramitada en
primera instancia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Asimismo,
no existe una justificación válida para que se interpusiera la nueva solicitud de
amparo. Por tanto, dicha situación supone un desgaste al sistema judicial por
capricho del señor Huérfano Flórez y desconoce el principio de buena fe. De hecho,
la Corte Constitucional ha sostenido que la temeridad puede tener origen en la mala
fe o en la deslealtad procesal12, lo que ocurre cuando el demandante no formula
justificación alguna y busca aprovecharse de la presentación de múltiples acciones
de tutela13.
12
Corte Constitucional. Sentencias SU-377 de 2014 y SU-713 de 2006.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-027 de 2021. Además, la jurisprudencia ha indicado que la
mala fe puede identificarse en un actuar doloso que busca inducir en error al juez (Sentencia T-247
de 2024), en un uso indebido de la acción de tutela (Sentencia T-1134 de 2005), la falta de
justificación de la formulación reiterada de acciones de tutela (Sentencia T-975 de 2011) o la
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
77. En línea con lo anterior, esta Subsección dispondrá que se remita copia íntegra
del expediente de tutela a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá,
para que, si a bien lo tiene, adelante la investigación que corresponda, en relación
con el demandante, pues quedó acreditado que es abogado con tarjeta profesional
vigente14 y que era consciente de que estaba promoviendo dos acciones de tutela
ante autoridades judiciales distintas. Además, no se probó la existencia de hechos
nuevos que justificaran la presentación de una nueva solicitud de amparo.
78. Finalmente, conviene recordar al señor Huérfano Flórez que la acción de tutela
es un valioso mecanismo constitucional, procedente exclusivamente en el evento
en que se vea seriamente afectado el pleno goce de algún derecho fundamental.
De ahí que su ejercicio temerario afecta y congestiona el servicio de administración
de justicia, en detrimento de quienes realmente ven comprometidos sus derechos
fundamentales y están a la espera de una decisión pronta. Por tal motivo, la Sala
llama su atención para que, en lo sucesivo, se abstenga de presentar nuevas
solicitudes de amparo que persigan el mismo objeto aquí pretendido y basadas en
los mismos hechos y argumentos.
De la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia por parte de la Comisión de Investigación
y Acusación de la Cámara de Representantes
79. Según lo expuesto en el escrito de tutela, el 23 de julio de 2024 presentó una
queja disciplinaria contra el magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez ante la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quien no
lo ha vinculado a alguna actuación, a pesar de haber transcurrido más de un año
desde su radicación.
80. De conformidad con la información brindada por la representante a la cámara
Gloria Elena Arizabaleta Corral, ella tiene a cargo otra investigación, que recibió por
parte de la Procuraduría General de la Nación, quien lo remitió por competencia.
81. A ella le fue asignado dicho proceso mediante la Resolución 404 del 17 de
septiembre de 2024, en la cual constató que la queja estaba dirigida contra los
magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Magda Victoria Acosta
Walteros, Alfonso Cajiao Cabrera, Juan Carlos Granados Becerra, Carlos Arturo
Ramírez Vásquez, Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, Julio Andrés Sampedro
Arrubla y Diana Marina Vélez Vásquez y le correspondió el radicado 6676.
82. La solicitud estuvo fundamentada en los presuntos hechos de corrupción y
prevaricato en los que incurrieron al haber proferido la providencia del 28 de agosto
manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, al igual que la alegación de hechos
contrarios a la realidad (Sentencia T-080 de 1998). Incluso, para hallar tales comportamientos, las
Salas de Revisión han acudido a los estándares legales establecidos en los artículos 73 y 74 del
Código de Procedimiento Civil, hoy General del Proceso, como se reconoció en la Sentencia T-1103
de 2005.
14
Se verificó en el siguiente enlace: https://vigenciaspublicas.ramajudicial.gov.co/Certificados.aspx.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
de 2023, emitida dentro del proceso disciplinario con radicado 11001-25-02-000-
2021-00021-00.
83. La representante indicó que está pendiente de revisar la denuncia, en los
términos establecidos por la Ley 600 de 2000, con el fin de determinar si avoca
conocimiento o lo rechaza, siempre que se verifique el cumplimiento de los
presupuestos formales exigidos en ese estatuto procesal.
84. Al igual que el a quo, la Sala considera que la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes no incurrió en mora injustificada.
85. Frente al tema, la Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas las
circunstancias estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en la emisión de una providencia genera la llamada mora
judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con
los plazos para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo, condiciones estructurales
como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en los
despachos judiciales que impiden la adopción de decisiones oportunas por parte de
los funcionarios judiciales15.
86. Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta16:
La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con
la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los
funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón
principal por la que se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar
de los funcionarios, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama
Judicial.
Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la tardanza
o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial
injustificada. y, en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos
fundamentales de quien acudió a la justicia17.
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora.
87. Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la referida
autoridad ha incurrido en una mora injustificada, se debe verificar (i) la complejidad
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-
15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
16
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-
15-000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
17
Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».
16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad
judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento y (v) el turno en el que
el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 18
de la Ley 446 de 199818.
88. En el mismo sentido, en la sentencia SU-333 de 202019, la Corte
Constitucional precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto
de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora,
como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial.
89. En esas condiciones, si bien ha transcurrido un tiempo considerable desde
que se radicó la denuncia ante esa autoridad, lo cierto es que el escrito de queja,
según lo informado por la representante demandada, es «ambiguo y/o confuso». Por
ello, resulta necesario realizar un análisis minucioso de las supuestas conductas
atribuidas a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin
de establecer si estas se enmarcan en una falta disciplinaria o penal. Además, le
corresponde determinar si, a partir de dicha verificación, procede llamar al
denunciante a ratificar la queja o, en su defecto, disponer el archivo de las diligencias,
conforme a lo previsto en el artículo 331 de la Ley 5 de 1992.
90. Adicionalmente, se observa que en el escrito de queja se realizaron una serie
de señalamientos en los que se realizan imputaciones frente al señor Édgar
Alexander Peña Alzate –quejoso en el proceso disciplinario–, y en la cual se
atribuyen conductas penales y disciplinarias a los magistrados de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. En todo caso, esta Subsección advierte que todos
los planteamientos del accionante se originan en su desacuerdo frente a la decisión
proferida el 28 de agosto de 2023.
91. Asimismo, la Sala observa que no se acreditó actividad procesal alguna por
parte del interesado encaminada a impulsar el trámite o a requerir información
adicional sobre el estado de la actuación que se surte en la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esta inactividad denota
que la falta de avance percibida por el demandante no es atribuible únicamente a la
parte demandada, sino también a la ausencia de diligencia del propio peticionario.
92. En ese contexto, no se advierte la existencia de una mora judicial injustificada.
La autoridad demandada ha desplegado actuaciones encaminadas a verificar la
coherencia y suficiencia del escrito de queja, con el fin de determinar la pertinencia
de solicitar su ratificación o disponer su archivo. No se observa, además, que el
retraso percibido por el demandante obedezca a desidia o inactividad de la parte
18
«Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan
pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal».
19
Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05016-01
Accionante: Luis Humberto Huérfano Flórez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
demandada, sino a la necesidad de realizar actuaciones previas con el fin de
determinar la procedencia de la investigación.
93. En todo caso, si bien pudiera predicarse una demora en la sustanciación que
tiene a su cargo la representante Gloria Elena Arizabaleta Corral, lo cierto es que
esta, en los términos de la jurisprudencia constitucional citada, se encuentra
justificada. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO: REMITIR copia íntegra del expediente de tutela a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para que, si a bien lo tiene, adelante la
investigación que corresponda, en relación con el aquí demandante.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
18
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