Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05043-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05043-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05043-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C, 28 de octubre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05043-00
Demandante: Hernán Lozano Triana
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó
la decisión que negó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho relacionada con el reconocimiento de una prima técnica por evaluación de
desempeño.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Hernán Lozano Triana,
mediante apoderada judicial, contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 14 de agosto de 2025, Hernán Lozano Triana presentó, mediante
apoderada judicial, una acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad, con ocasión de la Sentencia de 10 de julio de 2025,
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25000-23-42-000-2019-01331-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. Se tutelen los derechos fundamentales del debido Proceso, acceso a la
administración de justicia y derecho constitucional de igualdad, previstos en la
Constitución Política de Colombia de 1991, vulnerados a la luz de defecto
sustantivo por indebida adecuación normativa, desconocimiento de
precedente vinculante y obligatorio y vulneración directa del contenido
constitucional.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05043-00
Demandante: Hernán Lozano Triana
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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2. Se deje sin efectos la sentencia judicial de segunda instancia proferida el 5
de agosto de 2025 (sic), proferida por el CONSEJO DE ESTADO – SECCION
SEGUNDA – SUBSECCION A, dentro de Proceso No 25000234200020190133101
(3889-2022)
3. Que como consecuencia de lo anterior se le ordene al CONSEJO DE ESTADO
– SECCION SEGUNDA – SUBSECCION A, dentro de Proceso No
25000234200020190133101 (3889-2022), a que, en un término perentorio a la
comunicación de esta decisión, profiera una nueva sentencia teniendo en
cuenta la norma verídicamente aplicable y los precedentes jurisprudencial del
Consejo de Estado y la honorable Corte Constitucional respecto a la
interpretación de la misma para fines del reconocimiento y causación de la
Prima Técnica y su disfrute anualizado siempre que se cumpla con el 90% o más
en evaluación de desempeño sin que sea relevante el resultado de evaluación
de otros años.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 21 de junio de 1994, Hernán Lozano Triana ingresó a la planta
globalizada del Ministerio de Educación como auxiliar administrativo 5120-
11, producto del nombramiento efectuado mediante la Resolución No. 5126
de 14 de junio de ese año. Posteriormente, fue inscrito en el escalafón de
carrera administrativa en el cargo de técnico administrativo código 4065,
grado 12, de acuerdo con la Resolución No. 3287 de 5 de marzo de 1996 de
la Comisión Nacional del Servicio Civil. Además, desempeñó diferentes
empleos en encargo2, y actualmente ostenta el de profesional
especializado código 2028, grado 16.
5. 2) La Nación – Ministerio de Educación reconoció la prima técnica por
evaluación de desempeño al señor Lozano Triana, por medio de las
Resoluciones No. 1913 de 17 de agosto de 1999 y 9727 de 23 de diciembre
de 2008. No obstante, la evaluación de desempeño realizada entre el 1 de
marzo de 2002 y el 28 de febrero de 2003 arrojó un puntaje de 867, que
generó la pérdida del derecho. Contra esta decisión el demandante
interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación.
6. 3) La decisión recurrida fue confirmada mediante la Resolución No.
2837 del 18 de noviembre de 2003 y, de acuerdo con la Subdirectora de
Desarrollo Organizacional y del Talento Humano del Ministerio de Educación,
tal circunstancia configuró de manera directa la pérdida del derecho a la
prima técnica por evaluación de desempeño a que tenía derecho el señor
Lozano Triana.
7. 4) El 6 de marzo de 2019, Hernán Lozano Triana solicitó que se le
reconociera la prima técnica, en razón a que, en las calificaciones
realizadas, desde el 1 de marzo de 2005 hasta el periodo comprendido entre
2 De auxiliar administrativo y profesional universitario.
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Decisión: Improcedente
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el 1 de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018, obtuvo puntajes superiores
a 90%.
8. 5) El Ministerio de Educación resolvió de forma negativa esa solicitud,
mediante Oficio 2019- EE-037020 de 26 de marzo de 2019, en el que indicó
que el señor Lozano Triana perdió la posibilidad de acceder a la prima
técnica reclamada porque, de conformidad con el literal c del artículo 11
del Decreto 2164 de 1991 y el artículo 4 del Decreto 1336 de 2003, si la
persona estaba nombrada en cargos diferentes a los de nivel directivo, jefes
de oficina asesora y asesor, cuyo empleo se encontrara adscrito a los
despachos del Ministro, Viceministro, Director de Departamento
Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa
Especial; y operaba una de las causales para la pérdida del derecho,
perdería a futuro y de forma definitiva el acceso al mismo.
9. 6) El 10 de septiembre de 2019, Hernán Lozano Triana presentó,
mediante apoderado, una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho a fin de que se declarara la nulidad del Oficio 2019-EE-037020 de
26 de marzo de 2019, mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional
negó el reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de
desempeño.
10. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que: a) se le ordenara
a la autoridad demandada que le reconociera y pagara la prima técnica
por evaluación de desempeño, al haber obtenido una evaluación superior
al 90% desde el 1 de marzo de 2005 a la fecha de presentación de la
demanda, b) se le reconociera y pagara los montos a los que hubiera lugar
de manera ajustada de acuerdo con el IPC, c) se diera cumplimiento de la
condena en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y d) se
condenara en costas.
11. 7) La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante Sentencia de 2 de febrero de 2022, negó las
pretensiones de la demanda, tras establecer que, si bien el señor Lozano
Triana se encontraba amparado por el régimen de transición contemplado
en el Decreto 1336 de 2003 para disfrutar la prima técnica que le fue
reconocida en aplicación de los Decretos 1661 de 1991 y 2461 de 1991, la
calificación de desempeño correspondiente al periodo comprendido entre
el 1 de marzo de 2004 y el 28 de febrero de 2005 fue de 889.45 puntos, que
generó la pérdida definitiva del derecho y con ello los beneficios del
régimen de transición, por lo cual, en adelante, quedó sujeto al
cumplimiento de las normas posteriores, que consagraron el derecho para
quienes desempeñaran en propiedad cargos en los niveles directivo, jefes
de oficina asesora y asesor. Como el demandante no desempeñó ningún
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cargo en propiedad en dichos niveles y aquellos que ha ostentado han sido
en encargo, no le asiste el derecho pretendido, por lo cual se desestimó lo
pretendido.
12. 8) Inconforme con esa decisión, Hernán Lozano Triana presentó
recurso de apelación en el que argumentó que la pérdida de la prima
técnica por evaluación del desempeño no podía considerarse definitiva ya
que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-569 de 2003, así como por el Consejo de Estado en la Sentencia
de 25 de marzo de 2006, dentro del proceso No. 2008- 366 (0371-10), dicho
beneficio se causaba anualmente y podía volver a solicitarse si se cumplían
los requisitos.
13. 9) La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a
través de Sentencia de 10 de julio de 2025, confirmó la decisión de primer
grado, luego de determinar que la alusión a la pérdida definitiva del
derecho que se hizo en la providencia recurrida apuntaba realmente a que
el actor tuvo derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación
de desempeño antes de la entrada en vigencia del Decreto 1336 de 2003
y, por tanto, se encontraba cobijado por el régimen de transición
consagrado en su artículo 4, pero perdió ese beneficio al configurarse una
de las causales legales para su pérdida derivada de una calificación inferior
al 90 %.
14. Por ello, señaló que, si bien podía formular una nueva solicitud y
eventualmente obtener un nuevo reconocimiento, para que este tuviera
lugar debía sujetarse al cumplimiento de las condiciones establecidas en la
normativa vigente al momento de su nueva solicitud que, en este caso, fue
presentada en marzo de 2019, fecha para la cual ya regía el Decreto 1164
de 2012 que modificó el 2164 de 1991 y que condicionó el reconocimiento
de dicho beneficio a los empleados que ejercieran en propiedad cargos del
nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y de Asesor, exigencia también
acogida por la Resolución 920 de 2010 para los funcionarios del Ministerio de
Educación.
15. Como fundamento de la vulneración, la parte actora argumentó que
la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, de
desconocimiento y violación directa de la Constitución al haber confirmado
la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.
16. Para justificar la configuración del defecto sustantivo, señaló que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en una
confusión al aplicar el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 porque una cosa
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era el derecho a ser beneficiario de la transición y, por ende, obtener el
reconocimiento de la prima técnica, bajo las condiciones normativas
vigentes antes de 1997, y otra el derecho anualizado y cualificado de la
prima técnica por evaluación de desempeño, por lo que estudió
incorrectamente las condiciones para su pérdida.
17. Añadió que el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1661 de 1991
dispuso que (se trascribe) “[l]a Prima Técnica en todo caso podrá ser
revisada, previa evaluación de los criterios con base en los cuales fue
otorgada. Cuando se asigne con base en la evaluación del desempeño se
perderá si cesan los motivos por los cuales se asignó”. En ese sentido, indicó
que la autoridad judicial accionada ignoró que en la Sentencia C-569 de
2003, la Corte Constitucional estableció que la expresión “en todo caso”
apunta a que la prima técnica puede ser revisada de forma que concuerde
con los criterios que concurren a su asignación y la pérdida de este beneficio
por calificación insatisfactoria de desempeño no es definitiva.
18. Manifestó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en Sentencia de 16 de marzo de 2006, radicado No. 2881- 04,
estableció que el hecho de que el beneficiario de la prima técnica por
evaluación de desempeño no obtenga, respecto de una anualidad en
concreto, una calificación de servicio igual o superior al 90% no conllevaba,
per se, a la pérdida definitiva y a futuro del derecho a percibir el referido
incentivo técnico.
19. De esa forma, precisó que se había desconocido el precedente
contenido en las Sentencias de 1 de marzo de 2012, radicado No. 2008-
00366-01, y de 22 de marzo de 2012, radicado No. 2259-10, que determinó
que, en un caso similar al suyo, la parte actora no tenía derecho a reclamar
por los periodos en los que obtuvo una calificación inferior al 90%, pero que
no había ningún obstáculo para que accediera al reconocimiento del
derecho durante las anualidades subsiguientes en que fue calificada y
obtuvo un porcentaje superior al 90%.
20. Con base en lo anterior, indicó que se había vulnerado de manera
directa la Constitución porque se le impedía acceder injustificadamente a
un derecho que había adquirido en virtud de la ley y al cual, con ocasión
de la forma en que la aplicó la autoridad judicial accionada, no había
podido acceder.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3
3 Mediante Auto de 19 de agosto de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandada a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y (3)
vincular a Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Nación –
Ministerio de Educación, como terceros con interés en el asunto.
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21. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado4
remitió un informe en el cual señaló que lo pretendido por la parte actora
con la solicitud de amparo era imponer una línea de interpretación
normativa que, a juicio de su apoderada, resultaba más conveniente a sus
intereses, fundada en la premisa de que existía una forma de aplicar la ley
más garantista que debía ser acogida de manera automática por el juez de
segunda instancia.
22. Indicó que la acción de tutela no superaba el umbral de procedencia
que exigía la configuración de un vicio protuberante, y pretendía, en
cambio, sustituir la interpretación adoptada por el juez de cierre por aquella
que al accionante le resultaba más favorable. Por tal motivo, estableció que
la acción de tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional
porque el debate planteado versaba sobre un asunto eminentemente legal
que ya se resolvió en el trámite de las instancias del proceso ordinario.
23. Agregó que, en el hipotético evento que considerarse que superaba
el requisito de relevancia constitucional, las pretensiones de amparo debían
ser negadas en razón a que, en lo correspondiente al defecto sustantivo,
examinó con detalle la normativa aplicable y concluyó que el actor, al
haber obtenido una calificación inferior al 90 %, perdió el beneficio que lo
cobijaba bajo el régimen de transición, y que, en lo atinente al
desconocimiento del precedente, la Sentencia C-569 de 2003 de la Corte
Constitucional declaró exequible la norma demandada y no fijó un criterio
absoluto que obligara a mantener indefinidamente el beneficio, sino que
avaló su revisión cuando se configuraran causales de pérdida. Además, la
jurisprudencia del Consejo de Estado que supuestamente se desconoció
correspondía a supuestos fácticos distintos, pues en ellos no se acreditó la
pérdida del beneficio bajo el régimen de transición.
24. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 allegó un memorial en el que manifestó que la acción de
tutela se fundamentó en la vulneración de derechos fundamentales
presuntamente ocasionada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por lo que no había una acción u omisión que le fuera
directamente endilgada y, por ende, debía ser desvinculada del trámite.
25. El Ministerio de Educación6 manifestó que la acción de tutela carecía
de relevancia constitucional porque el propósito de la parte actora era
mostrar realmente una controversia económica y legal que involucraba sus
intereses particulares, situación por la cual debía declararse su
improcedencia.
4 Índice 11 de SAMAI.
5 Índice 13 de SAMAI.
6 Índice 14 de SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05043-00
Demandante: Hernán Lozano Triana
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Decisión: Improcedente
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
26. En relación con la solicitud de desvinculación de la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala la
negará porque su vinculación en la presente acción se hizo en calidad de
tercero, dado el interés que le podía llegar a asistir por haber proferido la
sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 25000-23-42-000-2019-01331-00.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7
27. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
28. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional8.
29. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental9. Igualmente, en Sentencia SU-295 de
202310, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de
tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos,
(2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir
debates concluidos.
7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-66 de 2019.
8 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
9 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024
10 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05043-00
Demandante: Hernán Lozano Triana
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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30. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto11; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario12 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad13.
31. Con base en lo anterior, se precisa que la parte actora alegó que la
cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque su solicitud se
orientó a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, los cuales
consideró trasgredidos por la autoridad judicial accionada al haber
confirmado la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el proceso No.
25000-23-42-000-2019-01331-01.
32. Para el accionante, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en una confusión al aplicar la normatividad
aplicable a su caso para determinar si podía acceder, o no, a la prima por
evaluación del desempeño y desconoció, además, el precedente
establecido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. No obstante,
la Sala observa que tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué
era necesaria la intervención del juez de tutela frente a la providencia
enjuiciada, pues se presentó, junto con los demás reparos hechos contra esa
decisión, como meras diferencias o discrepancias interpretativas respecto
de lo definido por el juez natural de la causa.
33. En ese sentido, se evidenció que lo pretendido por el accionante, más
allá de que se declarara una vulneración de derechos fundamentales y se
impartiera una orden encaminada a cesar esa trasgresión, fue poner de
presente su inconformidad con la interpretación realizada por la autoridad
judicial accionada respecto de las disposiciones relacionadas con la
pérdida de la prima técnica por la obtención de un puntaje menor al 90%
11 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
12 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
13 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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Demandante: Hernán Lozano Triana
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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en la evaluación de desempeño correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de marzo de 2004 y el 28 de febrero de 2005 y, de manera
consecuente, con la negativa a reconocerle ese derecho bajo el amparo
del régimen de transición previsto en el Decreto 1336 de 2003.
34. Esos reparos fueron expuestos por la parte actora en el recurso de
apelación interpuesto contra la Sentencia de 2 de febrero de 2022 de la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y debidamente estudiados por la autoridad judicial
accionada al decidirlo, donde determinó lo siguiente (se trascribe):
25. En el anterior contexto y de cara a los argumentos del recurso, se observa
que el demandante considera que la pérdida de la prima técnica por
evaluación de desempeño no puede considerarse definitiva como lo concluyó
el tribunal, efecto para el cual citó la sentencia C-569 de 2003 en la cual la Corte
Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 8.° ibidem, concluyó que dicha pérdida no puede considerarse
definitiva; sin embargo, en el planteamiento del recurso no se tuvo en cuenta
la primera parte del parágrafo acusado, según la cual «en todo caso podrá ser
revisada, previa evaluación de los criterios con base en los cuales fue
otorgada». Pues bien, para la Corte la expresión en todo caso permite que la
administración pueda revisar el reconocimiento de aquella siempre que se
cumpla con los requisitos determinados.
26. Ahora bien, sobre lo anterior, es preciso indicar que aun cuando en la
sentencia enunciada, la Corte incluyó la consideración anterior en realidad, en
su parte resolutiva se declaró inhibida para para emitir pronunciamiento de
fondo respecto de los apartes acusados de los artículos 3º y 8º del Decreto 1661
de 1991. Con todo, la sala comparte el criterio según el cual la administración
puede «en todo caso» revisar los requisitos para la concesión de la prima
técnica.
[…]
28. Frente a lo anterior, se debe señalar que, en efecto, la prima técnica por
evaluación de desempeño puede ser revisada tal como lo estipula el artículo
11 del Decreto 2164 de 1991 y es un derecho que se causa anualmente,
situación que en el caso de estudio no fue desconocida en la providencia
apelada, en la cual se manifestó que «si bien el reconocimiento y pago de la
prima técnica por evaluación de desempeño era un derecho que se causaba
anualmente como lo manifiesta la parte demandante, al haberlo perdido;
cuando aspire a otro reconocimiento porque alcanzó la calificación superior a
90%, ella no basta para su recuperación, por cuanto al volver a considerar su
reclamación, pesa contra él la nueva normatividad vigente que exige para el
reconocimiento estar desempeñando en propiedad, funciones en un cargo
que pertenezca a los niveles Directivo, Jefes de Oficina Asesora y Asesor, y,
probado está que a ninguno de estos pertenecía el demandante».
29. Bajo ese contexto la expresión «pérdida definitiva del derecho» utilizada por
el tribunal de primera instancia, en realidad aludió a que aunque el actor tuvo
derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño
antes de la entrada en vigencia del Decreto 1336 de 2003, y por tanto se
encontraba cobijado por el régimen de transición consagrado en su artículo 4.º,
perdió ese beneficio al configurarse una de las causales legales para su pérdida
derivada de una calificación inferior al 90 %. Por ello, si bien podía formular una
nueva solicitud y eventualmente obtener un nuevo reconocimiento, para que
este tuviera lugar debía sujetarse al cumplimiento de las condiciones
establecidas en la normativa vigente al momento de su nueva solicitud que, en
este caso, fue presentada en marzo de 2019, fecha para la cual ya regía el
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05043-00
Demandante: Hernán Lozano Triana
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
Decreto 1164 de 2012 que modificó el 2164 de 1991 y que condicionó el
reconocimiento de dicho beneficio a los empleados que ejercieran en
propiedad cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y de Asesor,
exigencia también adoptada por la Resolución 920 de 2010 para los
funcionarios del Ministerio de Educación Nacional.
30. En ese escenario, el cargo de técnico administrativo en el que fue inscrito en
carrera administrativa y que seguía ostentando para la fecha de la reclamación
del año 2019, ya no le permitía acceder al beneficio e, incluso, el hecho de que
actualmente se encuentre desempeñando un empleo en encargo como
profesional especializado tampoco habilita dicho reconocimiento, pues la
normativa vigente exige el ejercicio del cargo en propiedad y en los empleos
antes relacionados.”
35. De lo trascrito, se colige que, para el momento en el que la parte
actora presentó la reclamación de reconocimiento de la prima técnica
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2004 y el
28 de febrero de 2005, esto es en marzo de 2019, ya estaba vigente el
Decreto 1164 de 2012, que modificó el 2164 de 1991 y que condicionó el
reconocimiento de ese beneficio únicamente a los empleados que
ejercieran en propiedad cargos del nivel directivo, jefes de oficina asesora
y de asesor, lo que se desarrolló también en la Resolución 920 de 2010 para
los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional.
36. En ese sentido, el accionante pretendió utilizar la acción de tutela
para poner de presente desacuerdo con la interpretación de la norma y,
con ello, reabrir e insistir en un debate eminentemente legal, que ya se había
agotado en el curso del proceso ordinario y sobre el cual la autoridad
judicial accionada se pronunció para finalmente determinar que no había
lugar a reconocer el beneficio de la prima técnica reclamado.
37. Por lo expuesto, debe aclararse que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, en ejercicio de la acción de tutela, no da por cumplido el
requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional14.
2.3. Conclusión
38. La Sala declarará improcedente la acción de tutela presentada por
Hernán Lozano Triana por no haber cumplido el requisito de relevancia
constitucional.
14 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05043-00
Demandante: Hernán Lozano Triana
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Hernán Lozano Triana contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por los motivos dados.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 15.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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