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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05044-01

Fecha
21 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05044-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, 16 Índice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado E933F22331E9D691 D4B9A388E6D72231 EC632A06384845B1 DB518482EA97C5BE. 17 Consultar: https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Inicio.aspx https://x.com/judicaturacsj/status/1980235472573276541. 9 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2025-05044-01 Demandante: María Fernanda Osorno Olarte DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05044-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

21 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05044-01
Demandantes: María Fernanda Osorno Olarte

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05044-01
Accionante: María Fernanda Osorno Olarte
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra autoridad administrativa. Inadmisión en convocatoria para presentar
examen de Estado para acceder a la tarjeta profesional de abogado. Carencia actual de objeto
por daño consumado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 15 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

María Fernanda Osorno Olarte, por intermedio de apoderado1, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al
trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, que consideró vulnerados por el
Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, con ocasión de su inadmisión para la presentación del
examen de Estado 2025-II convocado mediante Acuerdo PCSJA25-12298 de 2025.

2. Hechos

El escrito se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. María Fernanda Osorno Olarte inició sus estudios de derecho en la Universidad
de Antioquia para el primer semestre académico del año 2019.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado E9087EF2756709DB

B790FDCD476648D3 6624B016A60CA6E9 A586BDB3ADA72A18.

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Demandante: María Fernanda Osorno Olarte

2.2. La accionante afirmó que, en el período de clases 2025-I, culminó su plan de
estudios, sin embargo, el periodo académico finalizó de manera oficial el 19 de julio
de 2025.

2.3. Sostuvo que conforme al cronograma oficial de la Aplicación 2025-II del examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, el período de inscripciones cerraba el
27 de junio de 2025, debido a que el examen se llevaría a cabo en el mes de octubre
siguiente.

2.4. Indicó que, el 27 de junio de 2025 se inscribió para la aplicación 2025-II del
examen de Estado de la Ley 1905 de 2018 y afirmó que cargó en la plataforma de
manera completa la documentación exigida por la convocatoria.

2.5. El 8 de julio de 2025, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia (URNAR) le remitió a la solicitante un requerimiento en el que le pidió
allegar, en el término de tres (3) días hábiles, el certificado de terminación de
materias, acta de grado o resolución de convalidación del título profesional.

2.6. La señora Osorno Olarte manifestó que el 10 de julio de 2025, envió el
certificado deprecado al correo institucional dispuesto por la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

2.7. La solicitante de amparo afirmó que, el 18 de julio de 2025, mediante correo
electrónico enviado desde la cuenta jduquen@cendoj.ramajudicial.gov.co, la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia acusó recibido.
Sin embargo, ese mismo día, dicha entidad emitió la Resolución número URNAR25-
185, en la que incluyó en el listado de inadmitidos para la presentación del examen
de Estado, a la aquí accionante, bajo el argumento de que algunas instituciones de
educación superior no remitieron oportunamente la información necesaria para
verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de ciertos aspirantes.

2.8. Inconforme con la anterior decisión, la actora presentó recurso de reposición,
al considerar que sí cumplió la totalidad de los requisitos exigidos, aunado a que
remitió en término el certificado oficial que acreditaba la culminación de sus
estudios. Adicionalmente, arguyó que no se valoró el certificado aportado, así como
tampoco se expresó algún motivo que justificara su exclusión.

2.9. El Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia mediante Resolución número 7.858 del 1 de agosto de
2025 resolvió el recurso interpuesto y confirmó la Resolución n URNAR25-185 de
2025. Como sustento de su decisión, indicó que, la solicitante no cumplió “con los
requisitos previstos en el Acuerdo PCSJA25-12298 de 2025, toda vez que, al
momento del cierre del periodo de inscripciones —27 de junio de 2025—, no había
cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad de estudios de la carrera de

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Demandante: María Fernanda Osorno Olarte

derecho, motivo por el cual, fue inadmitida en virtud la causal d del artículo 3 del
mencionado Acuerdo”2.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó las siguientes pretensiones:

“1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y
libre desarrollo de la personalidad de mi representada.
2. Ordenar a la URNAR que, en el término máximo de 48 horas, incluya a mi
representada en el listado definitivo de admitidos para la presentación del
examen de Estado (Ley 1905 de 2018 – aplicación 2025-II).
3. Subsidiariamente, ordenar que, si no es posible su inclusión en la
convocatoria actual, se le garantice la presentación en la siguiente aplicación
sin costo, manteniendo las condiciones ya cumplidas.
4. Ordenar la valoración objetiva del certificado oficial expedido por la
Universidad de Antioquia el 9 de julio de 2025, recibido por la entidad el 18 de
julio de 2025”3.

De manera preliminar, la accionante expuso sus situaciones personales y advirtió
que no era una aspirante cualquiera, porque con esfuerzo y dedicación cursó su
carrera universitaria por lo que tuvo que sortear dificultades socioeconómicas.

La solicitante sostuvo que no existió incumplimiento de su parte frente a los
términos, procedimientos o requisitos fijados por la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la medida en que realizó la inscripción en
la plataforma dentro del plazo estipulado, y adjuntó toda la documentación exigida,
incluido el soporte que acreditaba la culminación de materias.

Puso de presente que la entidad “no señaló omisión alguna atribuible a la accionante
en el cumplimiento de sus cargas, sino que fundó su negativa exclusivamente en
una fecha formal de cierre académico, lo que demuestra que no existió
inobservancia de sus deberes procesales ni falta de diligencia. Por el contrario, lo
que se evidencia es una actuación oportuna, proactiva y de buena fe, que merece
ser protegida frente a un formalismo extremo que sacrifica la justicia material”4.

Por lo tanto, consideró que se interpretó de manera rígida y formalista la norma
relativa a los requisitos de admisión y se ignoró el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)

Indicó que el argumento de que el acta de cierre del semestre es posterior al 27 de
junio desconoce que, para esa fecha, la estudiante ya había cumplido en lo
sustancial con la totalidad de sus obligaciones académicas, y que cualquier

2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 9B861F8EFADF2521

9BBA4FD9A374FBF5 B325519D6B9A32C9 15AC574BD209CCD7.
3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado E933F22331E9D691

D4B9A388E6D72231 EC632A06384845B1 DB518482EA97C5BE.
4 Ibid.

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Demandante: María Fernanda Osorno Olarte

diferencia de días se debía exclusivamente a los calendarios administrativos de la
Universidad, circunstancias ajenas a su voluntad y diligencia.

Añadió que el retraso de seis meses en la presentación del examen genera un
aplazamiento en su vida laboral, pérdida de oportunidades, afectación a su
autonomía financiera y al apoyo que brinda a su familia, lo que configura un perjuicio
irremediable y una vulneración grave a sus garantías.

4. Trámite en primera instancia e intervenciones

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del
21 de agosto de 20255, admitió la acción de tutela; vinculó como tercera con interés
a la Universidad de Antioquia-Facultad de Derecho y ciencias Políticas y ordenó
notificar a los sujetos procesales.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. La Universidad de Antioquia6 solicitó declarar la improcedencia de la acción
por cuanto, a pesar de ser la institución de educación superior en la que cursó sus
estudios de pregrado la accionante, no era quien vulneraba o amenazaba los
derechos invocados, por lo que carecía de legitimación en la causa.

Informó que la estudiante Osorno Olarte realizó la solicitud de expedición de la
constancia de egreso el 9 de julio de 2025 y en ese momento se encontraba en
curso el semestre, por lo que su finalización se certificó con fecha 19 de julio de
2025.

Adicionalmente, aportó un certificado en el que se informaba que María Fernanda
Osorno Olarte estuvo matriculada en el programa de Derecho y según el acta de
grado número 158825 del 22 de agosto de 2025, obtuvo el título de abogada, un
certificado estudiantil de la referida señora en la que informa que estuvo matriculada
en el semestre académico 2025-I en el programa de Derecho (presencial) y que a
la fecha tenía aprobados 161 créditos que corresponden a 10 semestres del
programa y la historia académica cursada por la parte accionante en el programa
de derecho.

4.2. El Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia7 al oponerse al amparo, adujo que no supera
el requisito de subsidiariedad. Manifestó que la parte actora tenía a su disposición
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar los
actos administrativos que se pronunciaron sobre su admisión al examen.

5 Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado 787F09AD1C16E789
2E4636625ABDAEE6 353A4F16DDEA50C6 7B610CC829BDEA7.
6 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 789A5F500C0E31EE
08CB57CB42E4E44B 33A23063210860A7 DCD8A12161B15663.
7 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 9B00719867D23262
BE991D4D1BDA0A3C AD764C9A36319D7E A03A0E42388C0B13.
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Expuso que el retraso de seis meses aludido por la convocante para poder
presentarse de nuevo el examen, no comporta en sí una pérdida de oportunidades
laborales, pues la señora Osorno Olarte podría ejercer otras actividades jurídicas,
siempre que en su condición de egresada adelante el trámite de licencia temporal o
posterior a la obtención del grado como profesional del Derecho y realice la
inscripción en el Registro Nacional de Abogados.

Por otra parte, señaló que el acto a través del cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto por la actora correspondía con la realidad, de acuerdo con lo
reportado por la Universidad de Antioquia al cierre de inscripciones, es decir, el 27
de junio de 2025. En efecto, la señora Osorno Olarte aún figuraba como matriculada
en el semestre académico 2025-I, que culminó de manera oficial el 19 de julio de
2025. Por lo tanto, si bien, el documento allegado fue recibido, revisado e
incorporado al expediente, lo cierto es que la inadmisión obedeció únicamente al
hecho que, al momento de la inscripción, la ciudadana Osorno Olarte no ostentaba
la condición de egresada. En consecuencia, se configuraba la causal establecida
en el literal d del artículo 3 del Acuerdo PCSJA25-12298 del 9 de mayo de 2025.

Por lo expuesto, adujo que la inadmisión de la actora obedeció a la aplicación
estricta y objetiva de los requisitos de la convocatoria, al reiterar que, al 27 de junio
de 2025, aún no había adquirido la calidad de egresada.

5. Sentencia de primera instancia

El 15 de septiembre de 20258, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, dictó sentencia mediante la cual negó el amparo. Sostuvo que no había
quedado acreditado que la fecha de “expedición del certificado, al igual que al
momento en el cual la universidad indicó que la accionante había finalizado sus
estudios -19 de julio de 2025-, era posterior al cierre de inscripciones para la
presentación del examen de Estado -27 de junio de 2025 a las 23:59-“9.

Por lo tanto, indicó que, a pesar de que el 10 de julio de 2025, la señora Osorno
Olarte allegó el certificado de culminación de sus asignaturas, este requisito se
cumplió efectivamente hasta esa fecha, pues para el 27 de junio de 2025, aún no
se encontraba acreditado. En ese sentido, afirmó que, tal y como consideró la
URNA, dicha situación incumplió lo establecido en el literal d del artículo 3 del
Acuerdo PCSJA25-12298 de 2025.

Así entonces, consideró que habilitar el incumplimiento de estas disposiciones
reglamentarias verificadas por el Consejo Superior de la Judicatura afectarían la
igualdad y el debido proceso de todas las personas que observaron dichos
requisitos, junto con las demás garantías de los aspirantes que se inscribieron para
la realización del examen de idoneidad que trata la Ley 1905 de 2018 y que fueron

8 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado A9BF95ACA9A96FC8
35DE8B034C3519C2 3C920937080377C2 4866F5D8961E22B0.
9 Ibid.

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Demandante: María Fernanda Osorno Olarte

admitidos o no.

Por otra parte, el a quo constitucional aclaró que, el Consejo Superior de la
Judicatura, al establecer la obligatoriedad del certificado de la terminación de
materias de la solicitante, no incurrió en una vulneración de los derechos
fundamentales, por el contrario, la entidad demanda actuó en cumplimiento de lo
dispuesto tanto en la Ley 1905 del 2018 así como el Acuerdo núm. PCSJA25-12298
del 9 de mayo de 2025.

Al margen de lo anterior, señaló que si lo que buscaba la accionante era cuestionar
las resoluciones emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia; resultaba necesario
mencionar que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para el estudio de la
legalidad de dichos actos administrativos, en la medida en que para ello, el
ordenamiento jurídico ha dispuesto “los medios de control de nulidad simple o
nulidad por inconstitucionalidad”10.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera
instancia y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela. Afirmó que la
decisión impugnada desconoció el carácter social de la universidad pública, en
donde los semestres no siempre se ajustan a cronogramas rígidos y en donde los
estudiantes no deben cargar con las consecuencias negativas de factores externos.

Indicó que el juez de primer grado se limitó a repetir los argumentos genéricos
brindados por la autoridad accionada, sin valorar de manera concreta el certificado,
ni la circunstancia de que el mismo demostraba que la estudiante sí había cumplido
el requisito académico exigido.

El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de auto del 1 de octubre de 202511, concedió la impugnación
interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

10 Ibid.
11 Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado EBABCAA518EE66C5 0F69E81A562A77A0

50A96B91404E7D45 3C8BDB114871D19F.
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2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 20 de febrero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que negó la solicitud de amparo.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se configuró la
carencia actual de objeto por daño consumado, por la presunta vulneración de los
derechos de la accionante al ser inadmitida para presentar el examen de Estado
2025-II, para acceder a la tarjeta profesional de abogado.

3. Carencia actual de objeto

Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se creó como un
procedimiento preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, frente a violaciones o amenazas de las autoridades públicas o de
particulares. En este sentido, el juez de tutela debe dictar órdenes de cumplimiento
inmediato para hacer cesar la vulneración de los derechos.

Al respecto, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha reiterado que “ante la
alteración o la desaparición de las circunstancias que dieron origen a la vulneración
de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial”12.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la controversia
desaparece, en tres eventos que se conocen como daño consumado, hecho
superado o situación sobreviniente; situaciones en las que carece de sentido un
pronunciamiento de fondo, pues “la posible orden que impartiera el juez caería en
el vacío”.13

Así las cosas, la carencia de objeto se presenta: i) por hecho superado, cuando por
alguna conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de
tal manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño
consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes
de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de la

12 Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-192 de

2008: “[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que
la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se
ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a
los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita
de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes
de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero
que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente
diferentes a las iniciales”.
13 Sentencia T-519 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver también, sentencias T-535 de 1992.

M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-570 de 1992. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein; y T-033 de 1994. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
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tutela y, iii) por situación sobreviniente, cuando se presenta cualquier circunstancia
que haya hecho cesar la vulneración de los derechos fundamentales.

En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por daño, la Corte
Constitucional ha señalado, lo siguiente:

“(…) 33. El daño consumado se presenta cuando se ha perfeccionado la
afectación que mediante la tutela se pretendía evitar, de manera que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro,
no es posible que el juez de tutela dicte una orden para retrotraer la situación.14
Esta figura amerita algunas precisiones adicionales: i) si al presentar la tutela
es claro que el daño ya ocurrió, el juez, en principio, debe declarar improcedente
el amparo, pero si éste se consuma durante el trámite de primer o segunda
instancia o en sede de revisión, el juez puede dictar órdenes adicionales a fin
de proteger la dimensión objetiva del derecho, evitar repeticiones o identificar a
los responsables; y ii) el daño debe ser irreversible pues de lo contrario si es
posible interrumpirlo, retrotraerlo o mitigarlo por orden judicial, no puede
decretarse la carencia de objeto”15.

4. Caso concreto

La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declarará la carencia actual de objeto por daño consumado, por las razones que se
exponen a continuación:

4.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte que la parte actora aduce la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la
igualdad, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, con la decisión del
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados de
inadmitir a la señora María Fernanda Osorno Olarte en la convocatoria para la
evaluación de idoneidad de abogados de que trata la Ley 1905 de 2018.

4.2. Lo anterior, bajo el argumento que, para el momento de la inscripción, no
acreditó el cumplimiento de los requisitos, específicamente, al momento del cierre
del periodo de inscripciones (27 de junio de 2025) no había cursado y aprobado
satisfactoriamente la totalidad de estudios de la carrera de derecho, el cual era uno
de los requisitos indispensables para efectuar con éxito dicho proceso.

4.3. La parte actora calificó esa interpretación como una afectación directa y
desproporcionada a sus derechos fundamentales por desconocer una situación
especial, lo que irradia en su situación laboral, porque, a su juicio, se le priva de la
posibilidad de adquirir un empleo al no poder contar con la tarjeta profesional en un
largo periodo, hasta la presentación del siguiente examen.

14 Ver, entre otras, las sentencia T481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. T-344 de 2019. M.P. Alejandro Linares

Cantillo.
15 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera

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4.4. Sobre el particular, esta judicatura advierte que, sería del caso entrar a
determinar si la decisión del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados de inadmitir a María Fernanda Osorno Olarte constituyó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, de no ser porque,
a la fecha, ya no sería posible acceder a la pretensión de la acción de tutela,
consistente en: “Ordenar a la URNAR que, en el término máximo de 48 horas,
incluya a mi representada en el listado definitivo de admitidos para la presentación
del examen de Estado (Ley 1905 de 2018 – aplicación 2025-II)”16, pues en el
presente asunto ya se produjo la presunta afectación que se quería evitar con el
ejercicio del mecanismo constitucional de la referencia.

Lo anterior, en la medida que la presentación del examen de idoneidad de abogados
para el periodo 2025-II tuvo lugar el pasado 26 de octubre de 2025 17, sin que en
este momento sea posible dictar una orden para mitigar o evitar la consumación de
esa circunstancia, pues el examen ya se presentó por los aspirantes que se
inscribieron dentro del término previsto con la totalidad de los requisitos previstos
para ese efecto.

Al margen de lo anterior, se pone de presente que, tal y como lo indicó el juez de la
primera instancia, la entidad accionada realizó una constatación de los documentos
presentados por la solicitante de cara a los requisitos establecidos para la
presentación del examen y concluyó que al haber allegado el certificado después
del 27 de enero de 2025, lo hizo de manera extemporánea, razón por la cual ultimó
que no cumplió con los presupuestos necesarios para ser admitida.

En todo caso, no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable, si se tiene
en cuenta que la actora puede inscribirse para la prueba de idoneidad del primer
periodo del año 2026 y que pueda avanzar en los demás trámites y requisitos para
acceder al título de abogada.

En consecuencia, la Sala modificará la decisión impugnada, para en su lugar,
declarar la carencia actual de objeto por daño consumado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar,

16 Índice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado E933F22331E9D691

D4B9A388E6D72231 EC632A06384845B1 DB518482EA97C5BE.
17 Consultar: https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
https://x.com/judicaturacsj/status/1980235472573276541.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05044-01
Demandante: María Fernanda Osorno Olarte

DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SABF

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