RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05021-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05021-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05021-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación de los tutelantes para solicitar la corrección de los nombres de los demás sujetos procesales, al no acreditar representación ni agencia oficiosa respecto de ellos. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 17 de octubre de 2025 proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera en cuanto declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, pero por los argumentos aquí expuestos. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05021-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de diciembre de 2025

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., Once [11] de diciembre de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01
Demandantes: HAINER DAVID CORTEZANO LÓPEZ Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE
DECISIÓN No. 1

TEMA: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia –
inmediatez y falta de agotamiento de los medios de defensa
judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 17 de octubre de 2025 por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Primera declaró improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir con
el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 13 de agosto de 2025 los señores Hainer David Cortezano López y Harnaldo
Gregorio Mejía Herrera, mediante apoderado judicial, presentaron acción de
tutela, en donde señalaron que se les vulneró el derecho fundamental al debido
proceso.

La mencionada garantía constitucional la estimaron transgredida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No.1 al proferir el auto interlocutorio
de segunda instancia No. 390 de 18 de diciembre de 2024, en donde denegó la

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

solicitud de corrección del nombre del beneficiario 1 de la sentencia dentro del
medio de control de reparación directa, identificada bajo el radicado 13001-33-
33-008-2015-00509-01.

1.2. Hechos

El señor Hainer David Cortezano López y otros2, presentaron demanda en el
ejercicio del medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional– Ejército Nacional, Ministerio
de Defensa Nacional – Armada Nacional, Policía Nacional y el municipio de San
Jacinto, Bolívar.

El conocimiento de dicho medio de control correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, el cual, mediante sentencia de
1. º de noviembre de 2017 negó las pretensiones de los accionantes con sustento
en que las pruebas aportadas al proceso no demostraban que eran víctimas
desplazadas por la violencia.

Mediante fallo de 13 de diciembre de 2022, la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal
Administrativo de Bolívar confirmó la sentencia apelada bajo la misma
argumentación del juez de primer grado.

Posteriormente, debido a una acción de tutela contra una decisión judicial, el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo de 11 de abril de 2024,
ordenó «[…] al Tribunal Administrativo de Bolívar que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación en la presente providencia, profiera una nueva
decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en esta providencia […]».

1 El nombre del señor Hainer David Corterzano López.
2 Conformaron la parte actora: Darlys Patricia Arias Lora, Sindy Paola Arias Lora, Kelly Joanna

Arias Lora, José Luis Arias lora, Juan Alberto Arias Lora, Jair Alfonso Arias Lora, Ana Isabel
Arrieta Garcia, Nilba Estela Arrieta Garcia, Gidier E. Arrieta Melendrez, Luz Marina Arrieta
Melendez, Angela Patricia Arrieta Melendez, Katherine de las Mercedes Alvarez Piña, Luis
Antonio Alvarez Mercado, Paola Pilar Avila Diaz, Adriana Carolina Anillo Valdez, Ana Ilse Arroyo
Vasquez, Nohemi Patricia Arroyo Herrera, Karina Paola Barreto Arrieta, Juan Carlos Barreto
Arrieta, Rafael Enrique Bermudez Arrieta, Hernan Rafael Bermudez Arrieta, Cinthya Karina
Berrocal Ortega, Liseth Johana Berrocal Ortega, Miguel Angel Cortesano Bueno, Josue
Cortesano Bueno, Jesus Antonio Conde Caro, Guillermo Antonio Conde Romero, Kenia Paola
Conde Romero, Elia Rosa Conde Romero, Mileydis Bernarda Conde Romero, Nadia Judith Caro
Torres, Carmen Maria Caro Torres, Carmen Maria Caro Torres, Eder Napoleon Caro Diaz, Julio
Manuel Caro Diaz, Luis Ricardo Cardo Cardo, Carlos German Caro Gamarra, Olga Lucia Caro
Gamarra, Edinson Rafael Caro Tapia, Yolanda Caro de Anillo, Margarita Rosa Caro Anillo, Gladis
del Socorro Caro Reyes, Teresita de Jesus Cortezano Herrera, Pedro José Cortezano Herrera,
Juan David Cortezano Arroyo, Adriana Marcerla Cortezano Lopez, Enrique Bernardo Cortesano
García, Nora del Socorro Cortesano Garcia, Juan José Cortesano García, Carlos Román
Cortina Estrada, Linda Michel Cerpa Rivera.

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

El 7 de octubre de 2024, la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal Administrativo de
Bolívar dictó sentencia de reemplazo, en la que resolvió revocar el fallo de
primera instancia y, en su lugar, declaró administrativa y patrimonialmente
responsables a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional –
Policía Nacional – Armada Nacional y al municipio de San Jacinto por «el
desplazamiento forzado que sufrieron los demandantes».

El extremo procesal activo presentó solicitudes de aclaración, corrección y
adición de la sentencia de 7 de octubre de 2024, mediante providencia del 18 de
diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió corregir los
nombres de las señoras Fernanda Elena Herrera Yepes, María José Jaime
Cortezano y negó la corrección de «[…] Rafael David Cortezano López, Heiner
David Cortezano López, Pedro Antonio Barreto Arrieta, Luis Antonio Álvarez
Mercad, Roberto Antonio Herrera Díaz, Carmen María Caro Torres, María Isabel
Herrera Díaz, Luis Ricardo Caro Cardo y Nadia Judith Caro Torres […] por
cuanto sus nombres se encontraban bien escritos».

1.3. Peticiones del amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Que se amparen los derechos fundamentales de los accionantes al debido
proceso.
2. Solicitar al tribunal administrativo de Bolívar que un término de 48 horas corrija
los nombres de las siguientes personas con el fin de evitar un perjuicio
irremediable dentro de los procesos acumulados de reparación directa seguido
por María Fernanda Diaz Peñaloza y Otros bajo el radicado No. 13-001-33-33-
012-2015-00509-01 y Darlys Patria Arias Lora y Otros bajo el radicado No. 13-
001-33-33-012-2016-00037-00:

• Javier Rafel Díaz Reyes (Y no Javier Rafael Diaz Yepes)
• Yair Alfonso Arias Lora (Y no Jair Alfonso Arias Lora)
• Harnaldo Gregorio Mejía Herrera (Y no Arnoldo Gregario Mejía
Herrera)
• Luz María Arriega Meléndez (Y no Luz Marina Arrieta Melendez)
• Carlos Ramón Cortina Estrada (Y no Carlos Roman Cortina Estrada)
• Aima Lucía Díaz Yepes (Y no Alma Lucia Diaz Yepes)
• Dober José Gamarra Cortezano con Z (Y no Dober José Gamarra
Cortesano con S)
• Nilba Stella Arrieta Garcia (Y no Nilba Estela Arrieta Garcia)
• Hainer David Cortezano Lopez (Y no Heiner David Cortezano Lopez).
• Graciela Hortensia Diaz Sierra (Y no Graciela Hortencia con C.)

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

1.4. Fundamento de la solicitud

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial vulneró su derecho fundamental
al debido proceso con ocasión de la negativa a la solicitud de corrección del
nombre del señor Hainer David Cortezano López, por el de Heiner David
Cortezano López, como aparece en el fallo condenatorio contra el Estado, bajo
el argumento de que la Sala de Decisión «considera que su nombre se encuentra
bien escrito».

En primer término, señaló que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en
un defecto sustantivo, al desconocer lo previsto en el artículo 286 del Código
General del Proceso, disposición que autoriza la corrección cuando el error sea
aritmético, la cual puede realizarse en cualquier tiempo.

Finalmente, afirmó que el tribunal desconoció la sentencia C-414 de 2022, la cual
establece que los «errores puramente aritméticos en una providencia judicial
pueden ser corregidos por el juez que la emitió, incluso después de finalizado
del proceso, de oficio, solicitud de parte, mediante auto».

1.5. Trámite e intervenciones

El 14 de agosto de 2025, el Despacho sustanciador de primera instancia admitió
el mecanismo constitucional de la referencia, oportunidad en la que dispuso
notificar a los magistrados de la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal
Administrativo de Bolívar y ordenó vincular a la señoras María Fernanda Díaz
Peñaloza, Nina Sofía Díaz Caro, Darlys Patricia Arias Lora y a los demás
integrantes que conformaron la parte demandante dentro del medio control
de reparación directa No. 2015-00418-91, 2015-00509-01, 2016-00037-01, así
como a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía
Nacional – Armada Nacional y al municipio de San Jacinto.

La Secretaría General del Consejo de Estado solicitó al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena remitir las direcciones de
notificación individual de María Fernanda Díaz Peñaloza, Nina Sofía Díaz Caro
y Darlys Patricia Arias Lora, así como de las demás personas que actuaron con
ellas en los medios de control de reparación directa 2015-00509-01, 2015-
00418-01 y 2016-00037-01, respectivamente.

Mediante constancia secretarial del 30 de septiembre de 2025, se informó que
no fue posible notificar a dichas personas. En consecuencia, se procedió a fijar
aviso en la página web de la Corporación para surtir la notificación del auto

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

admisorio de la tutela a todas las vinculadas como terceras con interés en el
trámite.

1.5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1 informó que
la acción de tutela se dirige a cuestionar una presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, derivada de la negativa a corregir el nombre del
señor Heiner David Cortezano López en la providencia cuestionada.

Indicó que, para el caso del demandante, no existía error alguno en la escritura
del nombre, pues la decisión se fundamentó en el registro civil de nacimiento,
documento aportado con la demanda dentro del proceso contencioso y que sirvió
para su plena identificación.

Explicó que la identificación allegada en el escrito de tutela [cédula de ciudadanía
en la que figura el nombre de Hainer David Cortezano] no fue aportada con la
solicitud de corrección, y que, además, la parte interesada no ofreció ninguna
explicación sobre la diferencia entre el nombre registrado en el documento civil
y el que aparece en su cédula.

En consecuencia, el Tribunal solicitó que se deniegue el amparo, al considerar
que la Sala resolvió la solicitud de corrección con base en los elementos
probatorios que obran en el expediente al momento de decidir.

1.5.2. El juez Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena informó que,
dentro del trámite del proceso de reparación directa identificado con el radicado
13001-33-008-2015-00508-01 [acumulados expedientes 13001-33-33-012-
2015-00418 y 13001-33-33-012-2016-00], profirió sentencia mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda conforme a la tesis del despacho.

Aclaró que el objeto del presente mecanismo constitucional no recae sobre
actuaciones atribuibles al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Cartagena, sino sobre la providencia de 18 de diciembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 1, mediante la cual se
resolvieron las solicitudes de aclaración, corrección y adición respecto de la
sentencia de segunda instancia del 7 de octubre de 2024.

En esa medida, indicó que no existe actuación suya que haya generado la
presunta vulneración alegada, ni arbitrariedad alguna, ni defecto sustantivo o
procesal imputable al despacho.

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y
remitió el enlace del expediente correspondiente a los procesos acumulados.

1.5.3. Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

La autoridad accionada solicitó negar las pretensiones de la parte actora al
considerar que no se acreditó vulneración alguna de derechos fundamentales.

Indicó que no se configura un hecho de inminencia que amerite la adopción de
medidas urgentes, ni se demostró la existencia de un perjuicio que el actor deba
evitar mediante la intervención inmediata del juez de tutela. Asimismo, señaló
que la gravedad alegada no es suficiente para justificar el uso de la acción como
mecanismo preferente y sumario.

Por estas razones, requirió que se niegue el amparo constitucional por no
cumplirse los presupuestos que habilitan la procedencia excepcional de la acción
de tutela.

1.6. Sentencia impugnada

Mediante providencia del 17 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Primera, declaró improcedente la acción de tutela presentada, al considerar que
no se cumplió el requisito de inmediatez exigido por la jurisprudencia
constitucional.

La autoridad judicial explicó que la providencia cuestionada fue dictada el 18 de
diciembre de 2024, notificada por estado y enviada al correo el 6 de febrero de
2025 y quedó en firme el 10 de febrero de 2025. Con base en estas fechas,
determinó que el plazo razonable para la interposición de la acción de tutela
venció el 10 de agosto de 2025.

Adicionalmente, precisó que no se encontró justificación alguna que explicara la
tardanza en la presentación del amparo, ni se evidenció la existencia
circunstancias excepcionales que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional y con el estándar fijado por la Sala Plena del Consejo de Estado,
permitieran admitir la acción fuera del término razonable.

De esta manera, concluyó que la tutela fue presentada de manera
extemporánea, razón por la cual procedía declarar su improcedencia por
incumplimiento del requisito de inmediatez.

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

1.7. Impugnación

La parte actora, en su escrito de impugnación, solicitó revocar la decisión que
declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, que se realice un estudio
de fondo sobre las pretensiones planteadas.

Afirmó que el fallo de primera instancia constitucional incurrió en un defecto
fáctico, derivado de indebida apreciación del cómputo del plazo para presentar
la acción. Sostuvo que dicho término se inició el 13 de febrero de 2025 y venció
el 14 de agosto del mismo año, por lo que a su juicio la tutela fue presentada
justo dentro del plazo razonable fijado por la jurisprudencia.

Asimismo, alegó la existencia de un defecto procedimental, bajo el argumento
de que el juez de primera instancia no actuó conforme a los criterios establecidos
por la jurisprudencia del Consejo de Estado para la valoración del requisito de
inmediatez.

En virtud de lo anterior, la parte actora insistió en que la tutela no debía
rechazarse por improcedente y solicitó que la autoridad judicial de segunda
instancia proceda a analizar de fondo las presuntas vulneraciones alegadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 del 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Previo a examen el fondo del asunto, la Sala debe precisar el alcance de las
pretensiones, en atención a la legitimación en la causa por activa de quienes
acuden a este trámite constitucional.

Aunque la parte actora solicitó la corrección del nombre de varias personas
dentro de los procesos de reparación directa acumulados, del poder allegado
solo se acredita representación respecto de los señores Harnaldo Gregorio Mejía
Herrera y Hainer David Cortezano López. En consecuencia, no existe
legitimación para promover la tutela en nombre de las demás personas

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

mencionadas, pues no acreditaron ser sus representantes legales o agentes
oficiosos, lo cual impide analizar cualquier presunta afectación de sus derechos
fundamentales.

Por lo anterior, el estudio de la acción se limitará exclusivamente a los señores
Harnaldo Gregorio Mejía Herrera y Hainer David Cortezano López, excluyéndose
del análisis las pretensiones como terceros no representados en este trámite.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 17 de octubre de 2025, en la cual se declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de
inmediatez.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) generalidades de la acción
de tutela, (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva y (iii) el caso
en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20123
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. La Sala considera que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable7, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso,
pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo8.

De acuerdo con lo anterior, esta sección9 ha considerado como plazo prudencial
el de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la
solicitud de protección y la consecuencia de su presentación cuando se
sobrepasa este límite es que se declara su improcedencia.

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de

fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de
octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
9 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada

Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-
01, 12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01,
12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente:
Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01,
Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

En el caso objeto de estudio, la Sala observa que los señores Harnaldo Gregorio
Mejía Herrera y Hainer David Cortezano López pretenden se realice la corrección
de los errores en transcripción de sus nombres dentro del fallo de reparación
directa de 7 de octubre de 2024, cuya modificación fue negada mediante auto de
18 de diciembre de 2024, al considerar la autoridad judicial que, según el registro
civil aportado, los nombres estaban correctamente escritos.

Al respecto, esta colegiatura al revisar el expediente digital que reposa en el
aplicativo Samai, evidencia que:

• El auto interlocutorio No. 390 de 2024 de 18 de diciembre de 2024 se
notificó por estado el 6 de febrero de 2025.
• La ejecutoria de esta providencia operó el 12 de febrero de 2025.
• La solicitud de tutela se radicó el 13 de agosto de 2025.

De manera que, como la acción de tutela se presentó el 13 de agosto de 2025,
la Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la
respectiva providencia, un término superior a 6 meses, lo cual desatiende el
plazo que, tanto la Corte Constitucional como esta Sección, han considerado
como prudencia para presentar la solicitud de amparo.

En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que
justifican el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como
criterio auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente:

Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó
la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de
los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad
injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados;
o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual10.

En este orden de ideas, esta colegiatura considera como plazo prudencial el de
seis [6] meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual,
para el caso concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada.

10 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del
derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a
quienes se les ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el
lapso en mención. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 201411, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 200512, para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis [6] meses es el
término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales
que se estimen vulnerados.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las
tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la
decisión que se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea
conocida en razón de la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para
que la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus
garantías.

2.5.2. Agotamiento de los medios de defensa judicial.

2.5.2.1. En relación con el acatamiento de la referida exigencia, el inciso 3. º del
artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1. º del artículo 6. º del Decreto 2591 de 1991.

Asimismo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta
Corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la
acción de tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta
improcedente cuando: i) el accionante dejó de interponer los recursos
judiciales ordinarios que estaban a su alcance para confrontar la

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; ii) el accionante
acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro mecanismo
de defensa judicial a su disposición o; iii) el proceso o asunto se encuentra en
trámite.

2.5.2.2. En el caso objeto de estudio, la Sala anuncia que este requisito no se
satisface. Al respecto, se advierte que la parte accionante alegó la vulneración
de su derecho fundamente al debido proceso. Lo anterior, al considerar que el
Tribunal Administrativo de Bolívar no corrigió los nombres de algunas personas
que conforman el extremo procesal activo en el auto interlocutorio de segunda
instancia No. 390 de 18 de diciembre de 2024.

La parte actora basó su argumento a la luz del artículo 286 del Código General
del Proceso en el que dispone que «[…] toda providencia en que se haya
incurrido en el error puramente aritmética puede ser corregida por el juez que la
dictó».

En esta oportunidad, se precisa que alegó la configuración de un defecto
sustantivo, por cuanto el Tribunal Administrativo de Bolívar no siguió el
procedimiento establecido en el artículo 286 del CGP e hizo una indebida
valoración de los nombres beneficiarios de la sentencia condenatoria del Estado,
afectando la reparación a la cual tienen derecho por el desplazamiento forzado.

Así las cosas, lo que se debate en el presente trámite constitucional gira en torno
a la falta de corrección de los nombres de las personas que conformaron el
extremo procesal activo en el medio de control de reparación directa.

En consecuencia, al consultar el proceso de reparación directa en el aplicativo
SAMAI, se constató que el auto de 18 de diciembre de 2024, por medio del cual
se resolvió corregir los nombres de algunas personas se le notificó al accionante
el 6 de febrero de 2025 y quedó ejecutoriado el 12 de febrero de 2025, sin que
se presentara algún recurso.

Ahora bien, el artículo 286 del Código General del Proceso establece la facultad
de corregir las providencias judiciales cuando presenten errores puramente
aritméticos o de transcripción, y precisa que dicha corrección puede realizarse
en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte. En este sentido, resulta
pertinente transcribir la norma, que dispone:

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede
ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud
de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará
por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión
o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva o influyan en ella.

De conformidad con esta disposición, los errores en la identificación de las
partes, tales como inconsistencias en el nombre propio, corresponden a un error
de transcripción subsanable, siempre que su corrección no altere el contenido
decisorio de la providencia. Este tipo de errores no afectan la cosa juzgada, no
modifican la ratio decidenci y, por tanto, pueden ser corregidos sin límite
temporal, incluso después de la ejecutoria.

Por consiguiente, esta Sala considera que el argumento relacionado con la
presunta indebida aplicación del artículo 286 del CGP debe ser analizado a la
luz del trámite previsto para las correcciones de errores materiales en las
providencias judiciales. En efecto, la parte actora ya hizo uso de la posibilidad
procesal de solicitar la corrección del error de transcripción de su nombre; sin
embargo, una vez el tribunal negó tal solicitud mediante auto, debía controvertir
dicha decisión mediante recurso de reposición, dentro del término legal de
ejecutoria. Al no haber interpuesto dicho recurso oportunamente, permitió que el
auto quedara en firme, por lo que no es posible reabrir en sede de tutela un
debate procesal que el propio interesado dejó precluir.

Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que
invoca, se acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la
acción de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la
protección de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un
perjuicio irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional
«[…] cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal
magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia,

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen […]»13.

En ese orden, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir de medidas urgentes e impostergables 14. Entonces,
corresponde a la Sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte
de manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto, se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque
del análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que la parte actora
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales, como tampoco el demandante lo advierte dentro del
escrito de amparo.

En ese orden, la Sala advierte que los señores Harnaldo Gregorio Mejía Herrera
y Hainer David Cortezano López contaban con un mecanismo judicial idóneo y
eficaz para controvertir el auto del 18 de diciembre de 2024, mediante el cual se
negó la corrección de sus nombres, esto es, el recurso de reposición, que debía
interponerse dentro del término legal de ejecutoria. Al no haber hecho uso de
dicho medio de defensa, permitieron que la decisión quedara en firme, de
manera que no es posible atribuir a la autoridad judicial accionada la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso. De manera que, no se acredita la
inminencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional.

2.6. Conclusión

13 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés

Vargas Hernández.
14 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la

Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro
Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531
de 1993. A continuación, se reseña, en síntesis, lo pertinente: «… son elementales para la
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, … A). El perjuicio ha de ser inminente: "que
amenaza o está por suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar
el perjuicio irremediable han de ser urgentes, … || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere
que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona… || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo
en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de
la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de
los derechos y garantías básicos para el equilibrio social».

Demandantes: Hainer David Cortezano López y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05021-01

Así las cosas, se confirma la decisión de primera instancia en cuanto declaró
improcedente el mecanismo constitucional de la referencia, por no superar el
requisito de inmediatez y, además, el requisito de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley

3. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación de los tutelantes para solicitar
la corrección de los nombres de los demás sujetos procesales, al no acreditar
representación ni agencia oficiosa respecto de ellos.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 17 de octubre de 2025 proferido por el
Consejo de Estado, Sección Primera en cuanto declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, pero por los argumentos aquí expuestos.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.