Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05026-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05026-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05026-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-15-000-2025-05026-00
ACCIONANTE: EDUARDO LARA SANMIGUEL
AUTORIDAD: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. SUBSIDIARIEDAD-
No se agotaron los medios de defensa procedentes.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Eduardo Lara Sanmiguel contra el
Tribunal Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 13 de agosto de 2025, Eduardo Lara Sanmiguel, en nombre propio, interpuso acción
de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental a la igualdad; que
considera vulnerado por el Tribunal Administrativo del Huila, al haber ordenado su
reintegro a la Policía Nacional sin que a la fecha se haya garantizado plenamente el
cumplimiento de lo dispuesto, en el marco del proceso identificado con el Radicado No.
41001-33-33-006-2015-00060-00/01.
En virtud del amparo, solicita lo siguiente:
«1-Solicito el porque me han vulnerado mis derechos que hasta la fecha La Policía
Nacional no me han cancelado ya que por RESOLUCIÓN DEL 23 DE OCTUBRE
DEL 2023 FUI REINTEGRADO DONDE SE LE INFORMA A LA INSTITUCIÓN
SOBRE EL PAGO Y ME ESTÁN VIOLANDO MIS DERECHOS SEGÚN EL
ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA.
2- si me reconocen desde el 2014 que fui destituido y cuando se me efectuó el
reintegro del 2023 y a la fecha no sé por qué y me siento discriminado ya que hoy
13 de agosto del año 2025 no me han reconocido mis ascensos y los pagos,
honorable señor M.P Dr. GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA quiero que me den
información por qué están omitiendo una orden que ustedes le envían a la Policía
2
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Accionante: Eduardo Lara Sanmiguel
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Nacional la cual no ha cumplido y ha violentado mis derechos ya que el trascurso
de esos 10 años que estuve destituido y a la fecha requiero de esos dineros por
mi situación económica para el sustento de mis tres hijas, teniendo en cuenta que
me encuentro endeudado y a la espera de que no se me vulneren mis derechos
como ciudadano y padre de mis tres pequeñas hijas».
2. Hechos relevantes
El accionante es Patrullero de la Policía Nacional, vinculado desde el 1 de septiembre de
2005. Luego, fue retirado del servicio mediante Resolución No. 04269 del 20 de octubre
de 2014, por disminución de la capacidad psicofísica. El accionante demandó el acto
administrativo mediante nulidad y restablecimiento del derecho. Al proceso le
correspondió el radicado No. 41001-33-33-006-2015-00060-01.
El proceso terminó con providencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila-Sala Segunda de Decisión el 24 de enero de 2023 y adicionada
por sentencia complementaria del 27 de junio del mismo año —que surgió con ocasión
de una orden de tutela dada por el Consejo de Estado-Sección Cuarta1, relativa a los
emolumentos a los que tenía derecho el accionante—. Dicha providencia revocó la
providencia de primera instancia y concedió las pretensiones del aquí accionante. Ordenó
lo siguiente:
«TERCERO: A título de restablecimiento ORDENAR a la NACIÓN- MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – el REINTEGRO del señor
EDUARDO LARA SANMIGUEL al cargo administrativo que venía desempeñando
al momento de su retiro u otro de igual categoría teniendo en cuenta su grado de
escolaridad, así como sus habilidades y destrezas tanto físicas como académicas,
sin solución de continuidad, siempre y cuando el cargo, no haya sido suprimido o
el servidor a reintegrar no haya llegado a la edad de adquirir su asignación de
retiro, con el pago de los sueldos, primas, prestaciones sociales y demás
emolumentos económicos dejados de percibir desde el día del retiro hasta
cuando sea efectivamente reintegrado, previas las deducciones de ley a que
hubiere lugar, y debiendo descontarse de la suma indemnizatoria todo lo que el
actor, durante el período de desvinculación haya percibido como retribución por su
trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como dependiente o
independiente.
De igual manera, se ordena a la accionada pagar la suma insoluta o dejada de
pagar, una vez efectuados los descuentos de rigor que será objeto de ajuste de
conformidad con el artículo 178 C.C.A., desde la fecha en que se dejó de pagar la
obligación correspondiente hasta la ejecutoria de la sentencia, dando aplicación a
la siguiente fórmula:
V.A = V.H. * Índice Final / Índice inicial
Donde el valor actual (V.A.) se determina multiplicando el valor histórico (V.H.) que
corresponde a la suma dejada de percibir por el demandante desde el momento
1 Acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2023-01614-00. Sentencia del 18 de mayo de 2023.
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en que fue retirado de su cargo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, por el
guarismo que resulte de dividir el I.P.C. certificado por el DANE, vigente a la fecha
de ejecutoria de esta providencia (índice final), por el índice vigente en la fecha en
que se causaron las sumas adeudadas (índice inicial), teniendo en cuenta los
ajustes producidos o decretados durante dicho período.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente
mes por mes para cada mesada salarial, comenzando por la que devengaba el
actor al momento del retiro y para los demás emolumentos, teniendo en cuenta
que el índice es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
CUARTO: ORDENAR a la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA
NACIONAL dar cumplimiento a esta sentencia en la forma establecida en los
artículos 176, 177, y 178 del Código Contencioso Administrativo».
Como consecuencia de dicha decisión, el 5 de octubre de 2023, la Policía Nacional
expidió la Resolución No. 3223 de 2023, por medio de la cual se reintegró al patrullero
Eduardo Lara Sanmiguel y se indicó que el patrullero tendrá derecho al reconocimiento
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, además de reconocer que el
accionante trabajó desde la fecha de su retiro.
De conformidad con lo narrado en el escrito de tutela, la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional no ha cumplido con lo ordenado en la sentencia y afirmado en la
Resolución No. 3223 de 2023, de forma que no ha sido reintegrado ni ha recibido el pago
de las sumas que se le reconocieron.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante considera que le están vulnerando su derecho a la igualdad, consagrado
en el artículo 13 de la Constitución, pues no se han pagado los emolumentos a los que
tiene derecho por vía de la sentencia. Alegó que tiene derecho a que se reconozcan sus
ascensos y los pagos, que necesita para el sustento de sus hijas, teniendo en cuenta que
lleva diez años destituido.
4. Trámite procesal
El 25 de agosto de 2025 se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación al
Tribunal Administrativo del Huila, que el accionante posicionó como accionado, y a la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional. Igualmente, se solicitó al Tribunal
accionado que allegara copia digital del expediente con radicado No. 41001-33-33-006-
2 SAMAI, índice 6.
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2015-00060-00/01, contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciado por Eduardo Lara Sanmiguel contra la Nación–Ministerio de Defensa–Policía
Nacional.
El Tribunal Administrativo del Huila, envió el expediente requerido, sin pronunciarse sobre
los hechos de la demanda3.
La Policía Nacional se pronunció a través de varias de sus dependencias. Primero, la
Secretaría General del Grupo Ejecución Decisiones Judiciales4 de la entidad manifestó
que, mediante comunicado GE-2025-026490-DIPON del 12 de septiembre de 2025 —el
cual adjuntó a su contestación—, la Policía Nacional emitió una respuesta adecuada y
clara a sus pretensiones de tutela, en la que se le aclaró que debía respetar el turno de
los sujetos de indemnización por parte de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional. Por ello, solicitó que se declarara la carencia de objeto de la acción.
Segundo, el Grupo de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Talento Humano5 intervino
para informar sobre el proceso de ascenso en la Fuerza Pública. Hizo un barrido
normativo de las condiciones para que se otorgue dicho beneficio, y concluyó diciendo
que el accionante fue convocado para el concurso de ascenso al grado de subintendente,
frente a lo cual no obtuvo una vacante en ninguna de las dos ocasiones. Añadió que ni la
sentencia del Tribunal Administrativo del Huila ni la sentencia de tutela de la Sección
Cuarta, ni la Resolución de cumplimiento de las providencias, ordenan el ascenso del
accionante. Por ello, solicitan declarar improcedente la acción, en tanto solicita un
ascenso por medio de este mecanismo tuitivo.
II. CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se superan los requisitos de procedencia de la acción
de tutela. En caso afirmativo, debe determinarse si se vulneran los derechos a la igualdad
y de petición del accionante, en tanto se ha incumplido la sentencia que ordenó su
reintegro y el pago de los emolumentos dejados de percibir con ocasión de su retiro
anulado y, además, no se le han informado las razones de ese incumplimiento.
3 SAMAI, índice 9.
4 SAMAI, índice 11.
5 SAMAI, índice 12.
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Accionante: Eduardo Lara Sanmiguel
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
6. Análisis de la sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene
dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados6.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude
a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede
desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe
conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado
asunto radicado bajo su competencia7.
Caso concreto
En el asunto sub examine, la Sala observa que el accionante ataca la situación
económica que le produce el incumplimiento de la sentencia y pide al magistrado ponente
de la providencia de segunda instancia, por vía de la acción de tutela, que le informe por
6 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
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qué se le vulnera su derecho a la igualdad con la renuencia de la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, de cumplir con la sentencia de referencia.
La Sala ha interpretado las súplicas del accionante y concluyó que las atenderá en dos
dimensiones, en procura de la protección de sus derechos fundamentales. Primero, la
Sala analizará una posible vulneración al derecho de petición del accionante, en tanto no
ha sido informado de las razones del incumplimiento de la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho. Segundo, si el incumplimiento de la sentencia en sí mismo
y, en particular, la no concesión de los ascensos solicitados, vulnera su derecho a la
igualdad.
Frente a la posible vulneración del derecho de petición, observa esta Sala que quien está
llamada a responder sus peticiones y, finalmente, a cumplir la sentencia judicial que
ordena el pago de salarios y demás emolumentos, es la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional. En esa medida, el Tribunal Administrativo no podría brindar la
información solicitada por el accionante, por cuanto su competencia está limitada al
trámite del proceso judicial, que finalizó con la sentencia de segunda instancia.
Dicho lo anterior, la Sala observa que el accionante no acreditó haber allegado petición
alguna a la Policía Nacional para que se diera la información correspondiente o se
efectuara el pago. Aun así, la entidad, con ocasión de la presente acción de tutela, decidió
contestar al accionante indicando que los emolumentos dejados de percibir con ocasión
del retiro serían pagados de conformidad con el turno correspondiente8.
En esa medida, la Sala encuentra que, al momento de presentación de la acción de tutela,
Eduardo Lara Sanmiguel no había allegado una petición directamente ante las
autoridades competentes, por lo que no podría acreditarse una vulneración de este
derecho. Además, el comunicado de la Policía Nacional, enviado el 12 de septiembre de
2025 al accionante, sin embargo, tiene la entidad que contestar a las peticiones elevadas
por vía de esta acción. De ahí que no se acreditó la subsidiariedad característica de este
mecanismo tuitivo e, igualmente, el accionante ya obtuvo une respuesta de fondo a su
requerimiento.
8 SAMAI, índice 11. Además de la contestación a la demanda de tutela, allegan el comunicado que fue enviado al
accionante, informando de las razones de la demora en el pago.
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Accionante: Eduardo Lara Sanmiguel
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Ahora, frente a la vulneración al derecho a la igualdad que supone el incumplimiento de
la sentencia, se observa que el accionante tampoco acreditó haber accedido a los
mecanismos de defensa que ofrece el ordenamiento, por lo que la tutela es improcedente.
Cuando lo que se busca es el cumplimiento de obligaciones claras, expresas y exigibles
que emanan de sentencias judiciales, el ordenamiento jurídico prevé el proceso ejecutivo,
consagrado en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, aplicable
a obligaciones en cabeza de entidades públicas dada la remisión del artículo 298 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021.
Tampoco advierte la Sala que el incumplimiento de este fallo ponga al accionante en una
posición de desigualdad manifiesta frente a otros sujetos en situación similar. El
accionante tampoco argumenta frente a quién se predica la discriminación alegada por
él. En esa medida, no se acredita una situación que genere un perjuicio irremediable y
permita el uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección.
Al no haber accedido a los mecanismos de defensa procedentes, la Sala considera que
la acción no satisface el requisito de subsidiariedad característico de la acción de tutela
y explicado arriba. Por lo anterior, corresponde declarar la improcedencia de la acción de
tutela interpuesta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Eduardo
Lara Sanmiguel, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
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