RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05024-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05024-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05024-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital de la señora Mora Jurado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05024-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado
Accionados: Tribunal Administrativo de Putumayo

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Confirmar el amparo iusfundamental

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionada contra la sentencia proferida el 20 de
noviembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales de la señora Mora
Jurado.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Dora Ladis Adelfa Mora Jurado se desempeñó como docente hasta el
14 de marzo de 2016. Por consiguiente, solicitó el pago de sus cesantías definitivas
ante la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo el 28 de julio de esa
anualidad.

3. La entidad, mediante Resolución 3783 del 22 de septiembre de 2016 liquidó las
cesantías definitivas y, en el artículo 2° ordenó el descuento de $ 18.254.129, con
fundamento en las Resoluciones 101 del 10 de mayo de 1993 y 223 del 11 de julio
de 2003, mediante las cuales se reconoció y ordenó el pago de dicha acreencia de
manera parcial, esto es, por valor de $1.874.034 y $16.380.095, respectivamente.

4. Sin embargo, la señora Mora Jurado únicamente reconoció el retiro de cesantías
parciales por valor de $1.874.034 en el año 1993. En consecuencia, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
Fiduprevisora S.A y el departamento del Putumayo, con la finalidad de que se
declarara la nulidad de la Resolución 3783 de 2016.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante sentencia
del 19 de diciembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda. En efecto,
declaró la nulidad del artículo 2° de la Resolución 3783 del 2016, pues encontró
demostrado que la solicitud de pago parcial de cesantías que motivó la expedición
de la Resolución 223 de 2003 no fue presentada por la accionante. Además, indicó
que no se allegó prueba de la notificación de dicho acto administrativo, ni del
supuesto pago de la acreencia laboral.

6. Inconforme, el departamento de Putumayo interpuso recurso de apelación, el cual
fue conocido por el Tribunal Administrativo de Putumayo, quien, a través de la
sentencia del 19 de junio de 2025 revocó la decisión judicial anterior, al considerar
que i) la parte demandante no controvirtió el acto administrativo que originalmente
le causó el daño antijurídico, esto es, la Resolución 223 de 2003, ni allegó prueba
que demostrara «si el aludido pago se realizó o no» y ii) el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Mocoa no identificó la causal de nulidad del artículo
2° de la Resolución 3783 de 2016.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte accionante considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

• Fáctico por indebida valoración probatoria de la prueba pericial realizada por
el abogado especialista en grafología Fabian Hernando Benavides Rosero,
mediante la cual se concluyó que la firma de la solicitud de pago parcial de
cesantías no corresponde en sus características morfológicas y grafológicas
a la firma utilizada por la accionante en sus actos públicos y privados.

• Procedimental por exceso ritual manifiesto pues la autoridad judicial
accionada consideró indispensable demandar la Resolución 223 de 2003,
aun cuando se demostró que la solicitud de pago parcial de cesantías que
motivó su expedición constituyó una conducta fraudulenta y, por lo tanto, no
era un acto legítimo.

Adicionalmente, manifestó que, aun cuando se acogiera la postura del
Tribunal, la Resolución 223 de 2003 adolece de pérdida de ejecutoriedad,
pues la demostración de que una conducta fraudulenta motivó su expedición
extingue las obligaciones de cumplimiento.

• Violación directa a la Constitución Política por desconocimiento de los
artículos 53, 228 y 229, en particular, frente a la primacía de la realidad sobre
las formas, pues la negativa de la autoridad judicial por no haberse
controvertido la Resolución 223 de 2003 ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, perpetúa la vulneración de sus derechos fundamentales,
máxime cuando se demostró una conducta fraudulenta en su expedición.

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

«PRIMERA: DECLARAR que con la expedición de la sentencia de segunda
instancia del 19 de junio de 2025 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
PUTUMAYO vulneró mis derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al mínimo vital.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 19 de junio de 2025
expedida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO en el asunto
No. 86 001 33 33 002 2017 – 0011 101.

TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
que, en un término mayor a 48 horas, proceda a dictar sentencia de segunda
instancia de reemplazo, valorando las pruebas aportadas y practicadas en el
expediente y dando aplicación al principio de primacía de la realidad que
prevalece entrándose de decisiones judiciales que comprometan derechos
laborales.

CUARTA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO que,
en la sentencia de segunda instancia de reemplazo correspondiente, disponga
la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, para efectos que
investigue los delitos que se cometieron por quien o quienes suplantaron mi
identidad para efectos de solicitar mis cesantías.

QUINTA: DE MANERA SUBSIDIARIA y en caso de no prosperar la presente
acción de amparo, solicito se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
PUTUMAYO dejar sin efectos el ordinal segundo del fallo de segunda instancia,
en tanto no puede ordenarse la condena en costas en ambas instancias, por las
razones expuestas». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

9. La acción de tutela fue admitida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante auto del 14 de agosto de 2025 y se ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Putumayo como accionado y a la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento
del Putumayo y al Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa como terceros
interesados en el resultado del proceso.

10. El Tribunal Administrativo del Putumayo reiteró que más allá del delito de
suplantación alegado (…), tanto la Resolución 3783 de 2016, como la Resolución 223
de 2003, fueron los actos administrativos que definieron la situación jurídica de la
accionante, de modo que ambos debieron demandarse. Por lo tanto, afirmó que no
incurrió en los defectos alegados y solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela.

11. El Ministerio de Educación solicitó su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, para lo cual argumentó que la presunta vulneración de derechos
fundamentales deprecada no se dirige en su contra.

12. La Fiduprevisora S.A adujo que la acción de tutela resultaba improcedente, pues
la autoridad judicial accionada actuó conforme a la normativa establecida.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

13. No se rindieron más informes respecto al asunto.

2.5. Sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 20 de noviembre de 2025, amparó los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital
de la señora Mora Jurado, al concluir que el Tribunal Administrativo de Putumayo
incurrió en los siguientes defectos:

15. Fáctico, al exigirle a la accionante demandar un acto administrativo que solo
conoció cuando se le comunicó la Resolución 3786 de 2016, acto que además se
encuentra viciado de nulidad, pues se demostró que ella no solicitó el pago de las
cesantías parciales que motivó su expedición. Asimismo, desvirtuó el argumento
según el cual la accionante no aportó prueba del no pago, dado que el juez, en
ejercicio de sus facultades, requirió al departamento del Putumayo para que la
allegara sin que este cumpliera con dicha carga.

16. Procedimental por exceso ritual manifiesto, debido a que, pese a estar
acreditada la falsificación de documentos para autorizar el pago de cesantías
parciales, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda, vulnerando sus
derechos fundamentales.
17. Violación directa de la Constitución Política, al imponer a la accionante una
carga que no estaba obligada a soportar, aun cuando las pruebas allegadas y su
actuación durante el trámite ordinario evidenciaban que no debía asumir las
consecuencias de la falsificación documental de la cual fue víctima.

18. Finalmente, el Consejo de Estado consideró errónea la decisión de condenar en
costas a la accionante, ya que esta ha incurrido en múltiples gastos en el desarrollo
de la actividad probatoria, sin que se haya demostrado conducta temeraria ni que
su demanda carezca de fundamento legal.

19. En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 19 de junio de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Putumayo y ordenó dictar una nueva decisión.

2.6. Impugnación

20. Inconforme con la decisión judicial anterior, el departamento de Putumayo sostuvo
que en la sentencia cuestionada se realizó una interpretación jurídicamente
razonable, fundada en el carácter rogado de la jurisdicción contenciosa administrativa
y en la presunción de legalidad de los actos administrativos no demandados.

21. Por el contrario, consideró que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en una actuación arbitraria y caprichosa, pues sustituyó
al juez natural y reabrió un debate probatorio del medio de control ordinario,
ignorando que la jurisprudencia proscribe la utilización de la tutela como una tercera
instancia.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

22. En consecuencia, solicitó que se revoque el amparo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en establecer
si la acción de tutela cumple los requisitos generales para controvertir providencias
judiciales. En el evento en que así sea, deberá determinarse si el Tribunal
Administrativo del Putumayo incurrió en los defectos fáctico, procedimental por
exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución Política al proferir la
sentencia del 19 de junio de 2025, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 86001-33-33-002-2017-00111-01.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

25. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

26. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

27. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

28. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

1 Reglamento interno del Consejo de Estado.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

30. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

31. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
relevancia constitucional; (ii) subsidiariedad, salvo, claro está, que se busque evitar
un perjuicio irremediable; (iii) inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga
en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la
situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición2 del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la providencia cuestionada3.

3.3.1.4. De igual manera, la parte accionante alegó una irregularidad procesal por
exceso ritual manifiesto, consistente en la supuesta prevalencia de la formalidad
sobre lo sustantivo, circunstancia que generó un efecto decisivo en la sentencia
cuestionada, así como también, la alegada vulneración de sus derechos
fundamentales.

2
13 de agosto de 2025.
3
20 de junio de 2025.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

3.3.1.5. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
en que se centra en establecer una presunta vulneración iusfundamental derivada
de la supuesta configuración de los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual
manifiesto y violación directa de la Constitución Política, causales que se
encuentran debidamente fundamentadas. Aunado a ello, no se pretende habilitar
una tercera instancia del proceso ordinario, en tanto, como se dijo, las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentran
debidamente argumentadas.

3.3.1.6. Por último, se advierte que la acción de tutela no se dirige contra una
providencia de la misma naturaleza.

32. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

33. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa.

b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

34. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»7.

35. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

4 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-

567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
6 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

3.5. El defecto procedimental como causal de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial

36. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la
autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del
procedimiento judicial establecido8. La jurisprudencia constitucional ha precisado
que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto9.

37. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho
de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 10 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho
de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”11 […]».

38. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales12.

3.6. Violación directa de la Constitución Política

39. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto que
se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según el
cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»13

8 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
12 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770

de 2014.
13
SU-336 de 2017, Corte Constitucional

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

40. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto se
configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental necesario
para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del caso se dejó
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c)
el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución14”15.

41. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad16.

3.7. Análisis de la configuración de los presuntos defectos fáctico,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la
Constitución Política

42. Teniendo en cuenta que los argumentos expuestos en los defectos fáctico,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución
Política se encuentran estrechamente relacionados, esta Subsección efectuará su
análisis de manera conjunta.

43. Con la finalidad de determinar si el Tribunal Administrativo de Putumayo incurrió
en los defectos alegados, resulta conveniente analizar los argumentos que
fundamentaron su decisión. Por lo tanto, se cita in extenso:

«Al respecto, cabe precisar que, ciertamente, el juez debe identificar y
establecer la causal de nulidad en la que se haya incurrido con la expedición
del acto administrativo en relación con el caso concreto, pues ello, define la
base legal y fáctica que fundamenta la declaratoria de nulidad.

En lo que refiere al reparo de la alzada, esto es que, según la demandante con
la producción del acto administrativo, se incurrió en la causal de nulidad de falsa
motivación, (…) lo cierto es que la decisión, contenida en la Resolución 3783
de 22 de septiembre de 2016, por medio de la cual, se ordenó que, a la
liquidación total de la cesantía, se le reste la suma de $16.380.095, se adoptó
con fundamento en la existencia del acto administrativo contenido en la
Resolución N° 223 del 11 de julio de 2003, el cual, continúa gozando de
presunción de legalidad y sus efectos siguen siendo vinculantes, pues no ha
sido demandado, anulado ni suspendido por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

En punto de lo anterior, el Tribunal, considera que, el acto administrativo que
originalmente le causó la lesión a la demandante, es el contenido en la
Resolución N° 223 del 11 de julio de 2003, respecto del cual, una vez la docente
pudo conocerlo, es decir, una vez se notificó por conducta concluyente, es el
acto administrativo que también debió atacar, pues desde ese momento se
volvió oponible y no había operado la caducidad.

14
Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-
809 de 2010.
15
Sentencia T-369 de 2015.
16
Sentencia SU-198 de 2013.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

(…)

Así, habida cuenta que los dos actos administrativos crearon, y definieron una
situación jurídica particular a la demandante, mal haría la Corporación en
estudiar y declarar la nulidad de un acto que se fundamentó con la expedición
de otro que no fue demandado, y respecto del cual, tal y como lo señaló el
apelante, continúa gozando de presunción de legalidad y sus efectos jurídicos
siguen siendo vinculantes, dado que no ha sido anulado por la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, situación que también, permite a la Sala
determinar que el acto administrativo demandado por sí solo no es objeto de
control judicial, pues se insiste en que su expedición dependió de una decisión
anterior, que continua vigente en el mundo jurídico, sobre todo, cuando la
justicia es rogada.

(…)

Ahora bien, si se consideraría que el acto administrativo demandado
Resolución N° 3783 de 22 de septiembre de 2016, es contrario al ordenamiento
jurídico, y por ende, es dable su declaratoria de nulidad, lo cierto es que el
restablecimiento del derecho deviene del acto administrativo contenido en la
Resolución N° 223 de 11 de julio de 2003, pues fue el que ordenó el
reconocimiento y pago del tantas veces cuestionado valor de $16.380.095, por
concepto de cesantías parciales, y respecto del cual, en caso de haberse
demandado y anulado por esta jurisdicción, resultaba procedente el reintegro
del valor descontado. Valor, que la demandante, en todo caso, no demostró
que le haya sido pagado o no.

En este punto, es necesario precisar que, el juicio que hoy nos ocupa, gira en
torno a determinar si se hizo efectivo o no el pago de las cesantías parciales,
por el valor de $16.380.095, con ocasión a la expedición de la Resolución N°
223 de 2003; al respecto, si bien, la actora solicitó con la demanda que se
decrete la prueba tendiente a que el Departamento del Putumayo, la
Fiduprevisora y el Banco Agrario, aporten comprobante de pago, cheque y/o
consignación del valor de la cesantía parcial desembolsada; en audiencia
inicial, el juez de instancia, únicamente decretó y practicó la prueba solicitada,
ante el Departamento del Putumayo y el Banco Agrario, sin embargo, la
demandante no manifestó reparo alguno.

Sobre el particular, el Tribunal considera que, conforme con lo dispuesto en el
artículo 78 numeral 8 y el artículo 167 del Código General del Proceso, la
obligación de insistir y aportar la referida prueba, recaía en la parte
demandante, para demostrar los hechos que alega en la demanda. Razón por
la cual, ante la ausencia de prueba que demuestre si el aludido pago se realizó
o no, habrá de negarse las pretensiones de la demanda.

En suma, para el Tribunal tanto la Resolución N° 3783 de 22 de septiembre de
2016, como la Resolución N° 223 de 11 de julio de 2003, fueron en definitiva
los actos que definieron la situación jurídica de la actora, razón por la cual,
ambos debieron demandarse, en el caso de la Resolución N° 223 de 11 de julio
de 2003, dentro de los 4 meses siguientes contados a partir de la notificación,
conforme lo establece el literal d), numeral 2 del artículo 164 del CPACA, pues
y tal y como se advirtió en líneas anteriores, no es procedente para el Tribunal,
declarar la nulidad de un acto que se fundamentó con la expedición de otro acto
que continua vigente en el mundo jurídico, pues no ha sido anulado por la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Finalmente, frente a los otros cargos
alegados en el recurso de apelación, considera el Tribunal que resulta inane
realizar pronunciamientos».

44. De la transcripción se desprende que, si bien la autoridad judicial accionada no
invalidó la veracidad de la prueba pericial que demostró que la accionante no solicitó

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

el pago parcial de sus cesantías por valor de $16.380.095, consideró que dicha
circunstancia no la eximía de controvertir, ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, el acto que reconoció y ordenó dicho pago, esto es la Resolución 223
de 2003.

45. En consecuencia, concluyó que no resultaba procedente declarar la nulidad parcial
del acto administrativo que dispuso el descuento de dicho valor al reconocer y
ordenar el pago de las cesantías definitivas, es decir la Resolución 3783 de 2016, en
la medida en que se encontraba fundado en un acto previo, la Resolución 223 de
2003, que aún gozaba de presunción de legalidad.

46. En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si la falta de interposición de la
demanda contra la Resolución 223 de 2003 impedía al juez natural del proceso
declarar la nulidad parcial de la Resolución 3783 de 2016 y, de esa manera,
restablecer los derechos de la señora Mora Jurado, dado que la expedición del primer
acto administrativo se derivó de una solicitud presentada de manera fraudulenta.

47. El artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 señala que los actos administrativos quedan
en firme cuando no procede ningún recurso, desde el día siguiente a su notificación
o publicación; cuando ya se decidió sobre los recursos, desde el día siguiente a esa
decisión; cuando vence el plazo para interponerlos sin que se hayan presentado o se
haya renunciado a ellos, desde el día siguiente; cuando se acepta el desistimiento de
los recursos, desde el día siguiente a esa notificación; y, en caso de silencio
administrativo positivo, desde el día siguiente a su formalización.

48. Adicionalmente, el artículo 72 ibidem establece que cuando no se cumplen las
formalidades de la notificación de un acto administrativo, esta no se entiende surtida
y la decisión no produce efectos legales, a menos de que la parte interesada revele
que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.

49. Por consiguiente, la eficacia de las decisiones de carácter particular adoptadas por
la administración se vincula con su obligatoriedad frente a los interesados; por ello,
solo les son oponibles a partir de su notificación, comunicación o ejecución. En este
sentido, la Corporación ha precisado que la publicidad de los actos administrativos
constituye un elemento de su eficacia, mas no de su validez17.

50. En efecto, si bien la publicidad reviste especial importancia en el ejercicio de la
función administrativa, su omisión no genera nulidad, en la medida en que no
condiciona la existencia ni la validez de la decisión. Así, su ausencia o las
irregularidades que se presenten en este ámbito no vician de nulidad el acto
administrativo, sino que dan lugar a su ineficacia o inoponibilidad18.

51. En consecuencia, la decisión administrativa existe y es válida desde el momento
de su expedición, pero solo adquiere fuerza vinculante cuando se surte su

17 Al respecto ver, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, i) providencia del 13 de octubre de

2016, radicado: 68001-23-31-000-2008-00129-01(4357-13); y ii) auto del 14 de noviembre de 2019, radicado:
11001-03-25-000-2018-01386-00 (4618-2018).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2020, radicado: 11001-03-

25-000-2014-00675-00 (2084-14).

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

publicación, notificación o comunicación.

52. En el caso concreto, la señora Mora Jurado fue informada de la existencia de la
Resolución 223 de 2003 a través de la expedición de la Resolución 3786 de 2016,
por lo que desde ese momento solicitó ante la entidad demandada la copia de dicho
acto administrativo con su respectiva acta de notificación y la constancia de
consignación de las cesantías parciales, sin obtener respuesta alguna, por lo que
decidió interponer la demanda únicamente contra la Resolución 3786 de 2016, so
pena de que operara la figura de la caducidad.

53. En ese sentido, es evidente que la Resolución 223 de 2003 no le era oponible a la
señora Mora Jurado, en la medida en que no se le notificó en debida forma ni conocía
su contenido, circunstancia que justifica la no interposición de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra dicho acto administrativo.

54. Luego, supeditar el restablecimiento de sus derechos fundamentales a la
interposición de una nueva demanda dirigida a controvertir la Resolución 223 de
2003, significaría perpetuar una situación injusta, a saber, que prescinda de su
derecho a obtener el pago total de las cesantías definitivas, hasta que se profiera una
decisión definitiva en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pese a que se
demostró en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el fundamento
de dicho acto administrativo constituye una conducta fraudulenta.

55. Además, la presunción de legalidad de los actos administrativos no tiene un
carácter absoluto, en particular cuando se trata de decisiones que no han sido
debidamente notificadas y, por ende, no resultan oponibles al administrado, de
manera que no pueden generar cargas procesales exigibles como presupuesto para
su impugnación.

56. Así las cosas, se advierte que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y de violación directa de
la Constitución Política, pues, aunque no desconoció expresamente que la solicitud
no fue suscrita por la accionante, le restó toda eficacia jurídica al privilegiar de
manera absoluta el principio de legalidad formal de los actos administrativos sobre
mandatos superiores como la prevalencia del derecho sustancial y la buena fe, con
lo cual desconoció las particularidades del caso concreto y en especial, la condición
de sujeto de especial protección constitucional de la señora Mora Jurado en razón
a que cuenta con 74 años de edad.

57. En ese contexto, la Sala estima que la falta de interposición de la demanda contra
la Resolución 223 de 2003 no podía erigirse en un obstáculo absoluto para examinar
la legalidad de la Resolución 3783 de 2016, en tanto esta última citó los efectos de
un acto desconocido por la parte actora, circunstancia que ameritaba el
restablecimiento inmediato de las prerrogativas de la accionante, tal y como lo
consideró la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación.

58. En este punto es importante destacar que tampoco se dieron los supuestos
establecidos en la norma para entender notificada por conducta concluyente la
Resolución 223 de 2003, pues en ningún momento la accionante reveló que conocía

www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05024-01
Accionante: Dora Ladis Adelfa Mora Jurado

el acto, consintió la decisión o interpuso en su contra los recursos legales; por el
contrario, solicitó copia del mismo y no le fue suministrada. En tal sentido, no se le
podía exigir demandar un acto administrativo del cual no tenía conocimiento.

59. Por otro lado, resulta desproporcionado trasladar a la accionante la carga de
probar un hecho negativo, esto es, que no recibió el pago de las cesantías parciales,
cuando la prueba pericial desvirtuaba el origen mismo de la obligación. En tales
circunstancias, correspondía a la administración acreditar el pago efectivo, máxime
tratándose de recursos públicos y de una afectación directa al patrimonio de la
actora, como acertadamente lo entendió el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Mocoa.

60. Enconsecuencia, se procederá a confirmar la sentencia proferida el 20 de
noviembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales de la señora Mora
Jurado.

61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025 por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante la cual se
ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, seguridad social y mínimo vital de la señora Mora Jurado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.